Chile despertó. Quizás esta ha sido la frase que más se ha repetido a un mes del inicio de las movilizaciones que provocaron el acuerdo parlamentario para cambiar la Constitución Política.  Un despertar, en el que los medios de comunicación y las redes sociales (rrss) juegan  un rol fundamental, para bien o para mal, al encargarse de mantener a la ciudadanía informada.

Verdades, mentiras, omisiones, despidos y  renuncias han sido parte de la agitación que ha provocado las manifestaciones en el plano mediático.

Para el Dr. René Jara, director de la Escuela de Periodismo de nuestro Plantel, “bajo el actual escenario comunicacional está en juego la legitimación de los medios comerciales por parte de la ciudadanía y cómo utilizó canales de información alternativos para dar a conocer situaciones, en donde la prensa no podía acceder o no mostraba”.

Jara advierte dos temas importantes. Uno es la deslegitimación importante de lo que sería la institucionalidad mediática, es decir, los medios de comunicación más tradicionales, y en ese espectro fundamentalmente la televisión ha sido puesta en cuestión. Segundo, lo que me parece relevante, es la emergencia de canales de contrainformación en un contexto de protesta”, afirmó el especialista en tecnologías aplicadas al voto.

Para el periodista, esta otra mirada de los hechos antiguamente estaba liderada por las vanguardias políticas, pero en la actual crisis han sido “los ciudadanos los que han captado con sus cámaras y celulares, millones de imágenes de la protesta. Llegan  a lugares que los medios tradicionales no pueden arribar, por que no tienen ese nivel de ubicuidad, es decir  no están situados en todos lados”.       

Con respecto a la veracidad de la información que se entrega a través de estos canales, cree que es complejo chequearla, puesto que “no están sometidos a una gramática de orden, de control, por lo tanto es mucho más difícil verificar la fuente de este formato”, afirmó.

Advierte que a partir del plebiscito comenzarán “a montarse muchas técnicas de propagación. Entre ellas, bots y otras que darán paso a una “guerrilla”, en el sentido de informaciones y contrainformaciones, a propósito del sentido de la Asamblea Constituyente”, sentenció Jara.

Uso responsable de redes sociales

"Hoy un taxista me dijo que vive en Puente Alto en un barrio malo, un vecino que delinque le dijo que les pagaban por incendios y saqueos; ¿quién les paga pregunté?! Los comunistas me dijo, entre 20 a 40 mil pesos. La historia se cuenta sola…".

Este texto fue publicado, de forma idéntica, en distintas cuentas de twitter, provocando que muchos usuarios denunciaran que un bot estaría detrás del escrito. El mecanismo es un argot tecnológico que simula ser una persona en una red social y que es creado con un fin determinado, completamente distinto al normal o habitual de un usuario que busca interactuar o convivir con otros.

Su utilización tomó relevancia mundial con el escándalo de Cambridge Analityca, en donde se descubrió que Facebook cedió información privada de usuarios a esta consultora, en condiciones inciertas; datos que luego utilizó para construir discursos y campañas políticas. En este caso en específico, la candidatura era de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

La Dra. Pamela Figueroa, académica de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad, cree que esta situación y otras donde se ha utilizado este método “es indebido y atenta contra la democracia, porque uno de sus principios es contar con una información transparente, fidedigna y confiable”.

Pese a ello asegura que “las redes sociales con lo bueno y lo malo, son parte de la sociedad actual; entonces hay ir aprendiendo a lidiar con eso, hay que saber utilizarlas de manera democrática y eso significa tener mucho cuidado con la información que se maneja”, afirmó la cientista política.

En esa línea, consideró que la utilización de estas herramientas, en el actual escenario nacional, ha sido positiva y negativa. Lo bueno es que ha podido reunir a gente que no se conocía en las manifestaciones y seguir el minuto a minuto, por ejemplo, la discusión del acuerdo parlamentario para una nueva constitución.

