“Racismo institucional”. Así calificó la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes a la exigencia que se le hace a la población haitiana de no tener enfermedades infectocontagiosas al momento de arribar a Chile. Esta condición es parte de la nueva visa humanitaria implementada por el Gobierno, que busca que los haitianos residentes en nuestro país traigan a sus familiares.

La Directora del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Carmen Norambuena, concuerda en que esta política implica establecer una diferencia negativa con las personas provenientes de dicho país. “Si se exige, debiera ser una condición para todos. No debiera suponerse que solo los haitianos padecen este tipo de enfermedades”, afirma.

La especialista reconoce que el espíritu de la iniciativa es “valioso y meritorio”, en el sentido de que busca la reunificación familiar de esta población. No obstante, considera que el beneficio se ve “obstaculizado” por una serie de trámites que califica como “absurdos”. “Todos estos trámites se transforman en otra valla para ellos. Si esta población salta un obstáculo, le colocan otra más alta y eso hace imposible que terminen la carrera”, critica.

Los haitianos pueden conseguir esta visa humanitaria enviando una carta notariada a su país, además de conseguir el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y efectuar un pago de US$100.

“No corresponde hacer ese trámite notarial si el individuo está regularizado en nuestro país, con sus papeles al día. Debería obtener inmediatamente la Visa para la reunificación familiar”, afirma la Dra. Norambuena.

En síntesis, la especialista destaca que la señal que da el Gobierno con esto es que no busca favorecer la migración haitiana en Chile. “Pedir esto es desconocer la realidad que vive ese país actualmente, que tiene una economía empobrecida y que, por lo mismo, provoca la migración de su población”, concluye.

La Corte Suprema acogió el recurso en contra de Entel, Movistar y Claro, por acaparar espectro radioeléctrico en la licitación de la banda de 700 MHz, clave para el desarrollo del 4G. "Se ordena a las recurridas desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que fue adquirido en el concurso de la banda 700”, señala el fallo del máximo tribunal. Según fuentes de la industria consultadas por El Mercurio, la determinación podría afectar a los usuarios de estas firmas, debido a eventuales problemas técnicos que se provocarían al migrar a los clientes de una banda a otra.

Sin embargo, el experto en telecomunicaciones y académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Claudio Valencia, descarta que los clientes de estas compañías perciban alguna anomalía en los servicios que ya tienen contratados. “Desde el punto de vista del usuario, no debiera ser tan complicado. Ellos pueden trabajar perfectamente en la banda 2.600 MHz o 700 MHz. El problema es para las compañías, que tendrán que efectuar esa migración, pero los usuarios no perciben estos problemas. Además, las compañías tienen que responder a una cláusula donde se les obliga a entregar el servicio con lo que tengan disponible”, explica.

El especialista insiste en quienes percibirán más fuertemente el castigo serán las empresas, puesto que ya hicieron una inversión asociada a las bandas de frecuencia que tenían. “Los consumidores compran un smartphone que trabaja en las cuatro bandas de frecuencia asociadas a distintas generaciones de teléfono móvil. Por lo tanto, que las empresas hagan el cambio no limita el acceso a la comunicación de los usuarios”, enfatiza.

A juicio del Dr. Valencia, la banda de 700 MHz le da “robustez” a la comunicación móvil, ya que permite a personas que habitan en sectores interiores de ciudades como Santiago u otras de carácter metropolitano puedan acceder a datos a una mayor velocidad. Por lo tanto, considera injusto que solo tres compañías tengan la posibilidad de ofrecer mayores velocidades. “No es que beneficie a otras compañías, sino que les permite el ingreso para que puedan dar servicios de telefonía móvil en esas frecuencias”, destaca.

Por todo lo anterior, concluye que la decisión de la Corte Suprema es positiva. “Me parece que la decisión hace que disminuya el monopolio por parte de estas tres empresas y si se hace como especie de retiro de esas frecuencias, entrarán más competidores, lo que beneficia a los usuarios ya que disminuye el costo por los servicios al introducir una mayor competencia”, sintetiza.

La dificultad para acceder a textos sobre temas geográficos en español, llevó a que el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile ideara maneras de difundir conocimiento.

Una de ellas fue organizar la conferencia Latin American Remote Sensing Week (LARS), donde científicos, académicos, organizaciones y empresas de todo el mundo, expusieron sus trabajos y dieron a conocer los últimos adelantos en el ámbito de la percepción remota.

