Después de la crisis de los medidores inteligentes y las alzas de las tarifas que se registraron durante el 2019, se abrió la puerta a la reforma del segmento de distribución al reducir la tasa de rentabilidad de las empresas de dicho segmento. Durante la discusión parlamentaria se solicitó al ejecutivo avanzar en una reforma estructural que permitiese dar respuesta a los problemas urgentes de seguridad y calidad de servicio, como así también lograr que las tarifas se reduzcan en el corto plazo por medio de la liberalización de los clientes.
En ese sentido, durante el año 2020 se esperaba un gran proyecto de reforma al segmento de distribución que finalmente se tradujo en tres proyectos o leyes cortas que apuntaban a resolver el problema estructural en tres etapas secuenciales: introducción del comercializador, seguridad-calidad de servicio y generación distribuida.
Desafortunadamente, estamos en foja cero: se presentó el PdL de Portabilidad, pero hace unas semanas el Ejecutivo lo retiró. No se ha avanzado en ningún aspecto de los que antes mencionados. Dentro de la discusión técnica y parlamentaria se ha solicitado que se avance nuevamente en un solo proyecto estructural, teniendo como resultado a la fecha estar en foja cero.
En este escenario, considero y sugiero prudente mirar el problema del segmento de la distribución con otra óptica, la cual debiese ser la del consumidor. Los problemas de seguridad y calidad de servicio, que son realmente urgentes de resolver, se presentan en situaciones puntuales de invierno o ante un evento climático de complejo. Esto no significa que sea justificable y, por lo mismo, la regulación debe ser adecuada hacia mecanismos que obliguen a las empresas a realizar las inversiones que sean necesarias.
Pero al mismo tiempo, los esquemas de remuneración deben ser actualizados para reflejar fielmente lo que ocurre en la realidad. Sin embargo, las altas tarifas y los problemas de pago de las cuentas mensuales se presentan todos los días del año y por lo tanto abordar esta parte de la reforma de manera inmediata, es una señal acertada y positiva por parte de la autoridad.
Con esta mirada sería interesante abordar la reforma del segmento de distribución con dos líneas de trabajo en paralelo y no secuenciales como se está pensando hoy en día. El proyecto de portabilidad o que los usuarios puedan elegir suministrador, efectivamente permitirá reducir las cuentas hoy y no en 10 años cuando los contratos de suministro “caros” terminen su vigencia. Y al mismo tiempo, es posible avanzar en una segunda reforma que dé cuenta de mejoras en la seguridad-calidad de suministro y generación distribuida, considerando todos los elementos técnicos que permitirán modernizar la red eléctrica en beneficio del usuario final.
Avanzar en ambas líneas es fundamental, son dos temas altamente necesarios y que podemos reformar en paralelo, ya que atañen problemas diferentes; uno de ellos es reducir el precio generando competencia con la Portabilidad y el otro es mejorar la calidad-seguridad del servicio de las redes de distribución.
