En abril de este año el Gobierno inició formalmente la difusión comunicacional del proceso constituyente, con una invitación a participar de manera individual a través de la plataforma digital www.unaconstitucionparachile.cl (link is external), pero también presencialmente en los denominados cabildos ciudadanos, programados a nivel local, provincial y regional.

Un proceso que ha generado diversas dudas y críticas, como plantea académica de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de nuestra Universidad, la Dra. en Ciencias Políticas Norma Muñoz Del Campo.

Pero también un sistema de participación que instala tres temas que resulta esencial debatir, tal como propone la académica: la participación con carácter vinculante o no, la importancia de legitimar las acciones de las autoridades públicas ante la ciudadanía, así como el alcance de una verdadera representación.

“Este tipo de instancias, tal como puede transformarse en individualismos de la élites adineradas, también podrían dar paso a otros tipos de individualismo, donde es probable que ciertas comunidades ganen respecto de determinadas políticas sectoriales”, explica.

Dudas y cuestionamientos sobre el proceso

Sin duda que se trata de un escenario que ya está generando impactos, por tratarse de un sistema poco conocido en el país, además de los cuestionamientos sobre el funcionamiento de los cabildos y la manera en que se sistematizará la información que surja.

“La ciudadanía ha mostrado interés por participar en varios aspectos, entre los que se encuentra el tema de la Constitución. Ahí hay un punto a favor, es decir, pase lo que pase será positivo“, afirma la académica de la FAE, Dra. Norma Muñoz; no obstante estima que el problema es que no es un proceso vinculante, por lo que puede llegar a desilusionar a las personas que están participando en los cabildos ciudadanos, por la incertidumbre de si ciertos temas serán o no considerados más adelante.

Por ello considera relevante determinar qué es a lo que puede acceder realmente la ciudadanía. “Se está entregando una posibilidad seria de participación, pero esa posibilidad solo llega hasta poder decir lo que se piensa, sin un carácter vinculante. Es decir, algo que no necesariamente será considerado para una nueva Constitución”.

Frente a las múltiples opiniones que genera la figura del cabildo, tanto entre las autoridades como de los expertos y la ciudadanía en general que aspira a participar en el proceso constituyente, la experta asegura que existe una lucha entre la percepción y la realidad de si esta experiencia pudiera transformarse en un escenario adverso, ya que “esta participación genera mucha expectativa y cuando las expectativas se enfrentan a una realidad no esperada se genera una frustración que no sabemos qué consecuencias podría traer”.

En ese sentido, añade que se trata de un escenario hipotético. “Hasta el día de hoy no se conocen los procedimientos que llevarán esta consulta a una propuesta concreta. Las personas podrían molestarse por haber participado y comprobar que sus ideas no se encuentran reflejadas en los proyectos que serán presentados más adelante respecto de la nueva Constitución”, anticipa la profesora de la FAE.

Búsqueda de legitimidad por parte de las autoridades

La Dra. Norma Muñoz explica los cabildos representan una posibilidad para legitimar acciones públicas. “En el contexto de crisis que existe hoy, donde sabemos que la ciudadanía tiene muchas ganas de participar y que las autoridades públicas escuchen sus demandas, se trata de una iniciativa que culturalmente podría generar varios aspectos positivos”.

Y agrega: “Da la impresión que las autoridades han elegido este método por un asunto de legitimidad, independiente del debate de si es vinculante o no y de cómo se transcribirán las ideas que surjan en los cabildos. Ahora, si esa legitimidad de emprender este proceso existirá realmente y se conectará con un apoyo ciudadano al proyecto constitucional que se presente más adelante, aún está pendiente”.

Su análisis también apunta a las razones por las que no se optó por la Asamblea Constituyente y sí por lo que considera un extraño camino en el que todavía no hay claridad sobre varios aspectos. “La autoridad pública necesita legitimidad en su accionar. De no tenerla, no puede actuar”, plantea la académica.

De hecho, manifiesta que en varios sectores existe temor ante el mecanismo de la Asamblea Constituyente. “Es un asunto fundamentalmente cultural, del país y también a nivel latinoamericano. Luego de las transiciones a la democracia hubo esfuerzos por establecer mecanismos de participación para conectar a las personas con sus autoridades. Esto funcionó en Chile durante un tiempo, hasta que a partir del ‘Caso La Polar’ comienza a destaparse una gran desconfianza hacia las autoridades, la que ya existía con anterioridad”.

Incertidumbre sobre el nivel de representatividad

Otro aspecto que resulta esencial para entender el proceso dice relación con la representatividad que puedan tener los cabildos.

“No existe un método tan específico, lo que permite que cada uno se organice como quiera y como pueda. Entonces aparece un asunto metodológico respecto de la representatividad”, detalla la experta.

Es decir, qué nivel de representatividad tendrán las ideas propuestas respecto de la sociedad y también de las minorías.

“¿Qué ocurrirá con las minorías étnicas? ¿Y con las minorías que no logren organizarse y que sí tienen ideas para aportar y que también necesitan entregar sus demandas?”, cuestiona la Dra. Norma Muñoz.

Junto con aclarar que no se trata de normar la participación, advierte que un texto constitucional debe ser el resultado de un proceso colectivo de toda la sociedad. “Lo que implica una Constitución es ponernos de acuerdo respecto de cuáles serán los aspectos que normarán a nuestra sociedad. Y para eso deben estar representadas la mayor cantidad de voces posible. Quizás resulte de una manera bastante positiva y ofrezca a la ciudadanía mecanismos de participación”.

