Política

Expertos critican envío de informe Big Data del Gobierno al Ministerio Público

Expertos critican envío de informe Big Data del Gobierno al Ministerio Público

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sostuvo que un informe Big Data fue compartido al Ministerio Público para entregar “elementos de contexto que pudiesen facilitar las investigaciones penales, pero no constituyen pruebas”. El reporte analiza tendencias y comportamientos en las redes sociales con respecto a hechos suscitados en el marco del estallido social. En ese sentido, apunta a aficionados al K-Pop y a Mon Laferte, entre otros actores.

El abogado experto en derecho penal y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Boldt, reconoció que los intervinientes en un juicio, por lo general, aportan antecedentes que no necesariamente son pruebas. Sin embargo, considera ilógico que dichos antecedentes se acompañen sin la intención de que sirvan para constituirse en dichas pruebas. 

“Lo que dice Blumel es que presentan un antecedente que ni ellos le tenían mucha fe, pero prefirieron entregarlo”, afirmó. “Lo que le interesa al juez son antecedentes que le permitan comprobar un hecho completo constitutivo de delito y quién tuvo participación en ese hecho. Este informe pareciera no satisfacer ninguna de esas dos preguntas: si existió el hecho y quién lo cometió”, explicó Boldt.

De acuerdo al Máster en Derecho Penal, este reporte no resulta útil porque lo que se investiga son hechos concretos y específicos de vandalismo e incendio, mientras que el informe solo arroja tendencias. “En un rango muy amplio, define qué tipo de personas estarían involucradas generalmente en ciertos tipos de hechos, lo que resulta demasiado genérico como para ser ocupado en un proceso penal”, enfatizó.

A juicio del sociólogo y académico de la Usach, Alberto Mayol, el informe termina concluyendo que los actos de violencia asociados a las manifestaciones están en correlación con ciertos actores, y aumentan cuando se incrementa la aparición de estos últimos.

Sin embargo, “estas correlaciones pueden ser espurias, sucias y no significar lo que creemos. Puede haber más variables intervinientes y estos resultados pueden ser meras casualidades” advirtió el sociólogo, que ha trabajado en investigaciones utilizando Big Data.

Finalmente, el Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, Dr. René Jara, consideró “curioso” que se haya instalado la idea de que se puede realizar investigación penal a partir de Big Data, cuando el uso que se les da a estos datos por lo general es para establecer climas de opinión y emociones.

“Quien señala por redes sociales que irá a quemar un banco, no necesariamente lo va a hacer. Existe un comportamiento online, en las plataformas, y otro offline, fuera de estas”, afirmó el periodista. No obstante, “cuando se comunica este informe, se hace como si fuera una evidencia”, criticó el doctor en ciencia política.

Consulta Municipal y el voto ciudadano: ¿por qué algunos/as residentes quedaron fuera de este derecho?

Consulta Municipal y el voto ciudadano: ¿por qué algunos/as residentes quedaron fuera de este derecho?

A dos años de las últimas elecciones presidenciales, en Chile se vivió un inédito proceso ciudadano: la  Consulta Municipal que convoco a más de 200 municipios, cuyo objetivo principal fue preguntar a la ciudadanía acerca del cambio constitucional. Este proceso consultivo permitió, además, que los gobiernos locales identificaran las principales necesidades de la población residente en temas institucionales, agenda social, regionales y locales.

Es reconocible el carácter inédito de este proceso: en primer lugar porque por primera vez se acuerda en el nivel local realizar una consulta ciudadana de esta índole, aunando esfuerzos desde  la institucionalidad, los gobiernos locales, las universidades, las organizaciones de base, la comunidad cívica; y en segundo lugar porque, parte de la votación, fue mediante una modalidad de voto electrónico y presencial. 

¿Quiénes podían votar?, al igual que en todos los procesos eleccionarios, el padrón para esta consulta habilitaba a todos los ciudadanos que tuvieran 18 años, pudiendo ampliarse el rango de personas entre 14 y 18 años de acuerdo a la decisión de cada municipio,lo que lamentablemente no todos los gobiernos locales hicieron. Esta demanda desde la sociedad civil era importante ya que parte del estallido social ha sido promovido desde sus inicios por jóvenes secundarios.

