Política

Cristián Garay, investigador de IDEA: “sin estabilidad de orden público en Bolivia, la legitimidad de un nuevo gobierno quedará amenazada”

Cristián Garay, investigador de IDEA: “sin estabilidad de orden público en Bolivia, la legitimidad de un nuevo gobierno quedará amenazada”

Con el respaldo de Evo Morales a su ex ministro de Economía, Luis Arce, como candidato presidencial para las elecciones del 3 de mayo en Bolivia, se completa la fórmula del Movimiento al Socialismo (MAS) que incluye al otrora canciller, David Choquehuanca, como postulante a la vicepresidencia del país andino.

En este contexto preelectoral, desde Chile, el académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Cristian Garay, analizó el escenario en Bolivia y consideró que “si las condiciones de orden público no se estabilizan, la legitimidad de cualquier nuevo gobierno quedará amenazada”.

“La violencia política de unos y otros no ha cesado. Es violencia regional, étnica e ideológica simultáneamente”, afirmó Garay, explicando que las Fuerzas Armadas y de Orden han mostrado no estar dispuestas a tomar el poder por sí mismos y arriesgarse, así, a enfrentar juicios masivos como ocurrió con la caída del ex mandatario, Gonzalo Sánchez de Losada.

Si bien, a juicio del académico, durante los últimos días se ha demostrado una mayor estabilidad en el país, el éxito de los comicios y la transición en Bolivia, “dependerá de la actitud final de la policía, la violencia de los grupos del MAS y de los comités cívicos”, sostuvo.

En opinión del investigador, experto en Estudios Americanos, el  gobierno de facto, encabezado por Jeanine Áñez, “se juzgará por las condiciones y limpieza que ofrezca al momento de las elecciones”.

“Evo Morales no fue capaz de garantizar el orden público en su momento, de modo que la medida será más o menos igual que para él. Al momento actual, la administración de Áñez parece ser capaz de garantizar esa transición y elecciones”, agregó el experto.

Ante la pregunta sobre la influencia que ejerce la opinión de Evo Morales, quien se encuentra residiendo en Argentina en calidad de refugiado, el académico del IDEA, sostuvo que existe “un desacoplamiento entre la dirección desde fuera del país” del ex mandatario “y las tendencias que privilegian las decisiones internas, y que cuestionaban el liderazgo de Morales”.

“El llamado de Evo a aglutinar su voto seguirá estando condicionado a una imagen que se desgastó, cometió fraude electoral y sigue siendo resistido. Se diría que Morales goza de mejor prensa en Argentina que en Bolivia. Ciertamente, su liderazgo mejorará o disminuirá según los errores no forzados de gobierno interino de Añez”, aseguró Cristian Garay.

Arce y Choquehuanca, el binomio del MAS

Luis Arce y David Choquehuanca serían, respectivamente, los candidatos a presidente y vicepresidente de Bolivia, apoyados por el MAS y por el expresidente Evo Morales.

El economista Luis Arce, respaldado por Morales en el cónclave de Buenos Aires, fue ejecutor del programa económico de Bolivia durante parte muy significativa del gobierno del MAS.

“Se trató de un programa ortodoxo, donde solamente al final se vieron problemas, ya que estuvo amarrado al alza de los precios de los commodities y, en consecuencia, fue exitoso y rememora los mejores años de la administración de Morales”, explicó el analista del IDEA Usach.

En tanto, Choquehuanca, elegido candidato por las bases del MAS, “fue ministro de Relaciones Exteriores, secretario general del ALBA y hombre más en contacto con el mundo indígena, y por tanto el preferido de la base”, sostiene Garay.

“Choquehuanca fue un hombre de confianza, indianista, protagónico en la disputa con Chile: en noviembre de 2016 fue interpelado por gastos excesivos en favor de dirigentes sociales, y argumentó que no tenía precio conseguir apoyo para la demanda boliviana en el ámbito internacional”, apuntó el académico.

“La intervención en favor de Arce puede parecer muy tecnocrática, para ampliarse a capas medias mestizas, donde hubo buena recepción de la política económica. Por otro lado, estará condicionada más bien por la unidad o dispersión de la oposición, ya que, como voto duro, seguramente obtendrá la primera mayoría relativa”, concluyó el analista del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago.

¿Qué nos depara el 2020?

¿Qué nos depara el 2020?

Partamos por la economía. El nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, prevé un crecimiento entre 1 y 1,5% en 2020, es decir un segundo año de cuasi estancamiento. El Banco Central, por su parte, proyecta una disminución de la inversión el próximo año y un crecimiento entre 0,5% y 1,5%. El Instituto Emisor presenta un panorama sombrío sobre el empleo en su informe más reciente: “de mantenerse la relación histórica entre la demanda de trabajo y la actividad, y de no producirse cambios significativos por el lado de la oferta, la tasa de desempleo podría superar el 10% a inicios de 2020”. Pero, el Banco Central no ha demostrado mucha capacidad de anticipar la coyuntura. Nadie podría hacerlo con mucha exactitud, por lo demás, dada la volatilidad externa y ahora interna. Llegar tarde se ha hecho una costumbre para la política económica.

