Lee la nota en DiarioUsach.cl

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que en los últimos días y semanas, el Ministerio de Salud ha advertido que el número de casos nuevos contagiados con Coronavirus se ha mantenido entre 400 y 500. “Por lo tanto, podemos vislumbrar que estamos llegando a una meseta de casos nuevos y de casos confirmados”, aseguró.

Para el epidemiólogo y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Christian García, hablar de “meseta” en este momento es “arriesgado”. “Nunca podremos saber si estamos o no en el peak. Nos daremos cuenta después de una o dos semanas, cuando el número de casos sea consistentemente menor”, afirmó.

El ex Jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Minsal y académico del Magíster en Salud Pública de la Usach señaló que las disminuciones semanales debieran estar en el orden de los 150 a 200 casos para asegurar que el contagio ha disminuido.

De acuerdo a la subsecretaria Daza, el número de diagnósticos positivos para COVID-19 llegó este martes a 14.365, de los cuales un 44,8% se encuentran activos y 7.710 casos figuran como recuperados. Para el doctor García, las cifras están dando cuenta de un aumento importante de casos nuevos desde mediados de marzo.

“Tenemos variaciones diarias, pero lo que es consistente es que desde el 22 de abril en adelante hemos tenido 464 casos nuevos, 516, 494, 552, 473, 482 y 552. Es decir, que lo que establece esta semana es un número consistentemente mucho más alto en comparación a semanas anteriores”, concluyó.

“América Latina siempre ha sido un continente desigual en donde la mayoría de la población vive en la pobreza y Chile no es una excepción”, con esta frase el Dr. Julio Pinto, académico de nuestra Universidad y Premio Nacional de Historia 2016, inició su análisis sobre la crisis social que hoy enfrenta nuestro país.

El académico agregó que el principio del conflicto se basa en una máxima: “No es lo mismo pobreza que desigualdad. Un país puede ser uniformemente pobre sin ser necesariamente desigual, como el caso de Haití, en donde existen índices de pobreza altos, pero no hay tanta desigualdad como en Chile. Acá el ingreso está muy mal distribuido y eso no se ha corregido, todo por el contrario ha tendido a avanzar”, explicó.

Históricamente la desigualdad ha sido el problema

¿Cuáles son las decisiones políticas que generan esta desigualdad en términos de ingresos?

Un sistema económico entregado exclusivamente a las fuerzas del mercado, tiende a profundizar las desigualdades y eso está demostrado científicamente. Para evitar que una economía de mercado produzca ese efecto, tiene que haber una intervención que solo puede ser realizada por el Estado, que como representante de la comunidad tiene que hacer esa redistribución parcial de la riqueza para que no existan brechas tan grandes entre los que más tienen y los que menos.

¿Pueden compararse la Revolución de la Chaucha de 1949 y la Batalla de Santiago en 1957, con lo que en la actualidad ocurre en nuestro país?

Chile, contrariamente de lo que se piensa, ha tenido una historia vinculada a los estallidos sociales y casi todos motivados por malestares relacionados a la pobreza y la desigualdad. En 1888 hubo un motín urbano por alza del transporte público, donde la población se reveló con expresiones de violencia muy parecidas a las hoy. La revuelta de la Chaucha y el motín de Santiago, también tienen esa particularidad. Lo de hoy no es excepcional, pero si algo que nos muestra que no somos un país tan estable, armónico y satisfecho como lo creíamos.

La ciudadanía está pidiendo una nueva carta magna, en este contexto  ¿se puede decir que es la Constitución del 80  la que sienta las bases de todo el conflicto actual?

No lo es en sí misma, pero sí lo es como expresión de un modelo de convivencia económica y social. La Constitución del 80 lo que hace es sacralizar en Chile un modo de organizarnos como sociedad, donde el “mercado” toma las grandes decisiones y el Estado solo tiene un papel secundario. Entonces, si estamos hablando de cambiar el modelo económico y social en forma significativa, tenemos que cambiar la Constitución. Es por esto que los partidarios del modelo y de la dictadura la defienden tanto; es la llave maestra que hace que todo funcione.

