• Luego que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara la creación de un Consejo Asesor para promover la transparencia entre lo público y lo privado; el economista, ex timonel del PS y académico de nuestra Universidad, Dr. Gonzalo Martner, sostuvo que “la mejor comisión sería una asamblea constituyente (…), con el objeto de volver a revisar nuestras normas y el régimen político de nuestro país”.

Tras conocerse los denominados Caso Penta y Caso Caval que han remecido a la opinión pública, el académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, el economista Dr. Gonzalo Martner, respaldó la idea de realizar una asamblea constituyente que proponga una nueva constitución y revise la relación entre el ámbito público y el sector privado en Chile.

A juicio del, también, ex secretario general del PS, “lo más sensato y lo que más responde a las demandas actuales de la ciudadanía sería que los chilenos nos pronunciemos respecto a si queremos o no cambios en la institucionalidad del país”.

Martner afirmó que los recientes casos de “conflictos de intereses”, son un elemento adicional para iniciar un proceso constituyente en Chile, “donde elijamos con toda tranquilidad y serenidad, un conjunto de personas que no sean políticos profesionales, con el objeto de volver a revisar nuestras normas, el régimen político en nuestro país, nuestros derechos y deberes y, de esa manera, abordar de frente esta situación”.  

Respecto del anuncio de la Presidenta Bachelet de crear un Consejo Asesor para promover la transparencia entre lo público y lo privado, Martner recalcó que “la mejor comisión sería una asamblea constituyente”.

“Como dicen los chinos, debemos aprovechar esta crisis y verla como una oportunidad para mejorar las cosas”, recalcó el académico.

“El problema ya está causado”

En cuanto a la reciente renuncia de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon a su militancia en el PS, Martner señaló que el hecho “solo viene a clarificar una situación”.

“No parecía del todo normal que personas que estaban dedicadas a actividades que incluyen el lobby, es decir, influir sobre decisiones públicas, en este caso el uso legal del suelo, mantuvieran una militancia en algún partido político”, declaró el economista, agregando que, no obstante, el problema a la imagen política del país “ya está causado”.

“¿Cómo puede percibir bien un ciudadano que gana el salario mínimo que se produzcan estos hechos, donde mediante el pretexto de conseguir un cambio en el uso de suelos y un crédito con muy poco capital propio, haya personas que se enriquezcan de tal manera?”, se preguntó Martner, ejemplificando que, en el Caso Penta, “el gerente general ganaba 32 millones de pesos al mes, es decir, 160 veces más que el salario mínimo”.

“Esos son los temas que la sociedad tiene que discutir, porque para poder convivir juntos, en un esquema democrático, necesitamos que los recursos públicos sean manejados con la más estricta probidad y corrección”, concluyó Gonzalo Martner, académico de nuestra Casa de Estudios.

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Tras conocerse los denominados Caso Penta y Caso Caval que han remecido a la opinión pública, el académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, el economista Dr. Gonzalo Martner, respaldó la idea de realizar una asamblea constituyente que proponga una nueva constitución y revise la relación entre el ámbito público y el sector privado en Chile.

A juicio del, también, ex secretario general del PS, “lo más sensato y lo que más responde a las demandas actuales de la ciudadanía sería que los chilenos nos pronunciemos respecto a si queremos o no cambios en la institucionalidad del país”.

Martner afirmó que los recientes casos de “conflictos de intereses”, son un elemento adicional para iniciar un proceso constituyente en Chile, “donde elijamos con toda tranquilidad y serenidad, un conjunto de personas que no sean políticos profesionales, con el objeto de volver a revisar nuestras normas, el régimen político en nuestro país, nuestros derechos y deberes y, de esa manera, abordar de frente esta situación”. 

Respecto del anuncio de la Presidenta Bachelet de crear un Consejo Asesor para promover la transparencia entre lo público y lo privado, Martner recalcó que “la mejor comisión sería una asamblea constituyente”.

“Como dicen los chinos, debemos aprovechar esta crisis y verla como una oportunidad para mejorar las cosas”, recalcó el académico.