Un primer escenario en esta materia para 2020 es que el choque social de finales de 2019 consagre las debilidades de la economía. Entre estas se cuenta la persistencia de una falta de diversificación que limita el crecimiento de largo plazo y también de una concentración del patrimonio, los mercados y los ingresos que provoca una visible desigualdad y ausencia de movilidad social, lo que, a su vez, tensa las relaciones sociales y limita la innovación y la creatividad.

La mantención de un escenario externo poco favorable a las exportaciones chilenas podría acentuar la tendencia al estancamiento y consolidar una “trampa del ingreso medio”, con la consecuente incapacidad de insertarse en cadenas de valor de mayor productividad y la persistencia de una alta conflictividad social y política. Este escenario lleva a proyectar crecimientos no superiores al 2% para 2020 y 2021.

Otro escenario es el que se apoya en la resiliencia que han mostrado la sociedad y la economía chilenas frente a situaciones adversas, pero que requiere de un fuerte impulso keynesiano de corto plazo, con énfasis en la reconstrucción de las infraestructuras dañadas y programas de empleo para los jóvenes; como también basado en un nuevo pacto social en el que la revalorización sustancial de los ingresos mínimos del trabajo y de las pensiones, junto a activas políticas de inserción de los que no trabajan ni estudian, reestimulen la demanda interna en el corto plazo; y que en el mediano plazo canalicen el esfuerzo educativo de los últimos quinquenios para producir incrementos de productividad y acercarse al crecimiento potencial, que se puede estimar en un 3-4% anual.

No se puede excluir, sin embargo, que mayores turbulencias externas y eventuales pérdidas mayores del dinamismo del consumo afecten irremediablemente las perspectivas de crecimiento.

Sigamos ahora con la política. Para contener el acoso de la protesta social, y con la seguridad de contar con un veto si la derecha reune al menos 1/3 en el órgano que redacte una nueva Constitución, Sebastián Piñera dio el aval a una reforma constitucional -que fue aprobada por amplia mayoría en el parlamento el 19 de diciembre- para realizar, con voto voluntario, un plebiscito en abril de 2020. En este se preguntará, como sabemos, sobre la aprobación o rechazo a la elaboración de una nueva Carta Fundamental y, en caso de aprobación, sobre la opción de una convención constituyente con delegados especialmente electos o con una mezcla de parlamentarios en ejercicio y de delegados electos.

Las encuestas indican que ganará con creces tanto la opción de una nueva Constitución como la convención sin parlamentarios. Los delegados serán, entonces, elegidos en octubre de 2020 junto a la elección de las autoridades regionales y municipales. Está previsto que luego, durante 9 meses, extensibles a otros 3, se elabore la nueva Carta Magna con un quorum de aprobación de 2/3, cuyo resultado será también plebiscitado.

La pregunta que permanece sin respuesta es si las medidas sociales y políticas tomadas por el Gobierno serán suficientes para canalizar la rebelión social de octubre-diciembre de 2019 por las vías institucionales previstas. Permanecerá un ambiente de rechazo al gobierno y en especial al presidente Piñera, lo que es clave en un régimen presidencial. La herida provocada por la represión policial masiva en un amplio segmento de jóvenes -recordemos que en Chile existe en la actualidad 1,2 millones de estudiantes en la educación superior y medio millón de jóvenes que no trabajan ni estudian- los inducirá a mantener formas activas de movilización callejera periódica y eventuales violencias urbanas.

La clave del futuro político inmediato estará en si vuelve o no a producirse la confluencia de esas expresiones juveniles radicalizadas con el descontento de los sectores de trabajadores y segmentos medios que reciben bajos salarios y pensiones y acceden a servicios de salud y educativos de baja calidad, en un contexto de fuerte endeudamiento de los hogares. La amplia mayoría no verá su situación mejorada con las recientes medidas del Ejecutivo. Estas se remiten a los salarios y pensiones más bajos, mientras la suma de la desaceleración económica previa y los efectos de la crisis social agravarán el descontento y los factores de inestabilidad en las condiciones de vida de los sectores populares y medios.

El Gobierno propondrá en los próximos meses, al parecer, más reformas en pensiones, salud y Educación Superior, pero esto provocará una mayor división en su coalición, una parte de la cual sigue defendiendo el "modelo", que no quiere ampliar el rol del sector público ni redistribuir ingresos y que ve con recelo el cambio constitucional, aunque en él esté asegurado su poder de veto por el mecanismo de decisión por 2/3 en la elaboración de la nueva Constitución que le fue aceptado por la oposición.  Incluso, el 20 de diciembre, el partido UDI declaró que "congelaba" su pertenencia a la coalición de Gobierno, dado que sus partidos socios prestaron apoyo a la integración paritaria de la Convención Constitucional y con cuota para los pueblos indígenas, en caso de aprobarse esa opción en el plebiscito de abril. Este partido considera que estarían haciendose demasiadas concesiones a la oposición, en una actitud cada vez más ultraconservadora.

