Opinión

Español

Opinión del Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid: Déficit de profesores, un problema latente

Opinión del Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid: Déficit de profesores, un problema latente

El trascendental rol del profesor/a ha sido clave en nuestro desarrollo como nación. Las y los docentes de hoy destacan por su vocación para impactar en el aprendizaje y vida de los estudiantes. Ejemplo de ello es la profesora de Ciencias, Nadia Valenzuela, cuyos estudiantes de Angol analizan semillas para el desarrollo de futuras granjas espaciales, con un instrumento donado por la NASA, único en Chile y gestionado directamente por ella.
 
No obstante, y según cifras de Elige Educar, en el año 2030, Chile presentará un déficit de docentes cercano a los 33 mil, afectando desde la enseñanza preescolar a la secundaria.  Frente a un problema de interés nacional, el Estado debe involucrar a los distintos actores, para revisar los factores asociados. Si bien son variadas las iniciativas impulsadas para dignificar la profesión docente y apoyar su ejercicio -como las condiciones laborales y remuneraciones que asegura el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD)-, hay otras que parecieran tener el efecto contrario. 
 
Uno de los factores que podrían explicar este déficit, refiere a los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogías que establece la Ley 20.903. Según un estudio del Observatorio Docente del CIAE (2019), mostró que la matrícula de 1° año de las pedagogías en 2017 -año en que comenzaron las nuevas exigencias para la matrícula-, disminuyó un 27,2% en relación al 2011 . El Ministerio de Educación (Mineduc), por su parte, indica que en 2021, las postulaciones bajaron de 14.980 a 9.904, respecto al 2020. 
 
De acuerdo a lo anterior, se valora que el Mineduc haya considerado el informe de la Mesa de Atracción para las Pedagogías, ingresando un proyecto de ley que busca modificar los requisitos de acceso, pero no podemos obviar que este problema es multifactorial y su abordaje debe considerar otros aspectos tales como: el fomento de la vocación docente temprana, la importancia de la trayectoria docente y la retención docente, para evitar la alta deserción producto de la gran carga laboral y emocional. 
 
Necesitamos abordar esta temática con la complejidad y urgencia que amerita, al tratarse de un problema agravado por la pandemia y que nos exige como país, conversar sobre la real importancia del docente en la construcción de la sociedad. La inacción solo hará que este déficit impacte particularmente a las/os niñas/os y jóvenes más vulnerables, aumentando las brechas en materia educativa.  
 
Podemos construir un Chile desarrollado, siempre que seamos capaces de tener docentes preparados para asumir los desafíos venideros. Las futuras generaciones esperan nuestra definición hoy. 

Opinión de la Dra. Diana Aurenque: Por una pandemia feminista

Opinión de la Dra. Diana Aurenque: Por una pandemia feminista

En el mes del día internacional de la mujer, 8 de marzo (8M), y que coincide con el inicio de la pandemia, resulta urgente hacer balances; aun cuando estos no sean alegres.
 
Pese a las últimas reformas y generación de políticas públicas contra la violencia de género, o de haber logrado asegurar la paridad en el proceso constituyente –un resultado que, no obstante, surgió desde las calles y no de los gobernantes–, las cuentas son desalentadoras. Tal como fue atestiguado en diversos medios de comunicación, por informes de la ONU Mujeres o el propio Ministerio de la Mujer, durante el 2020 se registró un aumento de casos de violencia contra las mujeres. Con espanto, se registraron 43 femicidios consumados y 151 frustrados a lo largo del país, siendo esta última la cifra más alta de los últimos 8 años.
 
La evidencia es clara: La pandemia incrementó las brechas de género en general. Pues las mujeres no sólo han sido objeto de violencias espantosas, sino también de agravios e indolencias mucho más sigilosas y estructurales.
 
En cuanto las mujeres históricamente han sido vinculadas a labores del cuidado (del hogar, hijos, terceros y/o familiares), la crisis sanitaria amplificó sus responsabilidades. Su empleabilidad disminuyó, al igual que sus salarios, y su salud mental está más deteriorada; es decir, más desfavorables que los hombres.
 
Ser mujer, madre-cuidadora y trabajadora es en tiempos pandémicos una tarea prácticamente insostenible. Y si bien esto es transversal, afecta de manera más profunda a mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad: la realidad de muchas mujeres envejecidas, pobres, rurales, indígenas o migrantes es desoladora.
 
El 8M conmemora las luchas del feminismo; tanto las pasadas como las pendientes. En ello se levanta la exigencia por reconocimiento, protección y tolerancia cero ante cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres; sea reproductiva, laboral, política o familiar. Uno de sus pilares es prevenir y protegerlas de la violencia física o sexual, algo que según datos de la Organización Panamericana de la Salud le ocurre a 1 de cada 3 mujeres. Pero ¿cómo evitar la violencia intrafamiliar que ocurre en el hogar en pleno confinamiento? Con frecuencia el lugar protagónico de aquellos terrores es la propia morada, y esto se agudizó con la pandemia.
 
Para la protección de las mujeres debe asegurarse no sólo disponer de servicios de atención integral a las víctimas, sino también contar una política real de tolerancia cero a la violencia contra ellas. Y aquí no sólo es clave el diálogo de la política con organizaciones feministas para identificar necesidades y jerarquizar acciones, sino también garantizar servicios policiales y judiciales que prioricen su atención al cuidado y reparación de las víctimas. 
 
“¿Cómo evitar la violencia intrafamiliar que ocurre en el hogar en pleno confinamiento? Con frecuencia el lugar protagónico de aquellos terrores es la propia morada, y esto se agudizó con la pandemia”.
 