Lo malo- añade- es que han existido discursos de odio, noticias falsas o intentos de  manipular a la opinión pública para que tome posición en un tema específico. Por eso sostiene que “lo importante es hablar sobre el buen uso de las redes sociales, educarnos cívicamente con respecto a estas y utilizarlas como medio de información, que es el aspecto positivo que tienen”.

Un frenético viraje en la agenda del Gobierno con respecto a los cambios constitucionales se ha registrado en los últimos días. Primero, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el sábado pasado en El Mercurio que estaban preparando un proyecto de cambios a la Carta Fundamental.

Al día siguiente, y luego de una larga reunión en su casa junto a los partidos de Chile Vamos, adelantó a través del Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que "acordamos iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Constitución" por medio de un Congreso Constituyente, sin dar mayores detalles.

La noche del lunes, en cadena nacional y con un rating histórico, Piñera llamó a avanzar en un acuerdo para una nueva Constitución, “con un plebiscito ratificatorio”.

Todos estos sucesos han llevado a plantearse una serie de dudas entre los ciudadanos sobre el tema constitucional. Para el académico de la Facultad de Derecho de la U. de Santiago y abogado especialista en Derecho Constitucional, Luis Bobadilla, lo importante en esta discusión es dejar en claro que la Carta Fundamental es la norma que está por sobre todas las demás leyes y normas.

“Establece la forma en que se organiza un Estado, cuáles son sus funciones y sus límites, y delimita un catálogo de derechos fundamentales que protege al conjunto de los ciudadanos, además de un sistema de garantías para exigir su cumplimiento”, explicó.

En este sentido, Bobadilla destacó el concepto de supremacía constitucional. “Para que el ordenamiento jurídico goce de armonía, toda norma de inferior rango a la Constitución debe ajustarse a las reglas que esta establece”, aclaró.

Sobre el Tribunal Constitucional, el abogado definió que este órgano es el que dirime cuando las normas de inferior rango exceden o no los límites de la Constitución. Además, sobre el plebiscito, remarcó que hoy está establecido en la Carta Magna como un mecanismo para dirimir disputas entre el Congreso y Presidente de la República. “Para que sirviera como inicio o ratificación de un proceso constituyente se requiere una reforma, la que está actualmente en discusión en el Congreso”, destacó.

De todas maneras, el abogado Bobadilla sostuvo que “hoy no tenemos claro si el Gobierno plantea reformas a la Constitución o una completamente nueva, pues no se han detallado las reglas que se utilizarán”, dijo.

Acerca de las tres opciones para reformar la actual Constitución, el académico de nuestra Universidad diferenció entre las características de cada una de ellas. En el caso del Congreso Constituyente, aclaró que es precisamente el Congreso Nacional  como constituyente derivado quien asume la responsabilidad de crear una nueva Carta Fundamental.

A su juicio, se trata de personas que, se supone, tienen un conocimiento mayor de la Constitución, “porque trabajan todos los días legislando de acuerdo a esas normas. “Por lo anterior, en términos de tiempo, debería ser más eficiente y rápido, y debería existir un mayor control sobre su accionar, ya que deben rendir cuentas a quienes los eligieron”.
 
Sobre la Convención Constituyente, Bobadilla la define como una porción de los parlamentarios electos y un porcentaje de ciudadanos comunes y corrientes, electos especialmente para trabajar en este proceso, quienes se reúnen en una composición mixta.

“Implica mayor participación, porque ciudadanos comunes y corrientes de fuera del espectro político se suman, aunque de todas maneras, actores políticos podrían utilizar cupos de ciudadanos”, advirtió sobre este mecanismo que actualmente no está contemplado dentro del ordenamiento jurídico nacional, por lo que se requiere una reforma constitucional para validarlo.

Para el caso de la Asamblea Constituyente, el abogado Bobadilla destaca que esta “permite que una mayor cantidad de ciudadanos comunes y corrientes participen en la discusión del nuevo ordenamiento constitucional”.

