Adimark, empresa dedicada a estudios de mercados y opinión pública, dio a conocer los resultados de su encuesta sobre evaluación de la gestión gubernamental, correspondiente al mes de marzo. En ella la aprobación  de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, registró un mínimo histórico de 31 por ciento y una desaprobación que alcanza los 61 puntos porcentuales. El Gobierno no se queda atrás, pues el  65%  de quienes contestaron el sondeo, reprueba su labor.

Según Marcelo Mella, cientista político y Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, hay dos factores que determinan la caída del Ejecutivo en la encuesta. Primero, “sabemos que históricamente los Presidentes bajan en Chile hasta el tercer año, por lo tanto los semestres que tienen mayor desgaste son el primero del segundo y tercer año”, explica.

El segundo componente está marcado, según Marcelo Mella, por los problemas de corrupción o conflicto de interés “que finalmente le han quitado el apoyo blando que ha tenido la Mandataria en sus dos gobiernos”.   Ese respaldo -explica el académico- tiene que ver “con una credibilidad básica que la Presidenta genera, y que pone a su liderazgo en una situación muy distinta del resto de la clase política”, sentencia.

En ese sentido, algunos atributos personales de Bachelet, que siempre fueron bien evaluados por la ciudadanía, hoy inspiran rechazo. “Capacidad para enfrentar situaciones de crisis” y  credibilidad” con 51 % y 54 % respectivamente, son algunos de estos. Además, un 59% de los encuestados declara no confiar en la Presidenta. Significativa caída, pensando que en febrero pasado un 53% de quienes participaron en la medición, afirmaron lo contrario.

“Ese capital se encuentra erosionado seriamente por todos los sucesos que han ocurrido en el último tiempo”, dice Marcelo Mella. Agrega que el desgaste se produjo también, cuando el Gobierno no fue capaz de fijar una postura firme para salir de la crisis. “Hemos podido observar desde febrero hasta ahora, cómo la Presidenta ha oscilado entre apariciones que revelan el impacto personal que ha generado esta situación de crisis para ella, y lo que el país espera que sea una señal política robusta en términos de fortalecer la institucionalidad”, explica. 

Examen a la clase política

La clase política también fue objeto de escrutinio. 63 por ciento de los encuestados, desaprueba el trabajo de la Nueva Mayoría, y 74% el de la Alianza.  Poderes del Estado como el legislativo, también reprobaron. 75 por ciento de rechazo para el Senado y 77 para la Cámara de Diputados.

Los casos de corrupción política, acontecidos en el último tiempo, son de amplio dominio público. Según el sondeo, 97%, de quienes participaron, afirmaron conocer el ‘Caso Caval’ y 94% el ‘Caso Penta’. Asimismo un 74%  califica como “muy grave” al primero, y 86% piensa lo mismo del segundo. “Hoy en día tenemos una ciudadanía, no solamente en Chile sino en América Latina, bastante más sensible frente a estos temas”, dice Marcelo Mella.

La Nueva Mayoría y la Alianza también mantienen un bajo nivel de adhesión. 28 % y 16 % respectivamente grafican -según Marcelo Mella- una fuerte crisis en el relato de los partidos políticos, que repercute en su manejo. “Si usted  suma una falta de credibilidad transversal y una ausencia de relato o conducción de los partidos políticos, lo que tiene finalmente es un distanciamiento de la opinión pública respecto a la actividad política formal” afirma el investigador. Por eso -dice Mella- “no hay democracia fuerte sin partidos políticos fuertes”.

Como salir de la crisis

Frente a la relaciones irregulares entre dinero y política que se han hecho públicas recientemente, Marcelo Mella cree que lo que el país precisa son mecanismos fuertes y transparentes de financiamiento público para la actividad política,  “porque la ciudadanía tiene que entender que la democracia sana que se requiere, también necesita  un financiamiento estatal que equipare la  cancha entre los distintos jugadores, y con niveles superiores de transparencia de los que tenemos hoy en día”.

Abril ha sido denominado como ‘el mes del cerebro’, por lo que diversas instituciones desarrollan campañas de concientización respecto de la importancia que tiene prevenir los accidentes cerebro vasculares.

