El Servicio Electoral (Servel) realizó una declaración pública donde “recordó” que las colectividades que deseen presentar candidaturas presidenciales deben completar el proceso de refichaje para constituirse como partido en todas las regiones del país, lo que sumaría un total de más de 18 mil afiliados. De lo contrario, deben alcanzar el equivalente a un 0,5% de los votantes en la última elección de Diputados, que son 33.493. La cifra causó revuelo en el mundo político y desde el PPD advirtieron que ello podía poner en riesgo la realización de primarias.

Para el cientista político y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Bernardo Navarrete, lo que está en peligro no son las primarias propiamente tales. “Aquí lo que está en riesgo es la supervivencia de los partidos y de ciertas candidaturas presidenciales, que nunca pensaron que podían quedar fuera por la vía administrativa”.

A su juicio, “la primaria en sí misma no es más que un mecanismo para seleccionar un candidato dentro de una coalición”, por lo que insiste en que “el problema aquí es de la viabilidad de los candidatos”.

El académico sostiene que para Guillier y Piñera, esta situación no significaría una mayor complejidad ya que, aunque han recibido apoyos de los partidos tradicionales, no militan en una tienda específica, por lo que podrían recolectar firmas e inscribirse como independientes. “El problema es Lagos, porque el PPD debe inscribirlo para las primarias legales”, explica.

“Será muy inexplicable para el ciudadano de este país que le digan que toda la agenda noticiosa se produce por un tecnicismo que no fue sopesado políticamente por los partidos. Eso generará más críticas cruzadas, desconfianza y más desafección de parte de los futuros electores”, agrega.

Por eso, proyecta que “bajo este escenario, habrán mayores niveles de abstención”.

Respecto a las consecuencias para los partidos políticos por el proceso de refichaje, Navarrete es enfático. “Tiene que ver con una crisis de representación que por primera vez pone a los partidos en una situación compleja, que no tiene una solución legal”, explica.

Consultado sobre si debiera aplazarse el proceso de refichaje, el académico advierte que “el remedio puede ser peor que la enfermedad” ya que “es impensable creer que los ciudadanos están dispuestos a una ley que cambie la realidad”.

“Es impensable pensar que esto se puede solucionar por la vía legislativa”, insiste.

“Lo que llama la atención es por qué los partidos, habiendo estado en el proceso legislativo, que entra a normar el procedimiento, hoy estén preguntándose si pueden llegar hasta el final de este”, critica Navarrete.

“Asombra aún más, considerando que la mayoría de quienes integran las mesas directivas de los partidos son diputados y senadores”, continúa.

Finalmente, concluye que “nadie dimensionó el proceso que venía. En eso, faltó análisis y prudencia respecto a las exigencias que podía cumplir cualquier partido, dada la enorme distancia, desafección o falta de credibilidad en los ciudadanos de este país”.

La reciente publicación del informe anual de Amnistía Internacional 2016-2017, estudio que resume la situación de los Derechos Humanos en 159 países del orbe, 23 de ellos de la región, destacó que en Chile el aborto continúa tipificado como delito aunque se despenalizaría en algunos casos, que aún se mantiene el uso excesivo e innecesario de la fuerza policial, la violencia en la Araucanía, y la exclusión de la población civil de la jurisdicción militar, entre otros casos.

Al respecto, el presidente de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Chile, Roberto Morales Farías, en declaraciones al programa Sin Tacos ni Corbata de radio U. de Santiago, criticó que en el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, aún en el Parlamento, se eliminara la disposición que prohíbe a los profesionales de la salud denunciar a las mujeres que se realizaron un aborto.

“Lo que nos parece impresentable e indigno es que parlamentarios y parlamentarias todavía estén usando sus concepciones personales para construir políticas públicas. La ciudadanía debería decirle a sus parlamentarios que la despenalización del aborto es una necesidad de las mujeres y niñas de Chile; la construcción de políticas públicas son para todos los chilenos y chilenas, y no para un grupo de interés religioso político de otro tipo”, recalcó.

Asimismo, el directivo enfatizó que cada día que pasa sin que se promulgue el proyecto de ley, continúan realizándose abortos clandestinos.