Otra de estas estrategias fue la publicación de un libro de contenido científico. Para ello, el Servicio se reunió con distintas universidades con el objeto de que cada plantel colaborara con artículos enfocados en la Geomática.

“Intentamos reunir el conocimiento de las instituciones que están trabajando en esta disciplina, su experiencia, lo que están haciendo y generamos el texto con distintas aplicaciones. Lo publicamos y lo lanzamos en la conferencia LARS”, relata la geógrafa y coordinadora general de LARS, Viviana Barrientos.

El objetivo es que la FACH, a través del Servicio Aerofotogramétrico, entregue información para los alumnos y que esté en español, por lo cual, además, el libro será entregado a distintas organizaciones que participaron, así como a bibliotecas. “La idea es que el texto no se venda, no queremos lucrar con esto, sino que se difunda el conocimiento”, agrega la profesional.

Pablo Valenzuela, comandante de escuadrilla del Servicio Aerofotogramétrico y coordinador general de LARS, señala que este texto les sirve para actualizar sus conocimientos, ya que ellos tienen como misión “estar a la vanguardia en los temas de percepción remota y técnicas afines. Nos preocupamos de hacerlo bajo el conocimiento conjunto”.

“El libro son diferentes aplicaciones del área de la geociencia que permiten tomar una idea de determinado autor y aplicarla a su realidad. Nos cuentan una experiencia, estudios, eso para alguien que se dedica a esto puede servir de ejemplo o tratar de replicarlo a otra área y generar conocimiento”.

Aporte del Plantel

La U. de Santiago fue precursora de la Geomática en el país. En este plantel se creó el área y luego ésta se comenzó a adaptar e implementar en otras universidades a nivel nacional e internacional. Este aporte llegó de la mano de los doctores y académicos del Departamento de Ingeniería Geográfica, Dr. Víctor Herrera y José Luis Borcosque.

En esta ocasión, el Dr. Herrera fue el autor del artículo que se presenta en el libro. Su trabajo aborda cómo la Geomática está involucrada dentro de los distintos sectores productivos del país.

“Propuse los trabajos que habíamos hecho antes, principalmente a nivel de pregrado, postgrado y consultorías que se habían hecho en la Universidad y de ahí se seleccionaron dos temas. Uno de incendios forestales y otro del sector de la minería”, explica el académico.

Para el Dr. Herrera, la Geomática “como disciplina que integra tecnología, principalmente GPS, imágenes de satélite y sistemas de información geográfica está vinculada a la parte de teledetección y en eso la FACH tiene mucho que decir”.

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) reveló que entre enero y mayo se comercializaron 421 unidades nuevas de autos híbridos y eléctricos en Chile, lo que representa un aumento de un 193% en comparación a igual periodo de 2017.

Para el experto en electroquímica y académico de la Universidad de Santiago, Dr. José Zagal, a pesar que las cifras representan una buena noticia, aún están lejos de ser relevantes para provocar una disminución de la contaminación ambiental. Por eso, señala que es necesario generar incentivos para que la venta de este tipo de vehículos avance de manera más rápida, para terminar con el atraso de Chile en la materia en comparación a otros países desarrollados.

“Obviamente, la gente de manera espontánea no se comprará un auto híbrido ni menos eléctrico. Por lo tanto, tiene que haber una política de apoyo e imitar fundamentalmente los países del norte de Europa”, afirma. “Se puede permitir pagar una patente más barata o que una parte del costo del auto sea financiado por el Estado, rebajar el impuesto o impulsar el comodato. Hay muchas fórmulas”, señala.

Este año, las ventas de automóviles híbridos y eléctricos representan solo un 0,25% del mercado total de vehículos en el país. En ese sentido, plantea que otra opción para generar un mayor impacto en la contaminación es impulsar con fuerza el ingreso de buses del transporte público con estas características.

“Tendríamos que partir por la locomoción colectiva, porque los buses están todo el día en la calle, ocho o diez horas al día. Un automóvil particular se usa muy poco y el impacto de este en la contaminación es muy pequeño, comparativamente”, sostiene. “Ahora, si las baterías se recargan con energía proveniente del petróleo, no se evita la contaminación”, advierte.

Finalmente, indica que es más simple mantener un automóvil eléctrico o híbrido que uno que no tenga estas características. “La parte eléctrica es muy fácil de mantener y un auto totalmente eléctrico tiene muchos menos piezas que un vehículo a bencina o petróleo. Por eso es que en Valparaíso aún se ven buses eléctricos que tienen más de 60 años, pero todavía funcionan”, concluye.

