Una caída de 3,3% anotó el Índice Mensual de Actividad Económica en el mes de noviembre. La cifra informada por el Banco Central es mejor de lo que se esperaba, ya que el mercado anticipaba una baja de 3,5%.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, la situación “demuestra el estado de desarrollo económico como país. Los comportamientos se mantienen estables. No crecemos demasiado, ni tampoco caemos tan drásticamente”, sostuvo.

El también economista y académico de la FAE de la Usach, Gonzalo Martner, concordó en que el efecto del estallido social no será tan “catastrófico” como el que se prevé. “Esta economía demuestra capacidad de adaptación”, enfatizó.

Hacienda mantiene proyecciones

Tras conocerse el Imacec, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, mantuvo la proyección de crecimiento de 1% para 2019 y enfatizó en que “estamos en un momento económico complicado, eso no ha cambiado".

Para Salas, “el ministro prevé que diciembre se comportará mal y que volverá a ser negativo. Lo que está previendo es que no lo acusen de optimista. Es una señal de cautela”, afirmó.

Para Martner, la caída en el ritmo de crecimiento ya venía produciéndose desde antes de octubre. “La economía no venía bien, por lo que no es justo que se atribuya a los hechos sociales de octubre y noviembre un deterioro que venía de antes”, sostuvo.

Desempleo

Por su parte, la tasa de desocupación nacional durante el trimestre móvil septiembre-noviembre llegó a 6,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra muestra un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto a igual período del año anterior.

Al respecto, Salas consideró que la tasa es aceptable y no tan “desesperante” como la que se había previsto en un principio. El mercado esperaba que la cifra estuviera en 7,6%.

Para Martner, “parecía que el Gobierno preveía una hecatombe para el mes de noviembre, y las cifras de octubre y noviembre en materia de empleo, indican un cierto deterioro, pero bastante limitado”, concluyó.

Tras la denuncia presentada por la Fiscalía Nacional Económica acusando a cuatro productoras de alimentos para salmón de "mantener un acuerdo para fijar los precios de venta” entre los años 2003 y 2015, el académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Francisco Castañeda, hizo un llamado a fortalecer los organismos encargados de fiscalizar este tipo de prácticas.

“En mercados concentrados, con pocos actores, como es el caso de la industria de los salmones se posibilita que exista coordinación en los precios, con todos los efectos negativos que esto conlleva respecto a lo que debería ser una economía de mercado”, señaló Castañeda.

El académico agregó que “si la economía es concentrada, los organismos fiscalizadores requieren más recursos del Estado para asegurar su independencia y articular una conducta de largo plazo, en términos de convertirse en los sheriff del mercado”.

En efecto, las empresas denunciadas son las únicas que comercializan alimentos para salmones en Chile, por lo que sus clientes habrían estado limitados a pagar un costo más alto en el producto.

El economista advirtió, además, que, si bien él no es especialista en materia legal, “se deben aplicar las máximas penas posibles, incluso con cárcel, porque el costo para la sociedad es muy grande y cualquier multa no compensa el daño causado”.

En el plano de la autorregulación, el experto sostuvo que los propios gremios empresariales debiesen revisar sus prácticas. “Si uno analiza la cantidad de mercados que han estado involucrados en colusiones, coordinaciones y concertaciones de precios, ya hay mucha casuística. Esto no sería un hecho aislado”, expresó.

En otro aspecto, agregó que la “sanción social” que debe haber por parte de los gremios, actores intermediarios y ciudadanía, “tiene que ser muy drástica”.

Con todo, Francisco Castañeda valoró los avances alcanzados por la institucionalidad fiscalizadora en torno a los casos de colusión. “Si uno ve la cantidad de casos que se han descubierto en los últimos cinco años, es un número bastante importante. Yo soy optimista”, puntualizó el economista.
 

Este lunes el Gobierno presentó su Agenda Anti Abusos, para combatir con mayor severidad las colusiones y abusos en los mercados, y mejorar la protección de los consumidores y trabajadores.