“Cada día que los legisladores siguen discutiendo este tema, cada día hay mujeres y niñas que están generando abortos clandestinos con altos niveles de inseguridad y con posible impacto en su vida y desenlaces fatales. También nos preocupa que con el afán de que el proyecto salga rápido, por parte del gobierno, quede tan desdibujado que al final no tenga ningún impacto”, subrayó.

Excesivo uso de la fuerza policial

Por otro lado, Roberto Morales precisó que en el país se han logrado avances en materia de Derechos Humanos, entre ellos, la tipificación de la tortura y la exclusión de civiles de la jurisdicción militar.

“Sin embargo, sigue siendo preocupante el uso de la fuerza por parte de Carabineros, particularmente en manifestaciones sociales y sobre el pueblo mapuche. En 2016, incluso menores de edad fueron agredidos, también periodistas y funcionarios del Instituto de Derechos Humanos cuando estaban como observadores”, recordó.

Agregó que “estos no son hechos aislados, son más bien sistemáticos y, por tanto, los protocolos que se establecieron y que son conocidos, no se cumplen. Nos parece que las autoridades de la misma policía o del gobierno debieran tomar cartas en el asunto, pero vemos que no lo hacen”.

En cuanto a la situación de la Araucanía, Morales aseguró que es “muy preocupante el uso excesivo de la fuerza de la policía. Uno de los casos más dramáticos y emblemáticos de 2016 fue el del joven Brandon Hernández Huentecol de 17 años quien recibió más de 17 perdigones en la espalda por parte de un funcionario de Carabineros”.

El directivo también recordó los casos del fotógrafo Felipe Durán, quien estuvo más de 300 días con prisión preventiva, resultando finalmente fue absuelto, y de la machi Francisca Linconao, quien estuvo casi un año con la misma medida cautelar.

“Solo en estos dos casos hay un uso excesivo de la medida precautoria, es decir de la prisión preventiva, cuando además no existen las pruebas necesarias, sino se hubiesen juzgado. A nuestro juicio esto genera desconfianza desde el punto de vista de la ciudadanía”, sentenció.

Del mismo modo, afirmó que “hoy en día se está estableciendo una criminalización de la opinión pública sobre las personas del pueblo mapuche, similar a lo que pasó en el gobierno del presidente Piñera cuando se intentó criminalizar la protesta social a través de la ley Hinzpeter”.

A su vez, advirtió que los Derechos Humanos “deben ser velados, respetados y protegidos, y cuyo principal responsable de esto es el Estado, por tanto, lo que uno debiera esperar es que las instituciones y los agentes del Estado sean lo primeros en generar los mecanismos, elementos, protocolos y formas de actuar que respeten los Derechos Humanos”.

Finalmente, Morales aclaró que Amnistía Internacional ha señalado “que necesitamos sociedades civiles y ciudadanos más activos que empujen, presionen, y estén sistemáticamente indicándoles a sus líderes políticos y sociales que esto tiene que cambiar. Este llamado también deberíamos hacerlo en Chile”.

Luego de que la presidenta de la Democracia Cristiana, senadora Carolina Goic, anunciara su disponibilidad para asumir una candidatura presidencial, el escenario en la Nueva Mayoría se reorienta pensando en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre.

En entrevista con el programa Sin Pretexto de Radio U. de Santiago, el diputado socialista Osvaldo Andrade, presidente de la Cámara, advierte sobre las condiciones favorables para la DC. “Si la centroizquierda no es capaz de llevar un solo candidato a la primaria, y en consecuencia el PPD y el PS no acuerdan un candidato común, las posibilidades de que el centro de la coalición pueda ganar esa primaria es real”, asegura, aclarando que “si Carolina Goic compite con dos, tres o cuatro candidatos de la izquierda, es evidente que sus posibilidades de ganar son mayores”.

Asimismo, se refiere a complejo presente político que vive la Nueva Mayoría. “Nosotros tenemos un riesgo de perder el gobierno con el presidente Piñera, por lo que tenemos que llegar con una candidatura competitiva a las elecciones presidenciales de fin de año”, reconoce.

En ese sentido, plantea que la coalición de gobierno debe cumplir tres requisitos esenciales: “Un programa común de la Nueva Mayoría, lo que no se está trabajando; un candidato común de la coalición, que emane de la primaria legal del 2 de julio; y un acuerdo parlamentario que nos permita, mediante una lista única, representar al universo de la Nueva Mayoría. Si fallan estos tres elementos, lo que hacemos es facilitar el triunfo de la derecha”, anticipa.

