Política

Académicos de Derecho U. de Santiago abordan el desafío constitucional que tiene Chile

Académicos de Derecho U. de Santiago abordan el desafío constitucional que tiene Chile

En el marco de las múltiples actividades que ha realizado para educar y orientar en torno a la crisis social y política que vive el país, la Facultad de Derecho de la U. de Santiago llevó a cabo el coloquio Desafío Constitucional, en el que distintos académicos entregaron su visión sobre el proceso constituyente que vivirá el país luego del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que suscribió el mundo político el viernes 15 de noviembre.
 
Para introducir la discusión, el Decano Jaime Bustos explicó las principales funciones de la Constitución. Además de regular el poder del Estado y ser la base del ordenamiento jurídico, entregando un margen para la interacción de las distintas fuerzas políticas en un entorno de estabilidad, “debe dar unidad e integrar la diversidad de pensamiento de una sociedad plural”, dijo.
 
El además profesor de Derecho Político y Derecho Administrativo agregó que, si bien “las constituciones aspiran a mantenerse en el tiempo, sobre la base de un acuerdo básico de los que quiere la sociedad; las instituciones deben adaptarse a las necesidades y cambios sociales”.
 
El profesor y director del Departamento de Derecho Público, Luis Bobadilla, dijo que la Constitución es un texto de líneas muy generales, que no regula muchas cosas en específico. Añadió que después de lograr una nueva Carta Fundamental “viene un trabajo muy intenso, porque toda la legislación se basa en ella. Esa es la expectativa qué hay que tener”, afirmó.
 
En la misma línea de sus colegas, el profesor Claudio Herrera, director del Departamento de Derecho Privado, precisó que “el corazón de la discusión que viene es asegurar la unidad en la diversidad”, en ese sentido invitó a realizar un ejercicio de hacer un listado desde lo que nos molesta, pero también desde lo que nos agrada, porque de seguro “los chilenos queremos seguir viviendo juntos, pero de una manera distinta”.
 
Estallido social
 
El coloquio también contó con la participación del historiador y profesor de la Facultad de Humanidades de la U. de Santiago, Mario Garcés, quien se refirió fundamentalmente a lo que llevó a la actual crisis social y política que vive el país. “Cuando se produce un estallido es cuando la sociedad deja de encontrarse consigo misma. Los estallidos no pueden preverse, son expresión de un quiebre en el orden social”, sostuvo. Además, criticó el hecho que las Constituciones del país, exceptuando la de 1828, hayan sido impuestas y no fruto de un consenso social. 
 
Patricio Reyes, abogado activista de Derechos Humanos, puso énfasis en el actuar de las fuerzas policiales frente a las manifestaciones, coincidiendo con el informe de Amnistía Internacional, respecto a que se ha desplegado una represión para desincentivar el movimiento social.
 
Entre los asistentes al coloquio estuvieron estudiantes de Derecho y de distintas carreras de la Universidad, además de miembros de organizaciones sociales, quienes pudieron participar a través de comentarios y preguntas para resolver inquietudes. 
 
Orientación
 
El objetivo de la Facultad, comentaron autoridades, es continuar realizando encuentros que permitan educar y orientar sobre el proceso constituyente que vivirá el país, además de participar de otras instancias y formatos que permitan contribuir a este fin.
 
Por ello, el Decano Bustos agradeció el trabajo en la organización del coloquio a los estudiantes Angélica Quevedo y Raúl Pichara.

La calle no ha firmado ningún acuerdo

La calle no ha firmado ningún acuerdo

Muchos han entendido que los acuerdos alcanzados en el Parlamento de Chile, en la madrugada del 15 de noviembre, constituyen una traición al pueblo y a sus movilizaciones. Pero, este juicio es equivocado. Los honorables parlamentarios han sido consecuentes con el mandato que las clases dominantes les han entregado (no en balde les financian sus campañas), en cuanto a darle continuidad al régimen político heredado de la dictadura y reafirmado por los sucesivos gobiernos civiles. Efectivamente, tras la masiva y radical movilización popular del 12 de noviembre el gobierno norteamericano, el empresariado, los mandos de las FFAA y la cúpula de la Iglesia Católica, le representaron al Gobierno y a la casta política (en diferentes tonos y con variados argumentos), la necesidad de contener definitivamente el alzamiento popular. El mandato fue claro, había que cerrar filas a objeto de impedir la caída del gobierno y, junto con ello, la del parlamento y el sistema político en su conjunto. No debe sorprender, en consecuencia, que pese a eventuales diferencias, desde la UDI hasta el Frente Amplio, hayan alcanzado el “histórico acuerdo” (nos van a repetir esta monserga hasta el hartazgo), de cambiar la Constitución Política del Estado, pero mantenido el requisito de quorum de 2/3 de los constituyentes y permitiendo la formación de la Convención con sujetos provenientes de los mismos partidos políticos que han administrado el sistema de dominación hasta la fecha. De hecho, da exactamente lo mismo el quórum que se exija al articulado que formará parte de la nueva Constitución, si quienes constituyen y luego legislen continuarán siendo los mismos testaferros del capital. No hay traición en esto; por el contrario, hay coherencia. Es más, se puede esperar en los próximos meses que estos acuerdos iniciales luego se traduzcan en acuerdos permanentes que permitan reforzar la estrategia represiva del Gobierno, ajustar la agenda social a los requerimientos de la reanimación de la economía y reducir al máximo la participación popular en una eventual Convención Constituyente.
 
