Las 30 universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas manifestaron su preocupación por el proceso que está desarrollando la Subsecretaría de Educación Superior del Mineduc en orden a  implementar la regulación de valores de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobro por concepto de titulación para las universidades que adscriban a la gratuidad, en el contexto de la ley N° 21.091.

 

Considerando que esta es la primera vez que se realiza un proceso de fijación de aranceles en Chile y,además, que este proceso no ha contado con la activa participación de las instituciones, la información entregada por la Subsecretaria de Educación Superior no permite formarse una idea cabal de los antecedentes y supuestos para la determinación de los valores regulados, advirtió la declaración pública del Cruch.

 

La nota añadió que el impacto de su implementación sería muy lesivo para las instituciones, por lo que hemos llegado a la convicción de que es imprescindible suspender su aplicación.

 

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas  precisa que lo anterior se funda en que el modelo definido en las bases técnicas, además de no haber sido consultado con las instituciones reguladas, es válido para un sistema universitario homogéneo con instituciones semejantes entre sí, situación que no acontece en nuestro país donde coexisten instituciones con diferente grado de calidad, selectividad y complejidad.

 

Asimismo, el Cruch opinó que el modelo desarrollado por la Subsecretaría se basa solo en antecedentes contables de carácter histórico, sin considerar escenarios futuros ni el financiamiento de mejoras en calidad e innovación, o variaciones del contexto, como por ejemplo los efectos de la pandemia.

 

“El cálculo de los valores arancelarios fue entregado a las instituciones sin información suficientemente comprensiva, haciendo imposible un análisis completo de la aplicación del modelo, o verificar y replicar la correcta aplicación de lo dispuesto en la resolución”, afirmó.

 

El  Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, considerando la trascendencia de este proceso, concluye que era imprescindible que existiera un proceso de validación exhaustivo acerca de la realidad de las cifras usadas y no simplemente definir de manera inconsulta los valores de aranceles a partir de los menores valores obtenidos de la solicitud de información realizada.

 

En consecuencia, el Cruch hizo un llamado a todos los actores sociales, políticos y económicos para establecer una aproximación sistémica al problema de política pública respecto del financiamiento de la Educación Superior. “Las universidades son un ecosistema en el que concurren diversos quehaceres relacionados con la docencia, la investigación, la vinculación con el medio y servicios de apoyo para los estudiantes, por lo que los costos se deben establecer con un modelo que considere el financiamiento de estas actividades entrelazadas. De lo contrario se lesionará gravemente el proceso de formación, las actividades universitarias y la estabilidad financiera de las instituciones”, concluyó la declaración pública.