A inicios de esta semana entró en vigencia la Ley de Etiquetado de Alimentos, la cual obliga a llevar a los productos altos en calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio un disco pare que haga explícita la advertencia. Sin embargo, los encargados de quioscos de colegios, que ya no pueden vender productos ‘chatarra’ en estos establecimientos, advierten un aumento de 25% en los precios de su oferta (lo más barato sería una fruta, a $200).

Para el experto en marketing y comportamiento del consumidor de la Universidad de Santiago, Enrique Marinao, un efecto de este tipo implicará que la ley no impulsará mejores hábitos alimenticios en toda la población, debido a que “los sectores socioeconómicos medio y bajo no van a tener los ingresos suficientes para solventar esta subida de precio. Este nicho seguirá consumiendo lo que les alcanza”.

El académico de la Facultad de Administración y Economía del plantel estatal sostiene que “la ley está segmentando maliciosamente a los consumidores desde sus inicios. Los ricos seguirán comiendo saludable, mientras el pobre tendrá que seguir comiendo lo que los empresarios poco éticos lancen al mercado al precio de su nicho de mercado”.

“¿Quién tiene acceso al consumo saludable? El estrato alto, donde el precio demanda es inelástico y les da lo mismo cuánto pagar”, agrega.

El doctor en ciencias empresariales explica que “no es posible que, para que el consumidor adquiera hábitos de consumo de alimentos sanos, este tenga que estar pagando más por aquellos. No puede ser que mi consumo saludable tenga que costearlo con mayor precio porque las empresas no están dando el ancho para producir como deberían”.

Efecto = 0

El ingeniero comercial es escéptico respecto del impacto de los logos que establece la ley en los hábitos alimenticios de la población. “No puede ser que, en primera instancia, la única vaga información que tenemos es si es alto en sodio, alto en grasa y, después, tengamos que entrar a leer la letra chica, de que el consumo por sobre los 100 gramos hace mal para la salud”.

Según Marinao, “habría que preguntarle al sector político-legislativo y gubernamental cuál es la negociación que tuvieron que hacer para sacar esta ley, porque en términos de información es una ley muy compleja. Un niño no entiende de buenas a primeras el significado del logo. A largo plazo, esto no tendrá ningún impacto, será igual a cero”.

El especialista agrega que “la publicidad que se está haciendo para persuadir a los consumidores va a lograr su peak en el corto plazo. A mediano y largo plazo, eso no será efectivo y por más que tengamos diez signos pare en los productos, las personas van a seguir consumiendo lo que por costumbre y hábito ya consumen”.

El fondo del problema

Para el académico, la Ley de Etiquetado es solo “un elemento paliativo a la salida de un proceso. A la entrada, está que se fiscalice que los productos de toda la cadena productiva no sean ‘altos en’”.

El experto agrega que “el trasfondo de lo que estamos hablando hoy es que hay un grupo de empresarios que están utilizando insumos que son altamente dañinos para la sociedad y nadie ataca este punto”.

“El producir maliciosamente con productos que se ha comprobado los daños que tienen en la obesidad es actuar maliciosamente, con un filtro poco ético, sin fiscalizar los procesos productivos con que estamos lanzando productos al mercado”, concluye.

Este domingo se produjo un tiroteo en una discoteca gay de Orlando, Estados Unidos, que dejó 50 muertos y 53 heridos. Pese a que aún se están investigando los antecedentes de Omar Mateen, el sujeto que ejecutó estos hechos, ha trascendido su filiación al Estado Islámico y se ha calificado el hecho como el peor acto terrorista desde el 11-S.

Para el sociólogo de la Universidad, Dr. Cristián Parker, una de las condiciones que propician este tipo de eventos en suelo norteamericano se encuentra en la misma Constitución del país.

“Si tienes acceso a distintos tipos de armas, es natural que allí se genere un caldo de cultivo donde cualquier persona tiene las herramientas para cumplir los cometidos que quieran. La tenencia de armas en Estados Unidos facilita y genera condiciones favorables para que sucedan este tipo de masacres, de la manera en cómo se dan: explosivas, violentas y masivas”, afirma.

El investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) del plantel explica que el derecho de cada ciudadano de portar armas en EE. UU. está asociado fuertemente al concepto de libertad en el país norteamericano. Ello, producto de hechos históricos que fundaron dicha nación y que avalarían el uso de las armas a nivel individual, como la propia colonización, la Guerra de Independencia, la Conquista del Oeste o la Guerra Civil, entre otros.