Respecto de su inclinación por alguno de los actuales candidatos oficialistas, como Alejandro Guillier, Ricardo Lagos, José Miguel Insulza y Fernando Atria, el diputado asegura preferir a alguien que derrote a la derecha y que mantenga el impulso transformador de Michelle Bachelet. “Con mucha franqueza reconozco que ese candidato hoy todavía no lo tengo”, asevera, añadiendo que “alguno de ellos debería ser”.

En cuanto al trabajo para generar las listas de candidatos para la elección parlamentaria de noviembre próximo, Osvaldo Andrade plantea la necesidad de generar un esfuerzo para definir solo una lista. “Aunque se hace cada vez más complejo, especialmente por el tema de las cuotas. Técnicamente es posible, pero también muy difícil”, advierte. “Mi impresión es que en el Partido Socialista la convicción de hacer una lista con la Democracia Cristiana es más lejana que en la pasada elección municipal”, agrega.

Finalmente, en relación a la próxima elección interna de su colectividad, programada para el 26 de marzo, a lo que se sumará una consulta ciudadana a fines de abril, el diputado Andrade recuerda que “he propuesto agregar una urna para que la militancia se pronuncie respecto de nuestras candidaturas. E incluso más, agregar una tercera urna para que la ciudadanía, los simpatizantes y quien quiera manifieste su opción por las candidaturas del socialismo”.

La presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, manifestó su disposición a asumir la candidatura presidencial de su partido, lo que fue valorado por distintos sectores de su tienda. La senadora afirmó que su incursión en la carrera por La Moneda no es “testimonial”, sino que va “en serio”.

En conversación con el Programa Sin Pretexto de Radio Universidad de Santiago, el analista político Eugenio Guzmán afirmó que “todo esto busca que el proceso de negociación parlamentaria sea un poco más favorable o menos complejo para la DC”.

El sociólogo explicó que al haber un aumento en el número de cupos parlamentarios, “abre mayores posibilidades para que los partidos de la Nueva Mayoría tengan interés por obtener un escaño” en la próxima elección de congresistas que se realizará junto a los comicios presidenciales.

“Eso genera mayor fricción interna en las negociaciones o protocolos que se llevan a cabo”, señaló el especialista. “Tener candidato propio en una primaria es una estrategia para la negociación final de los cupos parlamentarios”, agregó.

A su juicio, ello explica que “se haya optado por presentarla de candidata a una lógica de precandidata, que no vaya a una primera vuelta, lo que generaría un escenario bastante más complicado”.

Repercusión en otras candidaturas

Para Guzmán, el impacto en la aspiración presidencial de Ricardo Lagos es evidente. “Muchos sectores dentro del partido democratacristiano apoyaron la candidatura de Lagos en su momento y hoy se ven complicados por la irrupción de Goic”, señala.

Sin embargo, señala que “no veo tan afectada la candidatura de Piñera”, por esta situación.

“En los últimos 15 años, lo que ha ido ocurriendo es que el votante que sufragaba DC o centro ha ido migrando su votación hacia candidatos de derecha. Si no, no podríamos explicarnos el triunfo de Piñera”, concluye.

La Presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, decidió transparentar su disponibilidad para asumir como posible candidata presidencial de la falange, lo que tendrá que ser ratificado por la Junta Nacional que se realizará el próximo 11 de marzo. Su irrupción a encendido el debate respecto a si el partido debe presentarse en las primarias de la Nueva Mayoría o, derechamente, en una primera vuelta.

De acuerdo al analista político de la Universidad, Dr. Bernardo Navarrete, la decisión ya está tomada y no hay margen de acción para que la colectividad realice algo distinto.  “El mensaje de Goic a la Democracia Cristiana es que ya tienen candidato, y que juega dentro de la Nueva Mayoría”, sostiene. “Ella coloca un itinerario: primarias y se acabó la discusión sobre la primera vuelta”, insiste.

“La Junta Nacional no va a entrar a poner en cuestión su decisión”, anticipa el académico. A su juicio, en el contexto político actual “hay muchas variables en las cuales la Democracia Cristiana no tiene capacidad de manejo de acción”.