Siendo así, el problema no radica en quienes representan o defienden el sistema y mucho menos en los porcentajes o quórums en que ello se exprese. El problema está instalado en quienes nos movilizamos a objeto de llevar a cabo las transformaciones profundas que la sociedad exige en las calles, y por las cuales ya muchos han entregado sus vidas, mientras que otros han sido detenidos, torturados, violados, mutilados o vejados. Es necesario, por lo tanto, instalar en las asambleas territoriales y sectoriales el debate sobre nuestro proyecto político, sobre las estrategias de lucha y respecto de nuestras formas de organización. Sólo ello garantiza alcanzar de forma autónoma aquellos objetivos que el pueblo ha trazado en las calles a través de sus movilizaciones y registrado profusamente en sus pancartas. No basta con marchar cientos de kilómetros, como ya lo hemos hecho hasta la fecha; ni siquiera es suficiente con enfrentarse violentamente contra la represión o recuperar desde supermercados y farmacias aquellos recursos que el capital nos niega. Estas manifestaciones han sido, hasta la fecha, sólo la expresión de un estado de ánimo de la población (descontento, rabia, repudio) y como tales no se han convertido en una estrategia de acumulación de fuerza social y política para el cambio. Por el contrario, se están ritualizando peligrosamente y, al hacerlo, corren el riesgo de desgastarse en el corto plazo.
 
Desde el año 2006 (Revolución Pingüina) el Programa del Pueblo se ha venido afinando. Es un programa anticapitalista que exige la nacionalización de las riquezas básicas y de la banca, el control obrero sobre los procesos productivos, una efectiva redistribución de la riqueza, la protección del medio ambiente y una creciente inversión de recursos públicos en educación, salud, pensiones y vivienda. Estos elementos han aparecido sistemáticamente en las movilizaciones de los trabajadores subcontratistas, forestales, pesqueros y portuarios, pero también en las demandas de los movimientos regionales (Aysén, Calama, Freirina, Punta Arenas, Caimanes), en las movilizaciones estudiantiles y en múltiples expresiones sectoriales.
Pero no habrá Programa del Pueblo si las organizaciones sociales y políticas populares no avanzan decididamente hacia la realización de una Gran Constituyente Popular, que coloque en el centro de la discusión y del rediseño institucional la construcción de una sociedad fundada en relaciones económicas y sociales solidarias. Las mismas que afloran en contextos de crisis, cuando el Estado abandona a los sectores populares y estos se autoconvocan y desarrollan de forma autogestada las estrategias paliativas que les permiten resistir y sobrevivir. La solidaridad está en la base de la cultura popular, precede al Estado y a su legislación social y ha sido la estrategia más socorrida por los pobres en contextos de precariedad. Es el momento, en consecuencia, de convertirla, además, en un precepto de rango constitucional.
 
Experiencias históricas al efecto tenemos y debemos mirar a ellas, no a objeto de replicarlas, pero sí de aprender de sus aciertos y también de sus derrotas. La asamblea constituyente de asalariados e intelectuales, realizada en Santiago a comienzos del mes de marzo de 1925, e impulsada por el Partido Comunista y por la Federación Obrera de Chile, estableció las bases de un régimen político federal y reivindicó los derechos sociales y políticos de trabajadores, mujeres y niños, en pleno contexto de crisis del régimen oligárquico. Cuarenta y cinco años después la experiencia de la Unidad Popular y en particular la construcción del poder popular desde la base, en centros industriales y barrios obreros, abrió camino a la alternativa revolucionaria, en el marco de la crisis de la sociedad burguesa. Ambas experiencias fueron derrotadas, cuando la burguesía retomó la iniciativa estratégica, sumó a las FFAA, neutralizo al reformismo y aplastó a los revolucionarios. Hoy la burguesía y sus representantes encontraron el oxígeno que necesitaban en el Parlamento y se aprestan a retomar la iniciativa estratégica. De sus acuerdos espurios no podemos esperar nada nuevo y nada bueno, y las razones son claras. Éstos que nos invitan a sumarnos a su “acuerdo histórico” son los mismos que hasta hace semanas, desconocían que en Chile existían desigualdades, son los mismos que le entregaban las riquezas nacionales al capital transnacional, son los mismos que se negaban a mejorar los salarios de los trabajadores y las pensiones de los jubilados, son los mismos que lucraban con la salud, las pensiones y la educación. Son los mismos que envían a su jauría represiva cuando sienten la ira del pueblo desplegada en las calles. Sólo una Constituyente Popular, convocada, organizada y protagonizada por los trabajadores y el pueblo, garantizan la consecución de nuestros objetivos y la construcción de una sociedad efectivamente democrática y solidaria.
 
Pero, no se puede desconocer que en estas semanas de lucha popular los avances y los aprendizajes han sido muchos. Una de las consignas más tempranas y más recurrentemente agitadas señala: “Chile despertó” y ya no les será posible volver a sumirlo en el sopor. Ni la represión más brutal, ni la desinformación sistemática, ni los intentos por fracturarnos, ni sus ofertas de última hora, han logrado aplacar la protesta popular. El pueblo se reúne, dialoga, se organiza y combate. Reconoce las condiciones en las cuales se desenvuelve su existencia, identifica con claridad a los responsables de la mismas y define demandas y estrategias de transformación.
 
Es un pueblo despierto que avanza de manera sostenida hacia crecientes niveles de organización. Expresión de ello, son los comités de derechos humanos que acompañan las manifestaciones, identifican a los detenidos, organizan la asistencia legal, presentan denuncias y señalan a los represores. También están los comités de salud que han levantado verdaderos hospitales de campaña para atender a los compañeros heridos durante las manifestaciones y que distribuyen información y recursos para combatir el armamento químico utilizado por la represión. Están los grupos artísticos y culturales que crean y recrean una estética profundamente comprometida con el pueblo y con los cambios que se necesitan. Están los colectivos de logística que proveen de agua y alimentos a los manifestantes. Y están los que combaten a la represión, los que defienden los territorios, los que protegen la manifestación, los que con su radicalidad abrieron el camino de la protesta y relevaron con sus acciones las miserias del sistema.
 
Pero no nos confundamos, no pertenecen a este grupo los delincuentes que asaltan a pequeños comerciantes o roban en los establecimientos educacionales de nuestros barrios. Este grupo fraccional es, sin lugar dudas, un producto residual del sistema, pero a la vez, funcional al mismo. Para ellos, protestar es de “giles” y no trepidan en convertirse en “domésticos” cada vez que la oportunidad se los permite. En Centroamérica y Colombia, durante la etapa más álgida de la lucha armada contra la burguesía, la delincuencia devino en “sicariato” al servicio de los aparatos armados del Estado. Pero, respecto de ellos no corresponde la denuncia y mucho menos su entrega a la policía; si su neutralización en nuestros territorios. Sus objetivos no son los nuestros y si se ponen al servicio del enemigo deben asumir las consecuencias.
 
