Asumiendo la precaria realidad de cientos de migrantes que no manejan el castellano y que viven situaciones de discriminación y vulnerabilidad social, un equipo de docentes del Departamento de Lingüística y Literatura de la Facultad de Humanidades, junto a estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano, inició un proyecto de enseñanza de español como lengua extranjera para haitianos y haitianas.

Desde inicios de septiembre, el grupo de nueve profesores en formación se organizó en dos equipos. Seis de ellos trabajaron con 20 aprendices de español en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Padre Vicente Irarrázaval de la población Los Nogales, Estación Central; los tres restante atendieron a cinco trabajadores de aseo de la Universidad.

La iniciativa se originó tras la solicitud que hicieran llegar a la FAHU, las profesoras Lucía Castillo y Elisabet Monje de la Escuela de Enfermería de la Universidad, puesto que en su vinculación con el Cesfam de la población Los Nogales, notaron el acelerado incremento de personas haitianas, cuyo desconocimiento del castellano dificultaba el acceso a las prestaciones de salud.

La inquietud fue tomada como un reto por tres docentes del Departamento de Lingüística y Literatura (DLL), con experiencia en enseñanza de segundas lenguas: Raquel Rubio, Néstor Singer y Manuel Rubio, quienes con el apoyo y coordinación de la encargada de Responsabilidad Social Universitaria de la FAHU, Tamara Madariaga, generaron las condiciones para contactar a estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano y plantearles el desafío "de realizar un proceso de formación en servicio".

Después de recibir una charla de sensibilización por parte del personal de salud del Cesfam y guiados por los académicos del DLL, los estudiantes Camila Guzmán, Carolina Martínez, Allison Minguzzi, Francisca Montes, Constanza Quero, Jenniffer Riquelme, Sara Sánchez, Cristian Muñoz y Francisco Soto, iniciaron un proceso de planificación y preparación de materiales.

El proyecto “Enseñanza de español para haitianos: Promoción de derechos mediante el aprendizaje de la lengua”, fue una instancia que puso “al estudiante de Pedagogía en Castellano, como agente activo de cambio, exigiéndole reflexionar sobre su rol y práctica docente para construir un entorno positivo de enseñanza aprendizaje”, sostuvo el profesor Singer.

El profesor Manuel Rubio, quien trabajó en el proyecto, destaca que el grupo de estudiantes tuvo la oportunidad de profundizar la noción de que la integración tiene como factor clave “el ser usuario competente de la lengua”. Si bien el curso fue de nivel elemental, “es un punto de partida para que puedan acceder a sus derechos no solo en el ámbito de la salud, sino también a los que todo ciudadano en nuestro país debiera tener", afirmó.

A su vez, el decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Marcelo Mella Polanco, valoró el proyecto. “Para nosotros resulta muy relevante apoyar esta iniciativa que da cuenta de las nuevas problemáticas de nuestra sociedad. El país se ha transformado en un receptor de inmigrantes latinoamericanos y nosotros no podemos estar al margen de estas transformaciones que tienen que ver con la calidad de vida de quienes han escogido este país para poder trabajar. Esta iniciativa fortalece el rol social y ético que debe jugar la Universidad en el contexto de la sociedad chilena”, afirmó.

Entrega de diplomas

La ceremonia de cierre de esta primera versión del curso fue realizada el miércoles 14 de diciembre en el Salón de Honor del Plantel y presidida por el vicedecano de Docencia de la Facultad, Dr. Jorge Rueda, quien valoró la iniciativa señalando que cristaliza un principio vector de la Universidad: “Formando personas, transformando país”. Se trata, sostuvo, de un Plantel “comprometido con proyectos de acción social que transformen al país” y que “responden al cambio político en lo social y cultural”.

Para la directora del Departamento de Lingüística y Literatura, Dra. Roxana Orrego, “la inmigración haitiana ha planteado un gran desafío de integración, frente al cual nuestro país pareciera no estar suficientemente preparado”. La autoridad indicó que toda “política real” en este sentido tiene que asumir el desafío de enseñanza de la lengua, “vehículo fundamental de inserción, comunicación y colaboración en la sociedad”. También felicitó a los participantes haitianos que asistieron al curso, especialmente por su compromiso y alegría. “Como Universidad veremos la continuidad de esta labor de integración”, afirmó.

Por su parte, el psicólogo Sergio Aguirre, ex estudiante de la U. de Santiago y director del Cesfam Padre Vicente Irarrázaval, sólo tuvo palabras de agradecimiento para quienes han colaborado en esta iniciativa y también para el personal de su consultorio, quienes “han tenido una gran capacidad de adaptación”. Para Aguirre, el curso realizado responde a “los principios de esta Universidad”, por ello abogó para que los “esfuerzos se mantengan”.

A su vez, el académico del DLL, Dr. Manuel Rubio, destacó el alto compromiso del grupo de estudiantes de Pedagogía en Castellano al asumir este desafío, lo que se evidenció en su dedicación al preparar material didáctico personalizado y en las horas extras destinadas al trabajo. Paralelamente, indicó que existe el propósito de dar continuidad a este proyecto, el que -según sostuvo- implica “lazos de cooperación real” y el fortalecimiento “de los derechos de la ciudadanía plena”.