“Los derechos constitucionales de tenencia de armas en Estados Unidos están lejos de ser suprimidos. Solo se está discutiendo si hay posibilidad de controlar o restringir el uso de las armas, no el derecho a tenerlas”, critica el académico.

A nivel estructural, el ex consultor de  UNICEF, PNUD y CEPAL sostiene que las causas de este tipo de acciones terroristas responden a un cambio de paradigma. “El orden mundial que existía hasta fines del siglo XX, basado en la Guerra Fría, transmutó y no se ha podido generar un nuevo orden mundial que garantice la paz y la justicia”.

En ese sentido, el experto menciona que este tipo de situaciones se da en parte dado que no existe un orden mundial que garantice la paz. “El trabajo realizado por las Naciones Unidas, que por lo demás necesita una reforma radical, no es capaz de garantizar el orden y la paz a nivel mundial como debiera. Sin desconocer lo que hace, es insuficiente”, critica.

El Dr. Parker sostiene que una modificación al orden mundial actual para garantizar mayores condiciones de paz debe contemplar “que los países en vías de desarrollo tengan más oportunidades, que los países pobres se sientan menos oprimidos y que los países árabes e islámicos se sientan con mayores libertades para desarrollar sus propias alternativa”.

“El sistema mundial tiene problemas graves y genera condiciones para la reproducción de grupos antisistema. Eso no cambiara rápidamente. Si bien es muy importante condenar estos atentados con el mayor vigor moral y claridad política, no veo que la situación varíe sustancialmente”, enfatiza el especialista en sociología de la cultura y de la religión.

“Estas acciones son un evento más en una serie de eventos que vamos a seguir presenciando. La guerra contra el terrorismo no está concluida para nada”, proyecta.

Un ataque en contra de la diversidad de opción

De acuerdo al académico, el tiroteo en el club Pulse no es un ataque contra grupos marginales, ya que “esa discoteca es un espacio público y legal donde se reúnen personas con distintas motivaciones. No es que allí hubiese gente discriminada o segregada. Es un ataque en contra de la diversidad de opción”.

“Hay un componente fuertemente patriarcal y homofóbico en esta visión ideológica-religiosa del yihadismo,  donde la supuesta destrucción de la ‘moral’ y de las ‘sanas costumbres’ reside en la tolerancia con el movimiento gay. Por eso, deben destruir el ‘imperio’, representado por Estados Unidos, para construir una sociedad que respete los supuestos valores del Islam, que no son realmente sus valores, sino unos alterados y distorsionados, lo que es típico del yihadismo”, explica.

Finalmente, desde el punto de vista de la consecuencia de la acción, Parker sostiene que esta es “la búsqueda de una estrategia geopolítica para generar terror en la población en el seno mismo del ‘imperio’: Estados Unidos”.

Diputados de diversos sectores presentaron la semana pasada un proyecto de ley que busca aplicar multas a manifestantes por el hecho de cubrir su rostro durante movilizaciones. El objetivo de la iniciativa, que también permite la detención inmediata de estas personas, es entregar mayores facultades a Carabineros a fin de combatir la violencia que generan estos grupos durante las marchas.

Para la experta en seguridad ciudadana del plantel, Lucía Dammert, “este proyecto no aporta significativamente en hacer ni más efectiva ni más ágil la persecución policial de este tipo de grupos”.

La académica explica que "las leyes no generan más seguridad, sino marcos que permiten que las instituciones se desarrollen, y las capacidades de acción policial ya son bastante amplias y reguladas".

La especialista reconoce que la propuesta de ley presentada por los parlamentarios responde a la necesidad de enfrentar un problema, hasta ahora, sin solución. No obstante, afirma que “más que mirar cómo hacer para detener más gente, los parlamentarios debieran avanzar en solicitar información respecto de cuántos de aquellos detenidos son efectivamente imputados por algún tipo de causa”.

Dammert hace hincapié en que todas las acciones contra la libertad de las personas, sus derechos y propiedades deben ser limitadas y castigadas. “Sin embargo, ese castigo no va a ser más efectivo porque pasamos a una ley que permite a Carabineros detener a cualquier persona por porte de una capucha. En la actualidad, la institución ya detiene a una enorme cantidad de jóvenes durante manifestaciones y hechos de violencia, y ello parece no estar dando los resultados que se espera”.

La experta recuerda que la discusión por mayores facultades para que las policías actúen frente a violentistas ya se dio en 2013, en el marco del debate por la Ley de Resguardo del Orden Público, más conocida como ‘Ley Hinzpeter’. “Resucitan una propuesta que ya había sido ampliamente debatida, pero dudo que finalmente prospere", critica.

