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Economista Usach advierte que medidas del plan para la clase media no revertirían el mal escenario económico

Economista Usach advierte que medidas del plan para la clase media no revertirían el mal escenario económico

El Presidente Sebastián Piñera anunció este domingo un paquete de cuatro programas para ayudar a la clase media afectada económicamente por la crisis que ha causado el Coronavirus en Chile.

Se trata de la creación de "créditos blandos", los que serán administrados por el Estado y permitirán cubrir hasta un 70% de los ingresos de los trabajadores que tenían remuneraciones por sobre los $500.000 pesos mensuales antes de la crisis y que puedan acreditar una caída significativa de ellos.

Piñera anunció además la postergación de dividendos hipotecarios, ayuda que cubrirá el 100% de 6 dividendos o el 50% de 12 para quienes tengan compromisos para primera vivienda y que su valor sea menor a 10.000 U.F. y que no tengan un mora superior a 29 días. Se suma la ampliación del programa de subsidios para arriendos de hasta 150 mil pesos por tres meses, para arriendos de hasta 400 mil pesos.

El Jefe de Estado también anunció la ampliación de los Créditos con Aval del Estado. Se abrirá un proceso excepcional de postulación al CAE para familias que hayan tenido una caída significativa de sus ingresos. El plan completo, señaló Piñera, significaría una ayuda para más de un millón de personas y una inversión de 1.500 millones de dólares. Sin embargo, el mandatario no se refirió a un eventual retiro del 10 por ciento de los ahorros de las AFP.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, las medidas no lograrán recuperar los índices de actividad económica. 

El doctor en ciencias económicas y especialista en política económica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Usach explicó que la crisis actual tiene su origen en una baja del consumo, el aumento del desempleo y una disminución de las remuneraciones.

Por ello, señaló que la solución pasa por utilizar las reservas fiscales por más de US$20 mil millones y endeudarse, a fin de aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia y fortalecer el seguro de cesantía.

“La caída de la actividad se puede disipar en el segundo trimestre a alrededor de un 20%”, advirtió. “El Gobierno no ha estado a la altura de la respuesta y ello repercute en que el mundo empresarial no tenga quien compre lo que produce”, criticó.

Consultado sobre el llamado de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) a retomar la actividad, Martner concluyó que el gremio se equivoca al centrarse sólo en recuperar la oferta, sin considerar las consecuencias de desatender una emergencia sanitaria.

Expertos Usach consideran que COVID-19 constituye una oportunidad para repensar el modelo económico

Expertos Usach consideran que COVID-19 constituye una oportunidad para repensar el modelo económico

Entre las principales preocupaciones de los gobiernos del mundo ante el avance de la pandemia del Covid-19, está mantener el equilibrio entre la protección de la salud y el funcionamiento de la economía para evitar una crisis social. Ante esta disyuntiva, el académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, psicólogo y antropólogo, Sergio González, sostuvo que existe una falsa dicotomía entre salud y economía.

“No existe esa dicotomía de salud pública versus economía. Los gobiernos se deben primero a la sociedad y, en esa línea, la economía es un instrumento de la sociedad”, afirmó González.

“Hoy, lo que hemos perdido, son acuerdos fundamentales acerca de cómo construir sociedad, país, nación. Y, en ese sentido, esta es una tremenda oportunidad para repensar el pacto social. Los gobiernos, por ejemplo, en el tema economía, tienen la responsabilidad de llamar a la mesa a todos los actores relevantes para repensar esta lógica del acuerdo que implica una nueva mirada a lo que es la convivencia de la sociedad”, agregó el psicólogo.

A juicio del experto, “la economía, hoy más que nunca, estará en una situación de reformulación en términos de lo que sean los acuerdos sociales y el gran pacto social que se pueda construir, incluso pensando en una nueva Constitución para Chile”.

Para Sergio González, estas inquietudes ya estaban sobre la mesa desde el estallido social de octubre, “y ahora, con la pandemia, claramente se transforma en un tema irrenunciable, para pensar en lo que viene postpandemia. Tenemos la oportunidad de repensar nuevas formas de cohesión social”.

Otro de los aspectos relevantes abordados por González, es el  “fracaso de las estrategias de acción individuales o de grupos pequeños, y de la lógica del sálvese usted solo y por sí mismo”.

“Hoy está claro que la función del Estado es fundamental, no solo respecto a la salud de la población, sino para generar las medidas que permitan construir un mejor futuro para todos”, señaló. Puso como ejemplo, las medidas adoptadas a favor de la ciudadanía y las pequeñas empresas en países como Nueva Zelanda y Alemania, y el vuelco en las políticas que guiaron el actuar del Primer Ministro de Inglaterra.

“Lo de Boris Johnson, quien estaba en la lógica de privatizar el sistema de salud público, y que hoy reconoce que su vida se la debe al servicio público y, específicamente a una enfermera y enfermero migrante que lo cuidaron, nos llama a entender estos temas desde una mirada del Estado y desde las políticas públicas”, puntualizó Sergio González. 