En representación de los practicantes, habló la estudiante Alison Minguzzi, quien destacó “el respeto, solidaridad y colaboración”, manifestados en esta esta experiencia de enseñanza-aprendizaje. “Fue nuestro primer acercamiento al ejercicio docente y el primero de nuestros alumnos a la lengua española. No pudo ser más ideal”, afirmó la futura docente.

En la oportunidad, dieciocho participantes obtuvieron un certificado de participación entregado por quienes interactuaron directamente en las situaciones de aula: Carolina Martínez, Sara Sánchez y Cristián Muñoz.

La jornada de cierre del proyecto, también incluyó números artísticos preparados por participantes del proyecto: cantos, baile y lectura de poesía en español y kreyòl (o creóle), idioma de Haití. Además, y gracias a la labor de la Escuela de Periodismo de la Universidad, se proyectó una pieza audiovisual que narra la historia de esta iniciativa, considerada una potente propuesta de inclusión y responsabilidad social universitaria.

Un estudio encargado por el Ministerio de Justicia arrojó que más de la mitad de los encuestados (54%) está de acuerdo en que la delincuencia “se debe atacar aplicando sanciones más estrictas a las personas que han cometido delito”, enfoque que prima sobre alternativas como la reinserción, la mejora de las condiciones económicas y el aumento de cárceles y de dotación policial y judicial. En ese sentido, la mitad cree que la causa del fenómeno está asociada a las “sanciones débiles que aplican los jueces”. El sondeo concluye que las personas perciben a los tribunales como “indulgentes”.

Para el especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, la percepción de las personas no es del todo correcta, ya que “la gente siente que nuestra legislación está aplicando sanciones débiles, pero si uno compara el marco jurídico nacional con otros, la magnitud de la pena en Chile tiende a ser más alta que el promedio que se aplica en Latinoamérica y, claramente, superior a las que se aplican en países de la OCDE”.

Además, señala que la experiencia internacional arroja que “la racionalidad de los delincuentes no llega a la sofisticación de calcular cuántos años de condena van a tener si comete un delito y no otro”, ya que “la racionalidad del delincuente es asumir que está inserto en este mundo delictual y que es su forma de ‘ganarse la vida’. Por lo tanto, difícilmente, aumentar las penas tendrá el impacto preventivo que se desea”.

Por otra parte, sostiene que penas más altas implican que menos gente salga de las cárceles, por lo cual las capacidades de albergar más población penal en los recintos penitenciarios, que ya tienen problemas de hacinamiento, se verían reducidas.

Finalmente, explica que las cárceles no cuentan con sistemas de reinserción, por lo cual entrar en estos establecimientos de privación de libertad puede, incluso, terminar por reproducir el delito.

Mejorar la investigación criminal

En vez de esto, el experto sostiene que una mejor opción es mejorar las capacidades de investigación para aumentar la calidad de las pruebas contra un detenido, de manera de generar un “ambiente de mayor control” para inhibir el crimen.

“Cuando el delincuente percibe una mayor efectividad del sistema de justicia criminal -es decir, que efectivamente la Policía está actuando de una manera muy asertiva para identificar a los responsables-, eso sí lo percibe la delincuencia”, asegura.

Agrega que “el fondo del problema es la escasa efectividad que está teniendo el sistema -Policías, Fiscalías y, finalmente, los Tribunales- para identificar a los responsables, probar el delito y llevarlo luego a una sentencia definitiva condenatoria”, afirma.

Por eso, indica que es urgente avanzar en el plan de fortalecimiento del Ministerio Público que fue aprobado y que permitirá “constituir unidades profesionales especializadas en investigación criminal para puedan recoger y acopiar las pruebas necesarias”, indica.

Finalmente, el académico señala que el problema de que se perciba a los tribunales como “indulgentes” es un tema de falta de información del cual la institución debiera hacerse cargo. “Sería bueno que se publique el rango de penas que se aplica en Chile dependiendo del tipo de delito. Eso podría ser ilustrativo para que la gente confirme que no estamos al debe en esta materia, sino en un nivel bastante estricto en términos de penalidad”.

El experto desarrolló el tema “Aspectos estructurales de la solidaridad y la cohesión social en Chile”, donde explicó las causas del déficit de integración social en nuestro país.

Al respecto, el Dr. Espinoza aclara que primero hay que hacer una distinción entre lo que es integración, que se refiere a los aspectos valóricos y es la manera en la cual normalmente se habla de cohesión en Chile, de inclusión que tiene que ver con los vínculos sociales de las personas.

Explica que todo el mundo está de acuerdo en que hay un problema de cohesión en la sociedad chilena en este minuto y que ese déficit se demuestra porque “en Chile se piensa que vivimos en una sociedad que está en crisis y que está desorganizada, y expresiones de eso son los frecuentes conflictos, la criminalidad, la baja credibilidad que tienen las instituciones, entre otras”.