En ese contexto, además, anunció una “hoja de ruta” a largo plazo, recogiendo demandas ciudadanas como la condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).
El Ejecutivo facilitará la regularización de casos de deudores morosos del CAE, condonando las multas e intereses penales para que accedan a los beneficios del nuevo sistema de crédito, que tiene un interés subsidiado del 2% y un pago del 10% del ingreso.

La medida anunciada por el Presidente Piñera, beneficiará a cerca de 144 mil personas. Sin embargo, ya generó controversia debido a que la gran demanda es la condonación universal de todas las deudas por estudios, que además del CAE, incluyen el Fondo Solidario y el Crédito Corfo.

Para el académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, esto es imposible considerando la actual situación del país. “Se trata de alrededor de 7 mil millones de dólares que el Estado chileno hoy no está en condiciones de poner en la mesa”, enfatizó el académico.

Por otro lado, sostuvo que la propuesta debería apuntar a aquellos morosos que desertaron de las carreras por las cuales adquirieron la deuda. “Hay que precisar que existen desertores y egresados. Este último grupo, que corresponde a más del 60%, terminó sus estudios y actualmente está pagando sus cuotas. Los desertores son cerca del 30% y a ellos es a quienes se les debería aplicar la reducción de intereses y multas”, precisó.

El economista planteó la necesidad de contar con un sistema de crédito de educación superior que preste el capital y no cobre intereses, más allá de una condonación parcelada. “De esta forma, el Estado podría condonar la deuda a los que deben el CAE o Fondo solidario, lo cual sería una medida justa, tanto para los que están al día en el pago, como para los morosos”, subrayó

El académico Hernán Frigolett, coincide con su par de la FAE, y señaló que una condonación universal hoy no es posible por el elevado costo fiscal. De asumir este gasto el Estado tendría que revisarse en profundidad y debiera quedar contextualizado en términos de lo que es la cobertura de la gratuidad.

“En esto hay que aplicar un criterio de simetría, ya que, si hay un estudiante que sigue en su carrera y goza de la gratuidad, por simetría, hay que condonarle el CAE anterior para que su carrera esté avalada por la gratuidad”, propuso el extesorero General de la República.

Asimismo, Frigolett planteó lo mismo para aquellos estudiantes que por alguna razón no han podido continuar sus estudios, y están dentro del 60% que obtuvo la gratuidad. “Aunque no estén en el sistema como estudiantes, hay que condonarles la deuda, porque serían beneficiarios de la gratuidad”.

Para el grupo restante la eliminación de los intereses y multas anunciado por el Gobierno es válida, precisó el académico. En ese sentido agregó la opción de establecer una fórmula de pago que sea proporcional a las rentas que los deudores van a obtener una vez que termines sus carreras.

“A mí juicio esto es un peso económico moderado, sería justo y no tendría ningún efecto pernicioso en términos sociales, ya que se aplicarían las condonaciones donde corresponden”, insistió Frigolett.

El economista concluyó que el anuncio del Gobierno “es un primer paso y dentro de eso uno puede descubrir criterios equitativos y establecer la condonación controlada, enfocada a determinados grupos socioeconómicos”.

El dólar retrocedió casi $24 luego del anuncio del Banco Central (BC) de inyectar 20 mil millones de dólares al mercado, llegando a los 805 pesos. Al principio de la jornada, la divisa norteamericana había alcanzado los $828,74

El académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Hernán Frigolett, compartió la decisión del BC. El exTesorero General de la República explicó que el organismo debe velar porque el dólar no comience a transferirse a precios, afectando volúmenes de importación importantes, por lo que debe actuar para evitar un impacto explosivo sobre la inflación.

“En los niveles en que estamos, de $830 y en circunstancias de que en un mes ha subido más de 100 pesos, el Banco Central toma una posición más proactiva y desarrolla una estrategia de estabilización del precio del dólar”, afirmó.

El máster en ciencias económicas señaló que el techo debe estar entre los $800 y los $830 pesos, ya que afecta directamente el costo de vida de las personas, al impactar, por ejemplo, en la tarifa del transporte, de la electricidad y del agua. 

Opinión similar tuvo el también académico de la FAE de la Usach, Dr. Francisco Castañeda, experto en finanzas internacionales. A su juicio, el alza del dólar se puede traducir en presión inflacionaria, ya que el 60% de la canasta que considera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) son productos importados.