“El problema ya está causado”

En cuanto a la reciente renuncia de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon a su militancia en el PS, Martner señaló que el hecho “solo viene a clarificar una situación”.

“No parecía del todo normal que personas que estaban dedicadas a actividades que incluyen el lobby, es decir, influir sobre decisiones públicas, en este caso el uso legal del suelo, mantuvieran una militancia en algún partido político”, declaró el economista, agregando que, no obstante, el problema a la imagen política del país “ya está causado”.

“¿Cómo puede percibir bien un ciudadano que gana el salario mínimo que se produzcan estos hechos, donde mediante el pretexto de conseguir un cambio en el uso de suelos y un crédito con muy poco capital propio, haya personas que se enriquezcan de tal manera?”, se preguntó Martner, ejemplificando que, en el Caso Penta, “el gerente general ganaba 32 millones de pesos al mes, es decir, 160 veces más que el salario mínimo”.

“Esos son los temas que la sociedad tiene que discutir, porque para poder convivir juntos, en un esquema democrático, necesitamos que los recursos públicos sean manejados con la más estricta probidad y corrección”, concluyó Gonzalo Martner, académico de nuestra Casa de Estudios.

“Este penoso episodio nunca debiera haberse producido”, reflexiona el analista político y académico de la Facultad de Administración y Economía, Dr. Gonzalo Martner tras conocer la noticia de la renuncia del hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos debido a su participación en la compra y venta de terrenos por parte de la sociedad Caval, perteneciente a su esposa.

El académico, quien fuera un actor protagónico en la  conducción del PS –ya fuere como Secretario General (1994-1998) o Presidente (2003-2005), -  argumenta que el capítulo de Caval, se podría haber evitado “si se hubieran aplicado los principios republicanos, que suponen que nadie debe ocupar un cargo público por parentesco con el gobernante”.
Martner acota que “la institución de la presidencia en Chile arrastra una anomalía que debe terminar de raíz, sobre la base de trasladar las fundaciones sociales a los ministerios respectivos”. El director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, es enfático en señalar que “el cargo que ocupaba el Señor Dávalos, debería suprimirse”.

El académico, quien durante los gobiernos concertacionistas colaborara en diversos cargos en La Moneda, siendo destinado incluso al ejercicio diplomático por la Presidenta Michelle Bachelet como Embajador de Chile en España (2008), supone que pasado el trago amargo para la Nueva Mayoría, en términos de imagen y percepción de la ciudadanía, el paso siguiente debería darlo la oposición.

“El daño provocado a la presidenta y a su coalición de gobierno es evidente, aunque ahora le pone la tarea todavía más difícil al presidente de la UDI, Ernesto Silva, quien pese a estar vinculado directamente al grupo Penta y su acciones de tráfico de influencia  y actividades ilegales de financiamiento de la política, se niega a dejar el cargo”, concluye.

• La consulta del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE, fue aplicada a 724 personas. De acuerdo al sondeo, un 88% de los encuestados considera que Chile necesita “cambios totales” o “reformas importantes”, mientras que la desigualdad social, el desempleo y el sistema educativo figuran como los principales problemas del país, de acuerdo a la ciudadanía. “La población considera que la educación está agravando la desigualdad y eso, a su vez, genera una orientación al conflicto social”, explicó el académico de la FAE, sociólogo Alberto Mayol, al presentar el sondeo.

La desigualdad social, el desempleo y el sistema educativo son, para la mayoría de los chilenos, los temas que generan más problemas, actualmente, en el país.

Así lo refleja el III Estudio de Valores Sociales de nuestra Universidad, presentado este miércoles (21) por los académicos del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía, Alberto Mayol y Gonzalo Martner.

La encuesta fue aplicada entre el 5 y el 14 de enero, a través de un cuestionario online a 724 personas, desde Arica a Punta Arenas y, entre otros resultados, mostró que más de un 30 por ciento de los consultados sitúa en primera opción la “desigualdad social” dentro de los principales problemas del país, por sobre factores como la delincuencia, el costo de la vida o las pensiones, entre otros.