A su vez, sostiene que espacios como las universidades o la educación pública, que sirven para facilitar esas oportunidades de encuentro entre los distintos grupos sociales, debieran ser favorecidos por la política pública; sin embargo, “la preocupación es que esta sociedad tiende más bien a lo contrario, a universidades que son cada vez más segregadas en términos sociales y, por tanto, eso está a la raíz de los problemas de falta de cohesión que se aprecia en la sociedad chilena”.

“Mi preocupación ha estado por buscar una explicación o una manera de saber dónde están las causas de esa falta de cohesión”, agrega.

Causas de la falta de cohesión social

El Dr. Espinoza comenta que existen algunas teorías al respecto, como que “para algunos hay una crisis moral, es decir, una crisis de los valores, donde la gente no solo ha perdido el respeto, sino que es menos tolerante, y demanda cosas con irresponsabilidad o con expectativas desmedidas”.

Sin embargo, a su juicio, “la raíz del problema tiene que ver con el carácter altamente segregado de la estructura social chilena, con la exclusión de gran parte de la población en una sociedad que da muy pocas oportunidades de movilidad y ascenso”.

“En el fondo el problema de déficit de cohesión tiene su explicación básica en la desigualdad, pero no solamente en la desigualdad de ingresos, sino que esta otra parte que es, círculos sociales muy reducidos y muy homogéneos, y cuando en realidad las oportunidades de avances están dadas por vinculaciones fuera de esos círculos”, especifica el investigador.

En abril de este año el Gobierno inició formalmente la difusión comunicacional del proceso constituyente, con una invitación a participar de manera individual a través de la plataforma digital www.unaconstitucionparachile.cl (link is external), pero también presencialmente en los denominados cabildos ciudadanos, programados a nivel local, provincial y regional.

Un proceso que ha generado diversas dudas y críticas, como plantea académica de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de nuestra Universidad, la Dra. en Ciencias Políticas Norma Muñoz Del Campo.

Pero también un sistema de participación que instala tres temas que resulta esencial debatir, tal como propone la académica: la participación con carácter vinculante o no, la importancia de legitimar las acciones de las autoridades públicas ante la ciudadanía, así como el alcance de una verdadera representación.

“Este tipo de instancias, tal como puede transformarse en individualismos de la élites adineradas, también podrían dar paso a otros tipos de individualismo, donde es probable que ciertas comunidades ganen respecto de determinadas políticas sectoriales”, explica.

Dudas y cuestionamientos sobre el proceso

Sin duda que se trata de un escenario que ya está generando impactos, por tratarse de un sistema poco conocido en el país, además de los cuestionamientos sobre el funcionamiento de los cabildos y la manera en que se sistematizará la información que surja.

“La ciudadanía ha mostrado interés por participar en varios aspectos, entre los que se encuentra el tema de la Constitución. Ahí hay un punto a favor, es decir, pase lo que pase será positivo“, afirma la académica de la FAE, Dra. Norma Muñoz; no obstante estima que el problema es que no es un proceso vinculante, por lo que puede llegar a desilusionar a las personas que están participando en los cabildos ciudadanos, por la incertidumbre de si ciertos temas serán o no considerados más adelante.

Por ello considera relevante determinar qué es a lo que puede acceder realmente la ciudadanía. “Se está entregando una posibilidad seria de participación, pero esa posibilidad solo llega hasta poder decir lo que se piensa, sin un carácter vinculante. Es decir, algo que no necesariamente será considerado para una nueva Constitución”.

Frente a las múltiples opiniones que genera la figura del cabildo, tanto entre las autoridades como de los expertos y la ciudadanía en general que aspira a participar en el proceso constituyente, la experta asegura que existe una lucha entre la percepción y la realidad de si esta experiencia pudiera transformarse en un escenario adverso, ya que “esta participación genera mucha expectativa y cuando las expectativas se enfrentan a una realidad no esperada se genera una frustración que no sabemos qué consecuencias podría traer”.

En ese sentido, añade que se trata de un escenario hipotético. “Hasta el día de hoy no se conocen los procedimientos que llevarán esta consulta a una propuesta concreta. Las personas podrían molestarse por haber participado y comprobar que sus ideas no se encuentran reflejadas en los proyectos que serán presentados más adelante respecto de la nueva Constitución”, anticipa la profesora de la FAE.

Búsqueda de legitimidad por parte de las autoridades

La Dra. Norma Muñoz explica los cabildos representan una posibilidad para legitimar acciones públicas. “En el contexto de crisis que existe hoy, donde sabemos que la ciudadanía tiene muchas ganas de participar y que las autoridades públicas escuchen sus demandas, se trata de una iniciativa que culturalmente podría generar varios aspectos positivos”.

Y agrega: “Da la impresión que las autoridades han elegido este método por un asunto de legitimidad, independiente del debate de si es vinculante o no y de cómo se transcribirán las ideas que surjan en los cabildos. Ahora, si esa legitimidad de emprender este proceso existirá realmente y se conectará con un apoyo ciudadano al proyecto constitucional que se presente más adelante, aún está pendiente”.

