Con la participación de Alejandra Contreras, directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, (CUECH); Fernando Molina, director Jurídico de la U. de Chile, y la Dra. Pamela Figueroa, destacada académica de nuestra Plantel, se desarrolló una nueva sesión de Usach Constituyente, que analizó las interesantes propuestas, en el área de la educación, presentadas a la Convención Constituyente por el CUECH.

 

Del espacio de reflexión denominado “Universidades Estatales e Iniciativa de Normas” fueron parte el Rector de nuestra Casa de Estudios, Dr. Juan Manuel Zolezzi y el ex ministro de Relaciones Exteriores y actual coordinador del proceso constituyente en la U. de Chile, Juan Gabriel Valdés.

 

El Dr. Zolezzi invitó a la comunidad en general para apoyar las propuestas de iniciativa popular de norma constitucional que presentaron las 18 universidades del Estado. “Como integrantes de comunidades universitarias nos encontramos en el momento preciso para unirnos y cumplir con nuestro deber ciudadano, y con nuestra firma, apoyar las dos iniciativas que permitirán consagrar la educación pública y la autonomía universitaria en la nueva Constitución”, afirmó el Rector Usach.

 

En esta misma línea, Juan Gabriel Valdés, señaló que las iniciativas populares de norma son una gran herramienta para ser parte de este proceso histórico.“Me sumo al llamado del Rector Zolezzi que ha realizado de manera ferviente. Es fundamental conseguir el apoyo masivo que requieren estas normas. Es muy significativo que la participación del pueblo se centre en asuntos muy precisos, para mostrar dónde quiere alcanzar el progreso yel cambio de sociedad que todos hemos manifestado”.

 

La Dra. Pamela Figueroa indicó que estos espacios de discusión relevan la importancia de la participación ciudadana en la profundización democrática y en el compromiso de la sociedad con los cambios que se han venido dando en el país.

 

“La iniciativa popular de norma es uno de los mecanismos de participación popular en el proceso Constituyente, una ventana abierta para que las distintas instituciones, organizaciones y la ciudadanía en general, puedan presentar sus propuestas para que ingresen al debate Constitucional”, aseveró la experta.

 

 

Alejandra Contreras, directora ejecutiva del CUECH, señaló que las universidades públicas se caracterizan por ser instituciones sin propietarios, que no defienden intereses específicos y que están preocupadas de velar por el bien común y el desarrollo del país, agregando que hace décadas se viene arrastrando un problema con su concepto primordial.

 

“Hay instituciones que no son públicas en su naturaleza y que se tratan de apropiar de esta concepción, y sin querer desmerecer el rol que estas instituciones cumplen y los aportes que ellas hayan hecho al país, creemos que es muy importante resguardar el concepto de lo público y relegitimarlo. Esta ambigüedad que se da en Chile no ocurre en ningún país del mundo, en donde tienen definiciones muy precisas de qué es una institución pública”, explicó con vehemencia.

 

Ya en el campo legal de las dos propuestas presentadas por el CUECH a la Convención Constitucional, Fernando Molina, director jurídico de la Universidad de Chile, enseñó las dos iniciativas. 

 

La primera, presentada a la Comisión de Derechos Fundamentales Derecho a la Educación (Ingresa aquí para apoyar: Iniciativa Nº36.582) que en su redacción indica que: “El Estado garantiza el Derecho a la Educación de todas las personas que habitan su territorio. La educación procura el desarrollo integral, sobre la base de las habilidades y aptitudes, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y fomenta el respeto a la democracia, las libertades y los derechos y deberes establecidos en la Constitución”.

 

Asimismo, el experto dijo que la propuesta busca que el Estado provea una educación pública, laica y de calidad, en la que se promuevan los derechos humanos, la inclusión, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad, la libertad y la participación de la comunidad educativa, considerando las particularidades locales y regionales.

 

“El Estado debe garantizar el financiamiento que requiera el funcionamiento y desarrollo de sus establecimientos educacionales en todos sus niveles” subrayó Molina.

 

En cuanto a la libertad de educación la iniciativa propone que: “Los establecimientos particulares tendrán derecho a crear, organizar y mantener establecimientos educacionales, respetando las normas constitucionales y conformes a la ley respectiva (…) Las madres y padres o apoderados tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos(as) o pupilos(as)”.

 

En cuanto a la Autonomía, equidad e inclusión, el texto de la iniciativa indica que: “Las instituciones de educación superior gozarán de autonomía académica, económica y administrativa. El ingreso, permanencia y promoción de los estudiantes en este nivel obedecerá únicamente a méritos o causales objetivas, sin sujeción a discriminaciones arbitrarias y considerará, además, los principios de equidad e inclusión”

 

La segunda propuesta fue presentada frente a la Comisión Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal (vinculación de universidades estatales con otros entes) (Ingresa aquí para apoyar:Iniciativa Nº36.618).

 

“En cada región existirá al menos una universidad estatal, funcionalmente descentralizadas y que actuará con plena autonomía académica, económica y administrativa. Estas universidades formarán parte de la Administración del Estado, relacionándose preferente y coordinadamente con las demás instituciones estatales, para contribuir al desarrollo de sus funciones propias y en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas y programas de desarrollo local, regional o del país. Una ley fijará el estatuto especial para el cumplimiento de las tareas universitarias”, señala el texto.