“Se abrió la posibilidad de que el Banco Central intervenga en forma directa, no con una línea de crédito en dólares para los bancos, sino que saliendo a vender una cantidad importante de reserva internacional”, consideró.

El doctor en geografía económica explicó que el BC tiene alrededor de 39 mil millones de dólares de reserva internacional, que es el 6 a 7% del PIB. Por lo tanto, asegura que el organismo tiene fortaleza para enfrentar esta crisis cambiaria.

“El Banco Central interviene vendiendo dólares en cantidades importantes. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares para hacer bajar el valor de la divisa”, enfatizó.

Finalmente, el doctor en ciencias económicas y también académico de la FAE de la U. de Santiago, Gonzalo Martner, explicó que cuando se devalúa la moneda nacional, “quienes ganan son los exportadores, porque sus retornos serán mucho más altos, y quienes pierden son los consumidores, porque el alza repercute en el valor de las bencinas y de productos importados, que son una proporción bastante alta en la canasta de consumo cotidiano de las familias”.

Tras discutir el recorte de un 50% de la dieta parlamentaria, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados también aprobó unánimemente una disminución salarial para las autoridades de los otros dos poderes del Estado, a los que se sumaron los propios asesores de los congresistas tras aceptarse la disminución de sus gastos operativos y labores de apoyo.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Dr. Francisco Castañeda, “la medida del 50% reviste un carácter más bien simbólico” y “no impacta en las arcas fiscales”.

Aunque reconoce que se trata de un gesto “valioso”, advirtió que la rebaja asociada a los profesionales de los parlamentarios puede provocar situaciones muy complejas. Además, señaló que el porcentaje en que se reducen las remuneraciones no puede ser igual para todos, porque no todos tienen los mismos ingresos, lo que perjudicaría a los que menos dinero perciben. 

Opinión similar tiene el economista y académico de la Usach, Víctor Salas. “Toda esta rebaja no tiene mucha relevancia en términos de ahorro fiscal. Es más bien un acto simbólico, porque repercute en alrededor de diez mil personas”, explicó.

Aunque reconoció que esto responde a una demanda social, opinó que la medida debe estudiarse mejor, ya que se precisa conocer los montos exactos que se necesitan para que los parlamentarios desarrollen su labor. “Se rebajan los sueldos, pero eso no resuelve ningún problema más que el de imagen”, sostuvo.

“Hay que lograr que los grandes empresarios paguen más. Aunque hay un acuerdo en la reforma tributaria, dicha reforma no les está doliendo a los empresarios”, enfatizó Salas. “Hay que buscar una aplicación de impuestos que permita dar una señal de compromiso con la paz social y para que el Estado pueda resolver problemas”, concluyó.

Dieciocho alumnos de la carrera de Contador Público y Auditor de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, coordinados por el académico y director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, Dr. Germán Pinto Perry, están realizando una completa asesoría a las pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas por el movimiento social de las últimas semanas en el país.

El apoyo consiste en una consultoría, debido a que todo contribuyente del Impuesto a la Renta que lleva contabilidad completa, tiene que dar aviso al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando tiene alguna pérdida del inventario, activo o libros de contabilidad. “Si no hace este aviso, no se acepta la pérdida y la contabilidad perdida se asume que ha sido ocultada maliciosamente. Es por esto que el SII dictó la circular 42 del 30 de octubre de 2019 señalando un procedimiento sencillo para dar este aviso”, explicó el Dr. Pinto Perry.

Los estudiantes de la carrera, junto al profesor Pinto, ayudarán a las Pymes a fin de evitar que se les cobre una multa que acrecenté el problema que ya tienen.

Algunas de las principales necesidades de las pequeñas y medianas empresas guardan relación con el financiamiento, el apoyo para reconstruir y recuperar el daño que les afectó.

“Nos hemos entrevistado con pymes localizadas muy cerca de nuestra Universidad y están muy complicados, algunas a punto de quebrar. Les han robado camiones, dañado sus existencias, destrozado sus locales comerciales. Aunque se puedan recuperar, no tienen cómo, ya que no han podido vender porque deben cerrar temprano, tienen que gastar los pocos fondos que tienen en proteger las puertas de sus locales; además, tienen que pagar los sueldos y a sus proveedores, o sea, el peor de los mundos para este tipo de contribuyentes”, señaló el académico de la FAE.