Conversación política previa y mayores niveles de inteligencia

"La forma de resolver ese tipo de situaciones no es criminalizar el hecho sino, más bien, lograr que los organizadores de las marchas, el Gobierno y las Policías permitan que se desarrollen de forma tal que todos aquellos que vayan a cometer actos de violencia, vandalismo, robos, etcétera, queden fuera del proceso", sostiene la académica.

Por ello, indica que el énfasis de propuestas para combatir a violentistas debiera estar en dos factores. Primero, que la autoridad contemple un espacio de conversación política entre ellos y los actores u organizadores de este tipo de marchas. “Ello aportaría a generar un proceso mucho más cuidado y acompañado”, señala.

En segundo lugar, “deben procurarse acciones policiales basadas en mayores niveles de inteligencia, que permitan identificar a quienes cometen ese tipo de hechos, y juntar la información necesaria para que la detención pueda ser continuada por un proceso judicial”, afirma.

"En cualquier parte del mundo, la lucha contra este tipo de grupos que se esconden en las masas para desarrollar actos vandálicos consta de estrategias muy complejas, justamente porque son personas que no tienen un objetivo patrimonial o específico sino, más bien, de desorden público. En ese marco de dificultades internacionales, en otros países justamente se ha evidenciado que más que ir por leyes ad hoc para atacar la problemática específica, lo que se requiere son procesos previos para hacer que el funcionamiento de las instituciones sea mucho más efectivo”, concluye.

Una propuesta de Transantiago gratuito se dio a conocer esta semana como una alternativa para solucionar los altos índices de evasión que alcanza el transporte público en la capital (28 por ciento). Sin embargo, no es el único problema que ha evidenciado el sistema desde su puesta en marcha. A juicio de expertos, los tiempos de viaje y la calidad del servicio también son materias al debe.

El experto en transporte urbano de la Universidad, Rodrigo Martin, descarta la viabilidad de implementar la gratuidad total en el transporte, subrayando los altos costos que implicaría una medida de este tipo.

“No estoy de acuerdo con que el Metro y todo el Transantiago sea gratuito, pero creo que el Estado debiera asumir un rol en al menos un par de ejes importantes de transporte”, afirma.

Explica que para solucionar el problema de la evasión, una medida más viable sería ofrecer un solo servicio gratuito que genere un impacto social.

“Debe haber un compromiso estatal de financiar el transporte para los estratos más complicados con pagar el precio del pasaje”, señala el master en ingeniería del Smart City Lab – Santiago, centro de investigación del plantel que busca mejorar la calidad de vida de la ciudadanía gracias a la comprensión de los fenómenos urbanos.

Expresa que es prioritario modificar el modelo de mercado que se impone en el área del transporte, ya que solo se licitan recorridos de buses a empresas privadas y estas operan en base a criterios que no siempre se condicen con su función social. “Ellos van bajando la calidad del servicio en la medida que lo necesitan, por un tema de funcionamiento económico propio”, indica.

Enfatiza el especialista que “en Santiago, tenemos una falta de políticas claras con respecto al transporte en general y un modelo que está basado principalmente en lo económico, sin visión en temas de equidad o acceso. El transporte no es solo moverse, son oportunidades para acceder a cosas. La movilidad permite el acceso al trabajo, a oportunidades y al esparcimiento. Genera una mejor calidad de vida y no puede ser considerado como una necesidad secundaria”.

“El Estado se ha liberado de esa responsabilidad licitando, entregando vías y autopistas, todo al control de privados”, critica.

Funcionamiento de la propuesta

“El Estado debiera asumir un cierto rol en los gestores de transporte público, tener uno o dos corredores propios”, esboza el experto, haciendo hincapié en que la autoridad metropolitana en materia de transporte “debiera diferenciar cuáles son los recorridos que se licitan de aquellos donde el Estado debiera asumir una responsabilidad”.

“No es que vayamos a tener por la Alameda buses públicos y privados compitiendo entre sí, sino que el Estado debiera detectar cuáles son los puntos más complejos del transporte, dónde tenemos más carga y más necesidades económicas, y asumir ese eje”, sintetiza.

De acuerdo a los modelos de movilidad en Santiago, los mayores volúmenes de usuarios que utilizan el transporte público se registrarían de sur poniente a norponiente durante las mañanas y de manera inversa por las tardes, indica el especialista.