Pero en Chile, la protección policial para las mujeres no está garantizada. Los abusos por parte de agentes del Estado no han sido reconocidos y condenados con la dureza requerida; por ejemplo los ocurridos tras el 18 de octubre. Esta es la prueba más clara de que eso de que se condena la violencia “venga de donde venga” es falso. 
 
Tampoco su protección judicial; de los femicidios judicializados en los 3 últimos años, apenas un 14% fueron resueltos y un 51% siguen pendientes… ¡3 años! Asimismo, y en materia de derechos reproductivos, la demanda por despenalizar el aborto más allá de las tres causales actuales, así como de impulsar una educación sexual no sexista integral e inclusiva, sigue como temas pendientes.
 
En ese sentido, el balance debe ser uno: la pandemia debe incluir un enfoque feminista. Las medidas en torno al manejo de la crisis sanitaria tendrán que ser armonizada con una agenda que proteja a las mujeres. Las medidas de control sanitario este 2021 no sólo deberán regirse por criterios epidemiológicos y socio-económicos, sino también por un enfoque feminista. El alza de los contagios en el último tiempo obliga a medidas diferenciadas, no centralistas y que focalicen, por ejemplo, el toque de queda y el confinamiento en los lugares más afectados. O ¿de qué nos sirve evitar la muerte de mujeres por COVID-19, pero dejarlas al desamparo de una violencia machista y virulenta contra la que aún no hay vacuna?

Opinión de Gonzalo Martner, economista y académico FAE: Nueva etapa en el debate de pensiones

Opinión de Gonzalo Martner, economista y académico FAE: Nueva etapa en el debate de pensiones

Avanza en la sociedad chilena la idea que una pensión básica decente debe ser provista por la colectividad y financiada mediante impuestos progresivos. De la pensión asistencial misérrima antes para menos del 10% de los mayores, se pasó a aumentos sucesivos. Un salto fue la pensión básica solidaria en 2008 para los que, perteneciendo al 60% de la población de menos ingresos (inicialmente el 45%), no tienen cotizaciones.
 
Se agregó un aporte previsional fiscal para las pensiones bajas, pues muchos cotizantes presentan discontinuidades de aportes. En ambos casos esto afecta especialmente a las mujeres. Las tasas de reemplazo del salario previo son deficientes y llevan a pensiones irrisorias que requieren de un complemento y el sistema abarca a 1,7 millones de personas de más de 65 años.
 
Sebastián Piñera ahora anunció que el umbral de acceso pasará de 60% de las personas de menos ingresos (unas 490 mil adicionales) y que las pensiones no serán inferiores a la línea de pobreza, junto a crear un mayor subsidio y un seguro para la dependencia severa. Todo esto es una buena noticia.
 
El problema es que el financiamiento de estos beneficios es poco claro a mediano plazo, ya que se insiste en mantener el 10% de la cotización obligatoria en las AFP -lo que no tiene otra justificación que seguir haciendo prosperar sus utilidades sobrenormales y que la mitad de la cotización adicional pactada iría a cuentas individuales de capitalización incierta. Si algo no funciona, hay que cambiarlo; en este caso, el sistema de AFP por uno en el que la cotización de los activos financie directamente los derechos previsionales adquiridos por cada cual en la vida laboral, complementados por una pensión universal de cargo fiscal y por los ingresos de un fondo colectivo de capitalización constituido por cotizaciones adicionales (6%) para sostener las pensiones de las mujeres y el cambio demográfico, como hemos propuesto con Fernando Carmona.
 
Esto aumentaría de inmediato las pensiones y terminaría con el monopolio lucrativo de las AFP con las cotizaciones, empresas que deberían ser un mecanismo voluntario de ahorro, del cual se pueda disponer en situaciones de crisis como la actual.
 
Más retiros sin una reforma bajarán las futuras pensiones y las actuales si se incluyen la renta vitalicia o la programada. Las propuestas de nuevo retiro con bono de reconocimiento son injustas, dado que los tres millones ya sin fondos no recibirían reintegro y los de bajo ahorro muy poco. Ese dinero fiscal más vale gastarlo hoy en el Ingreso Familiar de Emergencia en la línea de pobreza, financiado con reservas y deuda, y sin regalos a los de más ingresos.
 
Y se debe desechar la propuesta de usar los recursos apozados en el seguro de cesantía para otros fines que los de apoyar a los trabajadores cesantes, los que debieran recibir no el 45% sino el 70% del salario previo.
 

Opinión del académico Bernardo Navarrete: El plebiscito constitucional

Opinión del académico Bernardo Navarrete: El plebiscito constitucional

El plebiscito constitucional que se desarrollará este domingo tiene tres características únicas. La primera es que sólo fue posible por el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” firmado el 15 de noviembre de 2019 y se explica porque la democracia necesita conflicto de ideas así como de opiniones, demostrando una vez más la tesis de Ralf Dahrendorf: los conflictos siguen siendo el “motor” del cambio social. Por tanto, sin las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019 no tendríamos la oportunidad de concurrir a una elección que, por sí misma, constituye la segunda condición de excepcionalidad: nunca en nuestra historia -siguiendo a los historiadores Sofía Correa y Gabriel Salazar-, tuvimos más libertad para decidir, ya que las Constituciones de 1833, 1925 y de 1980 estuvieron condicionadas por las Fuerzas Armadas.
 