Su análisis también apunta a las razones por las que no se optó por la Asamblea Constituyente y sí por lo que considera un extraño camino en el que todavía no hay claridad sobre varios aspectos. “La autoridad pública necesita legitimidad en su accionar. De no tenerla, no puede actuar”, plantea la académica.

De hecho, manifiesta que en varios sectores existe temor ante el mecanismo de la Asamblea Constituyente. “Es un asunto fundamentalmente cultural, del país y también a nivel latinoamericano. Luego de las transiciones a la democracia hubo esfuerzos por establecer mecanismos de participación para conectar a las personas con sus autoridades. Esto funcionó en Chile durante un tiempo, hasta que a partir del ‘Caso La Polar’ comienza a destaparse una gran desconfianza hacia las autoridades, la que ya existía con anterioridad”.

Incertidumbre sobre el nivel de representatividad

Otro aspecto que resulta esencial para entender el proceso dice relación con la representatividad que puedan tener los cabildos.

“No existe un método tan específico, lo que permite que cada uno se organice como quiera y como pueda. Entonces aparece un asunto metodológico respecto de la representatividad”, detalla la experta.

Es decir, qué nivel de representatividad tendrán las ideas propuestas respecto de la sociedad y también de las minorías.

“¿Qué ocurrirá con las minorías étnicas? ¿Y con las minorías que no logren organizarse y que sí tienen ideas para aportar y que también necesitan entregar sus demandas?”, cuestiona la Dra. Norma Muñoz.

Junto con aclarar que no se trata de normar la participación, advierte que un texto constitucional debe ser el resultado de un proceso colectivo de toda la sociedad. “Lo que implica una Constitución es ponernos de acuerdo respecto de cuáles serán los aspectos que normarán a nuestra sociedad. Y para eso deben estar representadas la mayor cantidad de voces posible. Quizás resulte de una manera bastante positiva y ofrezca a la ciudadanía mecanismos de participación”.

Pero también se detiene en la falta de experiencia en cuanto a los cabildos como sistema de participación para encaminar un proyecto constitucional. “Como no sabemos mucho, se va a tender al ensayo-error. Y si el error es demasiado grande, nada se podrá hacer para corregirlo”, sentencia la académica.

La experiencia de los cabildos culturales

Como cientista política, recuerda que la actual no se trata de la primera experiencia que existe en Chile. Fue en la década de los ’90 cuando se establecieron los cabildos ciudadanos para debatir la política cultural del país. “Yo investigué esos cabildos, los que no fueron muy conocidos y nunca más se habló de ellos”.

Advierte que tampoco eran vinculantes. “De hecho, entre los resultados, las personas exigían un Ministerio de Cultura, lo que finalmente no se consideró. Hasta hoy todavía existe un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.

Una experiencia que le permitió constatar a la académica, en distintas localidades donde se aplicó, la satisfacción por participar en ese tipo de consultas, aunque solo se tratara de una política sectorial y no para un proceso como el actual, que busca generar un nuevo texto constitucional.

“Igualmente existió una tendencia a mantener una representatividad respecto de la organización política de cada localidad. Es decir, quienes conducían el cabildo en general eran personas ligadas a partidos políticos, lo que confirma que esa experiencia no tuvo un alcance masivo dentro de la sociedad”, recuerda la Dra. Norma Muñoz.

Sin embargo, advierte que en los últimos años aquella iniciativa ha sido útil como plataforma para aplicar consultas ciudadanas respecto del futuro Ministerio de la Cultura, generando así una mayor representatividad.

Un proceso con dudas, críticas y aprendizajes

Aun es una incógnita lo que resultará del aprendizaje que se obtenga a partir de los cabildos ciudadanos. Así lo plantea la académica al asegurar que este tipo de participación entrenará a las personas y les enseñará maneras de dialogar y llegar a acuerdos. “Desde ese punto de vista, siempre serán positivos estos procesos de participación, especialmente en países donde no se han dado estas oportunidades con tanta frecuencia”.

Incluso advierte que independiente de las críticas y problemas que han surgido, todo proceso participativo es un proceso de aprendizaje. “Debe ser un proceso de todos, estemos o no de acuerdo, porque un debate constitucional exige alcanzar acuerdos lo más representativos posible”.

En ese sentido, la Dra. Norma Muñoz concluye que “nuestros ejes como sociedad no los puede definir una élite, un partido político ni tampoco un gobierno. Deben ser definidos por la sociedad en su conjunto, por todos y cada uno de los chilenos”.

Ayer miércoles, en su último trámite, el Senado aprobó la agenda corta antidelincuencia, que ha sido modificada debido a las numerosas críticas referidas al aumento de facultades a Carabineros.

Una de esas voces públicas es la del sociólogo y académico del Instituto de Estudios Avanzados de nuestra Universidad, Dr. Cristián Parker Gumucio, quien expresa que este control preventivo establece condiciones no necesariamente de mayor seguridad para las personas y que podría suponer arbitrariedades desde la policía.

“Esta norma genera una situación en la cual se puede incurrir en arbitrariedades porque el control preventivo va a funcionar sobre la base de la apreciación que tiene la policía respecto a la conducta de ciertas personas, y nosotros sabemos que muchas veces esa apreciación está cargada de prejuicios”, enfatiza.