También sostuvo que se requería una reforma constitucional para poder habilitarlo como mecanismo. Además, señaló que “simultaneamente a su existencia, funciona el Congreso y se inicia un conflicto de competencia que no se ha resuelto de forma pacífica en la experiencia sudamericana”.

El anuncio más importante

Por su parte, el Director del Departamento de Derecho Privado de nuestro Plantel, abogado Claudio Herrera, destacó las palabras del Presidente Piñera acerca de los cambios constitucionales: “desde luego son el anuncio más importante que ha hecho el gobierno en cuanto a cambio constitucional”, aclaró.

“Es bastante evidente que esto se debió a las movilizaciones sociales, porque en su programa de Gobierno no estaba planteado abrirse a una discusión ni siquiera de reformas. Es legítimo que fuera así, pero desde el 18 de octubre, el Ejecutivo ha ido comprendiendo que no puede quedar impávido y que los programas tienen que ser permeables, sobre todo a estas demandas tan masivas, por cambios constitucionales", abundó Herrera.

También remarcó que ahora el Gobierno no solo hable de una reforma, sino de una nueva Constitución. Acerca de las opciones para lograr este cambio, el abogado Herrera consideró que la Asamblea Constituyente es la alternativa más clara en términos de metodología de trabajo y participación ciudadana.

“Ocurre que en nuestro sistema republicano, existe un poder constituyente derivado: el Congreso y el Presidente de la República. Eso hoy está muy puesto en duda por la ciudadanía, pues desea que las reformas acojan de alguna manera el sentir ciudadano. En esa perspectiva viene la propuesta del mismo legislativo para realizar un plebiscito previo para preguntarle al votante si quiere o no nueva Constitución. Es bastante cierta la posibilidad de tener un plebiscito de entrada”, estimó.

Para el abogado Herrera, el problema con el Congreso Constituyente es que solo se entiende que es la institucionalidad con los parlamentarios, más un plebiscito ratificatorio. “El Congreso Constituyente tiene el problema de la falta de representatividad y que se demora aproximadamente dos años. Además, el Congreso Nacional, paralelamente, sigue funcionando”, comentó.

Reconoció que poco se sabe de cómo se llevaría adelante una Convención Constituyente. “La Asamblea es más clara, en términos de metodología de trabajo”.

De todas formas, consideró que el hecho que el Gobierno se haya abierto a la discusión constitucional es un gran paso para que se terminen las movilizaciones. “Es una señal muy potente. Personalmente, no creo que debiera ocurrir la salida del Presidente Piñera, porque sería una derrota para el sistema democrático. Tiene una inmensa tarea por hacer en este tiempo que le queda”, dijo.

“Son los representantes quienes deben conducir las demandas de la calle. El Congreso Nacional debe generar las mayorías para concretar así los cambios”, finalizó el académico de nuestra Universidad.

Se puede estar o no de acuerdo con sus posturas, pero lo que no se puede discutir es que es un referente al momento de hablar del proceso actual que vive nuestro país. La publicación de su libro “El Ejército de Chile y la soberanía popular” y la coyuntura, fueron parte de la entrevista realizada al Premio Nacional de Historia 2006, Dr. Gabriel Salazar, en los estudios de Radio Usach.
En La hora del Museo, programa producido por el Museo Histórico Nacional y transmitido por nuestra emisora, presentó la publicación que aborda la historia del Ejército de Chile y su relación con la ciudadanía desde la Independencia hasta nuestros días.

Para el autor, el texto coincide con momentos en que se exige la redacción de una nueva Carta Magna, donde “los militares sean un ciudadano más, que por tanto deliberemos juntos (…) sean conscientes que defienden una Constitución que emana del pueblo y no la de la elite o del capital extranjero”, entendiendo que los uniformados responden a un documento normativo político redactada por unos pocos.

