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Estudiantes de Derecho preparan orientación legal en creole para migrantes haitianos

Estudiantes de Derecho preparan orientación legal en creole para migrantes haitianos

“Justis nan lang ou” o “Justicia en tu idioma” es el título del proyecto liderado por la profesora de la Facultad de Derecho, Patricia Ramírez López, que busca brindar acceso a la justicia a migrantes haitianos residentes en Estación Central.

La iniciativa, financiada a través de la adjudicación del Fondo VIME, es desarrollada por el curso de Clínica Jurídica y su objetivo es crear material legal en creole, además de ofrecer atención jurídica personalizada en presencia de un facilitador cultural que ayude en la comunicación, acompañamiento judicial y operativos especializados en temas civiles, laborales, familiares, empresariales, administrativos y migratorios, incorporando la perspectiva de género.

Asimismo, se pretende generar un diccionario jurídico, con aproximadamente 100 conceptos legales/jurídicos de uso frecuente y un cuento sobre los derechos de niñas y niños migrantes.

La profesora y coordinadora de la Clínica Jurídica, Patricia Ramírez destacó que “esto permite hacernos cargo de la obligación que tenemos como profesionales y estudiantes de una universidad pública, de permitir el acceso a la justicia de todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, ya que el acceso a la justicia es un derecho humano”.

La iniciativa se originó al comenzar el trabajo clínico en Estación Central. “Al preguntar sobre las atenciones a la gran cantidad de personas haitianas en la comuna, nos informaron que ha sido realmente complejo poder darle orientación debido al idioma”, indicó la abogada.

El proyecto fue presentado recientemente en la Embajada de Haití, en una ceremonia donde participó el ministro consejero, Woodly Simon, además de la consejera responsable de Asuntos Políticos y Culturales, Garyl Joseph, y Mac Hilaire, consejero de Asuntos Administrativos y Comerciales. 

“Esperamos que esta colaboración crezca y sirva de apoyo para que la comunidad haitiana pueda entender sus derechos y también que son víctimas y cómo pueden reaccionar dentro del marco de la ley chilena (...) creemos que es una oportunidad para nuestros compatriotas, una vez que tengan la información, de aportar a Chile también”, agregó Simon.

El equipo está integrado por las (os) estudiantes: Michael Alarcón Lobos, Etefanya Burs Rogazy, Nicolás Martínez Sasso y Fernanda Castro Yáñez. Esta última agradeció la oportunidad y confesó sentirse contenta de participar de esta instancia y “ser parte de algo tan bonito y beneficioso, y así poder cumplir la misión de la Universidad en su rol social”, sostuvo.

Por su parte, desde la Clínica Jurídica Usach afirmaron que tienen preparado un total de cinco actividades durante el año que pretenden afianzar las relaciones entre la Embajada y la Universidad, siendo la primera la presentación del diccionario jurídico con los principales términos judiciales traducidos al creole.

 

Derecho en la Usach: formando profesionales especializados para acercar la asistencia jurídica y aportar al desarrollo del país

Derecho en la Usach: formando profesionales especializados para acercar la asistencia jurídica y aportar al desarrollo del país

Como un programa académico con altos grados de especialización y una marcada enseñanza teórica y aplicada de todas las asignaturas que conforman su plan de Estudios y con marcado sentido de responsabilidad social y de ética profesional, la carrera de Derecho de la Universidad de Santiago se ha posesionado como una de las más prestigiosas a nivel nacional.

El proyecto mantiene los aspectos fundamentales de la enseñanza del Derecho, considerando la tradición jurídica, pero introduciendo innovaciones que permiten tener una mirada amplia, crítica, ágil y con una necesaria visión interdisciplinaria, fomentando soluciones creativas y bien pensadas para los problemas que se deben resolver en la sociedad.

En palabras de la Vicedecana de la Facultad, Cecily Halpern Montecinos, la carrera se encuentra en un gran momento al contar con una malla curricular renovada.

“Hoy contamos con opciones de especialización tanto en Derecho Privado como en Derecho Público, sin prescindir de temas emergentes, con atrayentes cursos de especialización en las asignaturas superiores. Ello otorga un amplio acervo de conocimientos, teóricos y aplicados, lo cual constituye el sello que pretende imprimir la Facultad de Derecho de la USACH a sus abogados y abogadas”, aseguró la autoridad.