Fenómenos sociales y estrategias

En este sentido, ¿Qué fenómeno social ha podido observar en estos días de estallido social?

La sociedad se ha repolitizado, ha asumido el rol que le corresponde en el debate público y cualquier cambio para bien implica que eso se prolongue en el tiempo y no que acabe cuando terminen las marchas.

El Presidente Piñera está apostando a la estrategia que utilizó Macron en Francia con los chalecos amarillos, ¿Se corre el mismo peligro al dejar en manos de cabildos no vinculantes las demandas de la ciudadanía?

Hay que partir de la base que el Gobierno no quiere que se hagan cambios estructurales en el modelo económico y social. A pesar que el Gobierno se manifiesta como una derecha democrática, cuando se sienten amenazados su reflejo automático es sacar a los militares a la calle. En cuanto a los cabildos, nacen espontáneamente desde la sociedad y qué hace el Gobierno, tratar de apoderarse de la iniciativa. Hay que tener claro que ellos siempre harán lo imposible por defender las bases del modelo y solo van a ceder ante la presión social.

¿Usted tiene confianza en lo que pueda conseguir este movimiento social?

Tenemos que tener claro que no se va a conseguir todo. El Estado de Bienestar europeo surge a raíz de protestas sociales que finalmente desembocan en un Pacto Social, en donde los sindicatos, las organizaciones sociales dicen vamos aceptar seguir viviendo en el capitalismo, pero a cambio de concesiones reales en salarios, previsión, educación y más. Insisto en que este sería el escenario más favorable en donde la sociedad organizada obligue al Gobierno a hacer cambios un poco más profundos.

Durante la semana se ha escuchado la posibilidad de realizar paros nacionales, ¿Qué rol podrían jugar en este proceso político que estamos viviendo?

Los paros son una forma de presión social cuando realmente los sindicatos tienen mucha fuerza. El problema en Chile es que estamos hablando de una fuerza laboral atomizada y precarizada. Ahora, si sectores económicos estratégicos (cobre, petróleo, portuarios) se sumaran al paro su efecto sería mayor, pero estamos hablando de trabajadores que provienen de sectores que presentan mayores ingresos, entonces ahí se requeriría un mayor compromiso político de parte de esos actores y que no siempre lo tienen.

Escenarios posibles

¿Se podría diluir el movimiento social al no tener un interlocutor específico?

Dependerá de las decisiones que se tomen y de las movidas que cada actor social realice. El escenario más duro sería que el Gobierno vuelva a decretar un estado de emergencia y desate una ola represiva mayor de la que ya vimos y eso aún es latente. Un segundo escenario, que creo es a lo que está apuntando el Gobierno, es el del desgaste. La idea sería realizar concesiones menores, a medida que el movimiento se debilita, el resto queda aislado y finalmente se disipan solos.

Y ¿cómo concebiría  los otros escenarios?

Otro del que no soy muy optimista, es que la oposición aproveche este contexto para recuperar su condición de legítimo portavoz de los sectores que están descontentos con el sistema y que fuercen al Gobierno a realizar concesiones más de fondo. Finalmente, el escenario que sea la Mesa de Unidad Social, la que asuma el papel de interlocución y conducción de este proceso y que llegue a cambios más de fondo, creo que sería el escenario más favorable.

El Gobierno anunció a fines del mes pasado el proyecto de Ley Anti-amedrentamientos para evitar los llamados “funerales narcos”. El proyecto busca tipificar como delito la posesión, uso, tenencia o porte de artículos pirotécnicos (actualmente, solo es una infracción), aplicando una sanción que iría desde los 61 días hasta los cinco años de prisión, en caso que hayan agravantes, como que turben la tranquilidad pública, pongan en peligro de la seguridad de terceros o infundan temor en la población.