Según la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (Sonepsyn), el ataque cerebral es la primera causa de muerte en adultos en Chile, con más de ocho mil personas fallecidas cada año, lo que equivale a un muerto por cada hora.

El Dr. Eduardo Gallegos expresa que los factores de riesgo para el cerebro son similares a lo que afectan al corazón: la hipertensión arterial, la diabetes, las problemáticas de colesterol elevado, la obesidad y el sedentarismo. Es decir, los estilos de vida no saludables condicionan alteraciones a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos. Y eso, “favorece la producción de placas de colesterol que pueden terminar obstruyendo una arteria. También periten la producción de fenómenos embólicos que se originan en el corazón y que afectar a distancia el cerebro”.

Los factores de riesgo causan lesiones cerebrales, que conllevan a la generación de secuelas del orden cognitivo, es decir de las funciones intelectuales o comunicativas y motoras.

Añade el especialista que, si bien el cerebro es capaz de presentar problemas por falta de irrigación sanguínea -producto de la obstrucción de arterias-, también hay veces que las complicaciones son neurodegenerativas. Especifica que, por causas que no están muy claras, ciertas enfermedades producen la pérdida de neuronas en forma progresiva.

“La enfermedad de Parkinson  afecta zonas del cerebro, lo que es la sustancia negra, que son las que producen un neurotransmisor que llamado dopamina, cuyo déficit con el tiempo genera la enfermedad”, explica el médico geriatra.

Por lo mismo, mantener una vida llena de actividades intelectuales intensas, proclives al ejercicio mental o el desarrollo de redes sociales, produce la estimulación permanente del cerebro, lo que es sumamente positivo para contrarrestar las patologías. “Si a uno le toca un fenómeno de pérdida de neurona progresivo, que desemboque en estas demencias, en realidad uno va a tener cierto nivel de protección”, dice el Dr. Gallegos.

Agrega que “es importante considerar que cuando una persona tiene una vida activa -y sobre todo socialmente hablando-, genera una gama de influencias de bienestar,  que producen en una serie de sustancias químicas en el cerebro, que también traen un factor de protección”.

Síntomas y acción

Dificultades en el habla, ceguera fugaz y problemas motores, como pérdida de movilidad en alguna extremidad del cuerpo, son algunas de las patologías que sirven de alerta ante posibles complicaciones cerebrales. “Si uno ve a un paciente que tiene todo este tipo de factores, es un fuerte predictor de que en algún tiempo más puede presentar una complicación mayor”, dice el Dr. Gallegos.

“Hay pacientes que tienen déficit de función a nivel de alguna parte del cuerpo. Eso es claro signo de que hay alguna arteria cerebral que está con un nivel de circulación crítico y que se puede tapar definitivamente en algún momento y generar un fenómeno más catastrófico, que implique la muerte de una zona cerebral”, profundiza el experto.

Por eso, el Dr. Gallego es taxativo a la hora de especificar lo peligroso que puede ser para la salud no tomar cartas en el asunto. “Si la persona es hipertensa, diabética,  fumadora, obesa, sedentaria y con el colesterol muy alto, todos esos elementos constituyen un gran riesgo de infartos cardiacos o cerebrales”. Por eso aconseja a las personas a hacerse un chequeo preventivo que identifique si están presentes los factores de riesgo, así “van a proteger su cerebro de todas maneras”.

“Con el paso que estamos dando, Chile gana. Gana en el diálogo, los acuerdos, las reglas claras, y la solidez institucional. Pierden la confrontación, la desconfianza, el desequilibrio y la inestabilidad”, afirmó la Presidenta Michelle Bachelet el 29 de diciembre pasado, en el marco de la firma del proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales.

La iniciativa impulsada por el Gobierno incluye, entre otras medidas para mejorar la calidad de la negociación colectiva, que “los trabajadores aprendices en grandes empresas o los contratados para una obra o faena transitoria puedan negociar”, la asistencia técnica para desarrollar un acuerdo colectivo fluido y eficaz, y que respecto a la última negociación que el sindicato haya realizado, lo obtenido sea el piso para nuevas tratativas.

Además, se propone una relación de equilibrio entre las partes tratantes, donde se establece el derecho a paralizar de los trabajadores y la “imposibilidad del empleador de reemplazar los puestos de trabajo de quienes están en huelga, con trabajadores propios o externos a la empresa”.