Lo notable es que el “motor” del cambio social que nos llevará a las urnas vino de manos de los menores de treinta años. En palabras del historiador británico Tony Judt, a la “juventud de hoy le preocupa el mundo que le hemos legado y los medios tan inadecuados que les hemos proporcionado para mejorarlo”. Si asumimos que cada sociedad tiene sus propias maneras de producir el cambio, en Chile se nos abrió una ventana de oportunidades para que los jóvenes y todos los electores habilitados participen. 
 
En ese entendido, los autores Micklewait y Wooldridge sostienen en su libro "Una Nación Conservadora. El poder de la derecha en Estados Unidos" que: “Si los conservadores han tenido éxito, es porque en un país donde sólo la mitad del electorado se molesta en ir a votar, están mejor organizados que otro tipo de estadounidenses”. Participar es enfrentar la retórica del miedo que nos quieren traspasar algunos políticos, empresarios y economistas,con una retórica de la esperanza que exprese nuestra opinión sobre una política exitosamente fracasada.
 
Lo anterior da pie a la tercera característica única de este plebiscito: todos entienden como ganadora la opción Apruebo, lo que no será atribuible al esfuerzo del sistema político, sino porque es difícil argumentar contra algo tan sencillo como el derecho a decidir sobre la necesidad de nuevas reglas del juego.
 
Pero, ¿para qué concurrir a votar en un mar de preocupaciones sanitarias, incluso con un discurso de esperanza? Básicamente, porque hay un elefante en medio de la habitación y sacarlo es una actividad con sentido y a la vez justa, por su utilidad para la discusión que deberán tener aquellos que adscriben a las preocupaciones de Michael Oakeshottde enfrentarnos a un vocabulario político ambiguo, la “política de la fe”donde están aquellos buscan transformar su mundo, y la “política del escepticismo”, que no cree en perfecciones y que defiende el “imperio de la ley”. Los primeros necesitan dialogar con los segundos y habrá un espacio institucional para ese proceso, la Asamblea Constituyente.
 
Los 155  “convencionales”que se elegirán en abril de 2021 y que redactarán la Nueva Constitución durante once meses de trabajo, representarán el necesario encuentro entre la “política de la fe”y la “política del escepticismo”. Y a pesar del diagnóstico pesimista del tiempo presente, de ellos esperamos el optimismo del debate centrado en los compromisos que asumieron en sus candidaturas.
 
Adoptar una nueva Constitución es una estrategia de compromiso donde caben las meta-preferencias o preferencias de segundo orden, como son las normas de protección medio ambientales tan relevantes en la actualidad, que para el abogado Cass Sunstein es mejor obtener mediante el derecho. En otras palabras, para hacer posible la construcción de una Constitución y que funcione, los constituyentes deberán tratar de resolver los problemas a través de acuerdos carentes de una teoría completa que incorpora abstracciones aceptadas como tales, en medio de desacuerdos severos sobre casos particulares. 
 
Y un buen ejemplo de lo anterior es el “caso de la plena particularidad”, donde los ciudadanos se ponen de acuerdo sobre una decisión sin ponerse de acuerdo en algún tipo de explicación que la sustente y ello porque cualquier razón es por definición más abstracta que el resultado que sostiene: no ofrece razones porque no conoce qué son esas razones, “no se puede poner de acuerdo sobre razones, o… teme que las razones que tiene pueden resultar inadecuadas si se reflexiona al respecto, lo que puede conducir a su mal uso en el futuro”.
 
Entonces, el proceso constituyente se vuelve sustantivo porque en él se abordará-más allá de la extensa literatura disponible-, lo que sostenía Tilly como uno de los ocho postulados malignos de la ciencia social del siglo XX:que la “diferenciación conduce al progreso”. Siguiendo al politólogo británico Bernard Crick, quienes viven en condiciones desiguales requieren un orden legal que regule, defina, proteja y limite los “iguales derechos” de sus conciudadanos, considerando la “incompetencia colectiva de los estados democráticos para actuar conjuntamente, por medio de acuerdos políticos, de cara a problemas vitales comunes”. En palabras de Sunstein, es preferible una “solución justa, rechazada por muchos, que una decisión injusta en la que están de acuerdo todos o la mayoría. Una Constitución justa es más importante que un acuerdo sobre la Constitución”.
 
Un desafío en el proceso constituyente es huir de la actitud conservadora que tan bien describiera Oakeshott: “La política es un espectáculo desagradable en todo momento. La oscuridad, la turbiedad, el exceso, las componendas, la apariencia indeleble de deshonestidad, la falsa piedad, el moralismo y la inmoralidad, la corrupción, la intriga, la negligencia, la intromisión, la vanidad, el autoengaño y por último la esterilidad”. Como electores en el plebiscito y en la elección de abril para “convencionales” deberemos estar atentos al debate, el cual presume tener toda la información para conocer todas las alternativas, para tener claras todas las consecuencias.
 
Nos jugamos una nueva Constitución y la tendremos a partir de pares abstractos: Apruebo o Rechazo. El relato que se construirá a partir del primero está en los deseos de corregir el futuro y en respondernos una pregunta formulada por el filósofo Karl Popper: “¿De qué forma podemos organizar las instituciones políticas a fin de que los gobernantes malos o incapaces no puedan ocasionar demasiado daño?”. 
 
Las Constituciones no se diseñan para reprimir o erradicar el conflicto, sino que deben institucionalizar la solución a los conflictos. Tampoco para que los controles y frenos constitucionales restrinjan al límite el poder de las mayorías frente al poder de las minorías o veto de las minorías. La Constitución Política sólo tiene valor en el sentido de la ética que le puede ser transferida o como ética que gobierna nuestras acciones dentro de ella, como sostenía el Maestro Alemán Sternberger.
 