Sin embargo, un punto no menor fue que el Servicio Electoral cerró el padrón electoral a diciembre del año 2017, por lo cual al estar desactualizado, quedó un colectivo de personas sin poder votar: todas las personas extranjeras que contaban con los requisitos de residencia en Chile, pero que sin embargo, por la desactualización del padrón quedaron sin este derecho.  Por ello, cabe preguntarse en este momento en que estamos redefiniendo un nuevo marco social para nuestro país,  ¿quién ostenta actualmente los plenos derechos políticos en Chile? La Constitución que aún nos rige, hecha en dictadura, nos muestra que la plenitud de estos derechos está relegada a la ciudadanía basada en la nacionalidad.

El derecho a tener derechos, no sólo sociales y económicos, sino también políticos plenos, incluye que personas extranjeras residentes en el país puedan votar en temas que incumben a la vida cotidiana y que trascienden las decisiones individuales. Esto es parte del ejercicio ciudadano. Entonces, ¿por qué no reconocer estos derechos a quienes viven en nuestros barrios, hacen uso de los medios de transporte, regeneran los espacios públicos comunitarios, tienen a sus hijos/as en los colegios comunales, que tributan y se atiende en consultorios médicos, quienes trabajan y contribuyen al desarrollo del país, y que por sobre todo son parte de una nueva comunidad barrial, independiente de donde hayan nacido?  Claramente creemos que debe asegurarse su derecho a opinar y ser parte de las decisiones mediante el instrumento político del voto, acerca de las problemáticas y decisiones que el municipio toma respecto de su entorno, como también a largo plazo, sobre lo que esperamos construir como país.

Las personas que han migrado y que hoy residen en los barrios de las comunas de Chile, aportan día a día de diferente forma. Y no sólo debemos pensar en una visión instrumental de la inmigración como mano de obra, sino desde sus respectivos marcos culturales contribuyendo a la diversidad de los modos de construcción de ciudadanía.  Existe un valor símbolo en el habitante migrante, no únicamente con la materialidad de su producción como agente económico, sino más bien referido al proceso de significación de la vida social en las comunidades barriales y en la sociedad.

Estamos en un momento histórico que implica repensar la forma de relación social, y esto implica incluir a todos/as quienes vivimos en el mismo territorio. El proceso constituyente que estamos abriendo no puede ser visto como un inicio, sino una meta que implique una mayor democratización de la sociedad. Cambiar los restringidos límites de la ciudadanía es una tarea importante, sobre todo considerando a aquellas personas que no nacieron en el país, pero que de hecho participan en la construcción social, cultural, económica y política de nuestra sociedad.

Analistas Usach estiman que informe ONU golpea al Gobierno de Piñera y deja expuesta la imagen país

Analistas Usach estiman que informe ONU golpea al Gobierno de Piñera y deja expuesta la imagen país

Luego que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas publicara su informe constatando “un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos; en Chile, académicos de la Universidad de Santiago evaluaron el peso en la imagen internacional que este reporte de 35 páginas puede causar al país y al Gobierno de Sebastián Piñera.
 
Al respecto, el académico de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, Juan Ignacio Chacón, explicó que, si bien, el informe de la ONU no es vinculante, “tiene un peso a nivel internacional bastante específico, en el sentido de que expone a un país como Chile ante la comunidad mundial en torno a las violaciones a los derechos humanos de la forma en que las califica: existentes, reiteradas y consistentes en el tiempo”. 
 
Añadió que “si bien los otros informes también exponen ciertas situaciones de violación a los derechos humanos que, como tal, tienen un peso bastante grande dentro de la comunidad internacional, no están inscritas dentro de un organismo internacional como la ONU, que es un foro donde participan todas las naciones”, detalló el académico, agregando que, “los anteriores informes fueron hechos por ONG’s por su cuenta, organizaciones muy respetadas por cierto, pero que no están dentro de un espacio donde se discuten materias de derecho a nivel global”.
 
En paralelo, el doctor en Ciencia Política y académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de nuestra Universidad, Raúl Elgueta, sostuvo que, tras el reporte del Alto Comisionado de la ONU, “el Gobierno queda perdiendo 5 a 1 en el tema Derechos Humanos". 
 
“Perdió con los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y con la acusación contra el exministro del Interior. Recién logró salvar, por un tema de estabilidad, la acusación contra el Presidente”, detalló.
 