Pero también se detiene en la falta de experiencia en cuanto a los cabildos como sistema de participación para encaminar un proyecto constitucional. “Como no sabemos mucho, se va a tender al ensayo-error. Y si el error es demasiado grande, nada se podrá hacer para corregirlo”, sentencia la académica.

La experiencia de los cabildos culturales

Como cientista política, recuerda que la actual no se trata de la primera experiencia que existe en Chile. Fue en la década de los ’90 cuando se establecieron los cabildos ciudadanos para debatir la política cultural del país. “Yo investigué esos cabildos, los que no fueron muy conocidos y nunca más se habló de ellos”.

Advierte que tampoco eran vinculantes. “De hecho, entre los resultados, las personas exigían un Ministerio de Cultura, lo que finalmente no se consideró. Hasta hoy todavía existe un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.

Una experiencia que le permitió constatar a la académica, en distintas localidades donde se aplicó, la satisfacción por participar en ese tipo de consultas, aunque solo se tratara de una política sectorial y no para un proceso como el actual, que busca generar un nuevo texto constitucional.

“Igualmente existió una tendencia a mantener una representatividad respecto de la organización política de cada localidad. Es decir, quienes conducían el cabildo en general eran personas ligadas a partidos políticos, lo que confirma que esa experiencia no tuvo un alcance masivo dentro de la sociedad”, recuerda la Dra. Norma Muñoz.

Sin embargo, advierte que en los últimos años aquella iniciativa ha sido útil como plataforma para aplicar consultas ciudadanas respecto del futuro Ministerio de la Cultura, generando así una mayor representatividad.

Un proceso con dudas, críticas y aprendizajes

Aun es una incógnita lo que resultará del aprendizaje que se obtenga a partir de los cabildos ciudadanos. Así lo plantea la académica al asegurar que este tipo de participación entrenará a las personas y les enseñará maneras de dialogar y llegar a acuerdos. “Desde ese punto de vista, siempre serán positivos estos procesos de participación, especialmente en países donde no se han dado estas oportunidades con tanta frecuencia”.

Incluso advierte que independiente de las críticas y problemas que han surgido, todo proceso participativo es un proceso de aprendizaje. “Debe ser un proceso de todos, estemos o no de acuerdo, porque un debate constitucional exige alcanzar acuerdos lo más representativos posible”.

En ese sentido, la Dra. Norma Muñoz concluye que “nuestros ejes como sociedad no los puede definir una élite, un partido político ni tampoco un gobierno. Deben ser definidos por la sociedad en su conjunto, por todos y cada uno de los chilenos”.

“Claramente era algo esperable, que todo el mundo sabe que sucede los 21 de mayo en Valparaíso, tal como en las marchas que hay en Santiago, donde  grupos de encapuchados que adhieren a éstas, provocan desórdenes, daños y ataques de diverso tipo”, expresa el docente de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad, Jorge Araya Moya, respecto de los hechos de violencia desatados durante la cuenta pública de la Presidenta Bachelet que el sábado (21) último, cobraron la vida del guardia municipal Eduardo Lara.

La opinión del académico, se enmarca en una serie de cuestionamientos de los que ha sido objeto Carabineros.

Por ejemplo, la diputada comunista, Camila Vallejos, sostuvo que se deben revisar sus protocolos de acción, con el fin de evitar los niveles de violencia desatados en el puerto.

En ese sentido, Jorge Araya estima que, efectivamente, la policía debe perfeccionar su labor de inteligencia y sus tácticas policiales operativas. Sin embargo -advierte- ello conlleva un gran desafío por delante, dada las características particulares que engloban, las manifestaciones multitudinarias.

En ese contexto, el experto enfatiza que, por ejemplo, la inclusión de efectivos dentro de las protestas, podría ser contraproducente para los fines que busca. “Lo más probable es que los que están marchando, lo sientan como una provocación y pueda generar un conflicto de  mucha mayor gravedad”, explica.

Hay herramientas

Tras los desmanes del sábado pasado, desde el mundo político hubo voces que apuntaron a que se deben proporcionar más mecanismos a Carabineros, para prevenir y controlar hechos de esta naturaleza.

Por ejemplo, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, afirmó que se debe “dotar a la institución de todas las herramientas legales que le permitan desarrollar su labor”.

Otros fueron más allá, como el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edward, quien pidió al Gobierno, tomar en cuenta una ley “antiencapuchados”, “que haga más fácil a los carabineros poder tomar detenidos a los encapuchados e interrogarlos”.

Contrastando esas posiciones, Jorge Araya explica que, en estricto rigor, los uniformados sí tienen herramientas suficientes para hacer su trabajo, como el control de identidad y el uso de personal de civil para ciertos procedimientos.

Pese a ello, “no descarto esta iniciativa que han presentado algunos parlamentarios, de poder controlar a  la gente que anda encapuchada, siempre que sea en determinados contextos”, clarifica.

“No pienso que sea válido prohibir que alguien se cubra el rostro en cualquier momento o circunstancia. Si es en el marco de una marcha, donde es esperable que se produzcan incidentes, creo que ahí se les podría facultar de una autorización explícita a Carabineros para poder detener o exigir el control de identidad a quienes estén encapuchados”, complementa.