En definitiva, el debate de ideas importa. Esto queda claro cuando se cuenta que en el siglo XIX Thomas Carlyle, en una cena recibió un reproche de un hombre de negocios: “¡Ideas, Sr. Carlyle, nada sino ideas!”, a lo cual Carlyle le replicó: “Hubo una vez un hombre llamado Rousseau que escribió un libro que no contenía nada sino ideas. La segunda edición fue encuadernada con la piel de los que se rieron de la primera”.
 
En el debate constituyente tendremos probablemente dos bloques de opiniones:por una parte aquellos que entienden las "constituciones en que se plasman aspiraciones" o "constituciones con objetivos" y por la otra, aquellos que levantarán una muralla "programática" de preceptos, órdenes y prohibiciones centrada en darle gobernabilidad al “futuro” país, con la tentación de seguir el “sabio pragmatismo” representado por los acuerdos constitucionales ingleses.
 
Es claro que las Constituciones no pueden hacer milagros.Como nos recuerda el politólogo Robert Dahl, una convención constitucional tiene que elaborar una Constitución, no puede elaborar una sociedad, pero parafraseando a Sartori, el sistema chileno funciona -o ha funcionado-, a pesar de su Constitución, y difícilmente gracias a su Constitución. 

Opinión del Dr. Juan Manuel Zolezzi, vicepresidente ejecutivo del Cruch: ¿Es el CAE la solución real para la clase media?

Opinión del Dr. Juan Manuel Zolezzi, vicepresidente ejecutivo del Cruch: ¿Es el CAE la solución real para la clase media?

El anuncio del Gobierno en materia de Educación Superior ofreciendo como beneficio la ampliación del Crédito con Aval del Estado (CAE) -postulación que finalizó este lunes 3-, no nos puede hacer olvidar las consecuencias negativas que ha provocado el CAE, como el sobreendeudamiento estudiantil, cuya tasa de morosidad alcanza el 44,5% según datos presentes en el debate público.
 
La propuesta que iba en ayuda a la clase media, presenta restricciones que obligan al estudiante a endeudarse. A saber: solo podían postular quienes no hayan participado de procesos regulares de postulación a beneficios estudiantiles para el año 2020; financia el 2° semestre y cubre solo el arancel de referencia, cuyo copago es asumido por el estudiante al igual que el arancel del 1° semestre; postulación mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), que considera ingresos de los últimos 18 meses, no reflejando la realidad actual.
 
Resulta lamentable que la única solución ofrecida por el Ejecutivo sea por vía del endeudamiento personal, imponiendo condiciones altamente restrictivas. Según el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), el total de la matrícula de pregrado este 2020 fue de 1.151.727 estudiantes, de los cuales 761.300 obtuvieron algún beneficio como gratuidad, becas o créditos estudiantiles. Si alguno de ellos se vio afectado por la pandemia, no pudo postular al beneficio anunciado. Los 260 mil estudiantes restantes, no tienen otra opción de financiar sus estudios en caso que sus padres o ellos mismos quedaron cesantes. Luego del anuncio, el Ministerio de Educación señaló que este CAE beneficiaría a 130 mil estudiantes, y a finales de julio solo habían postulado 12 mil, cifra que pudo cambiar, pero que evidencia lo limitado de la medida que empuja a un número importante de estudiantes a desertar antes que endeudarse.
 
Las universidades del Cruch hemos expuesto la situación de crisis económica producto de la implementación de la gratuidad, el 18/O y la pandemia; y entregado diversas propuestas como el uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). No obstante, el gobierno da como solución un crédito Fogape, destacando que el 70% de los planteles pueden acceder a dicho crédito, pero pocos saben que el 30% de las instituciones de educación superior que quedan fuera, concentran el 80% del total de matrículas.
 
En suma, lo anunciado hasta el momento no resuelve el problema de los jóvenes que enfrentan el dilema de desertar o endeudarse. Por esto, las universidades del Cruch hemos otorgado facilidades a los estudiantes, sin embargo, esto no es suficiente para mitigar la crisis y urge que el Ejecutivo se abra a otras alternativas que permitan a los estudiantes continuar con su educación terciaria, contribuyendo a entregar certezas a la clase media.

Opinión del abogado Juan Pablo Ciudad: Retiro del 10% y peligros del constitucionalismo abducido

Opinión del abogado Juan Pablo Ciudad: Retiro del 10% y peligros del constitucionalismo abducido

Durante los últimos 8 a 9 meses, la actividad de la política en general y la actividad legislativa del Congreso Nacional en particular (sobre todo la que refiere a su potestad constituyente derivada) ha demostrado que nos encontramos en un momento constitucional. Y una de las características del momento constitucional chileno, producto de los onerosos quorum para reformar la Carta Fundamental, ha sido precisamente la necesidad de emplear la técnica constitucional de ubicar en los artículos transitorios aquellas normas que atienden las circunstancias excepcionales que atraviesa el país.
 
El pasado 17 de julio, Enrique Navarro sostuvo en el medio La Tercera que el proyecto de reforma constitucional que posibilita el retiro excepcional de fondos previsionales se constituía “peligrosamente” en una “elusión constitucional”, debido a que el Congreso se estaba arrogando atribuciones propias del Presidente de la República y regulaba mediante un artículo transitorio en la Constitución una materia  reservada a jerarquía de ley. Señaló, además, que este proyecto generaría una mutación constitucional hacia un “pseudoparlamentarismo de facto”, situación similar a la percibida después de la muerte del expresidente Balmaceda.
 