Raúl Elgueta consideró, además que, luego de los cuestionamientos de organismos internacionales, “no queda golpeado Chile sino el Gobierno y, a nivel latinoamericano, el proyecto de derecha que se mostraba como más democrático, alternativo al socialismo del siglo XXI. Ese proyecto de derecha hoy se ve desafiado”, precisó.
 
“Esto es una mala noticia para las derechas latinoamericanas, porque los daños van a ser serios. Ahora será bien difícil ejercer una voz importante, potente, de condena a violaciones a los derechos humanos en otros países de América Latina como Venezuela o Cuba, cuando se tiene esta situación en el país”, afirmó el académico del IDEA de la Universidad de Santiago de Chile.

Expertos en procesos constituyentes compartieron su experiencia de encuentros locales autoconvocados

Expertos en procesos constituyentes compartieron su experiencia de encuentros locales autoconvocados

Con el objetivo de entregar elementos que consoliden la discusión y visibilicen las demandas sociales que podrían orientar el rol de la Universidad de Santiago frente al nuevo proceso constituyente, se efectuó un interesante conversatorio que reunió a integrantes de los diferentes estamentos de nuestra Casa de Estudios.

En la charla denominada “Primeros pasos en el camino hacia una nueva Constitución: Diagnóstico desde los Encuentro Locales Autoconvocados ELA 2016”, participaron la Dra. Pamela Figueroa, académica de la Usach e integrante de la Comisión Técnica para una nueva Constitución; la Dra. María Cristina Escudero, Académica de la U. de Chile, integrante del Comité de Sistematización del proceso constituyente 2016 y  el Dr. Claudio Fuentes , director del CEAR de la U. Diego Portales, encargado de la sistematización de los Encuentros Locales Autoconvocados - ELA 2016.

Proceso constituyente 2016

Fue un modelo de cambio constitucional que incorporó la participación pública incidente en el marco de la institucionalidad vigente, -no vinculante, pero si participativo y deliberativo - en donde los actores claves fueron la ciudadanía, el Gobierno, el Consejo Ciudadano Observador (CCO), el Comité de sistematización y los facilitadores.

La metodología utilizada llevó por nombre Convergencia Deliberativa y constaba de cuatro niveles “El primero, en donde aparecían la participación social y el encuentro local; un segundo, en donde se ubicaba el Cabildo Local; el nivel tres de los Cabildos Regionales y uno último de las Bases Ciudadanas”, comentó la Dra. María Cristina Escudero.

En cuanto a la importancia del proceso, la académica de la U. de Chile, destacó que “los cabildos dejaron precedente, porque al producirse el estallido social de octubre la gente se autoconvocó inmediatamente. Y lo otro, es que si la clase política se hubiese dado el tiempo de leer con atención los datos y opiniones que surgieron, nos habríamos ahorrado bastantes problemas” aseguró.

Para la Dra. Pamela Figueroa, “una de las cosas más positivas que nos quedaron del proceso constituyente del 2016, es que le perdimos el miedo a la participación. Antes se pensaba que esto no era posible y que además no podíamos tener un resultado incidente producto de esa participación”, recordó.

Recalcó que los resultados arrojaron aspectos sociodemográficos interesantes: “uno fue que los jóvenes participaron masivamente en la consulta individual, a través de una metodología distinta que les permitió utilizar sus teléfonos para expresarse, pero también que - producto de la flexibilización de las estructuras- las mujeres aumentaron su participación”.

Los expertos agregaron que no todo fue fácil, aún más en los procesos de discusión. “Recuerdo que cuando tenía que ir al Comité de Observadores me llamaba la atención el temor que había, especialmente en los constitucionalistas en abrir los espacios para la participación de la gente en la construcción de la Constitución” aseveró el Dr. Claudio Fuentes.

Otro de los problemas fue la sistematización de las opiniones de los cabildos en donde participaron sobre 200 mil personas a lo largo del país. “Encontré excelente que existieran muchos cabildos, pero lo que me preocupaba era que no había uniformidad en la manera de sistematizarlos, porque si existen resultados equivalentes uno podrá generarlos como una herramienta de movilización, de poder, de expresión” señaló Fuentes.