Establecer un criterio claro

El investigador expresa que puede haber muchas propuestas, sin embargo si no se establece una pauta de discernimiento claro, no servirán de nada.

“Aún con esas herramientas, nada está garantizado si no incluyen los parámetros de cuándo intervenir, para no provocar un conflicto mayor”, explica.

En esa línea, el especialista propone una ley que reemplace el reglamento interno que rige, actualmente el proceder de Carabineros,  tal como en Uruguay, la  que permite determinar con claridad las potestades y marcos de acción de la policía uniformada.

“Lo valioso de eso, es que permite que la sociedad en su conjunto y sus representantes, los parlamentarios, conozcan cuáles son esos criterios y puedan colocar las normas, los límites y atribuciones necesarias para que (Carabineros) actúe con eficacia”, concluye el experto en seguridad ciudadana.

Ayer miércoles, en su último trámite, el Senado aprobó la agenda corta antidelincuencia, que ha sido modificada debido a las numerosas críticas referidas al aumento de facultades a Carabineros.

Una de esas voces públicas es la del sociólogo y académico del Instituto de Estudios Avanzados de nuestra Universidad, Dr. Cristián Parker Gumucio, quien expresa que este control preventivo establece condiciones no necesariamente de mayor seguridad para las personas y que podría suponer arbitrariedades desde la policía.

“Esta norma genera una situación en la cual se puede incurrir en arbitrariedades porque el control preventivo va a funcionar sobre la base de la apreciación que tiene la policía respecto a la conducta de ciertas personas, y nosotros sabemos que muchas veces esa apreciación está cargada de prejuicios”, enfatiza.

Escenarios de discriminación

El académico advierte que sin duda habrá escenarios de discriminación. “Creo que sí podría originar situaciones de discriminación bien conflictivas; no me cabe duda que hay ciertos grupos que van a ser desfavorecidos, grupos que no sabemos si, efectivamente va a haber o no van a haber causas y mérito. Me refiero a emigrantes o gente de origen indígena o gente de sectores poblacionales, por ejemplo”, enfatiza.

Complementa que, “entonces, no me parece que sea la medida más adecuada para enfrentar el problema de delincuencia generalizado que se experimenta en el país”.

Acota que la represión discriminatoria se supone sobre la base de abusos, “porque el abuso no es solamente directo o físico, puede ser también un abuso psicológico; es decir, cuando se detiene a alguien sobre la base de un prejuicio, se está abusando de la autoridad, y en cambio, cuando se detiene a alguien sobre la base de cierta presunción fundada, se está utilizando la autoridad y no se está abusando”.

“Va a haber ciertos grupos a los que se les controlará más la identidad que a otros. A una persona con cuello y corbata que va por la calle, lo más probable es que no se le controle. Si va un joven con barba y con el pelo largo, lo más probable es que se le controle la identidad”, puntualiza.

Empoderamiento policial

El experto recalca que el fin de controlar la identidad preventivamente es evitar delitos, sin embargo “sabemos que existen hoy día en la legislación, mecanismos que posibilitan controles de identidad, entonces, más bien me parece que es una medida para satisfacer una cierta necesidad que tiene la policía de sentirse más empoderada frente a una situación donde, por la política de respeto a los Derechos Humanos, ha significado que los policías se sientan con menos autoridad sobre las personas. No me parece que sea la medida más adecuada para enfrentar el problema generalizado de delincuencia”.

En todo caso, descarta que se repitan actitudes de la policía similares a las ocurridas en la dictadura. “No creo que volvamos a una situación como la de la dictadura porque hay otras condiciones; hay un Estado de Derecho, hay una mayor preocupación de la ciudadanía en general respecto a cuál es la conducta represiva, y por otro lado, también hay una mayor conciencia respecto a los Derechos Humanos”, subraya.

Soluciones

En tanto, el experto explica que es posible recurrir a otros mecanismos para solucionar el problema de la delincuencia.

“Creo que tienen que buscarse otros mecanismos vía la organización misma, a lo mejor de la propia sociedad civil, de los vecinos, mayor control social, pero no dejar esto exclusivamente en manos de la policía porque puede tenderse a una situación de represión discriminatoria”, destaca.

En ese sentido, el Dr. Parker afirma que de hecho, “en algunas partes ya se ha iniciado un procedimiento a través del cual hay mayor participación ciudadana en temas de seguridad colectiva, por ejemplo”.

Aunque faltan etapas, el control preventivo de identidad se modificó en lo que dice relación con los menores de edad, quienes continuarán rigiéndose por la actual norma. También, se incorporarán dispositivos electrónicos que permitan la identificación en la vía pública, eliminándose la retención en recintos policiales, salvo excepciones

• Un convenio de colaboración entre nuestra Universidad y la Ilustre Municipalidad de Lo Prado, va a permitir a los estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias Médicas realizar actividades docentes asistenciales y de apoyo técnico, además de investigación, extensión y capacitación, en los Centros de Salud Familiar, Cesfam, de esa comuna.
   

Un convenio de colaboración entre nuestra Universidad y la Ilustre Municipalidad de Lo Prado, va a permitir a los estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias Médicas realizar actividades docentes asistenciales y de apoyo técnico, además de investigación, extensión y capacitación, en los Centros de Salud Familiar, Cesfam, de esa comuna.