En marzo y abril el escenario será, entonces, de polarización plebiscitaria alrededor de la aprobación o no del proceso constituyente, en el que el partido de origen del presidente, Renovación Nacional, estará dividido en la postura a tomar, mientras el partido UDI estará virulentamente en contra del mismo, junto a la extrema derecha emergente de José Antonio Kast. Solo Evópoli prestará apoyo al cambio constitucional desde la coalición de Gobierno.

Este cuadro favorece los postulados comunes de la oposición en materia social y constitucional, aunque sigue dividida en casi todo y con una gran dificultad para ponerse de acuerdo. No se puede excluir que una parte del actual centro opositor preste aún más apoyo parlamentario al Gobierno y reconfigure el escenario político, lo que podría darle algún oxígeno al piñerismo.

El problema de la gestión política del Ejecutivo es la falta de liderazgo presidencial. Sebastián Piñera probablemente tendrá que inclinarse por apoyar el cambio constitucional, dado que éste reúne una adhesión mayoritaria de la sociedad. Sin embargo, será al costo de una posible fractura de su coalición y de la mantención de una gestión gubernamental improvisada al ritmo de las encuestas y análisis de “big data”, como acostumbra el actual gobernante.

Pasado el plebiscito de abril, se producirá una lucha electoral con el horizonte de la elección municipal y regional de octubre, junto a la probable elección de convencionales constituyentes. La incógnita es cuánto ese proceso será intervenido por las movilizaciones sociales y si se creará o no un ambiente de mayor inestabilidad política.

¿Qué les asusta de la paridad?

¿Qué les asusta de la paridad?

¿Qué les asusta de la paridad? Respuesta: repartir el poder, lo que ha sido siempre un proceso complejo, difícil, muchas veces violento. El poder ha estado históricamente en manos de los hombres desde los inicios y, claro, compartirlo es un problema.

Como por suerte la historia no es estática, se mueve y las cosas cambian, ahora tenemos que repartir el poder entre hombres y mujeres, aunque para evitarlo se hayan creado todo tipo de teorías. Desde la urgente necesidad de que nunca salgamos de nuestras casas a trabajar, pues si lo hacemos las familias se desarman y son disfuncionales, o los hijos e hijas se crían mal y son violentos, o adictos o una amenaza para la sociedad; hasta decir que las mujeres en política pueden estar, pero en los “temas blandos”, esos que no requieren de “experiencia política”: ojalá a cargo de la política de infancia, o de turismo, o de la salud de la tercera edad, y jamás de la seguridad interior, ni de las arcas fiscales y solo dos veces en nuestra historia, haber sido presidenta.

¿Recuerdan cómo trató la clase política, los medios, los analistas, los empresarios a la Presidenta Bachelet? Fuimos testigos de la manera brutal como fue criticada, con rabia, con desdén, con mirada machista y reprochadora: “las cosas que se le ocurren a Bachelet, cambiar la Constitución.” o hacer “reforma tributaria”. “no está capacitada”. No le dieron tregua.

Pero ahora que el país -hastiado de tanta violencia y abusos- se levantó en movilizaciones sociales, ahora que una pieza cultural lúcida, terrible y masiva como “un violador en tu camino” nos representa a la gran mayoría de mujeres (y ojalá más hombres la comprendieran), ahora por fin vamos a discutir sobre la paridad y el poder.

Antes lo pedimos, lo describimos, lo propusimos un millón de veces, durante miles de años. Porque esto no es una “espontaneidad” o una “moda” o una ocurrencia “histérica” típica de “minas” como piensan muchos. Ahora que las cosas no volverán a ser como antes, ahora que las respuestas tradicionales no dan abasto, ahora que las recetas y las fórmulas mágicas no tienen respuesta y no dan pie con bola, recién ahora habrá que buscar la mejor manera de conducir esta energía social en aguas turbulentas.

Y viene a ser el momento de navegar este barco entre todos y todas, escucharnos, cuidarnos, proteger la dignidad de todas las personas, donde hombres y mujeres somos iguales en derechos.

Así que la paridad habrá que instalarla, gestionarla, medirla, promoverla no solo en el proceso constituyente, sino al interior de las empresas, organizaciones, municipios, Universidades (que son los únicos que tienen una ley que así lo mandata), gremios, manifestaciones culturales, medios de comunicación, la familia, etc., etc. ¿Sabe usted a qué le teme cuando le hablan de paridad de género?

Expertos critican envío de informe Big Data del Gobierno al Ministerio Público

Expertos critican envío de informe Big Data del Gobierno al Ministerio Público

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sostuvo que un informe Big Data fue compartido al Ministerio Público para entregar “elementos de contexto que pudiesen facilitar las investigaciones penales, pero no constituyen pruebas”. El reporte analiza tendencias y comportamientos en las redes sociales con respecto a hechos suscitados en el marco del estallido social. En ese sentido, apunta a aficionados al K-Pop y a Mon Laferte, entre otros actores.

El abogado experto en derecho penal y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Boldt, reconoció que los intervinientes en un juicio, por lo general, aportan antecedentes que no necesariamente son pruebas. Sin embargo, considera ilógico que dichos antecedentes se acompañen sin la intención de que sirvan para constituirse en dichas pruebas. 