Opiniones como la del profesor Navarro, exministro del TC, advierten dos fenómenos altamente complejos y delicados para el razonamiento constitucional. El primero de ellos es que el profesor pareciera construir una opinión sobre la base de un constitucionalismo abducido y desafectado de las circunstancias sociales, económicas, sanitarias y jurídicas. La misión del constitucionalismo es contener y orientar a la política, mas no negar su existencia y los problemas que la determinan.
 
Contra este razonamiento, juristas como Bruce Ackerman han propuesto el concepto de “momentos constitucionales”. Durante los últimos 8 a 9 meses, la actividad de la política en general y la actividad legislativa del Congreso Nacional en particular (sobre todo la que refiere a su potestad constituyente derivada) ha demostrado que nos encontramos en un momento constitucional. Y una de las características del momento constitucional chileno, producto de los onerosos quorum para reformar la Carta Fundamental, ha sido precisamente la necesidad de emplear la técnica constitucional de ubicar en los artículos transitorios aquellas normas que atienden las circunstancias excepcionales que atraviesa el país. 
 
Estas normas transitorias lejos de eludir a la Constitución han intentado darle conducción institucional a las circunstancias excepcionales que atraviesan y determinan la actividad política. En efecto, si revisamos las reformas constitucionales del último tiempo veremos que han intentado incorporarse por la vía de artículos transitorios reglas fundamentales relativas al proceso constituyente venidero. Entre ellas, aquellas reglas especiales para la elección de representantes a la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, incorporando la posibilidad de las listas de independientes, las reglas que introducen equilibrio de género en el proceso, aquellas que permiten el funcionamiento telemático del Congreso y las que prorrogan el mandato de las autoridades municipales, atendiendo las consecuencias de la emergencia sanitaria en los tiempos de la agenda electoral.
 
En todos estos casos, podría haberse alegado que varias de estas reformas se incorporaran en los capítulos específicos donde se regulan dichas materias; sin embargo, el razonamiento fue otro. El razonamiento fue que las ideas matrices de esas reformas tenían un sentido acotado y un carácter excepcional.
 
Precisamente, estas son las mismas características que deben desprenderse del proyecto que permite el retiro del 10% de fondos previsionales. Su espíritu es atender una urgencia y su contenido no afecta en nada la regulación permanente del derecho a la seguridad social. En segundo lugar, considero que la introducción de conceptos como el de “elusión constitucional” suponen que, más allá de las normas concretas que determinan y orientan la potestad constituyente del Congreso, existe en abstracto un ejercicio correcto de esta potestad y uno que es incorrecto, a pesar de cumplir satisfactoriamente los requisitos constitucionales y legales para la tramitación de estas reformas. Esto porque, la categoría de “elusión” supondría que el constituyente no está siendo “honesto” con la Constitución, a pesar de estar cumpliendo, insisto, satisfactoriamente sus exigencias.
 
Por tanto, según este argumento, existiría un orden supra jurídico y pseudo ético que sería superior a las reglas constitucionales y legales positivas construidas por la comunidad política, y que regiría sobre las técnicas de producción de normas constitucionales. En mi opinión, este razonamiento introduce una categoría muy delicada, que instala un impedimento dogmático   supraconstitucional, heredero de una tradición iusnaturalista, que restringe más allá de los propios alcances constitucionales la potestad constituyente derivada.
 
Finalmente, en lo relativo a la “pseudoparlamentarización de facto”, sostengo que vale la pena recordar que la invocación de un estado de excepción constitucional como el de catástrofe no implica la suspensión de la actividad parlamentaria. Me parece que, por el contrario, debe destacarse del caso chileno, primero, el respeto que el Ejecutivo ha mostrado por la función legislativa. En segundo término, la disposición que ambos poderes del Estado han manifestado para tomar cartas en el asunto, y contener y superar esta crisis. Más aún, porque esta situación de armonía entre ambos poderes no ha sido la regla general ni en Europa ni en América Latina. En tercer lugar, pienso que el Congreso se ha visto compelido a emplear todos los esfuerzos pertinentes para lograr acuerdos como el retiro de fondos previsionales producto de la insuficiencia que la ciudadanía ha diagnosticado respecto de las medidas definidas por el Ejecutivo.
 
Por último, que el Congreso sea el lugar donde se estén dando las discusiones más sensibles para la ciudadanía me parece que es una correcta señal republicana, pues es precisamente el espacio que contiene la mayor cantidad de opiniones y perspectivas que aseguran elaborar más diversa y transversalmente las urgentes medidas que necesita la ciudadanía para resguardar su vida y sus derechos en estos momentos difíciles y excepcionales.

Opinión de académica Paula Walker: La manía del exitismo en el Gobierno

Opinión de académica Paula Walker: La manía del exitismo en el Gobierno

¿Por qué razón son importantes las y los presidentes o líderes? Porque les hemos transferido la capacidad de tomar decisiones a nombre de todas y cuando alguien nos dirige debe pensar en el bien común por sobre cualquier otra cosa, incluso más allá de creencias religiosas o políticas.

La pandemia ha transparentado las acciones y sus consecuencias de los líderes mundiales, y hemos visto de qué manera algunos sufren el impacto negativo y fatal de sus decisiones, basta mirar a EE.UU, - o más positivo -dentro de la inestabilidad de la pandemia como Alemania o Nueva Zelanda.