Chile cayó tres puestos en la última edición del Índice Atractivo País para Energías Renovables realizado por EY. El país quedó fuera del top ten mundial y quedó en el lugar 11°, lejos del cuarto puesto alcanzado en 2016.

Para el Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Humberto Verdejo, esto se debe a la incertidumbre que generan los proyectos de estas características en el país.

“Los precios de las licitaciones son muy bajos y existe un poco de recelo respecto a que los proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) no se ejecuten en el plazo que en que tengan que ser construidos”, afirma.

De acuerdo al ingeniero civil en electricidad, dicho recelo se debe a que las iniciativas de ERNC se proyectan a largo plazo, lo que deja espacio a que las condiciones cambien desde el momento en que una empresa se adjudicó la licitación.

Por eso, debido al bajo precio con que los oferentes se adjudican el concurso, existe la posibilidad de que estos proyectos queden sin financiamiento a medio camino, explica. En ese sentido, enfatiza que es necesario introducir tecnologías que permitan eliminar la incertidumbre que producen las ERNC.

“Las tecnologías que se necesitan son de almacenamiento de la energía. Como país, estamos en un estado muy incipiente en ese sentido, porque los costos del almacenamiento son muy altos y no rentables para el sector privado, cuando los plazos de retorno son muy a largo plazo”, señala.

Finalmente, asegura que la descarbonización de la matriz energética no es realizable en el corto plazo, porque el sistema no está preparado para ello. Sin embargo, estima que si además de los sistemas de almacenamiento se introducen más interconexiones con países vecinos, la incertidumbre irá disminuyendo progresivamente.

“Es importante que el país recupere su atractivo en ERNC porque  Chile es como el Arabia Saudita de la energía solar. No hay otra región en el mundo que tenga tanta radiación solar como tenemos nosotros. Tenemos mucho potencial en energías renovables, pero para potenciarlas hay que  acompañar el proceso con una adecuada planificación”, concluye.

La Comisión Mixta que revisa el proyecto de Ley de Identidad de Género en el Congreso aprobó la iniciativa que permite a menores de 14 años cambiar su sexo en los registros de los Tribunales de Familia, siempre que cuenten con la autorización de sus tutores legales. Esto, pese al rechazo del oficialismo. “Esto atenta contra el derecho a la identidad que está consagrado en la Constitución”, sostuvo la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.

Sin embargo, para el psicólogo infanto-juvenil y profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, Rodrigo Báez, la posibilidad de legislar que se abre en el Congreso constituye “un avance muy relevante”, ya que sincera una situación real que viven las personas transgénero y aporta a su propia aceptación, al ser reconocidos por el resto como ellos mismos se perciben. De hecho, considera que no hacerlo les generaría “trabas que limitan su desarrollo”.

“Hay posiciones culturales que dicen que esto no puede ser y que lo ven casi como una aberración, pero es una realidad que viven muchas personas”, insiste el profesional del Centro de Atención Psicológica (CAP) del Plantel estatal. “Se trata de aceptar una condición con la que se viene y se relaciona con la tolerancia por la homosexualidad. Alrededor de 1970, todavía se percibía como una enfermedad, como algo que había que modificar, pero eso ha cambiado”, enfatiza.

Aunque reconoce que una persona que efectúe este procedimiento podría arrepentirse más tarde y llegar a la conclusión de que no es transgénero, considera mucho más importante permitir esa opción que cerrar la puerta a realizar dicho trámite.

“Alguien que quería ser mujer, se operaba y físicamente quedaba como tal, pero las investigaciones señalan que, aun así, las personas transgénero se deprimían después de dicha operación. Ahí hay un concepto errado, porque lo transgénero es una condición en sí misma”, sostiene.

Finalmente, valora que el proyecto contemple la autorización de los tutores, ya que asegura una primera red de apoyo al menor que desea efectuar el cambio registral. No obstante, advierte que también es primordial que los padres sean apoyados por la comunidad, ya que provienen de generaciones distintas a las de sus hijos. 

“Esta es una situación que algunos sectores prefieren frenarla o no verla por un tema personal”, enfatiza. “Es como la votación del aborto en Argentina, donde un diputado señala que no está a favor del procedimiento, pero que su deber de legislar no solo tiene que ver con lo que él cree personalmente, sino con lo que la sociedad necesita”, concluye.

El Plan de Descontaminación Atmosférica de Santiago no contempla recursos para fiscalizar las medidas que propone. Esa fue la situación que transparentó ayer la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar.