Comisión Técnica Actual

La Dra. Pamela Figueroa se refirió al estado actual de la Comisión Técnica para el proceso constituyente indicando que “somos 14 las personas que estamos desarrollando el proyecto de reforma constitucional que permita el plebiscito, la convención y el plebiscito de salida. Nuestra intención es que la convención sea mixta o 100% electa, tengan las dos las posibilidades democráticas de incorporar estos distintos aspectos”, precisó.

Añadió que la idea es que vaya teniendo incidencia el tipo de participación ciudadana como el que se dio en los cabildos; ver el desarrollo de las reuniones técnicas, el cómo se sistematizará el proceso, porque los cabildos se han generado de manera espontánea y no tienen una metodología única.

“La idea de la sistematización vino después de crear una metodología, que es distinto a como se hizo el proceso en el 2016, porque como decía el profesor Fuentes no era solo sacar una muestra como lo hacemos los cientistas sociales, sino que había que sistematizar todo”.

Finalmente indicó que lo que faltó en el proceso constituyente del gobierno de Michelle Bachelet fue el acuerdo político, “porque hubo muchos sectores políticos del país que no querían avanzar para alcanzar una nueva Constitución y eso el día de hoy ya se ganó, incluso los partidos conservadores de derecha están en esa posición”, concluyó.

 

 

Abogado Fernando Atria: “La Constitución del 80’ instauró una política incapacitada de dar respuestas a la ciudadanía”

Abogado Fernando Atria: “La Constitución del 80’ instauró una política incapacitada de dar respuestas a la ciudadanía”

“Nueva Constitución y Proceso Constituyente” tuvo por nombre la jornada en donde el reconocido abogado constitucionalista, Fernando Atria, expuso y compartió su visión respecto a las demandas por cambios estructurales en la forma de hacer política en Chile.

La actividad fue encabezada por Mónica Palacios, jefa de la carrera de Terapia Ocupacional, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad, quién manifestó su satisfacción al contar con el Espacio Isidora Aguirre totalmente repleto de asistentes, lo que demuestra- dijo- que la comunidad Usach está interesada y comprometida en esta causa transversal.

“Por primera vez en 30 años en Chile estamos debatiendo abiertamente y hemos empezado a vivir una real democracia donde podemos decir lo que pensamos, lo que sentimos y como soñamos el país que queremos construir”, señaló.

La docente también se refirió a la Asamblea Puriestamental, que hoy se presenta como la Comunidad UTE-Usach, donde “se ha levantado una propuesta de proceso constituyente interno, al mismo instante de comprometernos como actores sociales frente a lo que ocurre en el país”, concluyó.

Conferencia de Fernando Atria

El destacado abogado constitucionalista comenzó su exposición refiriéndose a la Constitución del 80’, Carta Magna concebida en dictadura “fue originalmente la solución a un problema que tenía el régimen militar y este era cómo evitar que el poder que iba a llegar después de Pinochet, tuviera herramientas para derrumbar el modelo económico neoliberal”.

Atria agregó que “si bien la Constitución de 1980 no negó explícitamente el principio democrático, si estableció una política incapacitada para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, lo que generó una progresiva deslegitimación, que es uno de los factores más relevantes del porqué la gente hoy está manifestándose en las calles”.

Orígenes del Estallido social

Según el abogado constitucionalista, en un comienzo el tema de una nueva Carta Fundamental no estaba intrínseco en las demandas del movimiento social, “estas quejas nacen por la Indignación, el abuso y la deslegitimación de la política institucional; en la unión de ellas está la Constitución. Hay quienes dicen que la gente está exasperada por la política, pero que su problema no es la Constitución. Esto es absurdo porque la Constitución es la decisión que hace que la política sea como es. Es decir, una decisión fundamental de la conformación de la política” indicó.

Acuerdo político

El abogado Fernando Atria, añadió que el acuerdo por una nueva Constitución, fue una conquista del movimiento social que presionó al poder político y logró cuestionar y debilitar la institucionalidad vigente. “Este acuerdo, que no fue logrado por los dirigentes políticos, sino que, por el pueblo movilizado, abre una oportunidad que no habíamos tenido en 30 años”, precisó.

Agregó que este pacto “no es el ideal, pero sí abre por primera vez la oportunidad para deshacernos de la Constitución de Pinochet y tener otra creada en democracia, cuya finalidad no sea inutilizar la política democrática como ocurre hoy, sino que darle poder a la gente para definir cómo es el Chile que queremos vivir”.