Escenarios de discriminación

El académico advierte que sin duda habrá escenarios de discriminación. “Creo que sí podría originar situaciones de discriminación bien conflictivas; no me cabe duda que hay ciertos grupos que van a ser desfavorecidos, grupos que no sabemos si, efectivamente va a haber o no van a haber causas y mérito. Me refiero a emigrantes o gente de origen indígena o gente de sectores poblacionales, por ejemplo”, enfatiza.

Complementa que, “entonces, no me parece que sea la medida más adecuada para enfrentar el problema de delincuencia generalizado que se experimenta en el país”.

Acota que la represión discriminatoria se supone sobre la base de abusos, “porque el abuso no es solamente directo o físico, puede ser también un abuso psicológico; es decir, cuando se detiene a alguien sobre la base de un prejuicio, se está abusando de la autoridad, y en cambio, cuando se detiene a alguien sobre la base de cierta presunción fundada, se está utilizando la autoridad y no se está abusando”.

“Va a haber ciertos grupos a los que se les controlará más la identidad que a otros. A una persona con cuello y corbata que va por la calle, lo más probable es que no se le controle. Si va un joven con barba y con el pelo largo, lo más probable es que se le controle la identidad”, puntualiza.

Empoderamiento policial

El experto recalca que el fin de controlar la identidad preventivamente es evitar delitos, sin embargo “sabemos que existen hoy día en la legislación, mecanismos que posibilitan controles de identidad, entonces, más bien me parece que es una medida para satisfacer una cierta necesidad que tiene la policía de sentirse más empoderada frente a una situación donde, por la política de respeto a los Derechos Humanos, ha significado que los policías se sientan con menos autoridad sobre las personas. No me parece que sea la medida más adecuada para enfrentar el problema generalizado de delincuencia”.

En todo caso, descarta que se repitan actitudes de la policía similares a las ocurridas en la dictadura. “No creo que volvamos a una situación como la de la dictadura porque hay otras condiciones; hay un Estado de Derecho, hay una mayor preocupación de la ciudadanía en general respecto a cuál es la conducta represiva, y por otro lado, también hay una mayor conciencia respecto a los Derechos Humanos”, subraya.

Soluciones

En tanto, el experto explica que es posible recurrir a otros mecanismos para solucionar el problema de la delincuencia.

“Creo que tienen que buscarse otros mecanismos vía la organización misma, a lo mejor de la propia sociedad civil, de los vecinos, mayor control social, pero no dejar esto exclusivamente en manos de la policía porque puede tenderse a una situación de represión discriminatoria”, destaca.

En ese sentido, el Dr. Parker afirma que de hecho, “en algunas partes ya se ha iniciado un procedimiento a través del cual hay mayor participación ciudadana en temas de seguridad colectiva, por ejemplo”.

Aunque faltan etapas, el control preventivo de identidad se modificó en lo que dice relación con los menores de edad, quienes continuarán rigiéndose por la actual norma. También, se incorporarán dispositivos electrónicos que permitan la identificación en la vía pública, eliminándose la retención en recintos policiales, salvo excepciones

Ante el informe de la Organización de los Estados Americanos, OEA, conocido esta semana, donde se concluye que Latinoamérica no es la región más pobre, pero sí la más desigual, el director del Centro de Políticas para el Desarrollo de la FAE, Dr. Gonzalo Martner Fanta, asegura que en Chile no se ha avanzado lo suficiente en materias de desigualdad.

“En nuestro país se han observado algunos progresos, pero estos han sido muy lentos y lo que prevalece es una magnitud muy alta de la desigualdad comparada con el resto de los países. Dentro de América Latina, Chile es el país más rico y, sin embargo, es uno de los que tiene mayor desigualdad”, subraya el académico.

Expresa que la desigualdad más importante y más visible es la distribución de los ingresos, “pero también hay una evidente desigualdad en el acceso a la educación, por ejemplo. La temática cultural, que sin duda es mucho más vasta, es muy bien expresada por el indicador educacional”.

El experto aclara que en ese ámbito se ha mejorado, “pero se sigue teniendo una alta prevalencia de los sectores más bien vinculados al 40 por ciento de más altos ingresos, que constituyen la mayor parte de los estudiantes universitarios en Chile, mientras que el 60 por ciento restante está ya sea en institutos de formación técnica o sin formación superior”.

Acota que, también, “observamos desigualdad, por ejemplo, con el acceso a otros servicios básicos como la salud, y, muy importante a mi juicio, la profunda segregación social, cultural y de clases de las ciudades”.

Mecanismos para redistribuir la riqueza

Respecto a cómo revertir la alta desigualdad de nuestro país, el Dr. Martner puntualiza que existen mecanismos múltiples y que pueden ser efectivos en el corto plazo.

“Uno es el sistema de impuestos y transferencias públicas; es decir, cambiar el sistema tributario. Esta reforma tributaria que se hizo y se aprobó en el Parlamento en septiembre de 2014, algo va a ayudar, porque va a lograr que en cierta medida los impuestos no sigan siendo tan desiguales. Ello, porque con el peso del IVA, proporcionalmente pagan más impuestos las personas de menos ingresos, las más pobres. Por ejemplo, cada vez que compran un kilo de pan”, enfatiza.