La estrategia del Gobierno para enfrentar la pandemia ha sido desde un inicio mostrar control, con mensajes del tipo somos los que más muestras tomamos en América Latina, acuñando frases peligrosas como la “nueva normalidad”, o “retorno seguro”.

¿Cuál es el objetivo de hacer esas declaraciones teniendo el ejemplo de la enorme dificultad que han tenido grandes potencias para enfrentar la pandemia? La manía del exitismo del Gobierno, de mostrarse mejores que otros, jugar a las individualidades (el mejor ejemplo es usar mascarillas con los nombres de los ministros en vez de la austeridad de no gastar plata imprimiendo nombres; y si la van a gastar, mejor poner frases para el bien común: “quédate en casa”.. ), les está pasando la cuenta.

Ese exitismo delirante afectó la confianza de las personan en sus autoridades, pues sus mensajes simplemente no son creíbles. Cuando el 30 de abril se iniciaba el show de la apertura del Apumanque, los datos ya mostraban el alza pronunciada de contagios.

Esta semana en un solo día aumentó en un 60% los contagios y toda la Región Metropolitana entrará en cuarentena hoy viernes.

En vez de mostrar la fragilidad de la situación y trabajar colaborativamente, dicen tener “todo bajo control”: se pelean con el Colegio Médico, con los alcaldes, con expertos médicos; en vez de sumar a especialistas y transparentar las cifras desde el principio para conocer proyecciones (como el esfuerzo de la Mesa de Datos COVID-19 que entrega las curvas por comuna), dificultan el acceso a los datos y su entrega sigue siendo una pesadilla; la porfía por tomar el Simce en un escenario incierto y tan complejo para las familias de los estudiantes y de los profesores, no tiene explicación.
 
La desconfianza se agrava cuando investigaciones periodísticas denuncian casos de personas fallecidas donde los certificados médicos hablan de COVID-19, pero luego el Registro Civil no incluye ese dato en el certificado oficial del fallecimiento; ¿ por qué las autoridades no salen a desmentir y transparentan cuál es el criterio que se está utilizando? Para ganar la confianza, la verdad es esencial, por dura que sea. ¿Confiamos en nuestros líderes? ¿Pueden ellos hacer acciones que nos permitan confiar? Claro que pueden, más aún cuando en la experiencia diaria de las personas las cosas no están siendo como dice el Gobierno, y esa constatación dañará seriamente la credibilidad en las autoridades y el manejo de la crisis se volverá muy difícil.

“Estados Unidos está diciendo a Irán ‘yo sigo teniendo el poder’”

“Estados Unidos está diciendo a Irán ‘yo sigo teniendo el poder’”

¿Qué busca Estados Unidos con el ataque que dio muerte al poderoso comandante de la fuerza de elite Quds de Irán, Qassem Soleimani? Esta es la pregunta que se le formuló al académico e investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile, Fernando Estenssoro.
 
A juicio del experto, a través de esta arremetida, el Gobierno de Donald Trump hace una demostración de fuerza ante los demás países de la región. “Estados Unidos está diciendo ‘mire, aquí yo sigo teniendo el poder. En cualquier minuto, si me siguen molestando, puedo desatar un ataque mayor’. En el fondo, está respondiendo de esta forma al ataque previo a su embajada”, explicó el analista. 
 
Sin embargo, Estenssoro agregó que “lo que ocultan las centrales de información que provienen de los propios Estados Unidos, que es donde se maneja la noticia, es que ellos (los estadounidenses) antes habían bombardeado campamentos civiles diciendo que eran campamentos terroristas. Porque para Estados Unidos son terroristas todos los musulmanes que están en contra de Estados Unidos”, precisó.
 
Otro de los factores que explicarían la agresión norteamericana, a juicio del investigador, es la proximidad de las elecciones presidenciales. “Trump no podía mostrar que atacaban a Estados Unidos y quedarse de brazos cruzados”, aseguró.
 
Con el asesinato de Soleimani en territorio iraquí, añadió el académico, el gobierno norteamericano busca “mejorar la imagen de que ellos siguen siendo la fuerza predominante militarmente, que siguen teniendo el control y que pueden atacar a quien sea, donde sea, porque siguen siendo los amos del mundo. En el fondo lo que está haciendo Trump es decir que sigue siendo el jefe. Es un mensaje de poder”. 
 
Se agudiza la tensión en Medio Oriente
 
La zona del Golfo Pérsico, donde confluyen países como Irán, Irak y Arabia Saudita, es una de las zonas más conflictivas del mundo. “No obstante, había logrado mantener cierta estabilidad, muy relativa, hasta los ataques recientes”, recordó Estenssoro. 
 
El académico relató que “las movilizaciones y las protestas en Irak, muchas de ellas estimuladas por Arabia Saudita, desestabilizaron al gobierno. El primer ministro iraquí renunció y ahora hay que formar un nuevo Gobierno. Entonces, lo que estamos viendo, en ese país, es una pugna interna entre grupos chiitas y grupos sunitas por conformar ese nuevo Gobierno”, añadió. Los primeros son apoyados por Irán y los segundos por Arabia Saudita con el respaldo de Israel y Estados Unidos.
 
“En este proceso, Estados Unidos bombardeó (en Irak) a sectores proiraníes; a iraquíes chiitas, que cuentan con el apoyo de Irán. Los bombardeó. Mató civiles, mató gente. Eso no salió en la televisión”, declaró el investigador de IDEA.
 