Proceso Constituyente

El plebiscito se realizará en abril del próximo año, y será la ocasión para que la ciudadanía elija si quiere o no una nueva Constitución y de pasó decidir si prefiere una Convención Mixta, (parlamentarios y la gente) o una Constitucional (Asamblea Constituyente Popular). Si se decide por una nueva Constitución, al mismo tiempo en que se realicen las elecciones municipales y de gobernadores (octubre 2020) se elegirá a los integrantes de la Asamblea Constituyente. Concluida la elaboración de esta nueva Carta Magna se aprobará en un nuevo plebiscito.

El académico se refirió a los resistidos 2/3, indicando que “en la Constitución de 1980 el quórum de 2/3 otorgaba un poder de veto al sector político que la redactó impidiendo que las mayorías democráticas la reformen. En contraste, en la Constituyente hace que la Constitución sea el producto de la voluntad de las grandes mayorías, porque es parte de una hoja en blanco que no da ventaja a ningún sector político en particular”, sostuvo.

En este mismo contexto, precisó que aún hay cosas pendientes por definir, entre ellas “cómo se va elegir esa Convención Constitucional. El acuerdo dice que será conforme al sistema electoral que se aplica para la Cámara de Diputados. Si eso fuera así, va a ser una Convención sin paridad de género, sin cupos reservados para los pueblos originarios y la mayoría serán aliados de los partidos políticos. Esas tres condiciones son cosas que creo minarían la legitimidad de la Asamblea Constituyente”, concluyó el abogado constitucionalista.
 

Día 41 del estallido social

Día 41 del estallido social

La revolución ucraniana duró 93 días, gatillada por un grupo de estudiantes que protestaron por la decisión política de no integrarse a la Unión Europea. Las y los ciudadanos querían otra cosa y se tomaron Maiden (una plaza en Kiev) y pasaron el invierno (- 7 grados) luchando cuerpo a cuerpo contra las balas y la brutalidad de una policía decidida a matar con tal de mantener un orden ficticio. La clase política de Ucrania no lograba entender, andaban siempre en la retaguardia, y tenían menos valor que sus representados. Cuando comunicaban los resultados a las bases, eran alentados a volver a las negociaciones con el Gobierno de manera urgente, porque el frío congelaba la paciencia. El Presidente dimitió, la revolución se sofocó a medias, la herida quedó y el país retomó un camino de transición lleno de complejidades. El documental está en Netflix, se llama “Winter of Fire”, y es estremecedor.

Plaza de Curicó, ciudad en calma, mañana del día 37 desde el llamado “estallido social”. Me invitan a un conversatorio sobre mujer y política. Hay 2 hombres y varias mujeres, entre los 17 y 75 años. Profesionales, trabajadoras, estudiantes, independientes, militantes. Hablamos de discriminación, de desigualdad, de derechos diferenciados dependiendo si naciste mujer u hombre. De colegios y liceos donde nunca les enseñaron educación cívica, pero sí les enseñaron a obedecer porque sí, sin aprender a pensar críticamente o a respetarse por ser personas en vez de imponer la discriminación por ser hija de madre soltera, o hijo de padres separados.

Una de las dirigentes estudiantiles critica a los partidos políticos, pero no a la política. Critica la manera como los grupos se adueñan de los partidos, y no hacen las cosas de manera transparente ni participativa, y menos con equidad de género. Ella tiene 19. Y quiere llevar el apellido de su mamá porque su papá nunca ha estado. Es dulce y luchadora, firme en sus convicciones y dispuesta a conversar para encontrar zonas comunes.

A todas esas mujeres les gusta la política, pero no la lógica de los partidos. Tienen interés en sus territorios, pero no tienen espacios para participar. Están atentas al acuerdo suscrito por los partidos, pero no les creen porque no las consideran, ni como mujeres ni como independientes. ¿Puedes participar en el proceso constituyente si eres mujer, joven, de región e independiente? ¿Y si además perteneces a un pueblo originario? ¿O tal vez puedes participar, pero nunca saldrás elegida? ¿Estas reglas del acuerdo actual son estructuras antiguas intentando resolver problemas nuevos?