“Lo que dice Blumel es que presentan un antecedente que ni ellos le tenían mucha fe, pero prefirieron entregarlo”, afirmó. “Lo que le interesa al juez son antecedentes que le permitan comprobar un hecho completo constitutivo de delito y quién tuvo participación en ese hecho. Este informe pareciera no satisfacer ninguna de esas dos preguntas: si existió el hecho y quién lo cometió”, explicó Boldt.

De acuerdo al Máster en Derecho Penal, este reporte no resulta útil porque lo que se investiga son hechos concretos y específicos de vandalismo e incendio, mientras que el informe solo arroja tendencias. “En un rango muy amplio, define qué tipo de personas estarían involucradas generalmente en ciertos tipos de hechos, lo que resulta demasiado genérico como para ser ocupado en un proceso penal”, enfatizó.

A juicio del sociólogo y académico de la Usach, Alberto Mayol, el informe termina concluyendo que los actos de violencia asociados a las manifestaciones están en correlación con ciertos actores, y aumentan cuando se incrementa la aparición de estos últimos.

Sin embargo, “estas correlaciones pueden ser espurias, sucias y no significar lo que creemos. Puede haber más variables intervinientes y estos resultados pueden ser meras casualidades” advirtió el sociólogo, que ha trabajado en investigaciones utilizando Big Data.

Finalmente, el Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, Dr. René Jara, consideró “curioso” que se haya instalado la idea de que se puede realizar investigación penal a partir de Big Data, cuando el uso que se les da a estos datos por lo general es para establecer climas de opinión y emociones.

“Quien señala por redes sociales que irá a quemar un banco, no necesariamente lo va a hacer. Existe un comportamiento online, en las plataformas, y otro offline, fuera de estas”, afirmó el periodista. No obstante, “cuando se comunica este informe, se hace como si fuera una evidencia”, criticó el doctor en ciencia política.

Consulta Municipal y el voto ciudadano: ¿por qué algunos/as residentes quedaron fuera de este derecho?

Consulta Municipal y el voto ciudadano: ¿por qué algunos/as residentes quedaron fuera de este derecho?

A dos años de las últimas elecciones presidenciales, en Chile se vivió un inédito proceso ciudadano: la  Consulta Municipal que convoco a más de 200 municipios, cuyo objetivo principal fue preguntar a la ciudadanía acerca del cambio constitucional. Este proceso consultivo permitió, además, que los gobiernos locales identificaran las principales necesidades de la población residente en temas institucionales, agenda social, regionales y locales.

Es reconocible el carácter inédito de este proceso: en primer lugar porque por primera vez se acuerda en el nivel local realizar una consulta ciudadana de esta índole, aunando esfuerzos desde  la institucionalidad, los gobiernos locales, las universidades, las organizaciones de base, la comunidad cívica; y en segundo lugar porque, parte de la votación, fue mediante una modalidad de voto electrónico y presencial. 

¿Quiénes podían votar?, al igual que en todos los procesos eleccionarios, el padrón para esta consulta habilitaba a todos los ciudadanos que tuvieran 18 años, pudiendo ampliarse el rango de personas entre 14 y 18 años de acuerdo a la decisión de cada municipio,lo que lamentablemente no todos los gobiernos locales hicieron. Esta demanda desde la sociedad civil era importante ya que parte del estallido social ha sido promovido desde sus inicios por jóvenes secundarios.

Sin embargo, un punto no menor fue que el Servicio Electoral cerró el padrón electoral a diciembre del año 2017, por lo cual al estar desactualizado, quedó un colectivo de personas sin poder votar: todas las personas extranjeras que contaban con los requisitos de residencia en Chile, pero que sin embargo, por la desactualización del padrón quedaron sin este derecho.  Por ello, cabe preguntarse en este momento en que estamos redefiniendo un nuevo marco social para nuestro país,  ¿quién ostenta actualmente los plenos derechos políticos en Chile? La Constitución que aún nos rige, hecha en dictadura, nos muestra que la plenitud de estos derechos está relegada a la ciudadanía basada en la nacionalidad.

El derecho a tener derechos, no sólo sociales y económicos, sino también políticos plenos, incluye que personas extranjeras residentes en el país puedan votar en temas que incumben a la vida cotidiana y que trascienden las decisiones individuales. Esto es parte del ejercicio ciudadano. Entonces, ¿por qué no reconocer estos derechos a quienes viven en nuestros barrios, hacen uso de los medios de transporte, regeneran los espacios públicos comunitarios, tienen a sus hijos/as en los colegios comunales, que tributan y se atiende en consultorios médicos, quienes trabajan y contribuyen al desarrollo del país, y que por sobre todo son parte de una nueva comunidad barrial, independiente de donde hayan nacido?  Claramente creemos que debe asegurarse su derecho a opinar y ser parte de las decisiones mediante el instrumento político del voto, acerca de las problemáticas y decisiones que el municipio toma respecto de su entorno, como también a largo plazo, sobre lo que esperamos construir como país.