Esta iniciativa refuerza el sello social de esta Casa de Estudios, considerando que sobre el 90 por ciento de los egresados de la mencionada Unidad Mayor, trabaja en el servicio de salud pública, lo que refleja que en nuestro Plantel los estudiantes “adquieren valores y compromiso social con esos pacientes”, según expresó el rector, Dr. Juan Manuel Zolezzi.

Resaltó la autoridad que una de las primeras condiciones del plantel es la preocupación por la atención en la salud primaria. “En el fondo, si en esa instancia se resolvieran los problemas de salud, se evitarían muchos costos para el sistema. Pero además, nos interesa la comuna de Lo Prado por su alto nivel de vulnerabilidad y con especial predilección por los adultos mayores”, destacó.

Alcalde resalta futura calidad de atención

Junto con agradecer el apoyo institucional, el alcalde Gonzalo Navarrete destacó que con este acuerdo todas las partes se ven beneficiadas. “Para nosotros, que ofrecemos una atención primaria de buen nivel, tener un convenio con la Universidad de Santiago acentúa esa calidad de atención y nos regalan lo mejor que tienen, que son sus estudiantes y profesores”.

Agregó que los estudiantes del Plantel realizarán su experiencia clínica en la atención primaria, que “es un lugar donde la complejidad de la salud es completamente más integral que lo que ocurre en una Unidad de Cuidados Intensivos”.

Por ello, recalcó la necesidad de que conozcan las potencialidades que implica trabajar en este sector, especialmente para el desarrollo de su propia expertise como médicos, matronas o enfermeras.

“Para nosotros como municipio esto es fundamental, porque la calidad de un profesional de la salud de una escuela de una universidad pública, con vocación pública, es completamente distinta. La cercanía, la calidad de su trabajo, la manera en que la gente se siente acogida por un estudiante de la Universidad de Santiago a nosotros nos da un gran valor”, enfatizó el jefe comunal.

Facultad de Ciencias Médicas

En representación de la Facultad de Ciencias Médicas, la vicedecana de Docencia y Extensión, Mg. Angélica Larraín, destacó la calidad del equipo de profesionales y académicos caracterizados por el sello social de nuestra Universidad.

“Esto se transmite a los estudiantes, quienes realizan muchas actividades a nivel comunitario y que lo consideran como algo propio de su formación. Por ese motivo, cuando egresan de sus carreras, buscan seguir apoyando un área que para ellos resultó fundamental dentro de su formación de pregrado”, explicó.

La vicedecana detalló que las carreras que históricamente participan en la comuna de Lo Prado son Medicina, Enfermería, Obstetricia y Terapia en Actividad Física, a las que se sumarán, prontamente, las dos nuevas carreras de Kinesiología y Terapeuta Ocupacional.

“Se trata de un acercamiento mutuo que se da entre la Universidad de Santiago y las comunas más cercanas, desde donde valoran las actividades que realizamos a nivel de Facultad, tanto en pregrado como en postgrado”, concluyó la autoridad.

Carrera de Medicina

El director de la carrera de Medicina, Dr. Mauricio Osorio, reconoció que este convenio es el resultado del trabajo que se viene realizando no solo en la Universidad, sino también en los respectivos hogares de los estudiantes, “donde nosotros terminamos por darles nuestro sello, lo que es una muestra de que el estudiante de medicina tiene una vocación de servicio internalizada”.

Junto con resaltar el trabajo de los jóvenes en su compromiso comunitario, el académico insistió en la responsabilidad social de nuestra Casa de Estudios. “Estamos recibiendo los frutos de los objetivos que nos proponemos y que también da respuesta a lo que el país espera de nosotros”

Asimismo, detalló que el 85 por ciento de los programas de formación de especialistas se entregan al ministerio de Salud para que los egresados de medicina también se desempeñen, como especialistas, en el sector público. “Una vocación que los lleva a seguir trabajando y desarrollarse profesionalmente e insertarse con las personas más necesitadas de nuestro país”.

El convenio se extenderá por tres años con la posibilidad de ser renovado por nuevos periodos sucesivos.

• La Cámara de Diputados analizará la ‘agenda corta antidelincuencia’ que incluye la disposición sobre control preventivo de identidad. El doctor en sociología del IDEA, Cristián Parker, cuestiona esta medida, porque la actual Constitución establece que “nadie puede ser detenido arbitrariamente” y advierte que “se van a incrementar y exacerbar los conflictos que muchas veces observamos entre ciudadanos y miembros de la policía”.

La Cámara de Diputados analizará la ‘agenda corta antidelincuencia’ que incluye la disposición sobre control preventivo de identidad, lo que ya fue aprobado por el Senado, a pesar de las distintas voces que se han levantado en contra de esa ampliación de facultades a Carabineros de Chile.

Al respecto, el doctor en sociología del IDEA, Cristián Parker, cuestiona esta medida, porque la actual Constitución establece que “nadie puede ser detenido arbitrariamente”.

 “Creo que aquí se amplía una facultad que puede significar un incremento de conductas represivas que, a su vez, puede generar una reacción de parte de la población, de parte de la civilidad, en el sentido de revelarse en contra de lo que van a considerar como un sistema policial de orden y seguridad demasiado represivo. Se van a incrementar y exacerbar los conflictos que muchas veces observamos entre ciudadanos y miembros de la policía”, enfatiza.