En Ucrania la clase política iba como 100 metros atrás de las personas, temerosos y sin conducta. Aquí seguimos discutiendo unas verdades que sirvieron en los ’90, pero que ahora necesitan renovarse y abrirse a una real participación, sin condiciones ni frenos, ni amenazas de lecturas simplistas. Tenemos una fractura como país de una complejidad mayor, que no se arregla con un acuerdo basado en creencias de grupos políticos que les ha costado tanto modernizarse.

Académicos de la FAE analizaron el TPP-11 y el Tripartismo como una alternativa al modelo económico neoliberal

Académicos de la FAE analizaron el TPP-11 y el Tripartismo como una alternativa al modelo económico neoliberal

Como una forma de aportar al debate de los problemas sociales que amenazan a Chile y que han sido fuertemente reclamados en las manifestaciones sociales de las últimas semanas, es que el Consejo del Departamento de Administración y el Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la FAE-Usach, realizaron una serie de “Conversatorios Ciudadanos” que examinaron diferentes temáticas relacionadas a nuestra actual coyuntura social.

El miércoles 20 de noviembre la profesora del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía, Marcela Vera, realizó un completo análisis del TPP-11, bajo el título “¿TPP-11: Oportunidad o amenaza para Chile?”.

En su presentación, Vera comenzó definiendo conceptos básicos para entender este acuerdo, como la globalización y el neoliberalismo. El Acuerdo de Asociación Transpacífico, más conocido como el TPP-11, está firmado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Su principal objetivo es reducir el rango de maniobra del Estado en la economía, dentro de una amplia gama de materias, entre ellas; económicas, comerciales, derechos sociales y culturales, dificultando la búsqueda de nuevas formas de autonomía nacional y de estrategias alternativas de desarrollo.

“Con este acuerdo se busca generar garantía para las inversiones transnacionales a través de acuerdos que superan el marco legal y el poder de decisión de los países. Así se genera un gobierno trasnacional que sobrepasa las soberanías nacionales y que permite el arbitraje externo”, explicó Marcela Vera a la audiencia.

La académica agregó que Chile ya tiene tratados internacionales con todos esos países, por lo tanto, “la rebaja arancelaria producto de este tratado es cero” argumentó.

A juicio de Vera, otra de las desventajas del TPP-11 es que éste no se ha sometido a una evaluación de impacto ambiental y social, ni menos a la consulta indígena, faltando a la normativa del convenio 69 de la OIT, dejando de lado a las comunidades locales.

“El gran problema, es que este tipo de tratados ata a Chile al modelo exportador primario, porque su estándar es que mientras las grandes potencias nos envían valor agregado, nosotros mandamos de vuelta, materias primas. Además, es una negociación que se realizó en silencio y el congreso aprueba o rechaza, pero sin la posibilidad de realizar cambios”, agregó.

El TTP-11 obliga a suscribir el convenio UPOV 91 que impide el libre intercambio de semillas, poniendo en riesgo el patrimonio genético y genera condiciones para la expansión de los cultivos transgénicos. Junto con esto, el tratado tiene un mecanismo que facilitará que la industria farmacéutica seleccione aquellas patentes que les permita mantener por más años un monopolio de venta en Chile de sus medicamentos innovadores, que tienen precios millonarios, impidiendo el acceso a sus genéricos.

“En palabras simples, un laboratorio que haga ingreso de un medicamento original en nuestro país se aseguraría que, mientras mantenga en videncia su patente, sus competidores genéricos no podrán ingresar al mercado”, concluyó Vera.

Tripartismo: un alternativa al modelo económico neoliberal

Por su parte, el día jueves 21 de noviembre, el académico del Departamento de Administración de la FAE, Héctor Toledo, realizó la charla denominada “Tripartismo: Una alternativa al modelo económico neoliberal”. En ella, el profesor comenzó realizando una explicación sobre el tripartismo como una forma de liderar una organización en tres sectores: gobiernos, organizaciones de empleadores y sindicatos.

“Esta forma de gobernar, tiene como fundamento el bien común y, al considerar al Estado, a los empresarios y a los trabajadores (sindicatos), garantiza una lucha por un bienestar para estos tres componentes de la sociedad”, puntualizó Toledo. 

El desarrollo, por lo tanto, proviene de tres generadores de riqueza que tiene una tri-institucionalidad con crecimiento para todos. “Esto trae consigo un real significado de desarrollo, con la torta bien repartida entre todas las instancias de la sociedad y con justicia social”, expresó el académico de la FAE.