A raíz de esa agresión, concluyó, los iraquíes atacaron la embajada norteamericana en Bagdad, lo que sirvió de justificación al gobierno de Trump para dar muerte a Soleimani y volver a encender el conflicto en la región.
 
¿Y ahora?
 
“Para ser franco, yo creo que ni Irán ni Estados Unidos quieren una confrontación directa”, manifestó Estenssoro; si bien “hay halcones que están más a la derecha de Donald Trump y, en Arabia Saudita e Israel, halcones que quieren un ataque directo a Irán”. 
 
Con todo, el analista estimó improbable que el mandatario norteamericano busque desatar una guerra directa con Irán. “Ya lo hubiese hecho”, insistió. 
 
“Lo que hace Donald Trump son bravuconadas pero, si te fijas, él no ha involucrado a Estados Unidos en nuevas guerras, como lo hizo Bush, por ejemplo. El solo quiere aparecer como el ‘gran jefe’ castigando a quienes los atacan”, puntualizó el investigador del IDEA de la Universidad de Santiago de Chile.

Las aventuras (y desventuras) del voto electrónico

Las aventuras (y desventuras) del voto electrónico

Tal como atribuimos a los gatos, el voto electrónico parece gozar de varias vidas las que hemos detallado en otros trabajos académicos y que aquí pasaremos revista rápidamente. La primera vida del voto electrónico en Chile corresponde a la etapa de lo que podríamos denominar el voto mecánico. Tenemos noticias ya en 1906 de la primera máquina de voto en nuestro país, en la figura del inventor italiano Eugenio Boggiano. La primera imagen del voto electrónico fue entonces
mecánica, teniendo como fin la estandarización del acto y la disminución al mínimo de la manipulación e intervención humana. Sin pena ni gloria este episodio fue corto, no tuvo el éxito esperado, quedó solo en el estadio del deseo.

Un segundo momento sucede en los años 60 y 70. Época de utopías, pero también de revoluciones, que en el caso chileno han sido muy descritas por Eden Medina en su libro “Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile”. Mientras en Estados Unidos ya se vota con máquinas, el triunfo de Allende inaugura una etapa de reflexión y experimentación del vínculo entre tecnología y política, la cual no estuvo desprovista de suspicacias. El quiebre democrático significó por supuesto una suspensión de las elecciones libres, decretando de paso una interrupción del debate entre tecnología y voto.

El año 1996 marca la reintroducción del tema en el ámbito legislativo. Ese mismo año se experimentó una disminución dramática de las tasas de participación electoral de principios de los noventa. Mediante una moción parlamentaria, se intentó introducir el voto electrónico y se produce un pequeño debate, el cual no fructifica por no contar con el apoyo del Ejecutivo. Casi una década después se vive un nuevo hito, cuando el antiguo director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García, se declara a favor de avanzar en el voto electrónico. Esto suponía un cambio en la actitud del Organismo respecto a esta modalidad de voto, puesto que no estaba “dentro de sus prioridades”, como declarará en 2009 el propio García.

Durante la campaña del 2017, el actual Presidente, Sebastián Piñera, propuso dentro de su programa implementar el voto electrónico. A decir verdad, esto ya había sido planteado años antes, pero en el contexto de campaña fue visto como una promesa de su candidatura. Una vez asumido su mandato, el propio Servel encargó a una consultora externa estudiar la factibilidad de implementar un sistema de máquinas de votación. La baja en las tasas de participación abrió un debate profundo sobre los efectos de las reformas electorales del 2015, particularmente de la introducción de la inscripción obligatoria y el voto voluntario. Y al interior de este debate, surgió nuevamente la idea del voto electrónico. Una serie de actores, no sin razón, levantaron voces de alerta en contra de la medida. Habría que aclarar que, a esas alturas, la cuestión concernía sólo a la implementación de un sistema de máquinas de votación, sin que se mencionara siquiera la posibilidad del voto a distancia por internet.

Sin embargo, la consulta ciudadana organizada por la Asociación de Municipalidades el 15 de diciembre cambió nuevamente la suerte del voto electrónico, abriendo nuevamente la pregunta sobre su conveniencia y factibilidad. En ese sentido, esta votación marca un precedente histórico, pues introduce dos nuevos actores a la escena electoral: a los municipios y a la Universidad de Santiago de Chile. Para los primeros, se trata de un retorno pues, si bien por ley no poseen el poder de organizar elecciones, demostraron que en la práctica sí lo pueden hacer y con un gran poder de movilización. Para los segundos, se trata justamente de estrechar los lazos entre el Estado y sus universidades, acompañando los procesos de innovación y diseño de políticas públicas.

En un contexto de alta movilización social resulta nuevamente curioso, por decir lo menos, cómo el voto electrónico tuvo una oportunidad de oro para demostrar sus virtudes. Con una votación compleja, que incluía tres papeletas, demostró su capacidad para reducir el tiempo del tradicional conteo de votos. Asimismo, facilitó, casi en todos los casos, el acceso al voto, cuestión especialmente sensible dado los graves problemas de movilización que subsisten en la sociedad.

Todo esto no deja de ser relevante, pues significa que los límites se desplazaron sustantivamente. La demanda ya no será solo por máquinas en los recintos de votación, sino que ahora la solicitud será por implementar un sistema de votación confiable, a distancia y asistido por tecnología. ¿Cuánto durará este último momento de gracia del voto electrónico? No lo sabemos. Pero de lo que sí estamos seguros es que el estallido social y la necesidad de una Asamblea Constituyente establecen un contexto ideal para la reposición de este (antiguo) debate.