Respecto a los criterios para medir a una eventual línea de buses del Transantiago estatal, sostiene que estos debieran ser equivalentes a los de la empresa privada en términos de tiempos de recorrido y calidad del servicio, pero que también debiera considerar intangibles, como equidad y acceso al transporte.

Se requiere una acción coordinada

Especifica que “se extraña una política estructural en materia de transportes. Se requiere una autoridad metropolitana o superintendencia empoderada en esta materia”.

No obstante, descarta la posibilidad de cambiar el Transantiago por otro sistema distinto, ya que, a su juicio, el modelo “ya está instalado”.

El académico recalca que las tareas pendientes para mejorar el sistema -como aumentar la red del Metro, asegurar vías exclusivas y mejorar la calidad de los buses- debieran ser tratadas en conjunto a través de un plan “estratégico y secuencial que permita que las cosas no tengan rebotes o reacciones incómodas. Todo requiere una acción coordinada, bien planificada, a nivel urbano completo”.

“Claramente era algo esperable, que todo el mundo sabe que sucede los 21 de mayo en Valparaíso, tal como en las marchas que hay en Santiago, donde  grupos de encapuchados que adhieren a éstas, provocan desórdenes, daños y ataques de diverso tipo”, expresa el docente de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad, Jorge Araya Moya, respecto de los hechos de violencia desatados durante la cuenta pública de la Presidenta Bachelet que el sábado (21) último, cobraron la vida del guardia municipal Eduardo Lara.

La opinión del académico, se enmarca en una serie de cuestionamientos de los que ha sido objeto Carabineros.

Por ejemplo, la diputada comunista, Camila Vallejos, sostuvo que se deben revisar sus protocolos de acción, con el fin de evitar los niveles de violencia desatados en el puerto.

En ese sentido, Jorge Araya estima que, efectivamente, la policía debe perfeccionar su labor de inteligencia y sus tácticas policiales operativas. Sin embargo -advierte- ello conlleva un gran desafío por delante, dada las características particulares que engloban, las manifestaciones multitudinarias.

En ese contexto, el experto enfatiza que, por ejemplo, la inclusión de efectivos dentro de las protestas, podría ser contraproducente para los fines que busca. “Lo más probable es que los que están marchando, lo sientan como una provocación y pueda generar un conflicto de  mucha mayor gravedad”, explica.

Hay herramientas

Tras los desmanes del sábado pasado, desde el mundo político hubo voces que apuntaron a que se deben proporcionar más mecanismos a Carabineros, para prevenir y controlar hechos de esta naturaleza.

Por ejemplo, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, afirmó que se debe “dotar a la institución de todas las herramientas legales que le permitan desarrollar su labor”.

Otros fueron más allá, como el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edward, quien pidió al Gobierno, tomar en cuenta una ley “antiencapuchados”, “que haga más fácil a los carabineros poder tomar detenidos a los encapuchados e interrogarlos”.

Contrastando esas posiciones, Jorge Araya explica que, en estricto rigor, los uniformados sí tienen herramientas suficientes para hacer su trabajo, como el control de identidad y el uso de personal de civil para ciertos procedimientos.

Pese a ello, “no descarto esta iniciativa que han presentado algunos parlamentarios, de poder controlar a  la gente que anda encapuchada, siempre que sea en determinados contextos”, clarifica.

“No pienso que sea válido prohibir que alguien se cubra el rostro en cualquier momento o circunstancia. Si es en el marco de una marcha, donde es esperable que se produzcan incidentes, creo que ahí se les podría facultar de una autorización explícita a Carabineros para poder detener o exigir el control de identidad a quienes estén encapuchados”, complementa.

Establecer un criterio claro

El investigador expresa que puede haber muchas propuestas, sin embargo si no se establece una pauta de discernimiento claro, no servirán de nada.

“Aún con esas herramientas, nada está garantizado si no incluyen los parámetros de cuándo intervenir, para no provocar un conflicto mayor”, explica.

En esa línea, el especialista propone una ley que reemplace el reglamento interno que rige, actualmente el proceder de Carabineros,  tal como en Uruguay, la  que permite determinar con claridad las potestades y marcos de acción de la policía uniformada.

“Lo valioso de eso, es que permite que la sociedad en su conjunto y sus representantes, los parlamentarios, conozcan cuáles son esos criterios y puedan colocar las normas, los límites y atribuciones necesarias para que (Carabineros) actúe con eficacia”, concluye el experto en seguridad ciudadana.