Expresa que, sociológicamente hablando, “sí se puede vulnerar el derecho a la libre circulación y a no ser sujeto de arbitrariedad. No digo que vaya a ser así, pero se abre una puerta. La ley genera condiciones de posibilidad para que en determinadas circunstancias Carabineros o la Policía actúe de tal manera que prive a las personas de su libertad de circulación y la trate arbitrariamente”.

Parker explica que la disposición se produce debido a que la policía, en general, no estaría aplicando correctamente la legislación existente, ya “que estas mayores atribuciones son un exceso”.

“De alguna manera, vienen a encubrir una falla en el funcionamiento del sistema normativo que ya tenemos, y que faculta a las policías a detener a personas que efectivamente están cometiendo delitos, o por los que hay sospecha fundada de que se encuentran en vías de cometerlo”, afirma.

Señala que el otorgar facultades a la policía para identificar a cualquier persona sobre la base de mera presunción o sospecha “puede estar violando principios de la libertad y seguridad personal”.

“Detención por sospecha”

Diversos actores han afirmado públicamente que la norma vendría a restituir la derogada “detención por sospecha”. Sobre este punto, reconoce que “aunque es menos categórica que la normativa que existía hasta 1998, creo que así es, que hay algo de eso. Detención por sospecha que se va a restituir aun cuando no se va a llamar así y aun cuando está con mayor morigeración”.

Frente a ello, el doctor en sociología sostiene que “si ya una vez la sociedad chilena y el Parlamento debatió el punto y suprimió la detención por sospecha. Por lo mismo, creo que no debiera restituirse bajo ningún punto, porque atenta contra ciertos derechos humanos fundamentales, los cuales podrían ser vulnerados, claramente”.

“La ciudadanía y quienes están en contra de cerrar los casos son los que van ganando. En ese sentido, hay que agradecer a los fiscales que han hecho un trabajo muy relevante, el que está permitiendo que esto avance”, destaca el sociólogo y académico del Plantel, Alberto Mayol.




“La ciudadanía y quienes están en contra de cerrar los casos son los que van ganando. En ese sentido, hay que agradecer a los fiscales que han hecho un trabajo muy relevante, el que está permitiendo que esto avance”, destaca el sociólogo y académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas del Plantel, Alberto Mayol.

Agrega que “hay un cambio sustantivo y es muy erróneo, y conservador, asumir que no ha habido sanciones. Aquí hay una sanción social enorme a un conjunto de prácticas que incluso eran revindicadas por los ciudadanos hace no más de tres o cuatro años”.

Ante los casos de financiamiento ilegal a la política, a través de la emisión de boletas ideológicamente falsas, el analista expresa que la sociedad se ha encargado de sancionar socialmente a los involucrados, a pesar de que hasta el momento no haya privaciones de libertad.

Ejemplifica que “tener condenado a quien fue presidente del Senado (Jovino Novoa) es una sanción. Que no esté preso es una confusión de la gente que cree que la única sanción que puede haber es estar preso. Este tipo el día de mañana choca en el auto y por el solo hecho de tener antecedentes tan graves como estos, va a estar preso por chocar”.

Reitera que no se puede perder de vista que son los fiscales quienes han permitido que se avance, a lo que se suma que “la debilidad de una elite que ha sido incapaz de defenderse dentro de este escenario; lo que es una virtud para una democracia como la nuestra, que normalmente más que una democracia es una oligarquía”, porque era la elite política quien impedía sancionar los actos de corrupción, lo que ha cambiado en los últimos años.

“Si las sanciones que existían en nuestro sistema jurídico eran insuficientes, que es algo que yo creo, tiene que ver con que nunca nos preocupamos de que esa legislación favorecía a quienes la estaban haciendo. Pero hoy día han pasado cosas tan importantes como que cuando se quieren hacer legislaciones en favor de la elite, no pueden hacerlas”, subraya.

Caso SQM

Respecto al caso SQM (Soquimich), Mayol comentó que las indagaciones continuarán pese a la decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, de cerrar la causa. “Creo que las investigaciones en este caso se están profundizando a pesar de los esfuerzos del nuevo fiscal nacional. Un fiscal que había sido considerado un fiscal conservador, como el fiscal Pablo Gómez, que era muy cercano a Abbott, se transformó en un fiscal que está generándole un problema importante a la elite”, destaca.

Frei, Piñera y Bachelet

En cuanto a la investigación que lleva adelante la Fiscalía sobre eventuales pagos por parte de la minera no metálica a personas vinculadas a partidos políticos y a las campañas presidenciales de los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera, y de la actual mandataria Michelle Bachelet, Mayol adelanta que “la privación de libertad en la práctica no se va a cumplir. Pero que un Presidente o ex Presidente de la República sea sometido en Chile, creo que eso es un avance enorme. Ahora importa más saber que los presidentes van a ser sometidos a ese examen que ver cuál el resultado final que es si van a prisión o no”.

El sociólogo enfatiza que la ciudadanía deberá recordar estos episodios al momento de votar, puntualmente en las próximas elecciones municipales de octubre de este año. “Creo que es evidente que ahora la pelota está en nuestro lado y que los votantes no voten por aquellos partidos y aquellos candidatos que estuvieron involucrados en estos temas”, concluye.