En materia de cambios sociales, un 88 por cien de los encuestados, considera que Chile necesita “cambios totales” o “reformas importantes”. Quienes dicen que los cambios deben ser “menores” o que el país debe permanecer “tal como está”, bordean los 10 puntos porcentuales.

En relación a los valores sociales, en tanto, el “respeto por el otro”, “igualdad”, “trabajo”, “seguridad” y “solidaridad” son los conceptos más importantes para los ciudadanos respecto a los factores que constituyen “un mundo mejor”, por sobre la “responsabilidad individual”, la “autoridad” y la “religión”.

En cuanto a la desigualdad, un 68 por ciento considera que Chile es un país “muy desigual”, realidad que es atribuida a “diferencias de educación” (53%) o bien al “origen social o familiar” (37%), antes que a diferencias en el esfuerzo propio (10%).

Una mayoría (54%) opina que el funcionamiento actual de la sociedad chilena no contribuye a disminuir las desigualdades sociales de origen o bien que las agrava (38%).

En el ámbito educacional, el estudio reseña que la mayoría considera que la educación debiera ser “principalmente pública” (entre 62% y 67% según los niveles educativos) o “sólo pública” (entre 21% y 27% según los niveles educativos). Se mantiene, asimismo, una opinión fuertemente mayoritaria (entre 75% y 83% según niveles educativos) en contra de la aceptación del lucro en la educación.

En la encuesta se observa, además, una amplia preferencia (57%) por la no intervención de las iglesias y creencias religiosas en las decisiones políticas del país y un 49% de respaldo a la idea de permitir el aborto, “solo en caso de violación y en caso de peligro de la vida de la madre”.

Finalmente, en materia electoral, las coaliciones Nueva Mayoría y Alianza sufren un amplio rechazo por los potenciales electores, mientras, ante la pregunta sobre quién cree que será el presidente en el próximo período (mención espontánea) un 34% menciona a Sebastián Piñera y un 32% menciona a Marcos Enríquez-Ominami.

La desigualdad se toma la opinión pública 

Para el sociólogo y académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, Alberto Mayol, lo más relevante de la consulta “es que la desigualdad se tomó la escena actual del país”.

“La población considera, además, que la educación está agravando la desigualdad y eso, a su vez, genera una orientación al conflicto social”, explicó el sociólogo.

“En las encuestas realizadas previamente en la Universidad, hemos visto que la desigualdad siempre ha sido un tema relevante, pero se ha incrementado la presencia de este factor. Si uno hace la comparación con otras consultas realizadas hace unos 10 años, la importancia que se le da a la igualdad prácticamente se duplica mientras que factores como el orden, caen estrepitosamente”, agregó el académico del Plantel.

El III Estudio de Valores Sociales fue realizado por el Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE con las empresas de estudios de opinión Sargón y Netquest, en continuidad con dos estudios previos realizados en 2013.

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La desigualdad social, el desempleo y el sistema educativo son, para la mayoría de los chilenos, los temas que generan más problemas, actualmente, en el país.

Así lo refleja el III Estudio de Valores Sociales de nuestra Universidad, presentado este miércoles (21) por los académicos del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía, Alberto Mayol y Gonzalo Martner.

La encuesta fue aplicada entre el 5 y el 14 de enero, a través de un cuestionario online a 724 personas, desde Arica a Punta Arenas y, entre otros resultados, mostró que más de un 30 por ciento de los consultados sitúa en primera opción la “desigualdad social” dentro de los principales problemas del país, por sobre factores como la delincuencia, el costo de la vida o las pensiones, entre otros.

En materia de cambios sociales, un 88 por cien de los encuestados, considera que Chile necesita “cambios totales” o “reformas importantes”. Quienes dicen que los cambios deben ser “menores” o que el país debe permanecer “tal como está”, bordean los 10 puntos porcentuales.