En este mismo sentido, es importante destacar la planta de profesoras y profesores, integrada por abogados con altos grados de formación general como especializada, (Magíster y Doctor), provenientes de Casas de Estudios de alto nivel, tanto nacionales como extranjeras.

Este progreso que ha mostrado la Facultad de Derecho en sus primeros 5 años de vida, se ha potenciado con el aumento gradual del puntaje de corte a igual número de seleccionados, llegando a tener 3 postulaciones por cupo.

Otra de las ventajas que presenta el programa es el relacionamiento constante con instituciones, temas y figuras del mundo jurídico, que han posesionado a la Facultad de Derecho entre las principales del país en su área, coronando este proceso con el egreso de Cathalina Vejares Tobar y Christopher Salazar Dunn, quienes se transformaron en los primeros estudiantes en terminar con éxito esta etapa académica.

“La inserción de los recién graduados al mundo laboral es un estímulo para quienes aún se encuentran cursando la Carrera, pues es un testimonio del avance de la presencia de nuestros egresados en los ámbitos que requieren de la asesoría de un profesional del Derecho”, enfatizó la profesora Halpern.

Del mismo modo, Giannina Godoy, estudiante de la carrera, señaló que un de las cosas por las que decidió estudiar Derecho en la Universidad de Santiago, fue por su amplia variedad de académicos y académicas que son parte del equipo docente. 

“Tenemos profesores que solo se dedican a la enseñanza, otros a la litigación, como también algunos que integran la Corte de Apelaciones (…) La carrera tiene un amplio campo laboral, dando la posibilidad de desarrollarnos en diferentes áreas litigando, preparando juicios, defendiendo a las personas, todo desde el rol social que representa la Usach”, concluyó la estudiante.

Si quieres saber más de esta interesante carrera ingresa a: https://admision.usach.cl/derecho/derecho

Dr. Sergio Lavandero: “Necesitamos consagrar la ciencia como derecho constitucional”

Opinión del abogado Juan Pablo Ciudad: Retiro del 10% y peligros del constitucionalismo abducido

Opinión del abogado Juan Pablo Ciudad: Retiro del 10% y peligros del constitucionalismo abducido

Durante los últimos 8 a 9 meses, la actividad de la política en general y la actividad legislativa del Congreso Nacional en particular (sobre todo la que refiere a su potestad constituyente derivada) ha demostrado que nos encontramos en un momento constitucional. Y una de las características del momento constitucional chileno, producto de los onerosos quorum para reformar la Carta Fundamental, ha sido precisamente la necesidad de emplear la técnica constitucional de ubicar en los artículos transitorios aquellas normas que atienden las circunstancias excepcionales que atraviesa el país.
 
El pasado 17 de julio, Enrique Navarro sostuvo en el medio La Tercera que el proyecto de reforma constitucional que posibilita el retiro excepcional de fondos previsionales se constituía “peligrosamente” en una “elusión constitucional”, debido a que el Congreso se estaba arrogando atribuciones propias del Presidente de la República y regulaba mediante un artículo transitorio en la Constitución una materia  reservada a jerarquía de ley. Señaló, además, que este proyecto generaría una mutación constitucional hacia un “pseudoparlamentarismo de facto”, situación similar a la percibida después de la muerte del expresidente Balmaceda.
 
Opiniones como la del profesor Navarro, exministro del TC, advierten dos fenómenos altamente complejos y delicados para el razonamiento constitucional. El primero de ellos es que el profesor pareciera construir una opinión sobre la base de un constitucionalismo abducido y desafectado de las circunstancias sociales, económicas, sanitarias y jurídicas. La misión del constitucionalismo es contener y orientar a la política, mas no negar su existencia y los problemas que la determinan.
 
Contra este razonamiento, juristas como Bruce Ackerman han propuesto el concepto de “momentos constitucionales”. Durante los últimos 8 a 9 meses, la actividad de la política en general y la actividad legislativa del Congreso Nacional en particular (sobre todo la que refiere a su potestad constituyente derivada) ha demostrado que nos encontramos en un momento constitucional. Y una de las características del momento constitucional chileno, producto de los onerosos quorum para reformar la Carta Fundamental, ha sido precisamente la necesidad de emplear la técnica constitucional de ubicar en los artículos transitorios aquellas normas que atienden las circunstancias excepcionales que atraviesa el país. 
 
