“Este penoso episodio nunca debiera haberse producido”, reflexiona el analista político y académico de la Facultad de Administración y Economía, Dr. Gonzalo Martner tras conocer la noticia de la renuncia del hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos debido a su participación en la compra y venta de terrenos por parte de la sociedad Caval, perteneciente a su esposa.

El académico, quien fuera un actor protagónico en la  conducción del PS –ya fuere como Secretario General (1994-1998) o Presidente (2003-2005), -  argumenta que el capítulo de Caval, se podría haber evitado “si se hubieran aplicado los principios republicanos, que suponen que nadie debe ocupar un cargo público por parentesco con el gobernante”.
Martner acota que “la institución de la presidencia en Chile arrastra una anomalía que debe terminar de raíz, sobre la base de trasladar las fundaciones sociales a los ministerios respectivos”. El director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, es enfático en señalar que “el cargo que ocupaba el Señor Dávalos, debería suprimirse”.

El académico, quien durante los gobiernos concertacionistas colaborara en diversos cargos en La Moneda, siendo destinado incluso al ejercicio diplomático por la Presidenta Michelle Bachelet como Embajador de Chile en España (2008), supone que pasado el trago amargo para la Nueva Mayoría, en términos de imagen y percepción de la ciudadanía, el paso siguiente debería darlo la oposición.

“El daño provocado a la presidenta y a su coalición de gobierno es evidente, aunque ahora le pone la tarea todavía más difícil al presidente de la UDI, Ernesto Silva, quien pese a estar vinculado directamente al grupo Penta y su acciones de tráfico de influencia  y actividades ilegales de financiamiento de la política, se niega a dejar el cargo”, concluye.

La desigualdad social, el desempleo y el sistema educativo son, para la mayoría de los chilenos, los temas que generan más problemas, actualmente, en el país.

Así lo refleja el III Estudio de Valores Sociales de nuestra Universidad, presentado este miércoles (21) por los académicos del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía, Alberto Mayol y Gonzalo Martner.

La encuesta fue aplicada entre el 5 y el 14 de enero, a través de un cuestionario online a 724 personas, desde Arica a Punta Arenas y, entre otros resultados, mostró que más de un 30 por ciento de los consultados sitúa en primera opción la “desigualdad social” dentro de los principales problemas del país, por sobre factores como la delincuencia, el costo de la vida o las pensiones, entre otros.

En materia de cambios sociales, un 88 por cien de los encuestados, considera que Chile necesita “cambios totales” o “reformas importantes”. Quienes dicen que los cambios deben ser “menores” o que el país debe permanecer “tal como está”, bordean los 10 puntos porcentuales.

En relación a los valores sociales, en tanto, el “respeto por el otro”, “igualdad”, “trabajo”, “seguridad” y “solidaridad” son los conceptos más importantes para los ciudadanos respecto a los factores que constituyen “un mundo mejor”, por sobre la “responsabilidad individual”, la “autoridad” y la “religión”.

En cuanto a la desigualdad, un 68 por ciento considera que Chile es un país “muy desigual”, realidad que es atribuida a “diferencias de educación” (53%) o bien al “origen social o familiar” (37%), antes que a diferencias en el esfuerzo propio (10%).

Una mayoría (54%) opina que el funcionamiento actual de la sociedad chilena no contribuye a disminuir las desigualdades sociales de origen o bien que las agrava (38%).

En el ámbito educacional, el estudio reseña que la mayoría considera que la educación debiera ser “principalmente pública” (entre 62% y 67% según los niveles educativos) o “sólo pública” (entre 21% y 27% según los niveles educativos). Se mantiene, asimismo, una opinión fuertemente mayoritaria (entre 75% y 83% según niveles educativos) en contra de la aceptación del lucro en la educación.

En la encuesta se observa, además, una amplia preferencia (57%) por la no intervención de las iglesias y creencias religiosas en las decisiones políticas del país y un 49% de respaldo a la idea de permitir el aborto, “solo en caso de violación y en caso de peligro de la vida de la madre”.

Finalmente, en materia electoral, las coaliciones Nueva Mayoría y Alianza sufren un amplio rechazo por los potenciales electores, mientras, ante la pregunta sobre quién cree que será el presidente en el próximo período (mención espontánea) un 34% menciona a Sebastián Piñera y un 32% menciona a Marcos Enríquez-Ominami.

La desigualdad se toma la opinión pública

Para el sociólogo y académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, Alberto Mayol, lo más relevante de la consulta “es que la desigualdad se tomó la escena actual del país”.