Añade que “luego está el tema del gasto público que ayuda en tanto y cuanto sea ampliamente redistributivo. En Chile el gasto público es más bien pequeño, y no siempre redistribuye. Por ejemplo, se expresa en las pensiones, aunque desde la existencia de la pensión básica solidaria se corrigió en alguna medida”.

Otro mecanismo significativo es la reforma laboral que se encuentra en su último trámite constitucional en el Congreso.

“Hoy nos enteramos que el Tribunal Constitucional considera que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, firmados por Chile no obligan al gobierno y al Estado chileno. Y eso afecta por ejemplo a la titularidad sindical y la negociación colectiva”, señala, refiriéndose a las recomendaciones de la OIT respecto a que las empresas negocien preferentemente con los sindicatos y no con grupos de trabajadores en el proceso de negociación colectiva.

El acadómico sostiene que “mientras en Chile no exista una transformación importante de los impuestos y mayor gasto público redistributivo, así como relaciones laborales más equilibradas, es muy difícil pensar que podamos disminuir la brecha de desigualdad”.

Por tanto, agrega, “cambiar el sistema tributario, la lógica del gasto público y agregar a eso una reforma laboral con negociación colectiva generalizada, a manos de los sindicatos y por ramas, me parece que ya es bastante partir por ahí. Y no tiene que ser a muy a futuro, porque puede ser a corto plazo, perfectamente”.

Más de 4 millones de autos componen el actual parque automotriz de la Región Metropolitana, es decir más del 56 por ciento a nivel nacional, cifra importante considerando los constantes problemas de congestión vehicular que se viven a diario en la capital, que afectan los tiempos de desplazamiento y repercuten en la calidad de vida de las personas.

Para el experto en transportes de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, el exceso de vehículos no se asocia necesariamente a problemas de tipo vial o por el mayor nivel adquisitivo de las familias como han señalado algunos expertos, sino porque el sistema público de transporte no ofrece las garantías necesarias para confiar en él.

“La estructura vial de Santiago no es mala, porque tenemos una serie de obras que son importantes. El problema es que la dimensión del campo automotriz es excesivo porque no existen alternativas eficientes en términos de movilidad”, explica el especialista.

En ese sentido el académico enfatiza que el problema de fondo es el transporte público, por lo que es prioritario “potenciarlo, hacerlo creíble y eficiente”.

Enfatiza que eso se logra con el crecimiento del Metro y en un segundo plano fortaleciendo el transporte de superficie, en especial el Transantiago; sistema público de movilización que a juicio de Martin está muy desacreditado por lo que requiere un esfuerzo adicional para revertir la negativa impresión.

Opinión que según el experto ha sido determinante para el crecimiento del parque automotriz en la Región Metropolitana.

“Ha generado una falta de confianza que ha llevado a las personas a comprar autos como una alternativa; artículos que son baratos, contaminantes y que sin duda aportan a la congestión vehicular”, enfatiza el académico.

Asume el especialista expresa que esa pérdida de confianza requiere trabajo arduo, a largo plazo, donde se concentren los esfuerzos por consolidar el buen funcionamiento del sistema.

Explica que es imprescindible fortalecer la confiabilidad en el Transantiago, causa sustantiva de que hoy existan más automóviles que hogares en la capital. “Hay un componente psicológico involucrado en la confianza perdida, algo que es muy difícil de recuperar, porque implica una inversión de años para asegurar que el sistema funcione bien”, argumenta el especialista.

Problemas técnicos

Para Rodrigo Martin el problema del exceso de autos no se soluciona haciendo más calles, sino afrontando también  una serie de problemas técnicos presentes en la ciudad.

“Hay un problema técnico de vías segregadas mal pensadas, donde no hay continuidad en las vías exclusivas”, explica.

Asimismo el arquitecto opina que es necesario generar una solución integral, y no parcializada como se ha hecho hasta ahora.

Por ejemplo, “hay un proyecto para  generar una vía exclusiva por el bandejón central de La Alameda que es interesante, pero todo se ha hecho de forma parcial sin una estrategia general. Hay muchas cosas técnicas que se podrías hacer, pero va a demorar un par de años que se recupere la confianza”, reflexiona.

Expresa que se deben robustecer las vías segregadas y el tiempo de transporte para hacer que la gente confíe que su recorrido pasara a la hora prometida, y que el trayecto dure un periodo razonable.

Plantea que junto con ello se debe generar una red continua y ordenada de vías exclusivas para el transporte público.

El académico cree que es positivo potenciar el uso de la bicicleta y vislumbrarlo como un sistema único e integrado para todo Santiago. “Una ciclovía por el Mapocho sería una alternativa muy interesante en una ciudad que se está utilizando mucho la bicicleta”, concluye.

La principal causa que esgrimió la autoridad, es el incremento en el ausentismo escolar, que -por ejemplo- en junio alcanzó un 2,4 por ciento, periodo del año donde el amanecer se producía a las 8:45 de la mañana.

