Este fin de semana se conoció que el Estado ha entregado 21 mil millones de pesos a locales de comida rápida por concepto de la beca Junaeb, que ayuda a miles de universitarios a financiar su alimentación, pero que también permite que accedan a este tipo de oferta de comida chatarra.Para la especialista en análisis de los alimentos y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Marcela Zamorano, “esa tarjeta solo debería permitir la compra de alimentos saludables. Ese es el objetivo que tiene una suplementación de alimentación para los jóvenes”.Por eso, la experta del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del plantel estatal enfatiza que “en cadenas de comida rápida nacionales e internacionales, se debe restringir el uso de este beneficio solo a los menú saludables”.“Lo ideal es que se ofrezca un menú Junaeb o balanceado, obligando a estas cadenas a tener una oferta que solo sea comprable con esta tarjeta si es que quieren recibir estos dineros”, agrega.Respecto a la factibilidad de fiscalizar, indica que “la boleta posterior a la compra indica lo que se consumió, por lo que es posible controlar esto”.Zamorano reconoce que los alimentos saludables, por lo general, “tienen un precio mayor”. Para subsanar el problema, indica que “habría que establecer un estándar de precios que permita a los estudiantes adquirir productos saludables a un precio razonable”.“Este beneficio quedó muy abierto y los estudiantes pueden comprar cualquier cosa. Hay que restringirlo. Urge una ley un poco más controladora de los beneficios”, sintetiza. Dificultades Con todo, la especialista reconoce que existen mayores dificultades para fiscalizar en quioscos o locales más pequeños. “Es casi imposible”, sostiene.No obstante, indica que esto también es parte del problema. Por eso, emplaza a “cuidar los locales donde se cobran los beneficios de la Junaeb”.Finalmente, explica que es difícil establecer un cruce entre la Ley de Etiquetado de Alimentos y la beca Junaeb, que garantice que estos productos “altos en” no son consumidos usando este beneficio en supermercados.“En teoría, la tarjeta debiera permitir solo alimentos que estén libres de estas etiquetas, pero es difícil que, a nivel de tecnologías, exista la capacidad de medir qué está comprando una persona para que, cuando pase por caja, se rechace la compra de estos productos”, reconoce.
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La experta, especialista en análisis de los alimentos y académica de nuestra Universidad, critica la falta de normativa y fiscalización de la entrega de la beca de alimentación que se traduce en una tarjeta de consumo. Este hecho provocó que el Estado desembolsara casi 21 mil millones de pesos en este tipo de locales de comida rápida. “Hay que establecer un estándar de precios que permita a los estudiantes adquirir productos saludables a un valor razonable”, agrega.
Redacción