“La población considera, además, que la educación está agravando la desigualdad y eso, a su vez, genera una orientación al conflicto social”, explicó el sociólogo.

“En las encuestas realizadas previamente en la Universidad, hemos visto que la desigualdad siempre ha sido un tema relevante, pero se ha incrementado la presencia de este factor. Si uno hace la comparación con otras consultas realizadas hace unos 10 años, la importancia que se le da a la igualdad prácticamente se duplica mientras que factores como el orden, caen estrepitosamente”, agregó el académico del Plantel.

El III Estudio de Valores Sociales fue realizado por el Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE con las empresas de estudios de opinión Sargón y Netquest, en continuidad con dos estudios previos realizados en 2013.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Alberto Nisman, fiscal argentino que acusó a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a los involucrados en el atentado a la Asociación Mutual Israelta Argentina (AMIA), el investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la U. de Santiago de Chile, Pablo Lacoste, puso en duda la hipótesis del suicidio y lanzó una fuerte crítica al actual gobierno trasandino.

A juicio del investigador, profesor y licenciado en Historia, la presidenta Fernández “ya tiene larga fama de perseguir a fiscales o jueces que osaron investigar la corrupción en Argentina”.

“Basta mirar lo que pasó con quienes investigaron a (Amado) Boudou (ex ministro acusado de cohecho). Hay jueces y fiscales que han sido perseguidos. Existe una actitud agresiva del gobierno contra los fiscales independientes”, aseveró Lacoste.

Para el analista, existía una gran presión sobre el fiscal para que no presentara sus pruebas, “por lo cual se vio obligado a interrumpir sus vacaciones y apurar la entrega de antecedentes en un período insólito”. Los tribunales argentinos no funcionan durante enero, sin embargo el receso fue suspendido por el juez federal Ariel Lijo.

“El fiscal Nisman estaba muy preocupado, entonces apuró la entrega de pruebas. Él estaba amenazado, temía por su hija y ya había advertido la semana pasada que este caso le podía costar la vida”, señaló el investigador de la U. de Santiago.

Según el doctor en historia, el gobierno argentino, “no conoce el concepto republicano de división y equilibrio de poderes. Es el típico gobierno populista latinoamericano que avanza sobre todas las instituciones hacia la suma del poder público”.

“Seguramente quienes impulsaron la muerte de Nisman, calcularon que el costo político sería menor que si él hablaba en el congreso, pero se ve que ese cálculo no fue muy certero pues ahora Argentina se encuentra bajo un escándalo mundial que el gobierno de Cristina Fernández no sabe cómo manejar”, concluyó el investigador de la Universidad de Santiago de Chile, Pablo Lacoste.

Con 28 países miembros, cuatro millones 290 mil kilómetros cuadrado de territorio, 506 millones de personas y un PIB al año 2014 de 18,51 billones de dólares, la Unión Europea (UE) aparece como uno de los bloques político-económicos más importantes del planeta.

Con su lema “Unida en la diversidad”, pero con varios problemas que afectan la cohesión del grupo, ayer lunes 9 de mayo, la organización celebró un nuevo Día de Europa.

Y es que si bien la consigna de que la cooperación democrática se encuentra basada en el derecho, a propósito de los tratados internacionales que la sostienen, la UE enfrenta hoy una compleja crisis migratoria, así como el cuestionamiento de varios sectores sobre la continuidad del bloque.

En ese contexto, la “Caravana de Embajadores” se plantea como una actividad organizada por la sede de la UE en Chile, en la que diplomáticos y representantes de la agrupación visitan universidades y colegios para explicar sus alcances, tanto respecto de su contexto histórico como del trabajo que desarrolla actualmente, y generar así un debate con los estudiantes.

“Las decisiones que se toman en la Unión Europea a nivel de gobierno son unánimes, lo que supone negociaciones de largo plazo”, explicó el embajador de Rumania en Chile, Florin Angelo, mientras que su par de Italia, Marco Ricci, lamentó que “muchas personas solo ven el lado negativo de las decisiones que se toman en la Unión Europea”, a propósito del bajo nivel de confianza que ha surgido entre sus ciudadanos.

Crisis migratoria y amenazas de retiro

Son cuatro las libertades de circulación que sustentan a la UE: bienes, servicios, capital y personas. Esta última, de acuerdo a lo planteado por los diplomáticos, se encuentra en graves problemas, producto de la crisis migratoria que afecta a parte del continente, con movimientos que amenazan con la desestabilización de la región.