Nos encontramos en una nueva fase en el desarrollo de la lucha popular. El Estado y sus lacayos han ordenado sus filas, han explicitado su oferta y se aprestan a redoblar la estrategia represiva para neutralizar a la franja más radicalizada del movimiento popular. Pero los trabajadores y el pueblo ya los reconoce y ya no acepta sus migajas. Es la hora de afianzar nuestros niveles de organización, de sistematizar los contenidos de nuestras demandas y de vertebrar y escalar nuestras formas de lucha. Es hora de construir un Polo Anticapitalista que se ponga a la vanguardia de la lucha popular.

Académica de la Usach integrará comisión técnica para nueva Constitución

Académica de la Usach integrará comisión técnica para nueva Constitución

En la madrugada del viernes pasado, 11 presidentes de partidos políticos llegaron a un acuerdo amplio que abre un camino hacia una nueva Constitución. Por su amplitud e importancia, muchos lo califican como histórico. Después de todo, llegar a un acuerdo para cambiar la Constitución requiere la ratificación de 2/3 de la Cámara de Diputados y el Senado. Hasta ese día –y hace un mes-, esto parecía una quimera.

El punto número 12 del mentado acuerdo define que todos los firmantes deben convocar a una comisión técnica que proponga los mecanismos para poder implementarlo. En este caso, esto implica un plebiscito de entrada para que la gente apruebe o rechace la idea de una nueva Constitución, al tiempo que se elige entre una convención constitucional (con miembros elegidos por votación popular) o una comisión mixta (50% de parlamentarios y 50% constituyentes electos por votación popular). Finalmente, se contempla un plebiscito ratificatorio, que apruebe el texto escrito por la convención.

Para poder implementarlo, se requiere del apoyo de especialistas técnicos en derecho constitucional, sistemas electorales y procesos participativos. Cada uno de los presidentes de partidos políticos convoca a un experto. En el caso del PPD, su presidente, Heraldo Muñoz, escogió a la académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa Rubio, doctora en Estudios Americanos y exjefa de la División de  Estudios de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres) en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

“Acepté encantada, porque creo que es muy importante, como docente de la Universidad de Santiago y como politóloga, poner a disposición nuestras investigaciones y expertise profesional”, explicó.

“Creo que la Universidad de Santiago tiene un sello muy importante, que es el compromiso público desde una perspectiva interdisciplinaria. Eso valida mucho mi participación, porque muchos de los expertos van a ser abogados constitucionalistas. Yo tengo una experiencia como historiadora y politóloga que me permite tener una visión bastante amplia de los procesos políticos, de la importancia de la democratización y los distintos mecanismos de la democracia participativa y deliberativa, que es lo que las democracias modernas están incorporando en sus sistemas para generar mayor gobernabilidad democrática”, complementó.


-¿Cuál es la importancia de la presencia de nuestra Universidad en este proceso?

-La Universidad de Santiago de Chile tiene múltiples experiencias en temas indígenas, participación social, y comprender los procesos con nuestra comunidad y sociedad. También luego va a haber otra dimensión, con el procesamiento de datos y la elaboración de propuestas a partir de la participación ciudadana. En esa instancia, la Facultad de Ciencia o la Facultad de Administración y Economía van a poder aportar. Es muy importante que estemos presentes, porque nos vamos a abrir a aportar a nuestro país en un proceso tan trascendental. Me siento muy apoyada por la comunidad académica de la Usach y sé que vamos a estar a la altura del desafío.

-Personalmente, ¿cuál cree que puede ser su mayor aporte?

-Como Jefa de la División de Estudios de la Secretaría General de la Presidencia entre 2014 y 2018, me tocó el diseño, la ejecución y la tramitación legislativa del proceso constituyente impulsado por la ex Presidenta Bachelet y también de sus reformas políticas. Tengo una experiencia bastante amplia para poner a disposición. Me siento muy honrada y contenta de representar a la Universidad de Santiago en ese espacio, que fundamentalmente va a ser uno de académicos y especialistas, donde vamos a proponer distintas alternativas –al Congreso y al Gobierno- para seguir un camino constituyente que sea democrático y participativo.


-¿Cuál es la línea por la cual va a ir su planteamiento y su aporte puntual?

-Lo que hemos conversado con el presidente del PPD es que este tiene que ser un proceso que restituya la confianza de la ciudanía con sus instituciones y entre los mismos ciudadanos. Nos parece importante la incorporación de independientes, mujeres, pueblos originarios, jóvenes; que existan mecanismos de participación vinculante para que las distintas comunidades, e incluso los chilenos en el exterior, puedan dar su opinión y nutrir así a esta convención constituyente con las propuestas que toda la ciudadanía está elaborando. Queremos aportar una visión plural y democrática, plasmar un sello de abrir el debate a las personas que están comprometidas con este proceso y no sólo a los representantes de los partidos políticos.

-En los últimos días, el senador Andrés Allamand planteó una interpretación distinta del acuerdo con respecto al tema de los 2/3 y la hoja en blanco. ¿Qué le parece esa postura?

-Si uno lee el acuerdo, el espíritu es otro. Se conversó bastante lo que se llamó la hoja en blanco y eso significa elaborar una Constitución con las propuestas que vayan surgiendo ahí y no con un texto previo. Los mismos dirigentes y líderes que lo firmaron han señalado una opinión distinta a lo que plantea el senador Allamand; incluso el propio presidente de su partido, Mario Desbordes. Me da la impresión que es una opinión muy puntual, que no refleja el espíritu de quienes firmaron el acuerdo. Él lo ha puesto sobre la mesa en aras del debate que existe, pero no generó adhesión, sino rectificaciones, por no decir críticas. 