Estas normas transitorias lejos de eludir a la Constitución han intentado darle conducción institucional a las circunstancias excepcionales que atraviesan y determinan la actividad política. En efecto, si revisamos las reformas constitucionales del último tiempo veremos que han intentado incorporarse por la vía de artículos transitorios reglas fundamentales relativas al proceso constituyente venidero. Entre ellas, aquellas reglas especiales para la elección de representantes a la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, incorporando la posibilidad de las listas de independientes, las reglas que introducen equilibrio de género en el proceso, aquellas que permiten el funcionamiento telemático del Congreso y las que prorrogan el mandato de las autoridades municipales, atendiendo las consecuencias de la emergencia sanitaria en los tiempos de la agenda electoral.
 
En todos estos casos, podría haberse alegado que varias de estas reformas se incorporaran en los capítulos específicos donde se regulan dichas materias; sin embargo, el razonamiento fue otro. El razonamiento fue que las ideas matrices de esas reformas tenían un sentido acotado y un carácter excepcional.
 
Precisamente, estas son las mismas características que deben desprenderse del proyecto que permite el retiro del 10% de fondos previsionales. Su espíritu es atender una urgencia y su contenido no afecta en nada la regulación permanente del derecho a la seguridad social. En segundo lugar, considero que la introducción de conceptos como el de “elusión constitucional” suponen que, más allá de las normas concretas que determinan y orientan la potestad constituyente del Congreso, existe en abstracto un ejercicio correcto de esta potestad y uno que es incorrecto, a pesar de cumplir satisfactoriamente los requisitos constitucionales y legales para la tramitación de estas reformas. Esto porque, la categoría de “elusión” supondría que el constituyente no está siendo “honesto” con la Constitución, a pesar de estar cumpliendo, insisto, satisfactoriamente sus exigencias.
 
Por tanto, según este argumento, existiría un orden supra jurídico y pseudo ético que sería superior a las reglas constitucionales y legales positivas construidas por la comunidad política, y que regiría sobre las técnicas de producción de normas constitucionales. En mi opinión, este razonamiento introduce una categoría muy delicada, que instala un impedimento dogmático   supraconstitucional, heredero de una tradición iusnaturalista, que restringe más allá de los propios alcances constitucionales la potestad constituyente derivada.
 
Finalmente, en lo relativo a la “pseudoparlamentarización de facto”, sostengo que vale la pena recordar que la invocación de un estado de excepción constitucional como el de catástrofe no implica la suspensión de la actividad parlamentaria. Me parece que, por el contrario, debe destacarse del caso chileno, primero, el respeto que el Ejecutivo ha mostrado por la función legislativa. En segundo término, la disposición que ambos poderes del Estado han manifestado para tomar cartas en el asunto, y contener y superar esta crisis. Más aún, porque esta situación de armonía entre ambos poderes no ha sido la regla general ni en Europa ni en América Latina. En tercer lugar, pienso que el Congreso se ha visto compelido a emplear todos los esfuerzos pertinentes para lograr acuerdos como el retiro de fondos previsionales producto de la insuficiencia que la ciudadanía ha diagnosticado respecto de las medidas definidas por el Ejecutivo.
 
Por último, que el Congreso sea el lugar donde se estén dando las discusiones más sensibles para la ciudadanía me parece que es una correcta señal republicana, pues es precisamente el espacio que contiene la mayor cantidad de opiniones y perspectivas que aseguran elaborar más diversa y transversalmente las urgentes medidas que necesita la ciudadanía para resguardar su vida y sus derechos en estos momentos difíciles y excepcionales.

Derecho convoca a abordar temas vinculados con probidad, transparencia y corrupción

Derecho convoca a abordar temas vinculados con probidad, transparencia y corrupción

Un nuevo paso en su proceso de vinculación con el mundo jurídico dio la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Lo hizo a través de un simposio de Derecho Administrativo, convocando a diversos profesionales del área a analizar temas vinculados a la probidad, transparencia y corrupción.

La actividad se estructuró en tres mesas temáticas, conformadas por académicos de la Facultad y especialistas de otras instituciones, y desarrolló en dependencias del Hotel Plaza San Francisco el 29 de noviembre pasado.

De acuerdo a una encuesta aplicada a los asistentes, un 77% evaluó como excelente y un 15% como bueno, los temas y la claridad de las exposiciones del simposio. Además, casi la totalidad de los encuestados calificó en un alto nivel el lugar de realización, entre otros aspectos de la organización.