Esta semana se conoció un informe del Directorio del Transporte Público Metropolitano (DTPM) que arrojó que la evasión en el Transantiago subió a un 28 por ciento, razón por la cual -y para cubrir el déficit económico que provoca esta conducta en el sistema- un Panel de Expertos debe evaluar si deben aplicarse alzas en las tarifas cada tres meses manejando una serie de variables.

Esta medida, ¿ayuda a resolver el problema de la evasión? Para el especialista en transporte urbano de la Universidad, Rodrigo Martin, la respuesta es clara. “Subir el precio es absolutamente contradictorio con eso. Es fomentar más la evasión, porque es una respuesta agresiva al estado de situación que tiene la gente”, argumenta.

Desde la puesta en marcha del sistema, la tarifa en buses ha aumentado desde los 380 pesos a los 640 pasajes, y  el pasaje nunca ha disminuido su valor.

Se percibe que el sistema le debe algo al pasajero

Para el académico Martin, master en ingeniería del Smart City Lab-Santiago (centro de investigación del plantel que busca generar mecanismos de comprensión de los fenómenos urbanos para mejorar calidad de vida de la ciudadanía), existe un estado de ánimo instalado en la población en contra del servicio, lo cual es difícil de revertir.

“Se percibe que el sistema le debe algo al pasajero y, por lo tanto, esto es una especie de revancha”, explica, aludiendo a que muchos se desquitarían evadiendo el pago del que considerarían como un mal servicio.

Agrega que “hay mucha gente que asumió el no pago del Transantiago como un beneficio para el presupuesto de la familia”, ejemplifica, señalando que el ahorro rondaría en torno a los 50 mil pesos mensuales.

“Subirlo como medio de presión es responder con más agresividad”, afirma el académico. “La solución no va por subir el valor del pasaje porque el que paga, pagará más, y el que no paga, va a seguir no haciéndolo”, sostiene.

El experto enfatiza que esto no es suficientemente claro para el usuario del transporte público. “¿Qué le pasa a la gente cuando no paga? El Estado tiene que subsidiar con más plata a las empresas perjudicadas y ese es todo el perjuicio que tiene una persona. Es muy poco visible el perjuicio de no pagar. Al contrario, es un beneficio tremendo para las personas porque se ahorran un montón de plata”, recalca.

Alternativas para enfrentar la evasión

“Hay que combinar la calidad de servicio, porque hay que mejorar la percepción de la gente, y la fiscalización. Hay que reinstalar la percepción de responsabilidad respecto al pago de un servicio prestado”, indica Martin.

Para mejorar lo primero, indica que el servicio debe cumplir, por ejemplo, con horarios y con tiempos de recorrido. En tanto, para optimizar la fiscalización, apunta a aumentar la cantidad de inspectores.

A pesar de voces apuntan como solución el catalogar como hurto la no validación de la tarjeta Bip!, el experto sostiene que lo primero es reinstalar la confianza y que, para eso, se deben contemplar medidas paulatinas.

“Hay que ser escalado respecto a esto, porque muchas veces una medida exagerada no se aplica porque no tiene sentido”, explica en relación al volumen de personas que podrían ser castigadas con una norma de este tipo. Por eso, hace hincapié en que las medidas deben “ir generando un proceso de educación en la comunidad. A medida que la gente vaya reaccionando, ir subiendo los castigos, para que no se termine con una ley impracticable”.

“Subir el costo del pasaje o subsidiar más el Transantiago son dos medidas equivocadas que solo ocultan el problema en vez de enfrentarlo”, concluye.

Ayer miércoles, en su último trámite, el Senado aprobó la agenda corta antidelincuencia, que ha sido modificada debido a las numerosas críticas referidas al aumento de facultades a Carabineros.

Una de esas voces públicas es la del sociólogo y académico del Instituto de Estudios Avanzados de nuestra Universidad, Dr. Cristián Parker Gumucio, quien expresa que este control preventivo establece condiciones no necesariamente de mayor seguridad para las personas y que podría suponer arbitrariedades desde la policía.

“Esta norma genera una situación en la cual se puede incurrir en arbitrariedades porque el control preventivo va a funcionar sobre la base de la apreciación que tiene la policía respecto a la conducta de ciertas personas, y nosotros sabemos que muchas veces esa apreciación está cargada de prejuicios”, enfatiza.

Escenarios de discriminación

El académico advierte que sin duda habrá escenarios de discriminación. “Creo que sí podría originar situaciones de discriminación bien conflictivas; no me cabe duda que hay ciertos grupos que van a ser desfavorecidos, grupos que no sabemos si, efectivamente va a haber o no van a haber causas y mérito. Me refiero a emigrantes o gente de origen indígena o gente de sectores poblacionales, por ejemplo”, enfatiza.