Siete motivos por los cuales la Consulta Municipal sienta un precedente de nueva democracia para chile

Siete motivos por los cuales la Consulta Municipal sienta un precedente de nueva democracia para chile

La Consulta Ciudadana Municipal organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades el domingo 15 de diciembre ha sido un hito histórico para la democracia chilena.

En el contexto de una sociedad en crisis, tensionada por las movilizaciones y la protesta social, este evento marca una pista de acción que posibilita encauzar las demandas sociales y políticas, pero es mucho más que eso.

Como sabemos la consulta se ha realizado en más de 225 municipios del país en las más diversas regiones y localidades convocando a electores mayores de 18 años y también por primera vez a electores entre 14 y 17 años. La Universidad de Santiago contribuyó con el sistema de cómputos y prestó su Centro de Postgrado y Educación Continua como sede nacional de la consulta. El resultado ha sido que una inmensa mayoría de chilenos apruebe la idea de que se redacte una nueva Constitución; que aprueba el voto obligatorio y que el mejor mecanismo para la labor constituyente es una convención con delegados elegidos al efecto. Así mismo, en cuanto a las demandas sociales plantean mayoritariamente las siguientes prioridades: pensiones dignas, salud pública y educación pública.

1. Esta Consulta Municipal llama a reflexionar dado que es, en primer lugar, una instancia profundamente democrática que pone en práctica uno de los principios fundamentales de la democracia republicana: la soberanía popular. En efecto, la teoría política republicana moderna entiende que el soberano es el pueblo y no los electores censitarios o el monarca. En el marco de una sociedad donde el orden político está siendo cuestionado, donde la clase política ha perdido legitimidad y las instituciones son objeto de la desconfianza ciudadana, este tipo de actos políticos posibilita la recuperación de esa necesaria confianza.

2. En segundo lugar, es un evento de participación que posibilita recoger el sentir y las demandas de forma pacífica. El pueblo soberano tiene muchas formas de expresión de su voluntad, que va desde la marcha, la concentración, los cabildos, las cacerolas y en varios casos, aunque cuestionables, la violencia. Esta consulta, aunque no es vinculante, representa una instancia en la cual la persona expresa su preferencia por el orden institucional y por las prioridades sociales de forma personal y privada, sin presiones ni coerciones, libremente.

3. En tercer lugar, la forma bajo la cual se ha implementado esta consulta, esto es, ya sea electrónica on-line, mixta, o presencial, introduce un elemento innovador que significa experimentar en un evento electoral real, el voto electrónico que jamás se ha empleado en votaciones oficiales en el país. Muchas naciones en el mundo ya cuentan con sistemas de voto electrónico lo cual, hasta ahora, no ha sido la tradición en Chile y ha llegado el momento de comenzar a implementarlo: esta consulta entrega un claro precedente en esa dirección.

4. En cuarto lugar, se trata de una consulta ciudadana que por ser iniciativa de los gobiernos municipales se centra en una participación ciudadana local, reivindicando que la democracia de la base, en los territorios locales, es y debiera ser uno de los pilares de una sana democracia, sólida, fuerte y participativa. Con esto la Asociación de Municipalidades nos está recordando que la gran brecha que existe entre representantes y representados, en la crisis política que se vive en Chile, puede ser remediada desde las instancias que convocan a los vecinos que tienen una proximidad mayor con sus autoridades locales. La reconstrucción democrática se hará desde la base y en territorios locales o quedará nuevamente coja. Al respecto una gran mayoría de ciudadanos afirma que deben entregarse más atribuciones y recursos a los municipios.

5. En quinto lugar, se trata de una instancia inédita por cuanto convoca el voto, no sólo de los ciudadanos reconocidos por la ley, sino que amplía el padrón incluyendo a los jóvenes que tienen 14 años hasta 18 años, lo cual no se había hecho en ningún proceso electoral oficial anterior. Con esto genera un recedente innovador que incorpora e incluye a las nuevas generaciones precisamente aquellas que más reclaman por la falta de representatividad de nuestro sistema político actual.

6. En sexto lugar, se ha producido una confluencia de instituciones de la sociedad civil entre las cuales es digno mencionar a la Mesa Social y a representantes de diversas organizaciones que han trabajado para que esta consulta se haga posible, a los Alcaldes, consejos y órganos municipales y vecinales de las 225 comunas del país que se han organizado desplegando un esfuerzo inédito, sin mayores recursos, y con la simple convicción democrática. Y, por último, a organizaciones académicas entre las cuales sobresale la Universidad de Santiago de Chile, que han colaborado para el éxito de esta consulta.

7. En séptimo lugar, y por todas las razones expuestas, se trata de una experiencia social inédita, que puede ser prefigurativa de la nueva democracia que se debe reconstruir en el país. Este evento democrático por medio de cual ha hablado la ciudadanía marca un antes y un después. Una vez experimentado un proceso como el que se vivió este domingo 15 en Chile ya no se podrá volver a desconocer la importancia de las votaciones municipales, de la relevancia de los órganos del estado descentralizados como son los municipios, de la importancia de los ciudadanos de a pie que votan en sus comunas, de la trascendencia de los tejidos sociales que articulan municipios, organizaciones civiles y órganos académicos, en fin, de la necesidad de que a futuro las elecciones se modernicen y se pongan al servicio de sistemas más accesibles y directos de votación. La democracia que es necesario reconstruir en Chile tiene mucho que aprender de esta experiencia señera.

Páginas

Suscribirse a RSS - Opinión