Toledo puso como ejemplo a sociedades como la noruega, sueca, danesa, entre otras, que siendo países muchísimos más pequeños que Chile, hacen uso del sistema tripartito para tener un desarrollo destacado en Europa. Puso énfasis, además, en la administración de la economía, e hizo un llamado a mirarla no como lo enseña la teoría clásica, sino más bien desde la evolución de las sociedades.

Finalmente, Héctor Toledo hizo un llamado a los jóvenes presentes en el conversatorio, a estar atentos y ser quienes entiendan el funcionamiento de la sociedad basado en el bien común, pues serán ellos los encargados de continuar con los cambios que puedan lograrse de este movimiento social.

Abogado Usach advierte que el Gobierno, sin recibir sanción, puede desconocer el informe de Human Rights Watch

Abogado Usach advierte que el Gobierno, sin recibir sanción, puede desconocer el informe de Human Rights Watch

“Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas”.

Así parte el informe que este martes dio a conocer Human Rights Watch (HRW). Se trata del segundo análisis de una organización internacional cuyos resultados apuntan directamente contra la institución policial. El primero fue de Amnistía Internacional, que el Gobierno rechazó “categóricamente” la semana pasada.

Al respecto, el abogado experto en derecho internacional y académico de la Universidad de Santiago, Juan Ignacio Chacón, responde:

¿El Gobierno puede desconocer los informes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos, sin recibir ninguna sanción de parte de la comunidad internacional?

-Hay que distinguir entre informes de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los informes de organizaciones internacionales, como los de Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Los informes de organismos internacionales no son estrictamente vinculantes, en tanto no exista un proceso judicial internacional en contra del Estado de Chile. Sin embargo, si se inicia ese proceso y se rechaza o se incumplen las condiciones que pueda dictar la Corte Interamericana de DDHH, el Estado incurre en responsabilidades internacionales.

Los informes de organizaciones internacionales que actúan por su cuenta y que no están en el sistema de derecho internacional tienen un peso simbólico importante, pero si se rechazan o no se cumplen sus recomendaciones, no existe responsabilidad para el Estado.

En cualquier caso, ¿estos informes pueden ser utilizados como pruebas en un eventual juicio internacional?

Sí, aunque el peso probatorio más fuerte lo tiene el informe de la CIDH.

¿A qué sanciones se expone el Gobierno en caso que una corte internacional los considerara válidos?

En caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de un proceso, condenara al Estado de Chile sobre la base de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el país incurre en responsabilidad internacional. Por lo general, esto se materializa en la obligación de reparar monetariamente, dictar ciertas leyes o dejar sin efecto algunas sentencias.

¿Qué peso tiene el informe que está redactando la comisión mandatada por la alta comisionada de DDHH de la ONU?

Tiene bastante peso, siempre y cuando exista un proceso de por medio en la Corte Internacional de Justicia, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, o en el Consejo de Seguridad Nacional. El informe podría hacerse valer y la responsabilidad podría ser mucho más directa. Con todo, vale la pena enfatizar que los informes tanto de organismos como organizaciones tienen un peso muy grande, porque por lo general son certeros; los organismos que los emiten tienen una larga trayectoria realizando esta labor y en el ámbito internacional son muy respetados. Por eso, no es tan fácil desconocerlos, ya que la reputación es muy importante en el derecho internacional. Si se desconocen, el país puede caer en descrédito y perder seriedad.

Más de 100 personas participan en jornadas de discusión sobre el proceso constituyente

Más de 100 personas participan en jornadas de discusión sobre el proceso constituyente

Este sábado 23 de noviembre, la Corporación Solidaria UTE-Usach organizó un segundo conversatorio para discutir aspectos relacionados con el proceso constituyente, que busca redactar una nueva Carta Magna para Chile.

La jornada se realizó en la sala 548 del Patio de la EAO y contó con la participación de los abogados Boris Navia y Dayana Barros, además de Manuel Riesco, ex investigador externo del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los profesionales se refirieron al contexto en que se creó la actual Constitución, algunos de sus artículos más relevantes, la creación de las AFP y aspectos relacionados al plebiscito actual, que decidirá en abril próximo si se redactará o no una nueva y bajo qué mecanismos.