En ese sentido cree que a la rama castrense “hay que reeducarla o que ella se auto eduque, en el sentido que deben obedecer al verdadero soberano; a la soberanía ciudadanía expresada en una asamblea libre respecto a cómo se construye una Constitución”, afirmó

Con respecto a la salida de los militares a la calle, tras el decreto de estado de emergencia de octubre pasado, el historiador sostuvo que cada vez que surgen crisis de representatividad política, los Gobiernos han ocupado las herramientas que la ley dispone para restablecer el orden público. Pero “cuando la rebelión ciudadana es muy potente, el orden se reestablece con el Ejército en la calle y ellos en la calle solo saben disparar”, sentenció.

De ahí que la presencia en la vía pública de los hombres a cargo del General de División, Javier Iturriaga del Campo, sea un hecho “insólito e histórico”, puesto que “el Ejército ante una crisis de representatividad -la más grande la historia- no ametralló como en Santa María de Iquique; no masacró, ni torturó sistemáticamente como lo hizo con Pinochet, lo que no resta que existieran apremios ilegítimos en esta intervención”, comentó el Premio Nacional de Historia 2006.

Nueva Constitución Política

Quizás la petición que más ha tomado fuerza en estas tres semanas de protestas y movilizaciones, ha sido la participación ciudadana en la redacción de una nueva Constitución Política. Respecto a este tema el historiador sostuvo en el espacio conducido por el periodista Luis Cruz que la " Carta Fundamental es el orden social que rige una comunidad dada y lo lógico es que la comunidad misma sea la que la dicte”. En tanto, que el principal derecho humano de una comunidad viviente –dijo- es darse un orden social y político que estime conveniente, la soberanía es una voluntad colectiva y para construirla debe haber una deliberación libre al interior de una comunidad", precisó.

Luego añadió que es ese escenario el que “nunca los pueblos que viven en el país han podido realizar, porque cada vez que ha sido necesario dictar una Constitución, de una u otra manera, a través de la fuerza ilegítima se ha impedido y reprimido a la ciudadanía; y solo un grupo pequeño ha dictado la Carta Magna en Chile", señaló Salazar.

Pulsión Juvenil

Para muchos las acciones que detonaron el estallido social (evasiones del metro) fueron parte de un acto adolescente que no tenía orgánica, ni un objetivo político y que no tendría mayores consecuencias. Es el caso del Rector de la Universidad Diego Portales, Dr. Carlos Peña, quien en su columna dominical de El Mercurio aseguró que “las nuevas generaciones están huérfanas de orientación (…), y así carentes de orientación ideológica, quedan presas de sus pulsiones”. 

Para el coautor de Historia Contemporánea de Chile lo que interesa en el movimiento adolescente no son las propuestas, sino lo que siente y lo que niega. Por ejemplo: “instintivamente en El Mochilazo del año 2001, sacaron una consigna que es un norte revolucionario que estos caballeros parece que no entienden. “La asamblea manda”. ¿Qué significaba eso? Nosotros mandamos. No el Gobierno, no los partidos políticos, no los intelectuales de moda”, sentenció.

Agregó que “los adolescentes plantearon de golpe y porrazo una revolución en la política chilena (…) Si eso no es norte ¿qué es?”, puntualizó.

“No existe ninguna duda respecto de la autonomía e independencia del TC, sin que pueda otro órgano del Estado inmiscuirse en las materias que la ley y la Constitución han puesto bajo la órbita de su competencia. Empero, aquello no significa que, por su calidad de órgano autónomo, todas sus actuaciones queden al margen de la revisión que pueda hacer la jurisdicción conforme a los procedimientos que la propia Carta Política contempla”.

Ese es parte del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que provocó reacciones hasta del propio Presidente de la República, quien consideró preocupante la situación que mantiene enfrentados al  máximo órgano jurisdiccional y al Tribunal Constitucional. El extracto de la sentencia implicaría que la Corte Suprema puede revisar fallos del TC por la vía de los recursos de protección, algo que este último rechaza.

El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Luis Bobadilla, explica que el fallo de la polémica fue redactado por el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Por ello, advierte que el magistrado podría exponerse a una acusación constitucional, si se atiende al artículo 52, número 2, letra c de la Constitución.