En relación a los valores sociales, en tanto, el “respeto por el otro”, “igualdad”, “trabajo”, “seguridad” y “solidaridad” son los conceptos más importantes para los ciudadanos respecto a los factores que constituyen “un mundo mejor”, por sobre la “responsabilidad individual”, la “autoridad” y la “religión”.

En cuanto a la desigualdad, un 68 por ciento considera que Chile es un país “muy desigual”, realidad que es atribuida a “diferencias de educación” (53%) o bien al “origen social o familiar” (37%), antes que a diferencias en el esfuerzo propio (10%).

Una mayoría (54%) opina que el funcionamiento actual de la sociedad chilena no contribuye a disminuir las desigualdades sociales de origen o bien que las agrava (38%).

En el ámbito educacional, el estudio reseña que la mayoría considera que la educación debiera ser “principalmente pública” (entre 62% y 67% según los niveles educativos) o “sólo pública” (entre 21% y 27% según los niveles educativos). Se mantiene, asimismo, una opinión fuertemente mayoritaria (entre 75% y 83% según niveles educativos) en contra de la aceptación del lucro en la educación.

En la encuesta se observa, además, una amplia preferencia (57%) por la no intervención de las iglesias y creencias religiosas en las decisiones políticas del país y un 49% de respaldo a la idea de permitir el aborto, “solo en caso de violación y en caso de peligro de la vida de la madre”.

Finalmente, en materia electoral, las coaliciones Nueva Mayoría y Alianza sufren un amplio rechazo por los potenciales electores, mientras, ante la pregunta sobre quién cree que será el presidente en el próximo período (mención espontánea) un 34% menciona a Sebastián Piñera y un 32% menciona a Marcos Enríquez-Ominami.

La desigualdad se toma la opinión pública

Para el sociólogo y académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, Alberto Mayol, lo más relevante de la consulta “es que la desigualdad se tomó la escena actual del país”.

“La población considera, además, que la educación está agravando la desigualdad y eso, a su vez, genera una orientación al conflicto social”, explicó el sociólogo.

“En las encuestas realizadas previamente en la Universidad, hemos visto que la desigualdad siempre ha sido un tema relevante, pero se ha incrementado la presencia de este factor. Si uno hace la comparación con otras consultas realizadas hace unos 10 años, la importancia que se le da a la igualdad prácticamente se duplica mientras que factores como el orden, caen estrepitosamente”, agregó el académico del Plantel.

El III Estudio de Valores Sociales fue realizado por el Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE con las empresas de estudios de opinión Sargón y Netquest, en continuidad con dos estudios previos realizados en 2013.

• El doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto de Estudios Avanzados del Plantel, Pablo Lacoste, desestimó la hipótesis del suicidio en el caso de la muerte de Alberto Nisman, fiscal que acusó a Cristina Fernández por tratar de encubrir a los involucrados en el atentado a AMIA. “Esta presidenta ya tiene larga fama de perseguir a fiscales o jueces que osaban investigar la corrupción en Argentina”, puntualiza Lacoste.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Alberto Nisman, fiscal argentino que acusó a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a los involucrados en el atentado a la Asociación Mutual Israelta Argentina (AMIA), el investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la U. de Santiago de Chile, Pablo Lacoste, puso en duda la hipótesis del suicidio y lanzó una fuerte crítica al actual gobierno trasandino.

A juicio del investigador, profesor y licenciado en Historia, la presidenta Fernández “ya tiene larga fama de perseguir a fiscales o jueces que osaron investigar la corrupción en Argentina”.

“Basta mirar lo que pasó con quienes investigaron a (Amado) Boudou (ex ministro acusado de cohecho). Hay jueces y fiscales que han sido perseguidos. Existe una actitud agresiva del gobierno contra los fiscales independientes”, aseveró Lacoste.

Para el analista, existía una gran presión sobre el fiscal para que no presentara sus pruebas, “por lo cual se vio obligado a interrumpir sus vacaciones y apurar la entrega de antecedentes en un período insólito”. Los tribunales argentinos no funcionan durante enero, sin embargo el receso fue suspendido por el juez federal Ariel Lijo.