Primero, señala que “cualquier opinión que busque sustentar que la Democracia Cristiana debe ir en primera vuelta es absolutamente extemporánea a la realidad, porque la DC no tiene posicionado a otro candidato presidencial más que a Carolina Goic”.

En segundo lugar, indica que para obtener buenos resultados en las próximas parlamentarias, la falange necesita “un pacto electoral para el Congreso, lo que es contradictorio con su intención de ir sola a la primera vuelta”.

“El problema que tiene la DC para constituir un pacto electoral parlamentario fuera de la Nueva Mayoría es que el Partido Radical ya tiene candidato presidencial. Por lo tanto, no lo pueden incluir en un pacto electoral distinto a la NM”, señala.

Coalición 1.0

En conversación con el Programa Sin Pretexto de Radio Universidad de Santiago, el sociólogo y académico de nuestro plantel, Alberto Mayol, coincide con el diagnostico de que la DC no está en condiciones de presentar una candidatura en la primera vuelta de la presidencial, saltándose las primarias del oficialismo.

“No cabe ninguna duda de que eso no es viable. La Democracia Cristiana no va a hacer una apuesta con tan poco desarrollo, no va a quebrar ahora la Nueva Mayoría. Lo que está pidiendo Carolina Goic, desde que se proclamó como posible candidata, es una coalición 2.0, pero la Nueva Mayoría ya es la coalición 2.0 de la Concertación. En realidad, lo que quiere ese grupo es volver a la 1.0”, sostuvo.

Respecto a quienes han defendido esa posibilidad, Mayol es escéptico. “La lógica de la DC ha funcionado mucho en la amenaza de irse y lo que hemos visto es que nunca acontece nada por estilo. Cada vez que vienen negociaciones, amenazan con irse”, sostuvo.

Sin embargo, el académico señala que la medida es acertada desde el punto de vista de la negociación parlamentaria. “Se tomó la decisión tácticamente más inteligente, que es generar presión en el sector con fines de negociación no solo política, de cupos y de las oportunidades al interior de la coalición, sino que, también, a nivel ideológico, del programa de Gobierno, de incidir en un proceso más largo que permita una negociación mejor”, subraya.

“Las primarias son de las coaliciones”

Una opinión distinta manifestó el diputado de la DC, Fuad Chahín. En conversación con el Programa Sin Pretexto, sostuvo que “tal como está el escenario político presidencial y si somos capaces de lograr los mínimos necesarios, perfectamente podemos participar en las primarias de una coalición 2.0, pero no de una renovación automática de la Nueva Mayoría”.

Según el parlamentario, “tenemos que trabajar ahora para crear las condiciones para poder participar en primarias, porque las primarias son de las coaliciones y para eso hay que tener una coalición, y la Nueva Mayoría fue definida como un acuerdo político-programático para apoyar al Gobierno de la Presidenta Bachelet. Punto final”.

“Nos queda poco tiempo para avanzar en aquello y podamos ojalá tener una candidatura presidencial que participe en esa instancia. Si no tenemos coalición, obviamente que la Democracia Cristiana tiene que tener una candidatura a la primera vuelta”, concluye.

Luego de sus polémicas declaraciones, que la comunidad homosexual ha criticado férreamente, la presidenta del Partido Regionalista Independiente (PRI), Alejandra Bravo, aclaró en el programa Sin Pretexto de Radio U. de Santiago que “por haberme atrevido a plantear diferencias con la comunidad homosexual, me ha significado recibir, a través de las redes sociales y del presidente del Movilh Rolando Jiménez, todo tipo de descalificaciones”.

Asimismo, criticó que “estamos en una sociedad que es bastante intolerante. No puede ser que en Chile, cuando alguien intenta plantear algo distinto respecto de lo que la comunidad homosexual plantea, sea fuertemente discriminado”, añadiendo que “es un desafío sobre cómo podemos llegar a ser una sociedad tolerante y pluralista que reflexione, donde el diálogo sea lo más importante”.

La presidenta del PRI también advirtió que no se cierra a ninguna discusión, “ni tampoco soy homofóbica. La historia de mi vida política siempre ha sido en defensa de los derechos humanos. Es ofensivo que digan que yo vomito homofobia”. Por ello, no dudó en lamentar que “lo más grave que escuché es que Rolando Jiménez ha dicho que yo incito al odio, lo que significaría que cuando muera o sea atacada una persona homosexual, yo también sería culpable de esa muerte. Eso me parece muy delicado”.