“Nadie en Europa está pensando en volver al pasado, pero debemos encontrar los mecanismos para solucionar los problemas que genera la llegada de inmigrantes”, advirtió Florin Angelo.

Uno de los principales problemas que identifica es que resulta muy difícil saber cuáles son sus objetivos. “Desde ahí hay que pensar en políticas. La Unión Europea tiene valores que deben ser respetados. Por eso la complejidad para absorber los flujos migratorios”, aclaró el embajador.

Otro de los conflictos que preocupa a las autoridades se refiere a la posibilidad de que Reino Unido se retire del bloque continental. “Si mediante referéndum los británicos deciden salir de la Unión Europea, recién ahí comenzarían las negociaciones, porque no es algo que pueda ocurrir de manera inmediata”, detalló Marco Ricci.

Incluso advirtió que aquello podría significar un problema aún mayor para ese país. “Si deciden retirarse, se reabriría el problema de la independencia de Escocia. No creo que los británicos tomen esa decisión”.

Nuevas metas a partir de la crisis

Desde la crisis económica mundial de 2008, en la UE se propusieron estrategias de crecimiento pensando en el año 2020. Esto, a partir de lo que han definido como un crecimiento inteligente, sostenible, inclusivo y con una buena gobernanza económica.

Entre las metas definidas destaca la inversión del tres por ciento del PIB en investigación e innovación y que un 20 por ciento de la energía se origine desde fuentes renovables. “Varios países como Italia ya cumplieron con esta meta”, aseguró el embajador Ricci.

“Si el tema económico está en equilibrio, habrá menos euroescépticos”, agregó el embajador Angelo. Incluso con un mensaje sobre la necesidad de que Chile diversifique su economía.

Precisamente respecto del país, la delegación de la UE se ha propuesto como áreas prioritarias apuntar al comercio e inversiones; educación; derechos humanos; energía y medioambiente; así como seguridad y defensa.

De hecho, durante 2016 debería concretarse una modernización del acuerdo de asociación existente, junto al lanzamiento del Diálogo Medioambiente UE-Chile y también del Diálogo Seguridad y Defensa UE-Chile.

“El proceso de negociación está por comenzar”, anticipó el embajador de Rumania, añadiendo que “tanto Chile como la Unión Europea estamos fijando nuestras metas. Lo que estamos haciendo es adaptar y modernizar el acuerdo preexistente. En temas de Defensa, se firmó hace muy poco un acuerdo sobre la participación de Chile en operaciones de la Unión Europea. Por ejemplo, las que se están desarrollando en las costas de África contra los piratas”.

En cuanto al tema medioambiental, a propósito del calentamiento global y de lo que se decidió en la COP 21 de Francia, en diciembre del año pasado, el diplomático agradeció que Chile estuviera en línea con la UE. “Tal como se decidió en París, vamos a adaptar y fijar nuevas metas en el acuerdo que se negociará”.

Ayudas y políticas de largo plazo

Ambos embajadores no dudaron en aseverar que la UE es el mayor proveedor de ayuda humanitaria a nivel mundial. Dentro de esa colaboración, más de la mitad se destina al desarrollo de los países. Sin embargo, también reconocieron que existen problemas.

“Apoyar el desarrollo de un país es una tarea bastante difícil, porque no solo se necesita entregar recursos. También se requiere crear las condiciones para que mecanismos sustentables y autónomos puedan desarrollarse”, explicó el italiano Ricci, asegurando que los mecanismos y las políticas para fomentar el desarrollo no han sido suficientes.

Un tema de gran interés en el ámbito de las relaciones internacionales, como reconoció el diplomático, apuntando a cómo apoyar efectivamente el desarrollo de un país.

“La realidad muestra que los países que más se han desarrollado lo hicieron de una manera endémica, como ocurre con los casos de China y Brasil. Lograron recibir apoyo en políticas específicas para algunos sectores, para que el progreso económico fuera acompañado por un progreso en el aspecto de los derechos y garantías en favor de las personas más desfavorecidas”, detalló el embajador.

En el caso de Chile, planteó que lo primero es mejorar el nivel de las escuelas y de las universidades. “Recién ahí se puede pensar en invertir el tres por ciento del PIB para apoyar la investigación. Hacer esto sin un nivel medio de capacitación de los estudiantes, sería una medida sin resultados en el corto y mediano plazo”, concluyó el diplomático.