• A juicio del académico de la Facultad de Administración y Economía, Dr. Gregorio Pérez, la iniciativa que hoy será debatida en la Comisión de Trabajo de la Cámara en su tercer trámite, debe reponer las indicaciones que fortalecen los sindicatos ya que con ello se mejoraría la distribución del ingreso, “algo que no ha ocurrido con ningún otro mecanismo”, puntualiza. 

Durante la jornada de hoy, el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales conocido como Reforma Laboral, deberá ser debatido en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados en su tercer trámite, luego que durante la semana pasada fuera aprobado en detalle por la Sala del Senado.

En caso de ser aprobada por la instancia, la iniciativa terminaría su trámite en el Congreso. Por el contrario, si la norma sufre modificaciones o es rechazada pasará a una comisión mixta, donde se requiere alcanzar un consenso.

Uno de los puntos que será debatido se refiere al rechazo de la Cámara Alta sobre la propuesta del Gobierno de darle obligatoriedad a los sindicatos interempresas.

Visión de académico

A juicio del académico de la Facultad de Administración y Economía, FAE, de nuestro Plantel, Dr. Gregorio Pérez, la reforma apunta a retomar una visión más colectiva del mundo del trabajo, en el cual las personas reflejan sus intereses individuales en entidades colectivas como son los sindicatos.

Y como la mayoría de las empresas en Chile son pymes, añade, los sindicatos de estas pequeñas firmas no alcanzan el número suficiente de trabajadores para la conformación del sindicato.

“El movimiento obrero, en la necesidad de una negociación colectiva que permita representar a esas pequeñas empresas, apunta a la negociación interempresas, con el propósito que las personas que trabajan para pequeñas empresas tengan algún grado de representación que les permita mejorar su calidad de vida y sus condiciones laborales”, señala el Dr. Pérez.

Asimismo, acota el académico, que actualmente existen empresas que han preferido externalizar sus funciones marginales lo que ha significado que hay muchas pequeñas firmas prestándoles servicios a grandes empresas, lo que ha reducido el tamaño de los sindicatos.

Es por ello, señala el experto, que lo que plantea el área más liberal de la política chilena es que lo anterior iría en contra del crecimiento económico “y que de alguna manera deja en una situación muy vulnerable a los pequeños empresarios”, precisa el Dr. Pérez.

Por el contrario, enfatiza el académico, “estos puntos que se tratan de aprobar en el Congreso apuntan a mejorar de una manera más directa la calidad de vida de la clase más trabajadora”.

 “Es que el famoso chorreo que plantea el empresariado, para mi gusto una idea ilusoria de que la gente va a poder negociar mejores sindicatos por el puro hecho de ser trabajadores colaborativos, no ha resultado en Chile, y eso ha desembocado en la pésima distribución del ingreso que tenemos en estos días, y creo que por la vía de fortalecer los sindicatos se mejoraría la distribución del ingreso, algo que no ha ocurrido con ningún otro mecanismo”, explica.

“Esta reforma no debiera perjudicar la productividad ni los costos de la empresa, porque se está apuntando a sectores más vulnerables de la economía, que tienen muy poco desarrollo en cuanto a sus relaciones laborales”, precisa el Dr. Pérez.

Reemplazo en huelga

Respecto al otro punto que ha generado discordia entre los parlamentarios, la prohibición del reemplazo en huelga aprobada por el Senado, como la aceptación de las adecuaciones internas de la empresa para cubrir los puestos de trabajo con otros empleados durante una huelga, el académico lo calificó como “fundamental”, porque de esta manera lo que se hace es “quitarle el poder a la única instancia que tienen los sindicatos de presión, cual es detenerse, la huelga, que por naturaleza histórica es el único argumento que ha tenido el sindicato para ejercer una fuerza sobre sus empleadores”.

El experto acota que “cuando permitimos el reemplazo, incluso interno, de las funciones laborales, lo que estamos haciendo es quitarle peso a la presión sindical. Creo que los representantes de los trabajadores han visto frustrado sus intentos de mejorar la actividad sindical debido a esta postergación del reemplazo en huelga”.

Empresas

En esa línea, el Dr. Pérez puntualiza que la visión empresarial ha sido bastante alarmista respecto al grueso de la reforma. “Creo que a lo que le tiene miedo la Sofofa es al empoderamiento de los sindicatos, y no al salario mínimo. Los empresas tienen miedo que las personas pongan más temas sobre la mesa en el debate de lo que se ha puesto hasta ahora”, subraya el académico.

“Esta reforma no debiera perjudicar la productividad ni los costos de la empresa, en tanto se está apuntando a sectores más vulnerables de la economía, que tienen muy poco desarrollo en cuanto sus relaciones laborales”, finaliza el Dr. Pérez.

Durante la jornada de hoy, el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales conocido como Reforma Laboral, deberá ser debatido en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados en su tercer trámite, luego que durante la semana pasada fuera aprobado en detalle por la Sala del Senado.

En caso de ser aprobada por la instancia, la iniciativa terminaría su trámite en el Congreso. Por el contrario, si la norma sufre modificaciones o es rechazada pasará a una comisión mixta, donde se requiere alcanzar un consenso.

Uno de los puntos que será debatido se refiere al rechazo de la Cámara Alta sobre la propuesta del Gobierno de darle obligatoriedad a los sindicatos interempresas.