En ese sentido, reconoció respetar a la comunidad homosexual, por dar una gran lucha en estos temas. “Desde la minoría han llegado a ganar mayoría con leyes muy importantes, como la Ley Zamudio, que no solo protege a personas con orientación homosexual, sino también otras discriminaciones que ocurren dentro de la sociedad”, explicó.

Es por eso que afirmó que el tema del matrimonio debe ser discutido con respeto. “El matrimonio es entre un hombre y una mujer, lo que no niega otras posibilidades, con los mismos derechos”, agregando que “para que también se abra a la unión de iguales, propongo que debería llamarse de otra manera, pero no solo para los homosexuales”.

“Pido excusas si mis palabras no fueron las más adecuadas para explicar mi opinión”, manifestó Alejandra Bravo, concluyendo que “el ejercicio de la política es muy importante, porque es en la política donde se genera el debate y la discusión para llegar a consensos y efectivamente generar cambios en la realidad que existe”.

Gremios como la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), el Colegio de Profesores y la Confusam señalaron que se encuentran estudiando la posibilidad de congelar su participación en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Esto, luego de que el cambio sobre el sistema de elección, donde se pasaba del voto ponderado al universal, fuera postergado a 2020.

Al respecto, la integrante del directorio nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y vocera del Movimiento Cabreados de la ANEF, Jimena Aguirre, sostuvo que “hubo una irregularidad tanto en la aprobación de los estatutos como en los estatutos que salen finalmente publicados”.

En conversación con el programa Sin Pretexto de Radio Universidad de Santiago, indicó que un sector de la asociación “impugnó ante la Dirección del Trabajo (DT) la forma en que habían sido aprobados los estatutos. Nosotros estuvimos presentes cuando se realizó una votación a mano alzada, sin respetar las ponderaciones de los delegados que estábamos presentes”.

“Los delegados de la ANEF”, explicó Aguirre, “teníamos 500 votos de representación y nos contaron uno. Eso lo manifestamos inmediatamente en la votación. Fuimos a la mesa, impugnamos lo que estaba sucediendo, la manera de votar, pero no hubo caso. La votación se llevó adelante y, simplemente, al día siguiente, se dio por aprobada una reforma de estatutos que no quedó establecida en los que salieron publicados”.

Por eso, enfatizó que “hicimos la presentación ante la DT el día 10 de febrero y esperamos que se pronuncie respecto de si tiene atribuciones para fiscalizar esta forma de aprobación de estatutos, que fue completamente irregular a lo establecido en el reglamento que hoy está vigente en la central”.

Por otra parte, lamentó que “lo más decepcionante es que en los estatutos que salen publicados ahora en febrero, después del congreso nacional, no queda establecido el sufragio universal directo para 2020, que fue lo que supuestamente se habría aprobado en este congreso”.

Respecto a si evalúan congelar o no su participación en la multigremial, indicó que “nosotros acordamos que íbamos a defender el voto universal para 2017, que los 70 delegados que ya estamos inscritos para representar a la ANEF íbamos con esa postura, y que si esa postura se perdía en el congreso, lo que sucedió, nosotros íbamos a llevar a la asamblea nacional como punto número uno de la discusión si continuábamos la participación o la congelábamos, hasta que en la CUT no hubiese voto universal. Ahí es donde estamos hoy”.

En ese sentido, critica que “en el comunicado de la ANEF no aparece el acuerdo establecido. Eso es lo que estamos conversando con los dirigentes regionales que estuvieron presentes en este encuentro. Este es un directorio nacional, que es una instancia formal donde hubo un acuerdo”.

“Esperamos que en la próxima instancia nacional de la ANEF se defina si continuamos con la participación activa en la CUT”, subrayó.

Finalmente, señaló que “nosotros queremos que quienes están en la CUT  representen las demandas de los trabajadores y no las del Gobierno, que es lo que vimos con la reforma laboral”.

“El llamado es que la discusión se debe dar en las bases. Hoy, el sindicalismo necesita un fortalecimiento desde las bases de los trabajadores, y son las asambleas donde se tiene que dar la discusión de lo que la ANEF hará en el futuro respecto a la CUT. No somos los dirigentes o las cúpulas las que tenemos que tomar las decisiones”, concluyó.