-¿Cuál es la importancia del estudio de las experiencias comparadas en este proceso?

-Es fundamental. Cuando diseñamos el proceso constituyente en 2016, los dos años anteriores trabajamos levantando experiencias comparadas con un equipo de politólogos. Eso lo hizo también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y luego sacaron una publicación. Teniendo muy claro que cada proceso constituyente debe tener las características del país donde se desarrolla, la experiencia comparada es muy importante. Es una metodología que usamos en ciencias políticas y sociales, y que nos permite evaluar tanto las experiencias positivas como negativas.

-Es un aspecto central en la discusión, entonces.

Es algo que vamos a tener a la vista y en lo que yo me he estado preparando. En la misma Universidad de Santiago se está trabajando con el análisis de experiencias comparadas dentro de los propuestas de los espacios de debate que están realizándose al interior. Varias otras Universidades lo han estado realizando también. Por otro lado, he estado conversando también con académicos extranjeros que han trabajado el tema constitucional hace mucho tiempo. Hay mucha gente aportando para aprovechar la oportunidad histórica de resolver esta crisis por una vía democrática institucional. Eso para nosotros, como sociedad, sería fantástico: tener una mejor institucionalidad política para esta sociedad que cambió y exige otras demandas.

-¿Hay alguna experiencia internacional particular que atraiga más su atención?

-El caso de Colombia, porque se parece al nuestro, en el sentido que tuvo ese plebiscito inicial que ellos llamaron Séptima Papeleta. Lo nuevo en nuestro caso, es que vamos a tener también esta conversación sobre la sede constituyente. En eso vamos a hacer historia. Y como tuvimos también esta participación para el proceso de 2016, probablemente nuestra convención va a ir acompañada de una mayor experiencia constituyente en términos de participación ciudadana.

Expertos ratifican obstáculo para alcanzar una nueva Constitución

Expertos ratifican obstáculo para alcanzar una nueva Constitución

“Si no hay acuerdo, la convención fracasa y rige la actual Constitución”. Esta fue la declaración del senador RN Andrés Allamand, que implica que en caso que no se logre el quórum de 2/3, fracasa la convención que redacta la nueva Carta Magna y termina rigiendo la actual. La opinión del parlamentario provocó críticas en sectores opositores involucrados en el pacto para alcanzar una nueva Constitución para el país.

Para el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, las declaraciones del parlamentario están en lo correcto desde el punto de vista jurídico. “Si hay un tercio más uno que permanentemente no quiere llegar a un acuerdo, evidentemente que la convención fracasaría y no habría nueva Constitución, sino que regiría la actual”, afirmó.

A juicio del especialista en derecho público, el acuerdo que suscribieron los actores políticos considera tres formas de que la nueva Constitución fracase. La primera, que gane el no en el plebiscito; la segunda, que venza el plazo para que la convención haga la Constitución; y la tercera, que derechamente no se llegue a los acuerdos para redactar la nueva Carta Fundamental; es decir, los dos tercios.

“No hay ninguna otra fórmula dentro de los marcos actuales para cambiar la Carta Magna. Las fórmulas tendrán que ser resueltas en los marcos en que se establece la reforma constitucional”, afirmó.

Esa opinión la comparte el experto en derecho constitucional y también académico de la Usach, Luis Bobadilla.

El Director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Casa de Estudios, sostuvo que “para que ocurra una derogación orgánica sobre una misma materia tiene que haber una disposición que reemplace a la anterior. “No hay otra alternativa. Si no se logra el quorum de 2/3 para reemplazar algún texto de la Constitución actual, no se puede producir una derogación. Hay que entender que el acuerdo firmado por los parlamentarios no tiene valor jurídico, es solo un pacto de caballeros”, explicó.

No obstante, para el Director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Claudio Herrera, se deberá tener presente que si en el plebiscito gana la opción no a la Constitución actual, el mandato de la ciudadanía es que, cualquiera sea el obstáculo, al final del proceso se asegure concretar  una nueva Carta Magna. “El compromiso de los parlamentarios es netamente político, pero lo que se espera es que eso lo lleven a norma”, precisó.

Dr. René Jara advierte que acusación constitucional en contra de Piñera puede cohesionar a la oposición

Dr. René Jara advierte que acusación constitucional en contra de Piñera puede cohesionar a la oposición

Diputados de la oposición presentaron una acusación constitucional en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera. La iniciativa busca traspasar la responsabilidad política al Mandatario, por el actuar de las Fuerzas Armadas y la policía, durante el estado de emergencia decretado al comienzo del estallido social que vive el país.

La moción contó con las firmas de Carmen Hertz y Daniel Núñez (PC); Emilia Nuyado y Jaime Naranjo (PS); Carolina Marzán (PPD); Tomás Hirsch (PH); Claudia Mix de Comunes; Gael Yeomans, de Convergencia Social; Jorge Brito (RD); Esteban Velásquez del Partido Ecologista Verde Social; y Vlado Mirosevic (PL).

Los parlamentarios explican la presentación de la iniciativa como "un imperativo ético y político ineludible, además de ser una responsabilidad democrática. Las imágenes que hoy impactan a Chile y al mundo, nos traen a la memoria un pasado reciente que no puede regresar".

Para el Dr. René Jara, Director de la Escuela de Periodismo Usach, la acción acusatoria al Mandatario responde al retardo que tuvo “al empatizar con las víctimas que han sido violentadas por el Estado, a través de las fuerzas de orden”.

Además, consideró que el libelo es una oportunidad de cohesionar a la oposición, que se vio fracturada tras la firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.

“Este espacio de la acusación puede volver a coordinar o reunir a esos sectores que están un poco dispersos y tensionados producto de la firma del pacto”, aseguró.

Con respecto al futuro que tendrá la imputación y en este nuevo escenario donde se tratan de fortalecer las Instituciones, el Doctor en Ciencias Políticas sostuvo que la acusación no será aprobada por la derecha, pero que en este momento “lo importante es que sea una acusación sólida”, en el sentido que esté bien fundamentada, puesto que “cuando vemos hacia atrás los resultados de las acusaciones constitucionales, han fracasado continuamente en los últimos tiempos, sobre todo las presentadas por la oposición”.
Con respecto el manejo comunicacional que tuvo el Gobierno frente al estallido social, afirmó que “no es posible pensar en un escenario en donde se cometan tantos errores”.