Para el director de la Escuela de Psicología y Doctor en Ciencias de la Educación, Mario Morales Navarro, la decisión de la autoridad es acertada, dado que  la inasistencia a clases es severamente perjudicial para el proceso educativo, porque los contenidos que no son vistos en la sala de clases no se vuelven a revisar.

Evitar la ausencia escolar

Para el académico es fundamental que el estudiante asista a clases. A su juicio, hay una cantidad de contenidos importantes que se deben aprender en el aula mediados por un educador, de modo que faciliten su proceso de internalización.

En este sentido, es esencial la presencia del estudiante en la sala, porque “no se puede desarrollar el proceso de enseñanza sin tenerle presente. Su ausencia, de todas maneras perjudica enormemente lo que se refiere a la calidad de los aprendizajes”, enfatiza el experto.

El especialista insiste en ello, dado que la inasistencia rompe la dinámica con que se desarrolla la enseñanza, la que se caracteriza por metodologías que obedecen a una estudiada planificación, cuyas unidades están directamente conectadas y son dependientes.

“Todas las unidades tienen una secuencia y generan una didáctica donde lo trabajado hoy tiene que ver con lo visto ayer”, argumenta el investigador.

Añade que “cuando los niños faltan, incluso por enfermedad o por otro motivo, influye en esta secuencia. Van a haber contenidos que no estarán internalizados y eso generará a la larga estudiantes que no dominan ciertos contenidos y no desarrollan las habilidades que se pretenden en torno a todo lo que significa procesos de enseñanza”, subraya el Dr. Morales.

Enfatiza que en el largo plazo, la repetición de inasistencia provoca negativas miradas. desde una perspectiva global; porque la sumatoria de este tipo de sucesos repercute en que el estudiante pierde contenidos que difícilmente logrará adquirir.

“Cada año esto termina siendo acumulativo, porque finalmente ese estudiante termina el colegio teniendo carencias de algunos contenidos que después es muy difícil que pueda recuperarlos por todo el tiempo que implica el proceso de enseñanza”, enfatiza el psicólogo.

El Dr. Morales llama a que factores físicos como la luminosidad o la falta de horas para dormir, sea considerado dentro del debate educativo, porque son aspectos importantes para sopesar a la hora de establecer parámetros que mejoren la calidad y los procesos de la educación chilena.

Se podría decir que en la medida del gobierno “hay un ahorro de energía, pero no es tan significativa. Es más importante todo lo que tiene que ver con la integridad del niño, que claramente está sobre lo otro”, concluye.

Durante la jornada de hoy, el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales conocido como Reforma Laboral, deberá ser debatido en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados en su tercer trámite, luego que durante la semana pasada fuera aprobado en detalle por la Sala del Senado.

En caso de ser aprobada por la instancia, la iniciativa terminaría su trámite en el Congreso. Por el contrario, si la norma sufre modificaciones o es rechazada pasará a una comisión mixta, donde se requiere alcanzar un consenso.

Uno de los puntos que será debatido se refiere al rechazo de la Cámara Alta sobre la propuesta del Gobierno de darle obligatoriedad a los sindicatos interempresas.

Visión de académico

A juicio del académico de la Facultad de Administración y Economía, FAE, de nuestro Plantel, Dr. Gregorio Pérez, la reforma apunta a retomar una visión más colectiva del mundo del trabajo, en el cual las personas reflejan sus intereses individuales en entidades colectivas como son los sindicatos.

Y como la mayoría de las empresas en Chile son pymes, añade, los sindicatos de estas pequeñas firmas no alcanzan el número suficiente de trabajadores para la conformación del sindicato.

“El movimiento obrero, en la necesidad de una negociación colectiva que permita representar a esas pequeñas empresas, apunta a la negociación interempresas, con el propósito que las personas que trabajan para pequeñas empresas tengan algún grado de representación que les permita mejorar su calidad de vida y sus condiciones laborales”, señala el Dr. Pérez.

Asimismo, acota el académico, que actualmente existen empresas que han preferido externalizar sus funciones marginales lo que ha significado que hay muchas pequeñas firmas prestándoles servicios a grandes empresas, lo que ha reducido el tamaño de los sindicatos.

Es por ello, señala el experto, que lo que plantea el área más liberal de la política chilena es que lo anterior iría en contra del crecimiento económico “y que de alguna manera deja en una situación muy vulnerable a los pequeños empresarios”, precisa el Dr. Pérez.

Por el contrario, enfatiza el académico, “estos puntos que se tratan de aprobar en el Congreso apuntan a mejorar de una manera más directa la calidad de vida de la clase más trabajadora”.

“Es que el famoso chorreo que plantea el empresariado, para mi gusto una idea ilusoria de que la gente va a poder negociar mejores sindicatos por el puro hecho de ser trabajadores colaborativos, no ha resultado en Chile, y eso ha desembocado en la pésima distribución del ingreso que tenemos en estos días, y creo que por la vía de fortalecer los sindicatos se mejoraría la distribución del ingreso, algo que no ha ocurrido con ningún otro mecanismo”, explica.