Complementa que, “entonces, no me parece que sea la medida más adecuada para enfrentar el problema de delincuencia generalizado que se experimenta en el país”.

Acota que la represión discriminatoria se supone sobre la base de abusos, “porque el abuso no es solamente directo o físico, puede ser también un abuso psicológico; es decir, cuando se detiene a alguien sobre la base de un prejuicio, se está abusando de la autoridad, y en cambio, cuando se detiene a alguien sobre la base de cierta presunción fundada, se está utilizando la autoridad y no se está abusando”.

“Va a haber ciertos grupos a los que se les controlará más la identidad que a otros. A una persona con cuello y corbata que va por la calle, lo más probable es que no se le controle. Si va un joven con barba y con el pelo largo, lo más probable es que se le controle la identidad”, puntualiza.

Empoderamiento policial

El experto recalca que el fin de controlar la identidad preventivamente es evitar delitos, sin embargo “sabemos que existen hoy día en la legislación, mecanismos que posibilitan controles de identidad, entonces, más bien me parece que es una medida para satisfacer una cierta necesidad que tiene la policía de sentirse más empoderada frente a una situación donde, por la política de respeto a los Derechos Humanos, ha significado que los policías se sientan con menos autoridad sobre las personas. No me parece que sea la medida más adecuada para enfrentar el problema generalizado de delincuencia”.

En todo caso, descarta que se repitan actitudes de la policía similares a las ocurridas en la dictadura. “No creo que volvamos a una situación como la de la dictadura porque hay otras condiciones; hay un Estado de Derecho, hay una mayor preocupación de la ciudadanía en general respecto a cuál es la conducta represiva, y por otro lado, también hay una mayor conciencia respecto a los Derechos Humanos”, subraya.

Soluciones

En tanto, el experto explica que es posible recurrir a otros mecanismos para solucionar el problema de la delincuencia.

“Creo que tienen que buscarse otros mecanismos vía la organización misma, a lo mejor de la propia sociedad civil, de los vecinos, mayor control social, pero no dejar esto exclusivamente en manos de la policía porque puede tenderse a una situación de represión discriminatoria”, destaca.

En ese sentido, el Dr. Parker afirma que de hecho, “en algunas partes ya se ha iniciado un procedimiento a través del cual hay mayor participación ciudadana en temas de seguridad colectiva, por ejemplo”.

Aunque faltan etapas, el control preventivo de identidad se modificó en lo que dice relación con los menores de edad, quienes continuarán rigiéndose por la actual norma. También, se incorporarán dispositivos electrónicos que permitan la identificación en la vía pública, eliminándose la retención en recintos policiales, salvo excepciones

La medianoche de este sábado 14 de mayo se dará inicio al horario de invierno que regirá durante los próximos tres meses, poniendo fin al horario único que se aplicó durante todo 2015.

Por lo tanto, se tendrán que ajustar sus relojes, atrasándolos en una hora, lo que supondrá que el amanecer sea más temprano y que la tarde oscurezca más pronto. Vale decir, cuando sean las 00:00 horas del domingo 15 hay que volver a las 23:00 horas del sábado 14.

Al respecto, el neurólogo y académico de la Facultad de Ciencias Médicas, Ignacio Gutiérrez, expresa que los cambios de horario alteran los llamados ciclos ‘circadianos’. Puntualmente, los periodos asociados al sueño y vigilia.

“Se podría decir que los cambios de hora son dañinos para la salud”, afirma el especialista. “Personalmente, considero que no es recomendable estar cambiando constantemente los horarios, porque puede alterar algunas funciones fisiológicas”, agrega.

El experto reconoce que cuando el cambio de horario se realiza una sola vez en el año, la población no se expone a mayores repercusiones en la salud, ya que las personas poseen mecanismos de adaptación. No obstante, advirtió que si esto provoca que los ciclos de sueño se vuelvan irregulares, “sí podemos vernos en una situación de mayor riesgo”.

“El ser humano está acostumbrado a mantener ciclos de sueño y vigilia constantes y parejos. Generar cambios puede producir algunas alteraciones, como somnolencia diurna o hipersomnia”, destaca.

Además, Gutiérrez afirma que la percepción de un menor periodo de luminosidad en el día también podría repercutir en el ánimo de las personas. “Desde el punto de vista neurológico, acortar los periodos de luz sí puede incidir en la actividad biológica. Hay trastornos anímicos que se pueden provocar con estos cambios”, expresa.