“El fiscal Nisman estaba muy preocupado, entonces apuró la entrega de pruebas. Él estaba amenazado, temía por su hija y ya había advertido la semana pasada que este caso le podía costar la vida”, señaló el investigador de la U. de Santiago.

Según el doctor en historia, el gobierno argentino, “no conoce el concepto republicano de división y equilibrio de poderes. Es el típico gobierno populista latinoamericano que avanza sobre todas las instituciones hacia la suma del poder público”.

“Seguramente quienes impulsaron la muerte de Nisman, calcularon que el costo político sería menor que si él hablaba en el congreso, pero se ve que ese cálculo no fue muy certero pues ahora Argentina se encuentra bajo un escándalo mundial que el gobierno de Cristina Fernández no sabe cómo manejar”, concluyó el investigador de la Universidad de Santiago de Chile, Pablo Lacoste.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Alberto Nisman, fiscal argentino que acusó a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a los involucrados en el atentado a la Asociación Mutual Israelta Argentina (AMIA), el investigador del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la U. de Santiago de Chile, Pablo Lacoste, puso en duda la hipótesis del suicidio y lanzó una fuerte crítica al actual gobierno trasandino.

A juicio del investigador, profesor y licenciado en Historia, la presidenta Fernández “ya tiene larga fama de perseguir a fiscales o jueces que osaron investigar la corrupción en Argentina”.

“Basta mirar lo que pasó con quienes investigaron a (Amado) Boudou (ex ministro acusado de cohecho). Hay jueces y fiscales que han sido perseguidos. Existe una actitud agresiva del gobierno contra los fiscales independientes”, aseveró Lacoste.

Para el analista, existía una gran presión sobre el fiscal para que no presentara sus pruebas, “por lo cual se vio obligado a interrumpir sus vacaciones y apurar la entrega de antecedentes en un período insólito”. Los tribunales argentinos no funcionan durante enero, sin embargo el receso fue suspendido por el juez federal Ariel Lijo.

“El fiscal Nisman estaba muy preocupado, entonces apuró la entrega de pruebas. Él estaba amenazado, temía por su hija y ya había advertido la semana pasada que este caso le podía costar la vida”, señaló el investigador de la U. de Santiago.

Según el doctor en historia, el gobierno argentino, “no conoce el concepto republicano de división y equilibrio de poderes. Es el típico gobierno populista latinoamericano que avanza sobre todas las instituciones hacia la suma del poder público”.

“Seguramente quienes impulsaron la muerte de Nisman, calcularon que el costo político sería menor que si él hablaba en el congreso, pero se ve que ese cálculo no fue muy certero pues ahora Argentina se encuentra bajo un escándalo mundial que el gobierno de Cristina Fernández no sabe cómo manejar”, concluyó el investigador de la Universidad de Santiago de Chile, Pablo Lacoste.

• En conversación con el programa Sin Pretexto de Radio U. de Santiago, las senadoras Isabel Allende (PS) y Lily Pérez (Amplitud), celebraron el “cambio histórico” al sistema binominal y destacaron la posibilidad de que nuevas fuerzas políticas se incorporen al Parlamento.

“La Reforma al Binominal beneficia a una democracia que tiene que entender que debe ser mucho más participativa”. Con esa aseveración, la Presidenta del Senado Isabel Allende, valoró -a través de los micrófonos de Radio Universidad de Santiago- la aprobación en la Cámara Alta del proyecto que modifica el sistema electoral vigente por uno de carácter proporcional y representativo.

La moción -que incluye un aumento en el número de senadores y diputados en base a un redistritaje en el mapa electoral y que considera incentivos para que se incorporen nuevos partidos al sistema, entre otros cambios- debe ser votada ahora en la Cámara de Diputados antes de convertirse en Ley.

En conversación con el programa Sin Pretexto de la Radio Universitaria (94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl), la senadora del Partido Socialista explicó que el sistema actual ha sido fuente  de  frustración y freno para eventuales candidaturas, por eso “el Parlamento no podía seguir restringido y beneficiando solo a dos coaliciones, porque impedía que terceras mayorías y partidos más chicos pudieran acceder y, por lo tanto, que hubiera una verdadera competencia”.