De acuerdo al Presidente de la Corporación  Solidaria UTE-Usach, Emilio Daroch, entre la primera y la segunda jornada han asistido más de 100 personas. “Es muy importante que quienes vivimos de un proceso de agitación social podamos participar, aportando nuestra experiencia. Buscamos apoyar este proceso de reivindicaciones sociales que han surgido de manera espontánea”, sostuvo.

Entre los asistentes, estuvo la Vicerrectora de Vinculación con el Medio de la Universidad, Dra. Karina Arias, quien destacó la necesidad de concretar este tipo de jornadas. “Esto es parte de los diálogos ciudadanos que se están generando en función del estallido social. La idea es que todos los grupos tengan espacios para conversar, discutir y reflexionar sobre lo que necesitamos como comunidad universitaria”, concluyó.

Académicos Usach analizan nuevo escenario político de la crisis social chilena

Académicos Usach analizan nuevo escenario político de la crisis social chilena

Una nueva escena  se presenta en la crisis social que azota al país desde octubre último, luego que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera invitara el pasado viernes 22 de noviembre a diversos dirigentes del bloque sindical de la Mesa de Unidad Nacional a dialogar al Palacio de La Moneda.

A la cita, que busca acercar posturas frente a las diferentes dificultades de tipo social, político y económico que generaron esta grave crisis, acudirán representantes de la CUT, No+AFP, la ANEF, la Confusam, la Coordinadora 8M y la Fech.

Para el Dr. Rolando Álvarez, director del Magister de Historia, este escenario no  es anómalo porque “nuestro movimiento sindical se ha caracterizado por su larga tradición de negociar y ha sido la esencia de la actividad del dirigente sindical, fundamentalmente por las mejoras de tipo salarial y de las condiciones de trabajo de los afiliados a los sindicatos”.

El académico del Departamento de Historia, agregó que incluso “la CUT, recién refundada en agosto de 1988, estuvo disponible para firmar pactos que fueron conocidos como los Acuerdos Marcos, con el gobierno y con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), en función de darle estabilidad política a la democracia chilena recién concluida la dictadura”.

El diálogo es necesario

Alberto Mayol, sociólogo de la Facultad de Administración y Economía, señaló que “el gobierno se empieza a dar cuenta que no tener con quien dialogar es un problema y entonces se ve obligado a convocar interlocutores válidos”.

Además, indicó que la Mesa de Unidad Social habría sido una excelente contraparte para el gobierno si “hubiese sido llamada a dialogar antes de la crisis, pero después de ésta no sabemos si logrará vertebrar la posibilidad de representación de las problemáticas sociales”.

En este diálogo, el Dr. Álvarez, señala que “Lo novedoso es que este gobierno de derecha, que jamás estuvo dispuesto a negociar con estos actores, ahora si lo haga y en una situación de extrema debilidad política y social, reflejado en la encuesta CADEM, pasando a ser el gobierno peor evaluado desde el retorno a la democracia”.

Proyecciones

El Dr. Rolando Álvarez, indicó que siempre será una buena noticia que se invite a conversar al movimiento sindical y añadió que para la Mesa de Unidad Social es una excelente oportunidad política porque se presenta como una mesa unitaria que le da mayor poder de negociación.

Por su parte, Alberto Mayol, cree que el gobierno “está comenzando hacer lo que le corresponde en este único sentido, en el que al menos toma una agenda y trata de cruzar el río para hablar con gente con la que nunca ha dialogado y busca llegar a algún acuerdo posible”.

Con relación a este aspecto, el profesor Álvarez, señala que este contexto “va a generar un marco interesante en el actual proceso político chileno, porque se creyó que con el acuerdo político se detenía el peligro, pero no fue así y el gobierno tuvo que sentarse con este actor social y ver si puede ofrecerle algo que encause el conflicto”.

Aunque hay que ser cauteloso, señaló Alberto Mayol, porque “La mesa al aceptar la invitación del gobierno se pone en riesgo, porque puede quedar sencillamente destrozada después de esto, o efectivamente valida su participación frente a la crisis que vive el país”.

Ambos académicos Usach concluyeron que en esta mesa de negociación se estará jugando la parte social del conflicto, ya que la canalización política no detuvo la conflictividad. Ahora, el gobierno muestra una nueva carta y apuesta por la negociación con las organizaciones sociales.

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