Las personas que han migrado y que hoy residen en los barrios de las comunas de Chile, aportan día a día de diferente forma. Y no sólo debemos pensar en una visión instrumental de la inmigración como mano de obra, sino desde sus respectivos marcos culturales contribuyendo a la diversidad de los modos de construcción de ciudadanía.  Existe un valor símbolo en el habitante migrante, no únicamente con la materialidad de su producción como agente económico, sino más bien referido al proceso de significación de la vida social en las comunidades barriales y en la sociedad.

Estamos en un momento histórico que implica repensar la forma de relación social, y esto implica incluir a todos/as quienes vivimos en el mismo territorio. El proceso constituyente que estamos abriendo no puede ser visto como un inicio, sino una meta que implique una mayor democratización de la sociedad. Cambiar los restringidos límites de la ciudadanía es una tarea importante, sobre todo considerando a aquellas personas que no nacieron en el país, pero que de hecho participan en la construcción social, cultural, económica y política de nuestra sociedad.

Analistas Usach estiman que informe ONU golpea al Gobierno de Piñera y deja expuesta la imagen país

Analistas Usach estiman que informe ONU golpea al Gobierno de Piñera y deja expuesta la imagen país

Luego que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas publicara su informe constatando “un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos; en Chile, académicos de la Universidad de Santiago evaluaron el peso en la imagen internacional que este reporte de 35 páginas puede causar al país y al Gobierno de Sebastián Piñera.
 
Al respecto, el académico de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, Juan Ignacio Chacón, explicó que, si bien, el informe de la ONU no es vinculante, “tiene un peso a nivel internacional bastante específico, en el sentido de que expone a un país como Chile ante la comunidad mundial en torno a las violaciones a los derechos humanos de la forma en que las califica: existentes, reiteradas y consistentes en el tiempo”. 
 
Añadió que “si bien los otros informes también exponen ciertas situaciones de violación a los derechos humanos que, como tal, tienen un peso bastante grande dentro de la comunidad internacional, no están inscritas dentro de un organismo internacional como la ONU, que es un foro donde participan todas las naciones”, detalló el académico, agregando que, “los anteriores informes fueron hechos por ONG’s por su cuenta, organizaciones muy respetadas por cierto, pero que no están dentro de un espacio donde se discuten materias de derecho a nivel global”.
 
En paralelo, el doctor en Ciencia Política y académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de nuestra Universidad, Raúl Elgueta, sostuvo que, tras el reporte del Alto Comisionado de la ONU, “el Gobierno queda perdiendo 5 a 1 en el tema Derechos Humanos". 
 
“Perdió con los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y con la acusación contra el exministro del Interior. Recién logró salvar, por un tema de estabilidad, la acusación contra el Presidente”, detalló.
 
Raúl Elgueta consideró, además que, luego de los cuestionamientos de organismos internacionales, “no queda golpeado Chile sino el Gobierno y, a nivel latinoamericano, el proyecto de derecha que se mostraba como más democrático, alternativo al socialismo del siglo XXI. Ese proyecto de derecha hoy se ve desafiado”, precisó.
 
“Esto es una mala noticia para las derechas latinoamericanas, porque los daños van a ser serios. Ahora será bien difícil ejercer una voz importante, potente, de condena a violaciones a los derechos humanos en otros países de América Latina como Venezuela o Cuba, cuando se tiene esta situación en el país”, afirmó el académico del IDEA de la Universidad de Santiago de Chile.

Expertos en procesos constituyentes compartieron su experiencia de encuentros locales autoconvocados

Expertos en procesos constituyentes compartieron su experiencia de encuentros locales autoconvocados

Con el objetivo de entregar elementos que consoliden la discusión y visibilicen las demandas sociales que podrían orientar el rol de la Universidad de Santiago frente al nuevo proceso constituyente, se efectuó un interesante conversatorio que reunió a integrantes de los diferentes estamentos de nuestra Casa de Estudios.

En la charla denominada “Primeros pasos en el camino hacia una nueva Constitución: Diagnóstico desde los Encuentro Locales Autoconvocados ELA 2016”, participaron la Dra. Pamela Figueroa, académica de la Usach e integrante de la Comisión Técnica para una nueva Constitución; la Dra. María Cristina Escudero, Académica de la U. de Chile, integrante del Comité de Sistematización del proceso constituyente 2016 y  el Dr. Claudio Fuentes , director del CEAR de la U. Diego Portales, encargado de la sistematización de los Encuentros Locales Autoconvocados - ELA 2016.

Proceso constituyente 2016

Fue un modelo de cambio constitucional que incorporó la participación pública incidente en el marco de la institucionalidad vigente, -no vinculante, pero si participativo y deliberativo - en donde los actores claves fueron la ciudadanía, el Gobierno, el Consejo Ciudadano Observador (CCO), el Comité de sistematización y los facilitadores.

La metodología utilizada llevó por nombre Convergencia Deliberativa y constaba de cuatro niveles “El primero, en donde aparecían la participación social y el encuentro local; un segundo, en donde se ubicaba el Cabildo Local; el nivel tres de los Cabildos Regionales y uno último de las Bases Ciudadanas”, comentó la Dra. María Cristina Escudero.