Visión de académico

A juicio del académico de la Facultad de Administración y Economía, FAE, de nuestro Plantel, Dr. Gregorio Pérez, la reforma apunta a retomar una visión más colectiva del mundo del trabajo, en el cual las personas reflejan sus intereses individuales en entidades colectivas como son los sindicatos.

Y como la mayoría de las empresas en Chile son pymes, añade, los sindicatos de estas pequeñas firmas no alcanzan el número suficiente de trabajadores para la conformación del sindicato.

“El movimiento obrero, en la necesidad de una negociación colectiva que permita representar a esas pequeñas empresas, apunta a la negociación interempresas, con el propósito que las personas que trabajan para pequeñas empresas tengan algún grado de representación que les permita mejorar su calidad de vida y sus condiciones laborales”, señala el Dr. Pérez.

Asimismo, acota el académico, que actualmente existen empresas que han preferido externalizar sus funciones marginales lo que ha significado que hay muchas pequeñas firmas prestándoles servicios a grandes empresas, lo que ha reducido el tamaño de los sindicatos.

Es por ello, señala el experto, que lo que plantea el área más liberal de la política chilena es que lo anterior iría en contra del crecimiento económico “y que de alguna manera deja en una situación muy vulnerable a los pequeños empresarios”, precisa el Dr. Pérez.

Por el contrario, enfatiza el académico, “estos puntos que se tratan de aprobar en el Congreso apuntan a mejorar de una manera más directa la calidad de vida de la clase más trabajadora”.

“Es que el famoso chorreo que plantea el empresariado, para mi gusto una idea ilusoria de que la gente va a poder negociar mejores sindicatos por el puro hecho de ser trabajadores colaborativos, no ha resultado en Chile, y eso ha desembocado en la pésima distribución del ingreso que tenemos en estos días, y creo que por la vía de fortalecer los sindicatos se mejoraría la distribución del ingreso, algo que no ha ocurrido con ningún otro mecanismo”, explica.

“Esta reforma no debiera perjudicar la productividad ni los costos de la empresa, porque se está apuntando a sectores más vulnerables de la economía, que tienen muy poco desarrollo en cuanto a sus relaciones laborales”, precisa el Dr. Pérez.

Reemplazo en huelga

Respecto al otro punto que ha generado discordia entre los parlamentarios, la prohibición del reemplazo en huelga aprobada por el Senado, como la aceptación de las adecuaciones internas de la empresa para cubrir los puestos de trabajo con otros empleados durante una huelga, el académico lo calificó como “fundamental”, porque de esta manera lo que se hace es “quitarle el poder a la única instancia que tienen los sindicatos de presión, cual es detenerse, la huelga, que por naturaleza histórica es el único argumento que ha tenido el sindicato para ejercer una fuerza sobre sus empleadores”.

El experto acota que “cuando permitimos el reemplazo, incluso interno, de las funciones laborales, lo que estamos haciendo es quitarle peso a la presión sindical. Creo que los representantes de los trabajadores han visto frustrado sus intentos de mejorar la actividad sindical debido a esta postergación del reemplazo en huelga”.

Empresas

En esa línea, el Dr. Pérez puntualiza que la visión empresarial ha sido bastante alarmista respecto al grueso de la reforma. “Creo que a lo que le tiene miedo la Sofofa es al empoderamiento de los sindicatos, y no al salario mínimo. Los empresas tienen miedo que las personas pongan más temas sobre la mesa en el debate de lo que se ha puesto hasta ahora”, subraya el académico.

“Esta reforma no debiera perjudicar la productividad ni los costos de la empresa, en tanto se está apuntando a sectores más vulnerables de la economía, que tienen muy poco desarrollo en cuanto sus relaciones laborales”, finaliza el Dr. Pérez.

• El miércoles pasado la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó ley que despenaliza el aborto tomando en consideración tres causales: violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad del feto. La normativa se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y deberá ser votada en sala durante la semana. 

El miércoles pasado la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó ley que despenaliza el aborto tomando en consideración tres causales: violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad del feto.

La normativa se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y deberá ser votada en sala durante la semana.

Entre las indicaciones aprobadas destacan un plan de acompañamiento para las tres causales: la posibilidad de objeción de conciencia del médico y la obligación del jefe del recinto hospitalario de entregar antecedentes al ministerio público cuando una mujer mayor de edad no haya denunciado una violación. 

La obligatoriedad de denuncia sólo se dará en caso de violación, no así en los casos de aborto que no se den bajo las otras dos.

En el caso de violaciones a menores de edad, el Servicio Nacional de Menores (Sename) estará obligado a presentar una querella.

Directora de Obstetricia y Puericultura

Al respecto, la directora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de nuestra Universidad de Santiago, Dra. Jennifer Cazenave Güier, señala que a pesar que esta última indicación ha causado controversia entre las matronas, está de acuerdo en que se deba denunciar.

“Ni siquiera lo estoy mirando desde el punto de vista del aborto, sino de lo que significa el daño sicológico para la persona. Entonces denunciar es enfrentar el problema como es, una agresión. Y lo otro, el daño que le provoca al agredido, al cual si no lo manifiesta, lo guardan de por vida”, subraya la académica agregando que con mayor razón se debe denunciar si la víctima es menor de edad. “Un niño tiene que ser protegido”, puntualiza.