Luego de implementarse la nueva ley de cobro por uso de estacionamientos por periodos inferiores a 24 horas en centros comerciales, hospitales, clínicas y otros recintos privados, surgieron las críticas y los comentarios negativos a la normativa.

El diputado Fuad Chahín Valenzuela (DC), quien fue uno de los autores de la iniciativa, precisó en el programa Sin Tacos ni Corbata de radio U. de Santiago que la ley “era muy distinta cuando la ingresamos al Congreso cuando partió su tramitación”.

“Incluso cuando salió de la Cámara de Diputados, pero luego de las modificaciones del Senado con la complicidad del ministro de Economía -Luis Felipe Céspedes-, resultó un adefesio; nos modificaron completamente un proyecto que era muy bueno para los consumidores y lo transformaron en un proyecto mediocre, que en algunos aspectos es abiertamente perjudicial para los consumidores”, subrayó.

Agregó que “para nosotros es un claro triunfo del lobby de los mall y centros comerciales y lamentamos mucho lo que ha ocurrido con esta legislación”.

El parlamentario aclaró que solo los aspectos accesorios terminaron siendo beneficiosos, “por ejemplo, el fin de la multa por ticket extraviado y la gratuidad en los casos de atención de urgencia en los hospitales o centros de salud”.

No obstante, destacó, “se eliminó completamente el tema de la gratuidad a todo evento de media hora y de dos horas contra la compra de un bien o servicio que habíamos planteado en los casos de los mall y centros comerciales”.

Daños, robos y hurtos

Respecto a eventuales daños, robos o hurtos en el vehículo dentro del estacionamiento, el diputado Chahín indicó que el Senado incorporó una norma “que a primera vista podría parecer beneficiosa para los consumidores pero no es así”.

“Con esta norma ahora el consumidor va a tener que acreditar que el proveedor de servicios no contaba con los medios de seguridad necesarios, pero los tribunales de justicia ya habían planteado que por tratarse de un servicio profesional, siempre deben responder los proveedores de los servicios de estacionamientos cuando hay pérdida por robo o hurto al interior de estos, por tanto, obviamente eso es un retroceso”, dijo.

Acotó que “con esta ley va a ser más difícil para el consumidor lograr la indemnización de los perjuicios que sufra, que antes sin ley”.

Finalmente, Chahín recalcó que lamentablemente la ley no es mejorable.

“La única opción que nos queda es adjuntar un nuevo proyecto de ley donde esperamos que de una vez por todos los senadores de la Comisión de Economía entiendan que es fundamental escuchar a los consumidores y legislar en favor de ellos y que no cedan al lobby feroz que tuvimos, tanto en la Cámara como en el Senado”, concluyó.

Comenzó a regir en el país la nueva ley 20.967 de cobro por uso de estacionamientos por periodos inferiores a 24 horas en centros comerciales, hospitales, clínicas y otros recintos privados.

El cobro se efectuará por minuto efectivo del uso del servicio, quedando descartado el cargo por períodos, rangos o tramos de tiempo; o por tramo de tiempo vencido sin establecer un periodo inicial inferior a media hora. Los siguientes tramos no podrán ser inferiores a 10 minutos cada uno.

Si bien el proyecto original establecía media hora gratis bajo todo evento, el Parlamento desechó esta indicación.

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, Hernán Calderón, en entrevista con el programa Sin Pretexto de radio U. de Santiago, lamentó la decisión del Congreso.

“No estamos conformes de ninguna manera. Lo que buscaba la ley era ratificar esa media hora de gratuidad, que se había logrado con un acuerdo entre el gobierno anterior y los centros comerciales, sin ley, y que en esta oportunidad se perdió”, sostuvo.

Aclaró que precisamente ese era el objetivo de la ley, “y también regular ciertas formas de cobro que estaban produciendo mucha crítica por parte de los consumidores, en cuanto a que siempre se cobraba al alza, por tramo, por medios días, por días enteros, pero en la cual la mayor parte de las veces los consumidores no consumían el total del tiempo que habían cancelado”.

Precios

Respecto al valor de los cobros, Calderón precisó que no existe regulación “y por tanto queda abierto para que se cobre lo que el propietario o empresario estime conveniente, porque este es un producto que no tiene fijación tarifaria”, asegurando que tampoco hay tramos o minutos gratuitos “salvo que voluntariamente lo otorguen, porque tampoco deja cerrada la puerta para que lo hagan”.