Recomendaciones

El doctor Gutiérrez afirma que para anticiparse a posibles efectos por el cambio de hora, se deben adelantar todas las actividades rutinarias en función de la modificación horaria. Específicamente, organizar la alimentación, la actividad al aire libre y, en general, “alterar el resto de los ciclos para que no se generen mayores repercusiones”.

“Lo mejor sería que empecemos a adelantar todas las actividades. También, disminuir las horas de siesta. Además, podemos adaptarnos de manera artificial a los cambios de luz”, señala, en alusión a encender más temprano las luces del hogar.

“Un cambio de horario al año no afecta la salud. Sí puede que haya unas molestias, como insomnio, pero eso tiene procesos de adaptación. Si esto se prolonga por más de dos semanas, yo recomendaría que consultaran a un especialista, para poder ordenar los ciclos de sueño y vigilia, y ver que no estén alteradas otras funciones asociadas”, recomienda.

Puntualiza que en un adulto saludable, las repercusiones del cambio de hora no debiesen prolongarse por más de una semana, y que en los niños y adultos mayores este proceso podría demorar un poco más.

Hábitos de estudio

El psicólogo y doctor en ciencias de la educación de nuestra casa de estudios, Mario Morales, desestima que el cambio de hora provocase mayores impactos en los hábitos de estudio de los niños.

No obstante, para prevenir eventuales efectos, explica que “lo primero es identificar el mejor momento en que los niños pueden concentrarse. Lo segundo es ver cuál es el nivel de exigencia en los colegios”. Esto último, en relación a distribuir mejor el tiempo de luz natural entre tareas escolares y distracción.

“Hay colegios muy exigentes, que mandan mucha tarea, muy compleja, y cuando el niño termina, ya es de noche y tiene que acostarse”, ejemplifica el director de la Escuela de Psicología.

Fundamental es que los padres identifiquen el mejor momento en que el niño se desempeña, afirma. “¿Cuál es el mejor momento? Tiene que ver con las características biológicas del niño, donde él se encuentra con mayores estados de alerta. Es necesario que los padres puedan desarrollar un horario de estudio con un conocimiento acabado sobre esto”, explica.

Además, el especialista recomienda “acostarse más temprano porque son días más cortos y oscurece más temprano. Hay que ir adecuando el horario al ritmo que tiene el niño, para poder hacer las tareas y responder a la exigencia académica”.

Finalmente, apunta a la planificación; vale decir, “ir preparando al niño para que vaya cumpliendo progresivamente, hasta adecuarse al horario de invierno”.

• Durante diez días se han producido más de 900 réplicas del terremoto de 7,8 grados en la escala Richter que el sábado 16 de abril afectó significativamente la zona costera del noroeste de Ecuador, y que sigue provocando la caída de construcciones.

Durante diez días se han producido más de 900 réplicas del terremoto de 7,8 grados en la escala Richter que el sábado 16 de abril afectó significativamente la zona costera del noroeste de Ecuador, puntualmente en el Pacífico frente a la localidad de Muisne -cuyo hipocentro se detectó a menos de 10 kilómetros de profundidad-, y que hasta la fecha ha dejado 655 muertos, cerca de 4.600 heridos y a 48 desaparecidos.

En cuanto a las causas que siguen provocando la caída de construcciones, la experta Paulina González Soto, académica del departamento de Ingeniería en Obras Civiles de nuestra Universidad, explica que entre las causas se encuentran la magnitud del evento, la distancia de las edificaciones al epicentro y el tipo de suelo.

Agrega que, también, es necesario considerar el diseño estructural de la construcción, el diseño arquitectónico de la construcción, el material de que está construida la estructura y la calidad del proceso constructivo.

En ese contexto, la experta en análisis de sismos aclara que para determinar la causa de la gran catástrofe “se necesita analizar la Norma de Diseño Sismorresistente de Edificios de Ecuador, además, se debería realizar estudios con el objeto de determinar si las construcciones fueron diseñadas utilizando dicha normativa sismorresistente. También, habría que revisar si la construcción de los edificios se realizó con estricto apego a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto de diseño estructural”.

En términos generales, acota, que todavía “se requiere efectuar peritajes técnicos para determinar las causas de las fallas de las construcciones”.

Respecto a la razón por la cual el sismo no reunió las condiciones para un eventual tsunami que afectara las costas del pacífico, incluyendo Chile, la especialista precisa que “el valor de la magnitud del terremoto está en la zona  en que existe la posibilidad de que se genere un tsunami en caso que el hipocentro del terremoto esté ubicado en la zona de interacción de subducción de las placas de Nazca y Sudamericana”, señala.