La senadora Isabel Allende sostuvo que “la ciudadanía se equivoca cuando ve el tema de la participación política sólo como un cálculo. Naturalmente los partidos quieren más representación en el Congreso, no hay nada antidemocrático ni perverso en eso. El tema es cómo logramos que el Parlamento sea un mejor espejo de la sociedad”. Por eso es que consideró crucial que, por ejemplo, se integren más mujeres, jóvenes y representantes de pueblos originarios al Poder Legislativo.

Sub representación

La parlamentaria no le teme a la presentación que anunció la Alianza ante el Tribunal Constitucional, cuestionando, entre otras cosas, las cuotas de participación por género que serían incompatibles con la celebración de primarias en los partidos. “Vamos a velar para que esto no se transforme en un resquicio para que los partidos terminen poniendo a las mujeres en los lugares donde tienen poca electividad. Nosotras, las mujeres, estamos sub representadas y no estamos pidiendo solo garantías para presentarnos como candidatas, sino que necesitamos realmente participar y competir”, aseveró la presidenta de la Cámara Alta.

También en diálogo con la emisora universitaria, la senadora del movimiento Amplitud, Lily Pérez, calificó como un “paso histórico” el fin al binominal y se declaró “contenta de haber contribuido a algo tan anhelado por nuestro país. Chile tenía que avanzar hacia un sistema más democrático y proporcional en la elección parlamentaria y más cercano al que ya tenemos en la (elección) municipal”.

La parlamentaria y el senador Antonio Horvath, también independiente, fueron los únicos representantes de la oposición en dar su respaldo al proyecto del Gobierno para el cambio del sistema electoral, votos que finalmente permitieron la aprobación. “Tenemos mucha gente que puede elegir, pero que no pueden ser elegidos -explicó- hay mucha gente que trabaja con las comunidades, que son independientes, y que no tienen ninguna posibilidad de participar hoy en el Congreso Nacional, por eso era crucial darle fuerza a la regiones con este cambio”.

Que de los diez diputados binominales que hoy existen en Chile, cinco sean de la Alianza y cinco de la Nueva Mayoría, a juicio de la senadora Pérez “demuestra que el sistema imperante ha beneficiado a unos y otros, pero ha perjudicado a los que no dependen de la grandes coaliciones. Y la gran mayoría de los chilenos no está en los grandes partidos políticos”, puntualizó, finalmente.

• A través del proyecto Fondecyt Regular “Chile y Japón, 1990-2007. De la alianza estratégica al libre comercio”, en su segundo año de ejecución, el académico del Instituto de Estudios Avanzados, Dr. César Ross, investiga la evolución y los matices de la relación entre ambos países, desde el punto de vista económico y político.

Desde el año 2007, Chile cuenta con un Tratado de Libre Comercio con Japón, iniciativa que ha permitido la eliminación de expensas tarifarias en más del 90 por ciento del intercambio comercial entre las dos naciones.

En este contexto y continuando con su línea investigativa que desarrolla desde la década de los 90, el académico del Instituto de Estudios Avanzados de la U. de Santiago de Chile, inicia el segundo año de ejecución del proyecto Fondecyt Regular “Chile y Japón, 1990-2007. De la alianza estratégica al libre comercio”. La iniciativa tiene como objetivo principal estudiar la evolución y los matices de la relación bilateral entre Chile y Japón en el ámbito económico y político.

El interés del académico surgió después de leer, entre otros, el libro de Lester Thurow, profesor de MIT (La Guerra del Siglo XXI), que explicaba de qué manera el capitalismo japonés estaba penetrando en el mercado norteamericano, con un efecto de sustitución importante, captando a miles de consumidores con los productos que venían de aquella parte del mundo. Esa perspectiva llevó al investigador a pensar, a fines de la década de los 80, que quizá este fenómeno equivalía a lo que 70 u 80 años antes había ocurrido con la declinación de Gran Bretaña y el ascenso de Estados Unidos. En ese momento surgió también la primera publicación sobre el vínculo entre Chile y Japón.