En esa línea, puntualizó que aún hay varios estacionamientos que “por el momento” son gratuitos.

“Principalmente en los centros comerciales más pequeños y restaurantes. Pero en el gran comercio, en general, algunos que no tenían, hoy día ya están implementaron los cobros, entiendo que en varios mall de regiones. Para mí esto es una práctica abusiva”, recalcó.

Agregó que “se estima que los ingresos de un mall aumentarán y podrían obtener aproximadamente alrededor de un 10 por ciento más de utilidad por estos cobros”.

Robos, daño o hurtos

Respecto a eventuales daños, robo o hurtos en el vehículo, la ley especifica que si por falta de seguridad de produce una de esas situaciones en el recinto, el proveedor será responsable de los perjuicios causados al consumidor.

Además, se invalidarán los letreros o declaraciones que eximan al estacionamiento de responsabilidad por estos casos.

Calderón enfatiza que “esos letreros siempre fueron ilegales, nosotros creemos que es una reiteración y además se agregó una dificultad adicional al consumidor, porque como la ley les fijó una obligación de tomar medidas de seguridad, el consumidor va a tener que demostrar que el estacionamiento no tomó las medidas de seguridad y probarlo”.

Cabe consignar que en Chile el parque automotriz supera los 7 millones, impulsado en gran medida por el alza de 8 por ciento en la venta de automóviles que se registró en 2016.

El Gobierno comenzará en marzo a socializar entre los distintos partidos políticos un documento conocido como Bases Ciudadanas, informe elaborado por el Consejo de Observadores del proceso constituyente que se entregó ayer durante una ceremonia en el Palacio de La Moneda y cuyo objetivo es ser el punto de partida para un proyecto de Nueva Constitución. Antes de eso, el Ejecutivo sabe que primero debe aprobar una reforma al capítulo XV, que habilita al Congreso a definir el mecanismo para cambiar la Carta Magna, por lo que ya comprometió el envío, aunque no confirmó la fecha.

Para el analista político de la Universidad de Santiago de Chile, Luis Garrido-Vergara, el escenario para cambiar la Constitución no es para nada auspicioso. “Estamos en un año de campaña”, señala el académico en alusión a los comicios presidenciales de mediados de noviembre. En ese sentido, “los incentivos de votar a favor de un proceso de reforma a la Constitución solo favorecen al oficialismo y a sus candidatos, no a la derecha”, explica.

“Me parece extraño que la derecha apruebe una modificación al artículo XV de la Constitución”, insiste el especialista en sociología política y políticas públicas del plantel estatal, en relación a que la aprobación de esto requiere el consenso de dos tercios de ambas cámaras en el Congreso.

“Por eso se presenta con tanto bombo y platillo este informe, porque probablemente va a llegar hasta ahí el proceso de participación”, enfatiza.

El experto afirma que “la derecha mira con muy buenos ojos la elección que viene, porque este Gobierno ha fracasado en muchos sentidos... Están en un contexto favorable y no veo por qué debieran aprobar estas reformas sustantivas”.

Garrido-Vergara indica que este año, lo que priorizarán los partidos políticos será entregar señales claras a su electorado. “La UDI ha dado una señal importante al elegir como presidenta a Jacqueline van Rysselberghe, una persona que encarna un sector muy duro del gremialismo, que no está buscando cambios, sino estabilidad”, ejemplifica.

Por otra parte, indica que postergar la discusión de la Reforma a la Constitución para la campaña presidencial puede, incluso, hacer que la demanda por una nueva Carta Magna se diluya. “La elección del 19 de noviembre no es solo presidencial, sino que también incluye renovación de diputados, senadores y consejeros regionales. Probablemente, el tema puede perder fuerza previo a la próxima elección”, indica.

“Lo que sí es factible es que veamos un proyecto de reforma al capítulo XV y creo que, en caso de ser aprobado, el Gobierno se atribuirá eso, que logró generar el escenario adecuado para estas modificaciones. La reforma en sí yo creo que no se logrará y que será materia de una próximo administración”, afirma. “En este momento, no están dadas las condiciones ni los plazos para discutir una reforma de esta envergadura”, complementa.