Estructura

El decano de Derecho U. de Santiago, Jaime Bustos, fue el encargado de dar inicio a la actividad, a través de un saludo de bienvenida en que agradeció el concurso de los asistentes y destacó el significado que tiene para la Facultad organizar actividades de vinculación con el medio en su segundo año de existencia.

Enrique Navarro, académico de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y vicepresidente del ICHDA, también entregó unas palabras de bienvenida a los presentes, tras lo cual se dio paso a la primera mesa de discusión “Derecho convencional anticorrupción”, en la que participaron Daniel Urrutia, juez 7º Juzgado de Garantía de Santiago, y Luis Bobadilla, profesor de Derecho U. de Santiago.

En la mesa “Derecho nacional anticorrupción”, participaron los profesores Natalia Muñoz, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y Francisco Zambrano, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago.

La tercera mesa, titulada “Jurisprudencia sobre probidad y transparencia”, en tanto, estuvo conformada por el profesor Jaime Bustos, Decano de la Facultad de Derecho U. de Santiago; Julio Pallavicini, abogado integrante de la Corte Suprema; Cristóbal Osorio, abogado del Estudio Osorio Vargas; y Felipe Lizama, profesor de la Facultad de Derecho de la U. del Desarrollo.

Cada una de las mesas estuvo moderada por un académico de la Facultad:  Claudio Herrera, Cecily Halpern y Cristóbal García Huidobro, respectivamente.

Derecho participa en encuentro sobre los desafíos de la automatización y el uso de inteligencia artificial

Derecho participa en encuentro sobre los desafíos de la automatización y el uso de inteligencia artificial

El evento, organizado por la empresa de gestión tecnológica Lemontech, reunió a más de 600 representantes del mundo jurídico, entre socios de estudios jurídicos, profesionales de fiscalías y gerencias legales de empresas, académicos, entre otros. También hubo invitados, entre los cuales estuvo el Decano de Derecho U. de Santiago, Jaime Bustos.

Parte del análisis se centró en la evolución del mercado legal. Desde los grandes estudios jurídicos, los de menor tamaño que se han especializado, hasta el ingreso de grandes firmas internacionales. Todo ello ha generado en los últimas dos décadas una mayor competencia y complejidad del ejercicio legal. De hecho, entre 2010 y 2018 se han creado 83 estudios jurídicos. De ellos, el 46% se han fundado durante los últimos dos años, sostuvo Rafael Mery, abogado y académico UDP.

Dentro de este escenario de mayor competencia, se genera una presión por la eficiencia en el uso de los recursos. En este sentido, Ignacio Canals, fundador de Lemontech, dijo que el uso del software de gestión legal arroja que el 48% de las horas que dedica un abogado son para realizar tareas administrativas.

Abogado 2.0

Para Jorge Villalón, académico especialista en Inteligencia Artificial de la U. Adolfo Ibañez, precisamente el uso de la tecnología aplicada al mundo jurídico permite una mayor eficiencia. Pero para ello, se necesita de un abogado que tenga un “coeficiente intelectual digital”, que le permita conversar con máquinas y sistemas informáticos.

Según un estudio de la empresa de gestión de datos Netapp, citado por Javier Mancilla, especialista en análisis de datos y director en Kodiak Tech Investments, una máquina bien entrenada es hasta 600 veces más eficiente que un equipo de abogados en, por ejemplo, el tiempo que toma en revisar inconsistencias legales de contratos. Pero, acota, finalmente son los humanos quienes entrenan a las máquinas. De ahí la necesidad de un abogado 2.0.

La gran capacidad de procesamiento de información permite en definitiva automatizar y reducir considerablemente el tiempo que tomaban tareas mecánicas y eso, a su vez, entrega la posibilidad de democratizar el acceso a la justicia, concluye Andrés Arellano, CTO de Lemontech.

Dificultar beneficios para delitos de lesa humanidad no transgrede la Constitución

Dificultar beneficios para delitos de lesa humanidad no transgrede la Constitución

“La disposición aprobada en la Cámara de Diputados por la izquierda consagra la venganza, no la justicia”, sostuvo el diputado UDI Juan Antonio Coloma. El parlamentario se refirió así al proyecto que eleva los requisitos para otorgar libertades condicionales a condenados por delitos de lesa humanidad. Tanto el gremialismo como RN acudieron el viernes ante el Tribunal Constitucional para presentar un requerimiento contra la iniciativa.