El sindicato, será el único ente encargado de negociar. Si en una empresa existiesen varios, cada uno tendrá la potestad de buscar, de forma independiente, un acuerdo con el empleador. Asimismo, como la afiliación no es obligatoria, previo concierto entre las partes, los beneficios se extenderán para todos los empleados, pertenezcan o no a una asociación sindical.

Según el académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de nuestro Plantel, Diego Barría, la reforma que impulsa el Ejecutivo, representa un paso significativo para los trabajadores ya que les  otorga herramientas para establecer con el empresario mejores condiciones laborales. “De todas las reformas que ha habido en Chile, desde los noventa en adelante, ésta es la que más avanza en términos de dotar de capacidad a los sindicatos para poder negociar frente a los empleadores”, explica el investigador.

Debate Amplio

Sectores del empresariado han rechazado la iniciativa. Por ejemplo el Presidente de la Confederación de la Producción  y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, afirmó que el proyecto más que velar por los trabajadores, otorga más facultades a los dirigentes sindicales. “No va por el camino correcto- dijo Santa Cruz- en orden a que no se preocupa de los problemas de todos los trabajadores. Solo está preocupado de ver como le damos más atribuciones y espacio a la dirigencia sindical”.

Desde la oposición, hubo críticas para el proyecto. Por ejemplo, el diputado Patricio Melero de la Unión Demócrata Independiente calificó la iniciativa como “un retroceso para el objetivo fundamental que debiera tener una reforma que es generar más empleo para los chilenos”.  “Echamos de menos, derechamente, que se le hable a las personas que no tienen trabajo”, afirmó por su lado el parlamentario de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg.

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar. La Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, declaró que “lo que quiere este proyecto es que haya más diálogo. Hoy los grados de conflictividad  a nivel de negociación colectiva son altos porque el espacio de diálogo está mal planteado”, sentenció. Por su parte el Subsecretario del Trabajo Francisco Díaz, expresó que  la reforma y agenda laboral del Gobierno está pensada para todos “Lo que nosotros estamos haciendo es generar las condiciones para mayor productividad, competitividad a las empresas, sobre la vía de mejores acuerdos entre empresas y sindicatos. En ese sentido creemos que es una agenda para Chile”

Quiebre histórico

Dice Diego Barría que el proyecto de ley- que durante enero se tramitará en el Congreso- marca un quiebre respecto a las iniciativas que en esta materia se han realizado, pues “la discusión laboral principalmente después de la crisis asiática hasta el primer Gobierno de Bachelet siempre fue respecto a la flexibilización de las condiciones laborales para generar más empleo”, explica el académico.

Las críticas de la oposición al proyecto- cree Barría- van más por reencausar los temas a reformar, priorizando, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo. “La discusión que plantea la derecha es retomar esa agenda, es decir el empleo primero y después lo otro. Por eso- agrega el especialista- el proyecto del Ejecutivo “es un avance, y de cierta forma es una continuidad con el anterior Gobierno de Bachelet”.

Según Diego Barría, durante su primer mandato, Michelle Bachelet  tuvo una relación distante con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), porque priorizó la creación de comisiones de expertos para que la asesoraran en materia laboral. “Ella no se reunía con la CUT- dice el académico de la U. de Santiago- como  había ocurrido con los otros gobiernos de la Concertación, que cuando negociaban en esta materia, llamaban tanto a los empresarios como a las agrupaciones sindicales”.

“Bachelet aunque paradójicamente sacó a la CUT del mapa, Osvaldo Andrade su ministro del trabajo durante su primer época al mando del país, dio un giro en el discurso, dejó de hablar de flexibilización y empezó a hacerlo sobre derechos laborales”. Por eso- estima Barría- el proyecto que hoy se impulsa, “viene a materializar algo que se había insinuado solo discursivamente en el primer Gobierno de la Presidenta.

Finalmente, respecto a la tramitación del proyecto en el Congreso, Diego Barría cree que los problemas para aprobar el proyecto, más que surgir desde la oposición, podrían provenir de la coalición gobernante. “Dentro de la misma Nueva Mayoría es difícil, porque hay diversos sectores representados y quizás suceda como en las otras reformas, que cuando entran al Senado comienzan las discusiones”, finaliza.