El riesgo del gasto público mínimo

Por su parte, el sociólogo y académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Usach, Vicente Espinoza, concordó en que las proyecciones económicas, al menos a un año, estarán cruzadas por las medidas que adopten los gobiernos para lidiar con la pandemia del COVID-19.

No obstante, afirmó que se debe colocar especial atención en “la carta de ex Presidentes latinoamericanos  y ex ministros de Hacienda, que ven en el dogmatismo del gasto público mínimo, el mayor factor de riesgo para el futuro de la economía, ya que crearía y profundizaría una recesión, deteriorando las condiciones de vida de la población”.

El Director del Magíster en Ciencias Sociales del IDEA-Usach hace alusión a la misiva firmada por ex mandatarios como el chileno Ricardo Lagos, el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el colombiano Juan Manuel Santos y el mexicano Ernesto Zedillo, quienes reclamaron por políticas más audaces de organismos multilaterales de crédito.

El doctor en sociología hizo hincapié en el perjuicio que provocan las medidas de distanciamiento social para quienes no tienen empleos formales o posibles de desempeñar a distancia.

“La mejor alternativa en ese caso sería proveer un ingreso universal permanente incondicional mientras dure la crisis sanitaria, al estilo de lo aplicado experimentalmente en años anteriores en Canadá, algunos países de Europa y también en Kenya (por razones no asociadas con la pandemia, sino con la eventual pérdida de empleos por la robotización)”, planteó.

“Algo de este estilo, por razones diferentes en cada país, se está haciendo a propósito de la pandemia en Canadá y Estados Unidos. Por cierto, ello involucra incremento del gasto público, pero esto no es indeseable en las actuales condiciones”, concluyó.   

Economista Usach por caída en fondos de pensiones: “Habría que evaluar algún tipo de compensación”

Economista Usach por caída en fondos de pensiones: “Habría que evaluar algún tipo de compensación”

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, señaló que están buscando mecanismos para proteger a las personas que se encuentran próximas a jubilar debido a la sostenida caída de los mercados bursátiles en un escenario global afectado por el coronavirus.

Para el académico de la Universidad de Santiago y ex Tesorero General de la República, Hernán Frigolett, “habría que ver si es posible algún tipo de compensación de aporte por una vez, para que no haya efecto sobre eso, pero ello ya es política fiscal que debe definir el Ejecutivo”.

En febrero, todos los multifondos registraron resultados negativos. A y B anotaron -4,46% y -3,76% respectivamente; el C presentó una variación de -3,64%; el D cayó -3,76%; y el E retrocedió a -2,88%.

Con todo, el economista recomendó que las personas próximas a jubilar deben “tratar de postergar su jubilación, a la espera de que los Fondos se recuperen. En un fondo de menor riesgo, las caídas son menores, pero las recuperaciones son lentas. La jubilación se deteriorará si se mantiene el plazo tal cual”, explicó.

Finalmente, Frigolett aseguró que la situación será transitoria, similar a la que la que ocurrió en 2008 y 2009 donde, después de doce meses, los fondos se recuperaron. “El solo hecho de esperar va a compensar la presunta pérdida en el fondo E al momento de jubilar”, concluyó.

Investigador FAE-Usach dictará clase magistral ante comunidad global de académicos en Nueva Zelanda

Investigador FAE-Usach dictará clase magistral ante comunidad global de académicos en Nueva Zelanda

La Human Development and Capability Association (HDCA) es una comunidad global de académicos y profesionales que busca construir una comunidad intelectual en torno a las ideas de desarrollo humano y relacionar estas ideas con el ámbito de las políticas. La asociación promueve la investigación dentro de muchas disciplinas, desde economía hasta filosofía, estudios del desarrollo, salud, educación, derecho, gobierno, sociología y más.
 
Esta organización decidió invitar al investigador de la Facultad de Administración y Economía de la Usach y académico de la U. de Cambridge, José Gabriel Palma, a la "Amartya Sen Lecture" del año, en su conferencia anual en Auckland a fines de junio próximo.
 
La trayectoria profesional del Dr. Palma y en especial su último paper sobre la distribución del ingreso, denominado "Behind the Seven Veils of Inequality. What if it's all about the Struggle within just One Half of the Population over just One Half of the National Income?", que ya fue distinguido como la "Distinguish Lecture" del año por el Journal Development and Change, fueron algunos de los antecedentes considerados para cursar esta importante invitación.
 
La "Amartya Sen Lecture", es una clase magistral que celebra las importantes contribuciones de Amartya Sen, Premio de Economía en Memoria de Alfred Nobel, a los campos del desarrollo humano. Se enfoca en temas de las amplias contribuciones de Sen a estas áreas, que van desde su trabajo en capacidad y libertad, hasta investigaciones en áreas como democracia, desarrollo, género, libertad, bienestar, pobreza, hambruna y "social choice".
 