Agrega que “desde un valor de magnitud de 7,5 hacia arriba, existe la posibilidad de que se genere un tsunami, pero el fenómeno es complejo, por lo tanto no es posible tener una certeza absoluta de que el tsunami ocurra”.

Relación con sismos de Japón

La experta, recuerda además que un día antes (viernes 15) dos sismos de magnitud 7,3 y 7,1 remecieron el sur de Japón, precisando que la única relación entre los movimientos telúricos de ambos países “es que Ecuador y Japón están en la zona que se denomina Cinturón de Fuego del Pacífico porque es la que tiene la mayor actividad sísmica del mundo. La distancia entre ambos eventos es muy grande -más de 15.400 kilómetros-, por lo tanto no existiría ninguna relación entre ellos”.

La académica advierte que el origen del terremoto de Ecuador, es el mismo que ocasiona los movimientos sísmicos en nuestro país.

“La relación entre los sismos de Ecuador y los terremotos chilenos es que la mayoría de ellos se producen en la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, zona que se encuentra en la costa oeste de Sudamérica, desde la península de Taitao en Chile hasta el sur de Panamá”, concluye.

• De acuerdo al responsable del Laboratorio de Meteorología del Departamento Ingeniería Geográfica, profesor Álvaro Mauro, las próximas precipitaciones van a ser más bien sólidas  -nieve o granizo- porque claramente se nota un descenso de la temperatura. "Es probable que la lluvia nos haya impresionado mucho por los efectos adversos que causó, aunque este mes, además, las precipitaciones han sido el triple más altas que lo normal", explica.

De acuerdo al profesor responsable del Laboratorio de Meteorología del Departamento Ingeniería Geográfica, profesor Álvaro Mauro, las próximas precipitaciones van a ser más bien sólidas  -nieve o granizo- porque claramente se nota un descenso de la temperatura. "Es probable que la lluvia nos haya impresionado mucho por los efectos adversos que causó, aunque este mes, además, las precipitaciones han sido el triple más altas que lo normal", explica.

El meteorólogo proyecta una baja en las temperaturas mínimas para el resto de la semana y solo el próximo sábado retornarían las precipitaciones a la capital.

“No tendremos lluvias en Santiago hasta el sábado 23 o el domingo 24 de abril. También podría haber un frente entre lunes y martes de la próxima semana, pero aún es prematuro asegurarlo”.

El académico aclara que difícilmente se repetirá el fenómeno climático del reciente fin de semana porque “las próximas lluvias van a ser más bien sólidas en la zona cordillerana, porque habrá un descenso de la temperatura, situación más normal respecto a lo que habitualmente sucede en abril”.

Asimismo, precisa que el agua caída que hasta ayer lunes superaban los 85 milímetros en el Gran Santiago, podría haber sido provocada tanto por el fenómeno de El Niño, como por el cambio climático que nos afecta.

“El fenómeno de El Niño incidió de cierta manera en la intensidad de las precipitaciones, pero también hay que considerar las temperaturas altas poco habituales, que son efecto del calentamiento global, por tanto, es difícil asegurar cuál de los dos fenómenos fue el mayor responsable”, puntualiza.

Agrega que “el hecho de que haya precipitado agua líquida y no sólida es porque las temperaturas han estado más altas de lo normal hasta ahora”.

Respecto a la intensidad de las precipitaciones, el meteorólogo enfatiza que hay que considerar que en Santiago ha llovido el triple de lo normal hasta la fecha.

"Es probable que la lluvia nos haya impresionado mucho por los efectos adversos que causó, aunque este mes, además, las precipitaciones han sido el triple más altas que lo normal", explica.

Fenómeno podría repetirse

El profesor Mauro adelanta que el sistema frontal que afectó a las regiones Metropolitana y de O’Higgins podría reiterarse durante el año. “Este fenómeno no es exclusivo, es decir, es probable que encontremos eventos similares durante el resto del año”, sostiene.

Junto con ello destaca que las condiciones atmosféricas han tendido hacia la irregularidad. “Hay que entender que las condiciones atmosféricas no son regulares, por tanto, no tienen un comportamiento sistemático. En ese sentido son bien azarosas; hay cierta regularidad, pero solo en términos globales”, recalca.

Finalmente, remarca que las lluvias se concentraron en las dos regiones mencionadas, sin embargo no se puede predecir si los siguientes frentes tendrán las mismas características. “El fenómeno climático se puede predecir, pero no la intensidad, porque es más irregular”, concluye.