En cuanto a la importancia del proceso, la académica de la U. de Chile, destacó que “los cabildos dejaron precedente, porque al producirse el estallido social de octubre la gente se autoconvocó inmediatamente. Y lo otro, es que si la clase política se hubiese dado el tiempo de leer con atención los datos y opiniones que surgieron, nos habríamos ahorrado bastantes problemas” aseguró.

Para la Dra. Pamela Figueroa, “una de las cosas más positivas que nos quedaron del proceso constituyente del 2016, es que le perdimos el miedo a la participación. Antes se pensaba que esto no era posible y que además no podíamos tener un resultado incidente producto de esa participación”, recordó.

Recalcó que los resultados arrojaron aspectos sociodemográficos interesantes: “uno fue que los jóvenes participaron masivamente en la consulta individual, a través de una metodología distinta que les permitió utilizar sus teléfonos para expresarse, pero también que - producto de la flexibilización de las estructuras- las mujeres aumentaron su participación”.

Los expertos agregaron que no todo fue fácil, aún más en los procesos de discusión. “Recuerdo que cuando tenía que ir al Comité de Observadores me llamaba la atención el temor que había, especialmente en los constitucionalistas en abrir los espacios para la participación de la gente en la construcción de la Constitución” aseveró el Dr. Claudio Fuentes.

Otro de los problemas fue la sistematización de las opiniones de los cabildos en donde participaron sobre 200 mil personas a lo largo del país. “Encontré excelente que existieran muchos cabildos, pero lo que me preocupaba era que no había uniformidad en la manera de sistematizarlos, porque si existen resultados equivalentes uno podrá generarlos como una herramienta de movilización, de poder, de expresión” señaló Fuentes.

Comisión Técnica Actual

La Dra. Pamela Figueroa se refirió al estado actual de la Comisión Técnica para el proceso constituyente indicando que “somos 14 las personas que estamos desarrollando el proyecto de reforma constitucional que permita el plebiscito, la convención y el plebiscito de salida. Nuestra intención es que la convención sea mixta o 100% electa, tengan las dos las posibilidades democráticas de incorporar estos distintos aspectos”, precisó.

Añadió que la idea es que vaya teniendo incidencia el tipo de participación ciudadana como el que se dio en los cabildos; ver el desarrollo de las reuniones técnicas, el cómo se sistematizará el proceso, porque los cabildos se han generado de manera espontánea y no tienen una metodología única.

“La idea de la sistematización vino después de crear una metodología, que es distinto a como se hizo el proceso en el 2016, porque como decía el profesor Fuentes no era solo sacar una muestra como lo hacemos los cientistas sociales, sino que había que sistematizar todo”.

Finalmente indicó que lo que faltó en el proceso constituyente del gobierno de Michelle Bachelet fue el acuerdo político, “porque hubo muchos sectores políticos del país que no querían avanzar para alcanzar una nueva Constitución y eso el día de hoy ya se ganó, incluso los partidos conservadores de derecha están en esa posición”, concluyó.

 

 

Abogado Fernando Atria: “La Constitución del 80’ instauró una política incapacitada de dar respuestas a la ciudadanía”

Abogado Fernando Atria: “La Constitución del 80’ instauró una política incapacitada de dar respuestas a la ciudadanía”

“Nueva Constitución y Proceso Constituyente” tuvo por nombre la jornada en donde el reconocido abogado constitucionalista, Fernando Atria, expuso y compartió su visión respecto a las demandas por cambios estructurales en la forma de hacer política en Chile.

La actividad fue encabezada por Mónica Palacios, jefa de la carrera de Terapia Ocupacional, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad, quién manifestó su satisfacción al contar con el Espacio Isidora Aguirre totalmente repleto de asistentes, lo que demuestra- dijo- que la comunidad Usach está interesada y comprometida en esta causa transversal.

“Por primera vez en 30 años en Chile estamos debatiendo abiertamente y hemos empezado a vivir una real democracia donde podemos decir lo que pensamos, lo que sentimos y como soñamos el país que queremos construir”, señaló.

La docente también se refirió a la Asamblea Puriestamental, que hoy se presenta como la Comunidad UTE-Usach, donde “se ha levantado una propuesta de proceso constituyente interno, al mismo instante de comprometernos como actores sociales frente a lo que ocurre en el país”, concluyó.

Conferencia de Fernando Atria

El destacado abogado constitucionalista comenzó su exposición refiriéndose a la Constitución del 80’, Carta Magna concebida en dictadura “fue originalmente la solución a un problema que tenía el régimen militar y este era cómo evitar que el poder que iba a llegar después de Pinochet, tuviera herramientas para derrumbar el modelo económico neoliberal”.

Atria agregó que “si bien la Constitución de 1980 no negó explícitamente el principio democrático, si estableció una política incapacitada para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, lo que generó una progresiva deslegitimación, que es uno de los factores más relevantes del porqué la gente hoy está manifestándose en las calles”.