Pinto Perry agregó que “a estas pymes sólo les queda la esperanza de postular a los créditos blandos que están siendo anunciados. Además de entregar nuestra ayuda en solucionar el tema tributario, vamos a ser el puente entre ellos y las instituciones financieras que les están dando una mano y están ofreciendo créditos con muchas facilidades, pero para ello, hay que presentar antecedentes contables y otros documentos que, tal como ellos mismos dicen, no tienen cabeza para reunirlos”.

El director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Usach recalcó que “ahí estaremos apoyándolos y confeccionando las carpetas que tengan que presentar para acceder a estos créditos”.

Remarcó que los estudiantes que están participando de esta ayuda pueden ser actores principales del rol social de una Universidad pública como la nuestra, no quedándose sólo en slogan y publicidad, sino que, conociendo la realidad, aplicando en forma gratuita sus conocimientos y apoyando a los emprendedores de nuestro país”, sentenció Pinto Perry. 

Por su parte, Tania López Balmaceda, líder del grupo de estudiantes, señaló que participar de estas instancias ha sido muy importante. “Apoyar a las personas, en estos momentos con nuestros conocimientos es lo mejor que podemos hacer. La Universidad entrega un rol social y la cooperación con las pequeñas y medianas empresas nos da la oportunidad de aplicar lo que hemos aprendido”.

Sin duda alguna, los valores brindados por estas experiencias quedarán en nosotros y los pondremos en práctica en nuestro futuro profesional, concluyó la estudiante.

Quienes necesiten esta ayuda, pueden escribir al correo mpgt@usach.cl solicitando una hora para que los futuros contadores auditores, con la asesoría del Dr. Pinto Perry, puedan analizar la situación particular de cada Pyme.

Bruno Jerardino, representante del personal por hora de clases del CTEO, y Roberto Mayorga, académico de la Facultad de Derecho del Plantel, sostuvieron una conversación en torno a la coyuntura que vive el país y cómo la Usach puede aportar a solucionar la crisis social que se vive en este momento.

Desconfianza y rechazo a las instituciones; y con qué perspectiva mirar el país fueron algunos de los temas que se plantearon en la conversación, realizada en los estudios de Radio Usach y STGO.TV. 

Para Roberto Mayorga, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, debe hacerse un diagnóstico de las soluciones que se necesitan para salir del escenario actual. Sostuvo que  la desconfianza y la inexistencia de líderes visibles son parte de los nudos que dificultan la solución de los problemas coyunturales.

Asimismo, agregó que “hay una contradicción, porque es la ciudadanía la que ha salido de forma pacífica a la calle (…) sin embargo, este grupo de personas desconfía en los líderes políticos. Hay un rechazo hacia el Gobierno y a todo tipo de autoridad y eso es porque se sienten defraudados por sus dirigentes”, comentó.

El abogado aseguró en el espacio de radio y televisión que el Plantel debe colaborar con el país y que la realidad que vivimos favorece para proponer desde la Usach la nacionalización del Litio.

“¿Por qué no hacemos en la Universidad una propuesta concreta para rescatar el Litio para Chile?, pero no como lo hace Soquimich y (Julio) Ponce Lerou, sino para procesarlo aquí, con técnicos de la Universidad y con la sabiduría que tienen nuestros profesionales”, aseguró el profesor de micro y macro economía.

Por su parte, el representante del personal por hora de clases del CTEO, Bruno Jerardino, consideró que nuestra Casa de Estudios debiese ser un modelo para la sociedad, que aporte con una mirada ética a “construir un Chile mejor para todos”.

Del mismo modo, aseveró que nuestra Institución debe formar profesionales que manejen tanto la técnica como la comprensión del medio en el que se desenvuelven.

“Debemos generar profesionales con sabiduría que transformen este país y eso se hace generando una Universidad dialogante, democrática y que efectivamente entregue los espacios para que ocurran estas discusiones”, sentenció Jerardino.