Sin embargo, añadió que “desde la última alocución del Presidente se nota un cambio de tono. Hay una cierta sensibilidad (…) El tratamiento comunicacional ha cambiado mucho producto del último ajuste del equipo político que trabaja en La Moneda”.

El Director de la Escuela de Periodismo de nuestra Universidad ejemplifica este vuelo en las figuras de Karla Rubilar y Gonzalo Blumel, quienes han tenido la capacidad de sintonizar ante los problemas de la ciudadanía sin perder la conexión con su sector ideológico, dijo.

Académicos Usach proyectan alcances del acuerdo político por una nueva Constitución para Chile

Académicos Usach proyectan alcances del acuerdo político por una nueva Constitución para Chile

Después de 29 días de crisis social, la clase política de nuestro país consiguió aunar voluntades para definir los diferentes métodos que darán paso a una nueva Constitución.

El Plebiscito se realizará en abril del 2020 y será la primera posibilidad en la historia de Chile para que  su origen pueda ser a través de la discusión democrática.

Si bien este acuerdo para algunos es un buen augurio, no apacigua del todo las manifestaciones que comenzaron el 18 de octubre pasado y que develaron la grave crisis social.

De hecho , la noche del viernes 15 de noviembre se produjo la muerte del joven Abel Acuña, luego que nuevamente efectivos de fuerzas especiales de carabineros cometieran graves errores en el procedimiento policial generando retraso en la atención del joven que finalmente falleció en el Hospital de Urgencias de la Asistencia Pública, ex Posta Central.

El  Dr. Hernán Neira, académico del Departamento de Filosofía, reflexionó que “el reciente acuerdo es positivo. Lo que viene es generar en común los valores, fines y distribución del poder. Sin embargo, el quórum de 2/3 para la toma de decisiones en la convención constituyente y lo extenso de los plazos son un potencial riesgo político del reciente pacto”.

En cuanto a que si este acuerdo logrará legitimidad pese a  la desconfianza de la ciudadanía con la clase política, el académico respondió: “La sociedad añora una buena vida, no en competencia, sino en solidaridad con sus semejantes y con la naturaleza. Una nueva Constitución será sólida si da al Estado un rol activo en la protección del trabajo, de la educación, de la salud, de la diversidad étnica y del medio ambiente. Las universidades estatales podemos recuperar un papel relevante en una nueva carta magna”, señaló el académico.

Perspectiva Constitucional

El profesor Luis Bobadilla de la Escuela de Derecho, indicó que encuentra positivo este pacto, pero que ve con suspicacia sus efectos. “Veo este acuerdo con escepticismo y con distancia porque veremos en la práctica como esto se va a materializar y si realmente este acuerdo va a calmar los ánimos de la sociedad que está bastante trastocada”, opinó.

En cuanto a la discusión que se ha levantado por los 2/3 de quórum el experto señaló que “hay ciertos sectores que dirán que esto es malo y que no corresponde, pero la verdad es que me parece correcto, porque la Constitución es una norma que sostiene todo el ordenamiento jurídico del país y no puede ser fruto de mayorías circunstanciales”. 

El profesor Bobadilla sumó a sus comentarios que “negar y rebatir el argumento de los 2/3 respecto al quórum sería condenar esta iniciativa constituyente a la ilegitimidad (…) Si no hubiera un quórum de 2/3 también esta Constitución nacería con pecado de origen”, precisó.

Consultado sobre la comentada hoja en blanco, el académico indicó que “si uno revisa este acuerdo en ninguna parte se habla de aquello, pero entiendo que el concepto que va detrás de esto hace referencia a que se empieza a discutir una nueva Constitución y no una modificación de la actual, lo que hace es abrir y ampliar la discusión”.

Finalmente indicó que este proceso no estará exento de problemas “personalmente no estoy de acuerdo y encuentro irreal e ingenuo que una Constitución puede ser la casa de todos. Créanme que en todo pacto siempre habrá alguien que se sienta no representado o perjudicado en diferente intensidad”, concluyó.

Legitimidad en Espera

Alberto Mayol, académico de la Facultad de Administración y Economía, manifestó que el acuerdo funcionó mejor de lo esperado, ya que logró una cierta convergencia en la negociación del acuerdo.

En este mismo punto, indicó que debe haber sido muy complejo aunar posturas tan disímiles. “No es menor que la UDI, el partido de Jaime Guzmán y bastión de la Constitución del 80, esté dentro del acuerdo y en eso se tomó una decisión, que puede ser discutida o no, pero que es una decisión política que le da una solidez al acuerdo”.

Sin embargo, criticó el acuerdo en su punto 4 que señala la utilización del mismo sistema electoral que elige a los diputados, y que ahora escogerá a los constituyentes, calificándolo como una “picantería, algo impropio e inadecuado porque se entiende que la idea es que los constituyentes puedan ser personas comunes y corrientes y que se postulen a partir de los electores que pudieran ir conquistando por sus territorios. Pensar un símil de Cámara de Diputados para este proceso, con lo que significa hoy el Congreso, es un error gigante”,  señaló el  académico.

Agitación ciudadana

La Dra. Lucía Dammert, académica de la Facultad de Humanidades, señaló sentir que este acuerdo es un paso significativo, pero que sin embargo se requiere de la otra parte del proceso que es la Agenda Social y sus políticas públicas profundas que “son bastante más inmediatas que el proceso constituyente. En ese sentido, me imagino que habrá una vigilancia ciudadana para ver qué pasa con ella y los cambios de política pública”.

Además agregó, “pensar que esto desactive inmediatamente la movilización social, sería ingenuo, pero evidentemente abre una puerta de conversación y diálogo que permitirá por lo menos mejorar la falta de diálogo, pero esto está por verse en los desafíos y oportunidades que plantean esta situación”, dijo.