Orígenes del Estallido social

Según el abogado constitucionalista, en un comienzo el tema de una nueva Carta Fundamental no estaba intrínseco en las demandas del movimiento social, “estas quejas nacen por la Indignación, el abuso y la deslegitimación de la política institucional; en la unión de ellas está la Constitución. Hay quienes dicen que la gente está exasperada por la política, pero que su problema no es la Constitución. Esto es absurdo porque la Constitución es la decisión que hace que la política sea como es. Es decir, una decisión fundamental de la conformación de la política” indicó.

Acuerdo político

El abogado Fernando Atria, añadió que el acuerdo por una nueva Constitución, fue una conquista del movimiento social que presionó al poder político y logró cuestionar y debilitar la institucionalidad vigente. “Este acuerdo, que no fue logrado por los dirigentes políticos, sino que, por el pueblo movilizado, abre una oportunidad que no habíamos tenido en 30 años”, precisó.

Agregó que este pacto “no es el ideal, pero sí abre por primera vez la oportunidad para deshacernos de la Constitución de Pinochet y tener otra creada en democracia, cuya finalidad no sea inutilizar la política democrática como ocurre hoy, sino que darle poder a la gente para definir cómo es el Chile que queremos vivir”.

Proceso Constituyente

El plebiscito se realizará en abril del próximo año, y será la ocasión para que la ciudadanía elija si quiere o no una nueva Constitución y de pasó decidir si prefiere una Convención Mixta, (parlamentarios y la gente) o una Constitucional (Asamblea Constituyente Popular). Si se decide por una nueva Constitución, al mismo tiempo en que se realicen las elecciones municipales y de gobernadores (octubre 2020) se elegirá a los integrantes de la Asamblea Constituyente. Concluida la elaboración de esta nueva Carta Magna se aprobará en un nuevo plebiscito.

El académico se refirió a los resistidos 2/3, indicando que “en la Constitución de 1980 el quórum de 2/3 otorgaba un poder de veto al sector político que la redactó impidiendo que las mayorías democráticas la reformen. En contraste, en la Constituyente hace que la Constitución sea el producto de la voluntad de las grandes mayorías, porque es parte de una hoja en blanco que no da ventaja a ningún sector político en particular”, sostuvo.

En este mismo contexto, precisó que aún hay cosas pendientes por definir, entre ellas “cómo se va elegir esa Convención Constitucional. El acuerdo dice que será conforme al sistema electoral que se aplica para la Cámara de Diputados. Si eso fuera así, va a ser una Convención sin paridad de género, sin cupos reservados para los pueblos originarios y la mayoría serán aliados de los partidos políticos. Esas tres condiciones son cosas que creo minarían la legitimidad de la Asamblea Constituyente”, concluyó el abogado constitucionalista.
 

Día 41 del estallido social

Día 41 del estallido social

La revolución ucraniana duró 93 días, gatillada por un grupo de estudiantes que protestaron por la decisión política de no integrarse a la Unión Europea. Las y los ciudadanos querían otra cosa y se tomaron Maiden (una plaza en Kiev) y pasaron el invierno (- 7 grados) luchando cuerpo a cuerpo contra las balas y la brutalidad de una policía decidida a matar con tal de mantener un orden ficticio. La clase política de Ucrania no lograba entender, andaban siempre en la retaguardia, y tenían menos valor que sus representados. Cuando comunicaban los resultados a las bases, eran alentados a volver a las negociaciones con el Gobierno de manera urgente, porque el frío congelaba la paciencia. El Presidente dimitió, la revolución se sofocó a medias, la herida quedó y el país retomó un camino de transición lleno de complejidades. El documental está en Netflix, se llama “Winter of Fire”, y es estremecedor.

Plaza de Curicó, ciudad en calma, mañana del día 37 desde el llamado “estallido social”. Me invitan a un conversatorio sobre mujer y política. Hay 2 hombres y varias mujeres, entre los 17 y 75 años. Profesionales, trabajadoras, estudiantes, independientes, militantes. Hablamos de discriminación, de desigualdad, de derechos diferenciados dependiendo si naciste mujer u hombre. De colegios y liceos donde nunca les enseñaron educación cívica, pero sí les enseñaron a obedecer porque sí, sin aprender a pensar críticamente o a respetarse por ser personas en vez de imponer la discriminación por ser hija de madre soltera, o hijo de padres separados.

Una de las dirigentes estudiantiles critica a los partidos políticos, pero no a la política. Critica la manera como los grupos se adueñan de los partidos, y no hacen las cosas de manera transparente ni participativa, y menos con equidad de género. Ella tiene 19. Y quiere llevar el apellido de su mamá porque su papá nunca ha estado. Es dulce y luchadora, firme en sus convicciones y dispuesta a conversar para encontrar zonas comunes.

A todas esas mujeres les gusta la política, pero no la lógica de los partidos. Tienen interés en sus territorios, pero no tienen espacios para participar. Están atentas al acuerdo suscrito por los partidos, pero no les creen porque no las consideran, ni como mujeres ni como independientes. ¿Puedes participar en el proceso constituyente si eres mujer, joven, de región e independiente? ¿Y si además perteneces a un pueblo originario? ¿O tal vez puedes participar, pero nunca saldrás elegida? ¿Estas reglas del acuerdo actual son estructuras antiguas intentando resolver problemas nuevos?