Recuerda el Dr. Ross que su mirada se enfocó en América Latina. “Empecé a trabajar un poco más, a explicar el proceso de esta Región, las dictaduras, la transición a la democracia, la relación de América Latina con Estados Unidos, la potencia que amábamos y odiábamos y este nuevo actor (Japón) me lleva a Asia. Ahí empecé, cuando el milagro asiático todavía no era tan obvio para todos. Entonces, transité de la historia económica chilena, a la historia económica de las relaciones internacionales”.

En su presente investigación, el investigador asegura que la relación entre ambos países es un tipo de interacción centro-periferia, en el sentido de que Chile exporta  recursos naturales y Japón importa productos manufacturados de alto desarrollo tecnológico. “Es una reciprocidad de interdependencia simple, porque prácticamente tiene que ver con este vínculo económico. No está presente ese trauma histórico que sí tenemos con otras naciones, por lo tanto, nos parece una relación más horizontal y amable. Nuestras vidas serían impensables hoy si no hubiese algo hecho en Japón, hecho en China, hecho en Taiwán”, afirma.

Un punto interesante de este análisis es que Asia se transformó en una explicación importante para entender el crecimiento económico del mundo. “Hoy, una parte sustantiva del crecimiento económico del mundo tiene que ver con Asia: ellos producen, venden y fabrican, pero no solo es una transformación de carácter material, sino que también es una transformación de carácter social. Desde el punto de vista económico, los asiáticos viven cada año mejor que nosotros”, explica.

Etapas

En cuanto a las etapas de la investigación, se comenzará con la realización de entrevistas a los actores que han sido más relevantes en este vínculo, tanto en  Japón como en Chile. Se trata de académicos, empresarios, diplomáticos y políticos. Luego, se trabajará en base a archivos privados, como el del Comité Empresarial Chile Japón, que reúne a empresas públicas y privadas. Así, se continuará con la recopilación de datos de revistas científicas y el resto de documentaciones necesarias.

Explica al académico Ross que una fortaleza de esta investigación, es que permitirá sentar las bases para conformar una red de colaboración con pares asiáticos, a partir de los viajes que supone el proyecto. Asimismo, los resultados de este trabajo se verán reflejados en publicaciones en revistas científicas indexadas y en la edición de un libro.

“A mí me interesa Asia y la perspectiva de América Latina porque lo veo como un aprendizaje. Es decir, nadie podría señalar que los trabajadores de América Latina no han sido explotados. Y sin embargo, nuestros empresarios no hicieron el milagro económico del empresariado asiático, que seguramente también explotaron a algunas unas generaciones de trabajadores, pero alcanzaron un gran resultado que hoy todos comparten”, finaliza.

• El apoyo a Bolivia en su demanda marítima, por parte de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), “no estaba dentro de las posibilidades que barajaba la Cancillería chilena”, afirma el analista internacional y docente de la Escuela de Periodismo, Rodrigo Álvarez. El respaldo -cree el especialista- supone un capítulo complicado para nuestro país, considerando que suscriben históricos aliados de Chile, como Ecuador.

El sábado 20, el gobierno boliviano publicó “El video del mar”. En el material audiovisual, se desglosan  los argumentos que el país altiplánico posee para sustentar  una demanda contra Chile, en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Entre las razones se incluye el incumplimiento de nuestro país respecto a las garantías estipuladas en el tratado de Paz y Amistad suscrito por ambas naciones en el año 1904. Además, se manifiesta la pretensión de que el tribunal establecido en Holanda, obligue a Chile a negociar una solución al problema de la mediterraneidad boliviana.

La respuesta chilena, no se hizo esperar. El Gobierno, con el Canciller Heraldo Muñoz a la cabeza, lanzó en internet el sitio “mitoyrealidad.cl”, donde se detalla mediante un video, documentos y gráficos, los beneficios económicos que Bolivia tiene en materia arancelaria y portuaria, entre otros.