Expertos de la U. de Santiago analizan el rol de las redes sociales y el uso de bots durante la actual crisis

Expertos de la U. de Santiago analizan el rol de las redes sociales y el uso de bots durante la actual crisis

Chile despertó. Quizás esta ha sido la frase que más se ha repetido a un mes del inicio de las movilizaciones que provocaron el acuerdo parlamentario para cambiar la Constitución Política.  Un despertar, en el que los medios de comunicación y las redes sociales (rrss) juegan  un rol fundamental, para bien o para mal, al encargarse de mantener a la ciudadanía informada.

Verdades, mentiras, omisiones, despidos y  renuncias han sido parte de la agitación que ha provocado las manifestaciones en el plano mediático.

Para el Dr. René Jara, director de la Escuela de Periodismo de nuestro Plantel, “bajo el actual escenario comunicacional está en juego la legitimación de los medios comerciales por parte de la ciudadanía y cómo utilizó canales de información alternativos para dar a conocer situaciones, en donde la prensa no podía acceder o no mostraba”.

Jara advierte dos temas importantes. Uno es la deslegitimación importante de lo que sería la institucionalidad mediática, es decir, los medios de comunicación más tradicionales, y en ese espectro fundamentalmente la televisión ha sido puesta en cuestión. Segundo, lo que me parece relevante, es la emergencia de canales de contrainformación en un contexto de protesta”, afirmó el especialista en tecnologías aplicadas al voto.

Para el periodista, esta otra mirada de los hechos antiguamente estaba liderada por las vanguardias políticas, pero en la actual crisis han sido “los ciudadanos los que han captado con sus cámaras y celulares, millones de imágenes de la protesta. Llegan  a lugares que los medios tradicionales no pueden arribar, por que no tienen ese nivel de ubicuidad, es decir  no están situados en todos lados”.       

Con respecto a la veracidad de la información que se entrega a través de estos canales, cree que es complejo chequearla, puesto que “no están sometidos a una gramática de orden, de control, por lo tanto es mucho más difícil verificar la fuente de este formato”, afirmó.

Advierte que a partir del plebiscito comenzarán “a montarse muchas técnicas de propagación. Entre ellas, bots y otras que darán paso a una “guerrilla”, en el sentido de informaciones y contrainformaciones, a propósito del sentido de la Asamblea Constituyente”, sentenció Jara.

Uso responsable de redes sociales

"Hoy un taxista me dijo que vive en Puente Alto en un barrio malo, un vecino que delinque le dijo que les pagaban por incendios y saqueos; ¿quién les paga pregunté?! Los comunistas me dijo, entre 20 a 40 mil pesos. La historia se cuenta sola…".

Este texto fue publicado, de forma idéntica, en distintas cuentas de twitter, provocando que muchos usuarios denunciaran que un bot estaría detrás del escrito. El mecanismo es un argot tecnológico que simula ser una persona en una red social y que es creado con un fin determinado, completamente distinto al normal o habitual de un usuario que busca interactuar o convivir con otros.

Su utilización tomó relevancia mundial con el escándalo de Cambridge Analityca, en donde se descubrió que Facebook cedió información privada de usuarios a esta consultora, en condiciones inciertas; datos que luego utilizó para construir discursos y campañas políticas. En este caso en específico, la candidatura era de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

La Dra. Pamela Figueroa, académica de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad, cree que esta situación y otras donde se ha utilizado este método “es indebido y atenta contra la democracia, porque uno de sus principios es contar con una información transparente, fidedigna y confiable”.

Pese a ello asegura que “las redes sociales con lo bueno y lo malo, son parte de la sociedad actual; entonces hay ir aprendiendo a lidiar con eso, hay que saber utilizarlas de manera democrática y eso significa tener mucho cuidado con la información que se maneja”, afirmó la cientista política.

En esa línea, consideró que la utilización de estas herramientas, en el actual escenario nacional, ha sido positiva y negativa. Lo bueno es que ha podido reunir a gente que no se conocía en las manifestaciones y seguir el minuto a minuto, por ejemplo, la discusión del acuerdo parlamentario para una nueva constitución.

Lo malo- añade- es que han existido discursos de odio, noticias falsas o intentos de  manipular a la opinión pública para que tome posición en un tema específico. Por eso sostiene que “lo importante es hablar sobre el buen uso de las redes sociales, educarnos cívicamente con respecto a estas y utilizarlas como medio de información, que es el aspecto positivo que tienen”.

Académicos de la Facultad de Derecho de la Usach aportan al debate sobre nueva Constitución

Académicos de la Facultad de Derecho de la Usach aportan al debate sobre nueva Constitución

Un frenético viraje en la agenda del Gobierno con respecto a los cambios constitucionales se ha registrado en los últimos días. Primero, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el sábado pasado en El Mercurio que estaban preparando un proyecto de cambios a la Carta Fundamental.

Al día siguiente, y luego de una larga reunión en su casa junto a los partidos de Chile Vamos, adelantó a través del Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que "acordamos iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Constitución" por medio de un Congreso Constituyente, sin dar mayores detalles.

La noche del lunes, en cadena nacional y con un rating histórico, Piñera llamó a avanzar en un acuerdo para una nueva Constitución, “con un plebiscito ratificatorio”.

Todos estos sucesos han llevado a plantearse una serie de dudas entre los ciudadanos sobre el tema constitucional. Para el académico de la Facultad de Derecho de la U. de Santiago y abogado especialista en Derecho Constitucional, Luis Bobadilla, lo importante en esta discusión es dejar en claro que la Carta Fundamental es la norma que está por sobre todas las demás leyes y normas.

“Establece la forma en que se organiza un Estado, cuáles son sus funciones y sus límites, y delimita un catálogo de derechos fundamentales que protege al conjunto de los ciudadanos, además de un sistema de garantías para exigir su cumplimiento”, explicó.

En este sentido, Bobadilla destacó el concepto de supremacía constitucional. “Para que el ordenamiento jurídico goce de armonía, toda norma de inferior rango a la Constitución debe ajustarse a las reglas que esta establece”, aclaró.