En Ucrania la clase política iba como 100 metros atrás de las personas, temerosos y sin conducta. Aquí seguimos discutiendo unas verdades que sirvieron en los ’90, pero que ahora necesitan renovarse y abrirse a una real participación, sin condiciones ni frenos, ni amenazas de lecturas simplistas. Tenemos una fractura como país de una complejidad mayor, que no se arregla con un acuerdo basado en creencias de grupos políticos que les ha costado tanto modernizarse.

Académicos de la FAE analizaron el TPP-11 y el Tripartismo como una alternativa al modelo económico neoliberal

Académicos de la FAE analizaron el TPP-11 y el Tripartismo como una alternativa al modelo económico neoliberal

Como una forma de aportar al debate de los problemas sociales que amenazan a Chile y que han sido fuertemente reclamados en las manifestaciones sociales de las últimas semanas, es que el Consejo del Departamento de Administración y el Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la FAE-Usach, realizaron una serie de “Conversatorios Ciudadanos” que examinaron diferentes temáticas relacionadas a nuestra actual coyuntura social.

El miércoles 20 de noviembre la profesora del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía, Marcela Vera, realizó un completo análisis del TPP-11, bajo el título “¿TPP-11: Oportunidad o amenaza para Chile?”.

En su presentación, Vera comenzó definiendo conceptos básicos para entender este acuerdo, como la globalización y el neoliberalismo. El Acuerdo de Asociación Transpacífico, más conocido como el TPP-11, está firmado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Su principal objetivo es reducir el rango de maniobra del Estado en la economía, dentro de una amplia gama de materias, entre ellas; económicas, comerciales, derechos sociales y culturales, dificultando la búsqueda de nuevas formas de autonomía nacional y de estrategias alternativas de desarrollo.

“Con este acuerdo se busca generar garantía para las inversiones transnacionales a través de acuerdos que superan el marco legal y el poder de decisión de los países. Así se genera un gobierno trasnacional que sobrepasa las soberanías nacionales y que permite el arbitraje externo”, explicó Marcela Vera a la audiencia.

La académica agregó que Chile ya tiene tratados internacionales con todos esos países, por lo tanto, “la rebaja arancelaria producto de este tratado es cero” argumentó.

A juicio de Vera, otra de las desventajas del TPP-11 es que éste no se ha sometido a una evaluación de impacto ambiental y social, ni menos a la consulta indígena, faltando a la normativa del convenio 69 de la OIT, dejando de lado a las comunidades locales.

“El gran problema, es que este tipo de tratados ata a Chile al modelo exportador primario, porque su estándar es que mientras las grandes potencias nos envían valor agregado, nosotros mandamos de vuelta, materias primas. Además, es una negociación que se realizó en silencio y el congreso aprueba o rechaza, pero sin la posibilidad de realizar cambios”, agregó.

El TTP-11 obliga a suscribir el convenio UPOV 91 que impide el libre intercambio de semillas, poniendo en riesgo el patrimonio genético y genera condiciones para la expansión de los cultivos transgénicos. Junto con esto, el tratado tiene un mecanismo que facilitará que la industria farmacéutica seleccione aquellas patentes que les permita mantener por más años un monopolio de venta en Chile de sus medicamentos innovadores, que tienen precios millonarios, impidiendo el acceso a sus genéricos.

“En palabras simples, un laboratorio que haga ingreso de un medicamento original en nuestro país se aseguraría que, mientras mantenga en videncia su patente, sus competidores genéricos no podrán ingresar al mercado”, concluyó Vera.

Tripartismo: un alternativa al modelo económico neoliberal

Por su parte, el día jueves 21 de noviembre, el académico del Departamento de Administración de la FAE, Héctor Toledo, realizó la charla denominada “Tripartismo: Una alternativa al modelo económico neoliberal”. En ella, el profesor comenzó realizando una explicación sobre el tripartismo como una forma de liderar una organización en tres sectores: gobiernos, organizaciones de empleadores y sindicatos.

“Esta forma de gobernar, tiene como fundamento el bien común y, al considerar al Estado, a los empresarios y a los trabajadores (sindicatos), garantiza una lucha por un bienestar para estos tres componentes de la sociedad”, puntualizó Toledo. 

El desarrollo, por lo tanto, proviene de tres generadores de riqueza que tiene una tri-institucionalidad con crecimiento para todos. “Esto trae consigo un real significado de desarrollo, con la torta bien repartida entre todas las instancias de la sociedad y con justicia social”, expresó el académico de la FAE.

Toledo puso como ejemplo a sociedades como la noruega, sueca, danesa, entre otras, que siendo países muchísimos más pequeños que Chile, hacen uso del sistema tripartito para tener un desarrollo destacado en Europa. Puso énfasis, además, en la administración de la economía, e hizo un llamado a mirarla no como lo enseña la teoría clásica, sino más bien desde la evolución de las sociedades.

Finalmente, Héctor Toledo hizo un llamado a los jóvenes presentes en el conversatorio, a estar atentos y ser quienes entiendan el funcionamiento de la sociedad basado en el bien común, pues serán ellos los encargados de continuar con los cambios que puedan lograrse de este movimiento social.

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