Sin embargo, para el experto en contaminación ambiental y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Ernesto Gramsch, el problema real no es la fiscalización.

“La cantidad de estufas a leña y otros sistemas contaminantes es de cien mil, de acuerdo al inventario de emisiones”, afirma. “Fiscalizar cien mil fuentes pequeñas es casi imposible, independiente del dinero que se disponga”, asegura.

A juicio del especialista, la Intendencia Metropolitana y las municipalidades deben colaborar para enfrentar los episodios críticos de manera particular, identificando a los grupos que más emiten los contaminantes y reunirse con ellos para plantearles soluciones específicas.

“Uno puede hacer un estudio de emisiones en la noche en el sector poniente de Santiago y va a identificar los lugares donde la contaminación es más alta”, señala. “Por ejemplo, si son indigentes los que están quemando leña, la idea es reubicarlos a algún lugar donde tengan calefacción de otro tipo. Las soluciones son muy distintas dependiendo de las circunstancias”, sostiene.

Para el experto, uno de los principales problemas del plan de descontaminación es que no aborda la particularidad de los episodios críticos, que están gatillados por “aspectos específicos, no la ciudad completa”. Según el Dr. Gramsch, esta política está enfocada en plantear soluciones para el problema general de emisiones contaminantes de toda la ciudad.

“El plan está incompleto: aborda bien la solución general, que es disminuir las fuentes móviles, las estufas a leña y bajar las emisiones de las industrias, pero le falta la parte que gatilla los episodios, que son emisiones puntuales que ocurren en la noche en sectores específicos de la ciudad”, sintetiza.

“Aunque saturemos los tribunales de justicia, vamos a seguir haciendo rondas de vigilancia preventiva”. Fue la advertencia del Presidente Sebastián Piñera, quien respondió así a las críticas emanadas desde el Poder Judicial, quienes adujeron “dificultades” para atender el volumen de detenidos tras las rondas preventivas de vigilancia, de carácter masivo, efectuadas por Carabineros en los últimos días.

El experto en seguridad pública y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, afirma que para que las rondas de control preventivo sean eficaces en el combate contra la delincuencia, estas deben tener un objetivo más claro.

“Más que hacer  operativos masivos, donde se atienda a cualquier persona, la idea es hacer un control de identidad de personas con antecedentes penales, con causas pendientes o prófugos de la justicia”, enfatiza. “El Gobierno está satisfaciendo a una opinión pública, que está ávida de este tipo de señales, pero también debe considerar hasta qué punto la institucionalidad está preparada para responder a este tipo de medidas”, sostiene.

El especialista reconoce la necesidad de realizar estos operativos, dado los niveles de inseguridad que evidencia la población en diversas encuestas. Sin embargo, considera que para que estas rondas tengan resultados eficaces, el sistema judicial debe recibir más recursos.

“Hay que dotar de recursos necesarios, para que la labor de la justicia pueda soportar el incremento de causas. El 80% de los recursos deben estar dirigidos a la contratación de profesionales preparados”, afirma. “El Ministerio Público desde hace tiempo que viene advirtiendo que está saturado y que las causas que tramita llegan a ser hasta el doble de lo que se había proyectado en la Reforma Procesal Penal”, sostiene.

Finalmente, precisa que estos recursos deben destinarse en la contratación de más abogados y fiscales. “Cuando los niveles de inseguridad e insatisfacción de la gente están en los niveles actuales, se requiere una respuesta que apunte a disminuir los niveles de incidencia delictual”, concluye.

La unificación de los trabajos investigativos entre las diferentes instituciones fue uno de los principales objetivos dentro del primer encuentro que se realizó en el mes de septiembre de 2017, en donde se delimitaron 6 líneas de investigación: energía, envejecimiento saludable, minería, sustentabilidad, educación, y la anteriormente mencionada.

Mediante una convocatoria a todos los investigadores de nuestra Casa de Estudios, el Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación, dio inicio a la jornada destacando la importancia de realizar trabajos colaborativos con otros espacios educativos, dejando de lado la competencia y apostando por la generación de conocimientos interdisciplinarios para el país.

La actividad dirigida por la Dr. Claudia Córdoba, del Departamento de Educación, busca aportar en el diseño y evaluación de políticas públicas, mediante el análisis de las prácticas sociales de exclusión y barreras que impiden la integración de grupos marginalizados, contribuyendo en la comprensión y co-conducción de programas que permitan acoger y valorar la diversidad.