Sin embargo, para el abogado especialista en derecho público y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Zambrano, los recurrentes “olvidan que el derecho internacional en derechos humanos establece una serie de distinciones aplicadas por crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, que son delitos inadmistiables, donde no puede extinguirse la responsabilidad penal”.

De acuerdo al requerimiento de los partidos oficialistas, los requisitos que establece el proyecto para que los condenados por infringir los derechos humanos accedan al beneficio - cumplir al menos dos tercios de la pena y demostrar colaboración sustancial y arrepentimiento por los crímenes cometidos-, vulneran la Constitución al imponer condiciones que incurren en discriminación arbitraria e infringen la libertad de conciencia, imponiendo condiciones “imposibles de cumplir”.

“Estas condiciones no son arbitrarias porque existe una razón que es comunicable y objetivable, que cumple el Estado de Derecho y el principio democrático y republicano al que le repugna los actos de lesa humanidad que son perpetrados por agentes del Estado. A ellos no les corresponde tener el mismo trato que al que comete un delito común”, afirma.

Finalmente, el abogado señala que el derecho internacional establece jurisdicciones especiales, como el Estatuto de Roma, además de una serie de mecanismos donde a delitos graves no se les aplica la prescripción o amnistía u otra garantía relacionada a tribunales especiales. “La garantía ante la ley que está establecida en la Constitución no prohíbe establecer diferencias, sino que hacerlas arbitrariamente, lo que no sucede en este caso”, concluye.

Académica de Derecho cursará Master en la prestigiosa Universidad de Yale

Académica de Derecho cursará Master en la prestigiosa Universidad de Yale

La profesora de Derecho U. de Santiago, Emilia Jocelyn-Holt, se encuentra a pocas semanas de iniciar su Máster en Derecho (LLM) en Yale University, EE.UU., una de las mejores casas de estudio del mundo. Por estos días, afina los últimos detalles para asentarse en New Haven, donde se encuentra el campus de Yale.

Para concretar sus planes tuvo que pasar por un largo proceso, cumplir varios requisitos y realizar muchos trámites. Primero para obtener el respaldo de Fulbright, que le abrió las puertas a un selecto grupo de universidades, luego para ser aceptada en Yale, su primera opción, y después para ser beneficiaria del programa Becas Chile. La Universidad de Santiago, en tanto, le otorgó una Comisión de Perfeccionamiento.

Paralelamente al proceso de postulación, la profesora Jocelyn-Holt siguió con sus actividades académicas en la Facultad. Dictó la cátedra Fundamentos Filosóficos del Derecho, en el segundo semestre del año pasado. Recientemente, impartió el taller de Derecho y Literatura. Además, estuvo todo ese tiempo terminando su libro “Del caos al imperio del Derecho, la búsqueda de la justicia en Shakespeare”, que presentó finalmente en mayo pasado.

Sus estudios

Destaca que en Yale el currículum es muy flexible, lo que le permitirá tomar distintos cursos de su interés. Además, agrega que “existe la posibilidad de tomar cursos en otras Facultades, de desarrollar proyectos de investigación o de lectura con un profesor, de participar en seminarios en temas específicos como Teoría del Derecho o Derechos Humanos y, por supuesto, la gran cantidad de conferencias y charlas que se ofrecen durante todo el año”.

Su experiencia y conocimientos los traerá de vuelta en unos años más. Después de terminar su LLM, que dura cerca de un año, espera continuar con el Doctorado.

“Esta es una oportunidad única en mi desarrollo académico, que me permitirá conocer nuevas formas de entender el concepto de Derecho, profundizar y perfeccionar mis conocimientos en Filosofía del Derecho y ahondar en Derecho y Literatura. Asimismo, me permitirá aprender de grandes profesores muy destacados en sus áreas, a la vez que probar mis ideas en un ambiente académico de primer nivel”, concluye.

Afirman que prohibición de utilizar bolsas plásticas protege derechos constitucionales

Afirman que prohibición de utilizar bolsas plásticas protege derechos constitucionales

La Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) envió un “téngase presente” al Tribunal Constitucional (TC), donde entregan observaciones a la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas, la cual ya fue aprobada por el Congreso y entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial. Dichas consideraciones advierten que se está impidiendo “el derecho a desarrollar una actividad económica lícita” y señalan que el proyecto habría sido despachado por “razones de impopularidad ante la opinión pública” o “un puro capricho del legislador”.