Para la experta en seguridad ciudadana y académica de la Universidad de Santiago, Dra. Lucía Dammert, esta iniciativa “atiende más bien a una necesidad comunicacional conocida como populismo punitivo, donde ante la presencia de ciertos hechos que provocan conmoción ciudadana, los Gobiernos responden con propuestas de ley que endurecen las penas, aumentan niveles de castigo, proponen prisión efectiva, pero no resuelven necesariamente el problema de fondo”.

A juicio de la especialista, que se desempeñó como asesor experto en el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos y miembro del Consejo Asesor de la ONU en Asuntos de Desarme, el verdadero problema no es este hecho puntual, sino el narcotráfico en general, el cual se resuelve con una efectiva persecución penal del Ministerio Público y un mejoramiento en los mecanismos de capacitación e inteligencia de las policías, para que puedan adelantarse a la realización de estos hechos.

“La mayoría de las iniciativas de política de seguridad que se concentran en mecanismos más bien jurídicos, de aumento de penas de cárcel, tienen una vocación comunicacional efectista, de cambiar la percepción política para hacer ver fuerte a un Gobierno”, explica. “El Gobierno ha visto la necesidad y se ha encontrado además con una coyuntura política donde esta discusión puede sacar del centro otras discusiones”, considera la socióloga, Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden (Holanda).

Según la Dra. Dammert, ya existen herramientas de gestión y política pública para regular el porte, registro e ingreso de armas, por lo que una propuesta de ley en este sentido resulta innecesaria. “En los narco entierros pareciera no haber la inteligencia para reconocer la información que a nivel territorial es muy conocida. Cuando hay un evento de este tipo, los vecinos ya saben que va a ocurrir. Lo llamativo es que estos sepan y la policía no. Lo que se requiere es más presencia policial en las calles y alertas tempranas desde el Ministerio Público y las policías”, insiste.

Finalmente, “en el caso chileno, donde los niveles de esto son bajos y el fenómeno es acotado, uno esperaría no necesitar de un protocolo especial para hacer la labor que las policías tienen que hacer. Si tanto ellos como la Fiscalía lo hacen, este no debiera ser un problema mayor", concluye.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró haberle ordenado al general director de Carabineros, Mario Rozas, a que intervenga más directamente en los llamados funerales narcos, por el uso ilegal de armas y fuegos artificiales. En conversación con diario La Tercera, el secretario de Estado indicó que las instrucciones que le dio son “actuar de forma directa y oportuna, siempre que haya una infracción de ley, y en estos casos sí existen infracciones de ley y delitos flagrantes”.

Para el experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, la intervención directa de Carabineros puede terminar siendo contraproducente ya que, potencialmente, podría aumentar aún más los niveles de violencia que afectan a la población en este tipo de situaciones, al poner en tensión a las fuerzas policiales con grupos organizados con armas de fuego. Para el ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, la mejor solución es establecer un protocolo que defina acciones preventivas.

“Si Carabineros interviene en una población, es muy probable que se provoque una balacera, lo que podría terminar con la vida de un inocente. Es un criterio de prudencia, porque hay una situación crítica donde hay mucha emocionalidad de por medio, lo que puede redundar en un daño mayor”, explica Araya. El especialista reconoce que ello provoca una sensación de inseguridad, pero insiste en que para reducirla “me parece prudente que exista un protocolo definido para que las policías sepan cómo actuar en pos de proteger a la población”.

De acuerdo a Araya, un protocolo de estas características debe considerar un control de identidad a quienes participan en estas convocatorias, revisión de sus autos para cerciorarse de que no tengan encargo por robo, controlar el uso de armas y fuegos artificiales, y limitar y definir el trayecto que contemplan para ir hacia cementerios, a fin de que no se tomen las calles. “El control a quienes asistan debe hacerse en un entorno o cuadrante exterior, tratando de evitar una confrontación directa”, afirma.

Finalmente, considera que las policías deben recibir una capacitación especial para abordar este tipo de situaciones conflictivas. “Carabineros tendrá que preparar a su personal, ya que un protocolo dará indicaciones, pero el personal tendrá que tener un criterio claro con apoyo de la Fiscalía al momento de realizar controles de detención y operativos, lo que ciertamente provocará tensión”, concluye.