“Únicamente, pueden ser acusados constitucionalmente los magistrados de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de deberes”, indica. “El ministro Muñoz se expone a una acusación constitucional, porque está haciendo una torcida interpretación y aplicación de la ley”, insistió.

El profesor de la cátedra de derecho constitucional de la Usach advirtió que esto requeriría apoyos políticos para impulsar dicha acción, por lo que la descarta. Sin embargo, enfatiza que la interpretación de la Tercera Sala de la Corte Suprema atenta contra el texto expreso de la Constitución. “Es una interpretación mañosa y voluntarista que transgrede la Carta Fundamental. El mismo artículo sexto de la Constitución, en su artículo 80, establece que la Corte Suprema no tiene superintendencia administrativa, económica ni disciplinaria sobre el TC”, sostuvo.

El Director del Departamento de Derecho Público de nuestra Casa de Estudios reconoció que los recursos de protección son mecanismos que ofrece la Constitución para cautelar el respeto efectivo de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Fundamental. No obstante, señaló que el fallo de la Suprema altera el verdadero sentido del recurso de protección para “intervenir fallos del TC”.

“La misma Constitución Política de la República señala que contra los fallos del TC no procede recurso alguno”, explicó.  “Esto representa una crisis constitucional sin precedentes, porque la Constitución no tiene ningún mecanismo para resolver este conflicto de competencia entre el TC y la Corte Suprema”, concluye.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, informó a la ciudadanía que aceptó la renuncia de Bruno Villalobos al cargo de general director de Carabineros. El hecho ocurre en medio de un complejo panorama para la policía uniformada, afectada por causas como el fraude en la institución por más de 25 mil millones de pesos y la denominada ‘Operación Huracán’, en la cual el Ministerio Público informó que efectivos de la institución habrían manipulado pruebas en la investigación de comuneros mapuche acusados por asociación ilícita.

Para la experta en seguridad y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Lucía Dammert, la situación contribuye en acelerar la implementación de una reforma a las policías, a fin de modernizarlas, fortalecer su coordinación con fiscales y jueces, y reestructurar el sistema nacional de inteligencia, planteamientos que realizó el actual Presidente Sebastián Piñera a mediados de febrero, al referirse a los ataques incendiarios ocurridos en las regiones del Biobío y la Araucanía. 

“La salida de Villalobos plantea claramente que tendrá que haber una señal más temprana de cómo avanzar con respecto a la reforma policial”, afirma la analista. “Esta es una oportunidad para que el Gobierno identifique los aspectos que intervendrá en el corto plazo, con el fin de lograr una mayor transparencia y también definir de mejor modo las responsabilidades”, enfatiza.

A su juicio, la salida de Villalobos contribuye en este proceso de cambio, ya que deja un espacio de libertad para que el Presidente emprenda esta modernización sin tener que centrar la discusión exclusivamente en la permanencia del jefe de la policía. Sin embargo, insiste en que el hecho también representa un desafío relevante, pues le exige acelerar la presentación de las propuestas en esta materia.

“El Presidente y su equipo no quisieron que el primer tema fuera policial y por eso fueron al Sename, abordando con mucha rapidez este tema de la infancia y de la protección social. Sin embargo, la salida de Villalobos apura el esquema que el Gobierno tenía preparado”, explica.

Finalmente, la académica sostiene que uno de los aspectos que el Gobierno entrante debe modificar es, justamente, el alto grado de autonomía en la toma de decisiones de Carabineros. Esto quedó especialmente en evidencia en la misma salida del ex general Villalobos, quien no necesitó esperar una conversación con autoridades gubernamentales para presentar su renuncia.

“Lo que tiene que cambiar ahora es que el Gobierno, efectivamente, rija la institución. El Presidente Piñera ha dado todas las señales de que eso va a pasar. Probablemente, el ex general Villalobos decide dar un paso al costado por eso, para permitir y acelerar ese proceso de cambio”, concluye.