Sin embargo, para el abogado especialista en derecho público y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Zambrano, la iniciativa despachada en el parlamento busca proteger derechos amparados por la Constitución. “Queda claro que el intento sólo está destinado a que el TC cautele un nicho de mercado que existe en la medida que la ley lo tolera y, es claro, que el legislador ha optado por no permitirlo, protegiendo otros bienes jurídicos relevantes constitucionalmente, como la vida, el medio ambiente y la salud”, sostiene.

Zambrano, de la Facultad de Derecho del plantel estatal, explica que el ordenamiento jurídico ha ido tolerando progresivamente que el legislador o la Administración del Estado limiten determinadas actividades económicas a fin de cautelar otros bienes. Por eso, hace hincapié en que lo relevante a la hora de revisar un proyecto de ley, despachado por ambas cámaras, es determinar que la motivación de la normativa sea, efectivamente, proteger un bien jurídico.

“Así, por ejemplo, se ha autorizado la limitación de la comercialización de las armas, de la leña o de determinados vehículos por su seguridad o la contaminación ambiental. Incluso, el Estado ha cerrado industrias por causa ambiental. Y eso no es inconstitucional”, advierte. “Lo cierto es que el proyecto de ley no afecta a la industria del plástico sino sólo a uno de los productos: las bolsas entregadas en establecimientos comerciales. También, es cierto que no es una prohibición de producir o comercializar, sino de entregar en establecimientos de comercio, pero ello no significa que no puedan producir para exportar o reconvertir su producción para comercializarla como un producto distinto, como bolsas reutilizables u otros artefactos plásticos”, puntualiza.

Finalmente, considera que el argumento de que la huella de carbono de una bolsa plástica puede ser menor, incluso, que la del algodón o del papel es efectiva solo en el primer ciclo de uso, dado que son reutilizadas varias veces, lo que hace que su huella sea proporcionalmente más baja. Esto, sin considerar el factor de reutilización de la producción sostenible, también referida por la ONU como objetivo de desarrollo. 

“No cabe duda que la limitación propuesta viene motivada por la protección del medio ambiente y, más específicamente, del ambiente marítimo, fluvial, lacustre o de los paisajes protegidos. La Constitución autoriza la restricción de derechos por causa ambiental y aunque la Asociación cite reiteradamente una sentencia del TC que prohibió la restricción vehicular o el cierre de industrias por causa ambiental, ello sólo revela la vereda desde la cual argumentan. Bien saben que la sentencia rol 325 venció o superó el precedente de la 185 y se estimó que declarar inconstitucional una restricción de derechos por causa ambiental, aun por razones formales, es aún más constitucional, porque esas restricciones protegen la vida, la salud y el medio ambiente, cuestiones que son tan fundamentales como la libertad económica o el derecho de propiedad”, concluye.

Derecho ofrece curso sobre DD.HH. a jueces de Corte Suprema y de Apelaciones

Derecho ofrece curso sobre DD.HH. a jueces de Corte Suprema y de Apelaciones

En el marco de sus esfuerzos de acercamiento y relacionamiento con el mundo jurídico, Derecho U. de Santiago participó en la última convocatoria del Programa de Perfeccionamiento del Poder Judicial, adjudicándose la dictación del curso “Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos”.

Un aspecto importante de la adjudicación del curso es que los destinatarios son los jueces pertenecientes al Escalafón Primario del Poder Judicial, en consecuencia, ministros de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones de todo Chile, incluyendo los relatores y secretarios de dichas cortes.

El programa se desarrollará en el mes de noviembre y tendrá una extensión de 35 horas. Su director académico será el profesor Francisco Zambrano, mientras que conformarán el equipo docente el Decano Jaime Bustos y el Secretario de Facultad, Luis Bobadilla.

Sobre los contenidos que abordará el curso, el profesor Zambrano comenta que revisará “la importancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de los organismos de protección del sistema universal de DD.HH. de las Naciones Unidas y la utilidad que éstos tienen para la función que cumplen los operadores del sistema de justicia”.

El académico agrega que también se estudiarán los principales estándares internacionales y jurisprudencia relevante respecto de los derechos económicos, sociales y culturales; derechos humanos y mujeres; y desapariciones forzadas o involuntarias.

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