“Sin duda el análisis que hace el Gobierno boliviano, y con ello de alguna manera su pueblo, es que de todas formas el conflicto bélico con Chile dio como resultado una pérdida importante de su territorio y por lo tanto de una posible riqueza”, afirma el analista internacional y docente de la Escuela de Periodismo de nuestro plantel, Rodrigo Álvarez. Por eso, frente a la petición de Bolivia, que busca una salida soberana al Océano Pacífico, “todo depende de la Corte de la Haya”. A juicio del experto, de darse una sanción desfavorable para nuestro país, en honor al respeto de las normas internacionales, ambas partes tendrán que  negociar.

Dice Rodrigo Álvarez, que la posición chilena se basa en los tratados internacionales, como el de 1904 suscrito “como resultado de los armisticios, es decir del fin de la guerra como tal”.  Como el reclamo boliviano se apoya sobre una norma jurídica firmada y consolidada por ambos países, “desde la perspectiva chilena, la opción de reclamo no es factible”, agrega el experto.

Para entender a Bolivia: Derecho expectaticio

El derecho expectaticio, se puede entender como la posibilidad, aparente de obtener un derecho. Lo que está haciendo Bolivia- sostiene Álvarez- “es reclamar, de alguna u otra manera, las expectativas respecto a las conversaciones llevadas adelante en distintos momentos históricos entre Chile y Bolivia”.

Uno de los momentos históricos que genera esperanza en el país altiplánico, es el famoso Abrazo de Charaña. En 1975, los gobernantes de facto de Chile y Bolivia,  Augusto Pinochet y Hugo Banzer, respectivamente, desarrollaron encaminadas negociaciones para otorgar  una salida al mar a Bolivia. Lo que allí sucedió- explica Álvarez- sostiene la visión  boliviana pues “teóricamente Chile se había comprometido a cumplir. Entonces de parte de Chile no se ha cumplido todo  lo que se debió desde el tratado de 1904, es decir que haya salida al mar de manera autónoma”, agrega.

El ALBA

“El mundo y otros estados están comprendiendo que realmente Bolivia tiene razón de tener una salida al mar con soberanía”, sostuvo el presidente de la Senado boliviano, Enrique Rojas, tras el apoyo explícito que La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) diera a la causa marítima de Bolivia. Por su parte el Canciller Heraldo Muñoz, declaró que la declaración del ALBA es una “intromisión inaceptable”.

Para Rodrigo Álvarez, lo sucedido en el ALBA “no estaba dentro de las posibilidades de ningún integrante del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno”. A juicio del especialista “nadie se habría esperado que el ALBA hubiese dado un apoyo de estas características a la demanda boliviana”.

Por eso, para el analista, el tema de la declaración del ALBA es complicado. Si hubiese sucedido- dice el experto- durante la demanda Chile- Perú, bajo un Gobierno de derecha, habría sido entendible, pero “ocurre con un Gobierno de centro izquierda, en la cual hay teóricamente un alineamiento entre la visión del Gobierno actual con las de estos países que históricamente han dado su apoyo a Chile”.

Que si el apoyo del ALBA a  la posición boliviana,  tendrá  un impacto en la resolución de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, “es una gran pregunta”, afirma Álvarez mientras reconoce que “es preocupante para los intereses chilenos que haya tomado esa postura”.

El Rumbo

El reclamo boliviano, es un tema que “requiere de permanente aparición  en los medios de comunicación. Desde esa perspectiva, sin duda que Bolivia debería mantener una política de promoción de lo que es su posición en torno a la demanda”, opina Álvarez.  “Por lo tanto lo más seguro es que sigamos observando permanentemente declaraciones del Gobierno boliviano en las cuales hace ver que su posición es la correcta”, agrega.

Lo lógico es que  mantenga el tema no tan solo en las esferas regionales sino internacionales de influencia, piensa Álvarez. Pero al mismo tiempo, “lo interesante será ver de qué manera la cancillería chilena va a estar atenta para reaccionar a esas declaraciones del Gobierno boliviano”, concluye.