Sobre el Tribunal Constitucional, el abogado definió que este órgano es el que dirime cuando las normas de inferior rango exceden o no los límites de la Constitución. Además, sobre el plebiscito, remarcó que hoy está establecido en la Carta Magna como un mecanismo para dirimir disputas entre el Congreso y Presidente de la República. “Para que sirviera como inicio o ratificación de un proceso constituyente se requiere una reforma, la que está actualmente en discusión en el Congreso”, destacó.

De todas maneras, el abogado Bobadilla sostuvo que “hoy no tenemos claro si el Gobierno plantea reformas a la Constitución o una completamente nueva, pues no se han detallado las reglas que se utilizarán”, dijo.

Acerca de las tres opciones para reformar la actual Constitución, el académico de nuestra Universidad diferenció entre las características de cada una de ellas. En el caso del Congreso Constituyente, aclaró que es precisamente el Congreso Nacional  como constituyente derivado quien asume la responsabilidad de crear una nueva Carta Fundamental.

A su juicio, se trata de personas que, se supone, tienen un conocimiento mayor de la Constitución, “porque trabajan todos los días legislando de acuerdo a esas normas. “Por lo anterior, en términos de tiempo, debería ser más eficiente y rápido, y debería existir un mayor control sobre su accionar, ya que deben rendir cuentas a quienes los eligieron”.
 
Sobre la Convención Constituyente, Bobadilla la define como una porción de los parlamentarios electos y un porcentaje de ciudadanos comunes y corrientes, electos especialmente para trabajar en este proceso, quienes se reúnen en una composición mixta.

“Implica mayor participación, porque ciudadanos comunes y corrientes de fuera del espectro político se suman, aunque de todas maneras, actores políticos podrían utilizar cupos de ciudadanos”, advirtió sobre este mecanismo que actualmente no está contemplado dentro del ordenamiento jurídico nacional, por lo que se requiere una reforma constitucional para validarlo.

Para el caso de la Asamblea Constituyente, el abogado Bobadilla destaca que esta “permite que una mayor cantidad de ciudadanos comunes y corrientes participen en la discusión del nuevo ordenamiento constitucional”.

También sostuvo que se requería una reforma constitucional para poder habilitarlo como mecanismo. Además, señaló que “simultaneamente a su existencia, funciona el Congreso y se inicia un conflicto de competencia que no se ha resuelto de forma pacífica en la experiencia sudamericana”.

El anuncio más importante

Por su parte, el Director del Departamento de Derecho Privado de nuestro Plantel, abogado Claudio Herrera, destacó las palabras del Presidente Piñera acerca de los cambios constitucionales: “desde luego son el anuncio más importante que ha hecho el gobierno en cuanto a cambio constitucional”, aclaró.

“Es bastante evidente que esto se debió a las movilizaciones sociales, porque en su programa de Gobierno no estaba planteado abrirse a una discusión ni siquiera de reformas. Es legítimo que fuera así, pero desde el 18 de octubre, el Ejecutivo ha ido comprendiendo que no puede quedar impávido y que los programas tienen que ser permeables, sobre todo a estas demandas tan masivas, por cambios constitucionales", abundó Herrera.

También remarcó que ahora el Gobierno no solo hable de una reforma, sino de una nueva Constitución. Acerca de las opciones para lograr este cambio, el abogado Herrera consideró que la Asamblea Constituyente es la alternativa más clara en términos de metodología de trabajo y participación ciudadana.

“Ocurre que en nuestro sistema republicano, existe un poder constituyente derivado: el Congreso y el Presidente de la República. Eso hoy está muy puesto en duda por la ciudadanía, pues desea que las reformas acojan de alguna manera el sentir ciudadano. En esa perspectiva viene la propuesta del mismo legislativo para realizar un plebiscito previo para preguntarle al votante si quiere o no nueva Constitución. Es bastante cierta la posibilidad de tener un plebiscito de entrada”, estimó.

Para el abogado Herrera, el problema con el Congreso Constituyente es que solo se entiende que es la institucionalidad con los parlamentarios, más un plebiscito ratificatorio. “El Congreso Constituyente tiene el problema de la falta de representatividad y que se demora aproximadamente dos años. Además, el Congreso Nacional, paralelamente, sigue funcionando”, comentó.

Reconoció que poco se sabe de cómo se llevaría adelante una Convención Constituyente. “La Asamblea es más clara, en términos de metodología de trabajo”.

De todas formas, consideró que el hecho que el Gobierno se haya abierto a la discusión constitucional es un gran paso para que se terminen las movilizaciones. “Es una señal muy potente. Personalmente, no creo que debiera ocurrir la salida del Presidente Piñera, porque sería una derrota para el sistema democrático. Tiene una inmensa tarea por hacer en este tiempo que le queda”, dijo.

“Son los representantes quienes deben conducir las demandas de la calle. El Congreso Nacional debe generar las mayorías para concretar así los cambios”, finalizó el académico de nuestra Universidad.

Premio Nacional de Historia 2006, Dr. Gabriel Salazar, calificó de “insólito e histórico el momento actual del país”

Premio Nacional de Historia 2006, Dr. Gabriel Salazar, calificó de “insólito e histórico el momento actual del país”

Se puede estar o no de acuerdo con sus posturas, pero lo que no se puede discutir es que es un referente al momento de hablar del proceso actual que vive nuestro país. La publicación de su libro “El Ejército de Chile y la soberanía popular” y la coyuntura, fueron parte de la entrevista realizada al Premio Nacional de Historia 2006, Dr. Gabriel Salazar, en los estudios de Radio Usach.
En La hora del Museo, programa producido por el Museo Histórico Nacional y transmitido por nuestra emisora, presentó la publicación que aborda la historia del Ejército de Chile y su relación con la ciudadanía desde la Independencia hasta nuestros días.