El evento contó con la presentación de la Dr. Daisy Margarit, del Instituto de Estudios Avanzados y la Dr. Sylvia Contreras, de la Facultad de Humanidades quienes, luego de revisar las bases investigativas de Conicyt sobre interculturalidad, se encontraron con 56.950 resultados desde 1998 al presente, reconociendo una variada reflexión, pero acompañada de una escasa vinculación entre las diferentes especialidades.

Es por esto que, dentro de los desafíos planteados se encuentra el impacto de las relaciones cotidianas en la diversidad, refiriéndose a esta como una condición natural que debe ser estudiada mediante proyectos asociativos.

Por otra parte, durante el 8 de junio del presente, se realizará una reunión de la mesa central entre los encargados del área de cada universidad, en la que se entregarán las ideas planteadas por cada institución.

Esta organización ha sido posible gracias al financiamiento del Convenio Marco de las Universidades Estatales con el MINEDUC que busca incentivar la formación de proyectos asociativos y contribuir al mejoramiento de los indicadores del CUECH.

“Iniciaremos las obras para que el año 2026, a través de la nueva Línea 7 paralela al Río Mapocho; la 8 por La Florida; la 9 a La Pintana; y la extensión de la Línea 4, desde Puente Alto, pasando por el Hospital Sótero del Río y llegando hasta Bajos de Mena, para que podamos agregar 57 kilómetros –es decir, casi un 50% más que la red actual, 44 estaciones y 5 nuevas comunas- a la red del Metro”. Ese fue uno de los anuncios del Presidente Sebastián Piñera en el marco de su cuenta pública.

Para el arquitecto especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, es altamente probable que la anticipación del anuncio generará especulación inmobiliaria, ya que empresas privadas buscarán sacar provecho al aumento del valor del suelo que se provocará en los sectores donde se emplazarán los nuevos recorridos. Por eso, insiste en la necesidad de que el Estado tenga un mecanismo que le permita rentabilizar de mejor manera estos anuncios, a fin de que el retorno hacia las arcas públicas sea significativo y permita, de esta manera, hacer mejoras sustanciales al transporte.

“¿Por qué la inversión que se está realizando con dineros fiscales tiene que traspasarse de manera tan directa a los privados por la especulación inmobiliaria? Se debería discutir un mecanismo de captura de plusvalía de las inversiones públicas”, afirma. “Cuando se produce la valorización, al menos una parte debiera ser capturada por el Estado a través de impuestos específicos o algún tipo de mecanismo de venta del terreno, que permitiera que la vuelta desde el mercado hacia el Estado sea más corta”, explica.

El académico señala que en Chile el Estado solo percibe dineros por concepto de retasaciones y contribuciones, pero que debiera seguir el ejemplo de España, Brasil o Colombia, cuyas legislaciones contemplan herramientas para que el aparato público pueda aprovechar de mejor manera los impactos que producen sus inversiones, a fin de generar mejores políticas públicas en beneficio de las personas. A su juicio, las inmobiliarias en sí mismas no pueden asegurar esto.

“Se supone que la activación del mercado en sí misma va a generar una redistribución de los ingresos, pero eso no ocurre, porque Chile concentra la riqueza y la redistribución es sumamente lenta. Pasan años antes de alcanzar la equidad. Pensar que eso es posible es relativamente irreal”, enfatiza.

Construcción simultánea

Por otra parte, Martin pone de relieve que el aumento y la extensión de las líneas  responden más al proyecto original de Metro que al anuncio puntual de una administración en específico. Sin embargo, reconoce que la novedad radica en que se construirán de manera simultánea.

“Hay que ver cuántas empresas están realmente capacitadas para hacer una construcción simultánea de todos estos anuncios. Debieran ser varias empresas”, considera. “Eso también implicará problemas de logística complicados de resolver, respecto al control y administración de estas obras. Implicará un desafío”, sostiene.

Finalmente, resalta que muchas de estas nuevas líneas compensarán a sectores de la ciudad con bajos índices de calidad de vida urbana. No obstante, indica que independiente de la cantidad de líneas del Metro que exista, esta no cubrirá el 100% de la demanda de transporte que genera la ciudad. Por tanto, subraya la necesidad de que también existan anuncios para mejorar el sistema de buses.

“Tenemos mucha deuda en infraestructura de superficie, como vías exclusivas y corredores. Santiago necesita un sistema mixto y complementario de buses en superficie y buses multimodales”, concluye.