La profesional explica que el hecho que el tema se converse y se discuta ya es un gran avance. “Toda discusión siempre es un avance, el hecho de tocar los temas, de tener distintas posiciones  es importante y siempre nos hace avanzar”, enfatiza.

No obstante, expresa que “lamentablemente, se convirtió en una discusión de política pública, pero se trata de un tema ético, porque tiene que ver con la vida”.

Agrega que la discusión debiera centrarse en el tema de fondo, que es cuándo se origina la vida. “Creo que la discusión ni siquiera se centra en las causales sino en que no hay un acuerdo y difícilmente lo habrá de cuándo comienza la vida. Y para eso debe haber un acuerdo unánime”, precisa.

Acota que “por ejemplo, para los genetistas o quienes estudian embriología como tal, científicamente el feto es un ser que siente, reacciona y que sus movimientos no son casuales. Y ahí es justamente cuando el tema se transforma en algo religioso y Chile no es un país netamente religioso como tal a pesar de ser en su mayoría católico”.

Las dos posturas en la Carrera

Respecto a la posibilidad de objeción de conciencia del médico, no así para el resto del equipo, la Dra. Cazenave aclara que esta opción se ha venido practicando desde hace bastante tiempo y no necesariamente está relacionada con el aborto.

“Si un paciente siente que no tiene confianza con el médico o cree que no es bien atendido, inmediatamente se toman acciones y se hace cargo otro médico. Nunca se deja de atender a un paciente. Ahora, si ha habido una agresión sexual se hace un estudio y se investiga, pero por ejemplo, si una matrona objetara, ella misma va a decidir que otra persona atienda a la paciente”, asegura.

La académica comenta que en el Plantel estos temas siempre se han tocado y se han escuchado y aceptado todas las posturas.

“Aquí nosotros en clases hablamos desde un punto de vista científico del aborto, por tanto no es un tema desconocido. Con los estudiantes se conversa de ambas posturas y se ha invitado a antropólogos y a autoridades del Ministerio de Salud. Aquí todos tienen su postura y no hay nada cerrado”, concluye.

La normativa se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y deberá ser votada en sala durante la semana.

Entre las indicaciones aprobadas destacan un plan de acompañamiento para las tres causales: la posibilidad de objeción de conciencia del médico y la obligación del jefe del recinto hospitalario de entregar antecedentes al ministerio público cuando una mujer mayor de edad no haya denunciado una violación.

La obligatoriedad de denuncia sólo se dará en caso de violación, no así en los casos de aborto que no se den bajo las otras dos.

En el caso de violaciones a menores de edad, el Servicio Nacional de Menores (Sename) estará obligado a presentar una querella.

Directora de Obstetricia y Puericultura

Al respecto, la directora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de nuestra Universidad de Santiago, Dra. Jennifer Cazenave Güier, señala que a pesar que esta última indicación ha causado controversia entre las matronas, está de acuerdo en que se deba denunciar.

“Ni siquiera lo estoy mirando desde el punto de vista del aborto, sino de lo que significa el daño sicológico para la persona. Entonces denunciar es enfrentar el problema como es, una agresión. Y lo otro, el daño que le provoca al agredido, al cual si no lo manifiesta, lo guardan de por vida”, subraya la académica agregando que con mayor razón se debe denunciar si la víctima es menor de edad. “Un niño tiene que ser protegido”, puntualiza.

La profesional explica que el hecho que el tema se converse y se discuta ya es un gran avance. “Toda discusión siempre es un avance, el hecho de tocar los temas, de tener distintas posiciones  es importante y siempre nos hace avanzar”, enfatiza.

No obstante, expresa que “lamentablemente, se convirtió en una discusión de política pública, pero se trata de un tema ético, porque tiene que ver con la vida”.

Agrega que la discusión debiera centrarse en el tema de fondo, que es cuándo se origina la vida. “Creo que la discusión ni siquiera se centra en las causales sino en que no hay un acuerdo y difícilmente lo habrá de cuándo comienza la vida. Y para eso debe haber un acuerdo unánime”, precisa.

Acota que “por ejemplo, para los genetistas o quienes estudian embriología como tal, científicamente el feto es un ser que siente, reacciona y que sus movimientos no son casuales. Y ahí es justamente cuando el tema se transforma en algo religioso y Chile no es un país netamente religioso como tal a pesar de ser en su mayoría católico”.

Las dos posturas en la Carrera

Respecto a la posibilidad de objeción de conciencia del médico, no así para el resto del equipo, la Dra. Cazenave aclara que esta opción se ha venido practicando desde hace bastante tiempo y no necesariamente está relacionada con el aborto.

“Si un paciente siente que no tiene confianza con el médico o cree que no es bien atendido, inmediatamente se toman acciones y se hace cargo otro médico. Nunca se deja de atender a un paciente. Ahora, si ha habido una agresión sexual se hace un estudio y se investiga, pero por ejemplo, si una matrona objetara, ella misma va a decidir que otra persona atienda a la paciente”, asegura.

La académica comenta que en el Plantel estos temas siempre se han tocado y se han escuchado y aceptado todas las posturas.

“Aquí nosotros en clases hablamos desde un punto de vista científico del aborto, por tanto no es un tema desconocido. Con los estudiantes se conversa de ambas posturas y se ha invitado a antropólogos y a autoridades del Ministerio de Salud. Aquí todos tienen su postura y no hay nada cerrado”, concluye.