Para el autor, el texto coincide con momentos en que se exige la redacción de una nueva Carta Magna, donde “los militares sean un ciudadano más, que por tanto deliberemos juntos (…) sean conscientes que defienden una Constitución que emana del pueblo y no la de la elite o del capital extranjero”, entendiendo que los uniformados responden a un documento normativo político redactada por unos pocos.

En ese sentido cree que a la rama castrense “hay que reeducarla o que ella se auto eduque, en el sentido que deben obedecer al verdadero soberano; a la soberanía ciudadanía expresada en una asamblea libre respecto a cómo se construye una Constitución”, afirmó

Con respecto a la salida de los militares a la calle, tras el decreto de estado de emergencia de octubre pasado, el historiador sostuvo que cada vez que surgen crisis de representatividad política, los Gobiernos han ocupado las herramientas que la ley dispone para restablecer el orden público. Pero “cuando la rebelión ciudadana es muy potente, el orden se reestablece con el Ejército en la calle y ellos en la calle solo saben disparar”, sentenció.

De ahí que la presencia en la vía pública de los hombres a cargo del General de División, Javier Iturriaga del Campo, sea un hecho “insólito e histórico”, puesto que “el Ejército ante una crisis de representatividad -la más grande la historia- no ametralló como en Santa María de Iquique; no masacró, ni torturó sistemáticamente como lo hizo con Pinochet, lo que no resta que existieran apremios ilegítimos en esta intervención”, comentó el Premio Nacional de Historia 2006.

Nueva Constitución Política

Quizás la petición que más ha tomado fuerza en estas tres semanas de protestas y movilizaciones, ha sido la participación ciudadana en la redacción de una nueva Constitución Política. Respecto a este tema el historiador sostuvo en el espacio conducido por el periodista Luis Cruz que la " Carta Fundamental es el orden social que rige una comunidad dada y lo lógico es que la comunidad misma sea la que la dicte”. En tanto, que el principal derecho humano de una comunidad viviente –dijo- es darse un orden social y político que estime conveniente, la soberanía es una voluntad colectiva y para construirla debe haber una deliberación libre al interior de una comunidad", precisó.

Luego añadió que es ese escenario el que “nunca los pueblos que viven en el país han podido realizar, porque cada vez que ha sido necesario dictar una Constitución, de una u otra manera, a través de la fuerza ilegítima se ha impedido y reprimido a la ciudadanía; y solo un grupo pequeño ha dictado la Carta Magna en Chile", señaló Salazar.

Pulsión Juvenil

Para muchos las acciones que detonaron el estallido social (evasiones del metro) fueron parte de un acto adolescente que no tenía orgánica, ni un objetivo político y que no tendría mayores consecuencias. Es el caso del Rector de la Universidad Diego Portales, Dr. Carlos Peña, quien en su columna dominical de El Mercurio aseguró que “las nuevas generaciones están huérfanas de orientación (…), y así carentes de orientación ideológica, quedan presas de sus pulsiones”. 

Para el coautor de Historia Contemporánea de Chile lo que interesa en el movimiento adolescente no son las propuestas, sino lo que siente y lo que niega. Por ejemplo: “instintivamente en El Mochilazo del año 2001, sacaron una consigna que es un norte revolucionario que estos caballeros parece que no entienden. “La asamblea manda”. ¿Qué significaba eso? Nosotros mandamos. No el Gobierno, no los partidos políticos, no los intelectuales de moda”, sentenció.

Agregó que “los adolescentes plantearon de golpe y porrazo una revolución en la política chilena (…) Si eso no es norte ¿qué es?”, puntualizó.

“Ministro Sergio Muñoz podría ser acusado constitucionalmente”, advierte abogado Usach, Luis Bobadilla

“Ministro Sergio Muñoz podría ser acusado constitucionalmente”, advierte abogado Usach, Luis Bobadilla

“No existe ninguna duda respecto de la autonomía e independencia del TC, sin que pueda otro órgano del Estado inmiscuirse en las materias que la ley y la Constitución han puesto bajo la órbita de su competencia. Empero, aquello no significa que, por su calidad de órgano autónomo, todas sus actuaciones queden al margen de la revisión que pueda hacer la jurisdicción conforme a los procedimientos que la propia Carta Política contempla”.

Ese es parte del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que provocó reacciones hasta del propio Presidente de la República, quien consideró preocupante la situación que mantiene enfrentados al  máximo órgano jurisdiccional y al Tribunal Constitucional. El extracto de la sentencia implicaría que la Corte Suprema puede revisar fallos del TC por la vía de los recursos de protección, algo que este último rechaza.

El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Luis Bobadilla, explica que el fallo de la polémica fue redactado por el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Por ello, advierte que el magistrado podría exponerse a una acusación constitucional, si se atiende al artículo 52, número 2, letra c de la Constitución.

“Únicamente, pueden ser acusados constitucionalmente los magistrados de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de deberes”, indica. “El ministro Muñoz se expone a una acusación constitucional, porque está haciendo una torcida interpretación y aplicación de la ley”, insistió.

El profesor de la cátedra de derecho constitucional de la Usach advirtió que esto requeriría apoyos políticos para impulsar dicha acción, por lo que la descarta. Sin embargo, enfatiza que la interpretación de la Tercera Sala de la Corte Suprema atenta contra el texto expreso de la Constitución. “Es una interpretación mañosa y voluntarista que transgrede la Carta Fundamental. El mismo artículo sexto de la Constitución, en su artículo 80, establece que la Corte Suprema no tiene superintendencia administrativa, económica ni disciplinaria sobre el TC”, sostuvo.

El Director del Departamento de Derecho Público de nuestra Casa de Estudios reconoció que los recursos de protección son mecanismos que ofrece la Constitución para cautelar el respeto efectivo de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Fundamental. No obstante, señaló que el fallo de la Suprema altera el verdadero sentido del recurso de protección para “intervenir fallos del TC”.

“La misma Constitución Política de la República señala que contra los fallos del TC no procede recurso alguno”, explicó.  “Esto representa una crisis constitucional sin precedentes, porque la Constitución no tiene ningún mecanismo para resolver este conflicto de competencia entre el TC y la Corte Suprema”, concluye.

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