“Esta reforma no debiera perjudicar la productividad ni los costos de la empresa, porque se está apuntando a sectores más vulnerables de la economía, que tienen muy poco desarrollo en cuanto a sus relaciones laborales”, precisa el Dr. Pérez.

Reemplazo en huelga

Respecto al otro punto que ha generado discordia entre los parlamentarios, la prohibición del reemplazo en huelga aprobada por el Senado, como la aceptación de las adecuaciones internas de la empresa para cubrir los puestos de trabajo con otros empleados durante una huelga, el académico lo calificó como “fundamental”, porque de esta manera lo que se hace es “quitarle el poder a la única instancia que tienen los sindicatos de presión, cual es detenerse, la huelga, que por naturaleza histórica es el único argumento que ha tenido el sindicato para ejercer una fuerza sobre sus empleadores”.

El experto acota que “cuando permitimos el reemplazo, incluso interno, de las funciones laborales, lo que estamos haciendo es quitarle peso a la presión sindical. Creo que los representantes de los trabajadores han visto frustrado sus intentos de mejorar la actividad sindical debido a esta postergación del reemplazo en huelga”.

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En esa línea, el Dr. Pérez puntualiza que la visión empresarial ha sido bastante alarmista respecto al grueso de la reforma. “Creo que a lo que le tiene miedo la Sofofa es al empoderamiento de los sindicatos, y no al salario mínimo. Los empresas tienen miedo que las personas pongan más temas sobre la mesa en el debate de lo que se ha puesto hasta ahora”, subraya el académico.

“Esta reforma no debiera perjudicar la productividad ni los costos de la empresa, en tanto se está apuntando a sectores más vulnerables de la economía, que tienen muy poco desarrollo en cuanto sus relaciones laborales”, finaliza el Dr. Pérez.

La normativa se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y deberá ser votada en sala durante la semana.

Entre las indicaciones aprobadas destacan un plan de acompañamiento para las tres causales: la posibilidad de objeción de conciencia del médico y la obligación del jefe del recinto hospitalario de entregar antecedentes al ministerio público cuando una mujer mayor de edad no haya denunciado una violación.

La obligatoriedad de denuncia sólo se dará en caso de violación, no así en los casos de aborto que no se den bajo las otras dos.

En el caso de violaciones a menores de edad, el Servicio Nacional de Menores (Sename) estará obligado a presentar una querella.

Directora de Obstetricia y Puericultura

Al respecto, la directora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de nuestra Universidad de Santiago, Dra. Jennifer Cazenave Güier, señala que a pesar que esta última indicación ha causado controversia entre las matronas, está de acuerdo en que se deba denunciar.

“Ni siquiera lo estoy mirando desde el punto de vista del aborto, sino de lo que significa el daño sicológico para la persona. Entonces denunciar es enfrentar el problema como es, una agresión. Y lo otro, el daño que le provoca al agredido, al cual si no lo manifiesta, lo guardan de por vida”, subraya la académica agregando que con mayor razón se debe denunciar si la víctima es menor de edad. “Un niño tiene que ser protegido”, puntualiza.

La profesional explica que el hecho que el tema se converse y se discuta ya es un gran avance. “Toda discusión siempre es un avance, el hecho de tocar los temas, de tener distintas posiciones  es importante y siempre nos hace avanzar”, enfatiza.

No obstante, expresa que “lamentablemente, se convirtió en una discusión de política pública, pero se trata de un tema ético, porque tiene que ver con la vida”.

Agrega que la discusión debiera centrarse en el tema de fondo, que es cuándo se origina la vida. “Creo que la discusión ni siquiera se centra en las causales sino en que no hay un acuerdo y difícilmente lo habrá de cuándo comienza la vida. Y para eso debe haber un acuerdo unánime”, precisa.

Acota que “por ejemplo, para los genetistas o quienes estudian embriología como tal, científicamente el feto es un ser que siente, reacciona y que sus movimientos no son casuales. Y ahí es justamente cuando el tema se transforma en algo religioso y Chile no es un país netamente religioso como tal a pesar de ser en su mayoría católico”.

Las dos posturas en la Carrera

Respecto a la posibilidad de objeción de conciencia del médico, no así para el resto del equipo, la Dra. Cazenave aclara que esta opción se ha venido practicando desde hace bastante tiempo y no necesariamente está relacionada con el aborto.

“Si un paciente siente que no tiene confianza con el médico o cree que no es bien atendido, inmediatamente se toman acciones y se hace cargo otro médico. Nunca se deja de atender a un paciente. Ahora, si ha habido una agresión sexual se hace un estudio y se investiga, pero por ejemplo, si una matrona objetara, ella misma va a decidir que otra persona atienda a la paciente”, asegura.

La académica comenta que en el Plantel estos temas siempre se han tocado y se han escuchado y aceptado todas las posturas.

“Aquí nosotros en clases hablamos desde un punto de vista científico del aborto, por tanto no es un tema desconocido. Con los estudiantes se conversa de ambas posturas y se ha invitado a antropólogos y a autoridades del Ministerio de Salud. Aquí todos tienen su postura y no hay nada cerrado”, concluye.