Distribución del ingreso
 
El artículo publicado por el Dr. José Gabriel Palma sobre desigualdad, aborda tres temas: ¿por qué existe una gran diversidad en la distribución de ingresos disponibles en el mundo? ¿por qué existe un gran deterioro de la desigualdad del mercado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)? y ¿por qué la desigualdad parece moverse en "ondas" (distributional waves)?
 
Para Palma, existen muchas preguntas subyacentes en estos tres temas, entre ellas: ¿refleja la gran diversidad en la desigualdad de ingresos disponibles una importante variedad de fundamentos o más bien una multiplicidad de estructuras de poder y opciones distributivas?, ¿es la creciente desigualdad del mercado el producto de factores de alguna manera "exógenos", o de interacciones complejas entre estructuras políticas y fallas de mercado?
 
También se cuestiona el investigador ¿cómo podemos transparentar los velos que oscurecen estas interacciones y distorsionan nuestra visión de la naturaleza a menudo autoconstruida de la desigualdad?, ¿estamos todos convergiendo hacia lo que ha caracterizado la desigualdad en América Latina, como por ejemplo élites móviles que se apropian de todo el excedente que genera el crecimiento económico y políticas de "realismo mágico"?
 
En este documento también desarrolla un nuevo enfoque para examinar y medir la desigualdad (distancia de los objetivos distributivos), y un nuevo concepto de "ondas distributivas".
 
El artículo del doctor Palma concluye que para entender la dinámica distributiva actual, lo que importa es comprender las fuerzas que determinan lo que se apropian los grupos de altos ingresos; y en términos de crecimiento, lo que ellos eligen hacer con dicho ingreso.

Economista Gonzalo Martner ante reforma de pensiones: “Lo que está siendo cuestionado se mantiene”

Economista Gonzalo Martner ante reforma de pensiones: “Lo que está siendo cuestionado se mantiene”

A través de cadena nacional, el Presidente Sebastián Piñera anunció el envío al Congreso de una reforma previsional que eleva la cotización obligatoria de un 10 a un 16%, crea un fondo de ahorro colectivo y establece que las AFP devuelvan comisiones  ante rentabilidad negativa.

“El grueso de las utilidades de las AFP, que es el fondo de lo que está siendo cuestionado, se mantiene”, consideró el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Dr. Gonzalo Martner. 

“Hay una crítica a la ilegitimidad de obtener utilidades mediante el uso de la administración de los recursos cotizados por los trabajadores”, sostuvo. “Ese aspecto se retoca mínimamente cuando hay rentabilidad negativa, pero es un cambio limitado”, estimó Martner. 

El doctor en ciencias económicas hizo hincapié en que la reforma no toca el 10% de cotización oblgatoria que se encuentra administrado por las AFP y aunque reconoce que repone en el debate la necesidad de un sistema de reparto, “es solo un 3% de la cotización adicional. Configura un sistema mixto de pequeña escala”, precisó.

Finalmente, Martner se refirió a los dichos del gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, quien criticó la reforma del Gobierno, señalando que “para subir las pensiones de los futuros jubilados, debería ir todo para las cuentas individuales”.

El académico de la Universidad de Santiago comentó que “la posición de las AFP es una frescura. No solo quieren mantener un negocio que les reporte millones de dólares en utilidades, sino que, además, querían ampliarlo”, concluyó.

Expertos Usach afirman que línea de crédito con pago automático “ayuda poco” a reducir endeudamiento

Expertos Usach afirman que línea de crédito con pago automático “ayuda poco” a reducir endeudamiento

Este miércoles 1 de enero entró en vigencia la nueva Ley de Pagos de Sobregiros; una iniciativa que permite a los clientes el pago o abono automático de sus líneas de créditos con el saldo disponible en sus cuentas corrientes, si así lo autorizan.

Esta norma legal busca evitar el aumento excesivo de las deudas bancarias, sin embargo, para el académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Dr. Germán Pinto Perry, se trata de una contribución menor a la reducción de la deuda de los usuarios bancarios.

“Es un imperativo legal un tanto cándido e ilusorio al pensar que esto ayudará significativamente a disminuir los niveles de deudas de las personas, pues la línea de crédito es una de muchas deudas que tenemos hoy en día”, señaló el experto en Derecho Tributario.

Pinto llamó a no olvidar que la línea de crédito es un préstamo asociado a la cuenta corriente que ofrecen los bancos “y se activa cuando hay giros desde la cuenta corriente que no tienen los fondos suficientes para cubrirlos, o por giros directos que hace el comitente de esa línea de créditos. Es una forma fácil y rápida de conseguir dinero en caso de necesidad”.

El académico de la FAE, añadió que “tal vez sea por lo fácil de obtener y lo fácil de pagar, que se nos olvida y no pagamos, aunque tengamos liquidez en la cuenta corriente. Es por ello que el legislador, tal vez desde un punto de vista paternalista, nos obliga por ley a pagar cada vez que tengamos dinero en la cuenta corriente y hayamos girado fondos de ese crédito asociado”.

No obstante, el doctor Pinto sostuvo que es “ilusorio pensar que esta norma ayude, significativamente, a disminuir los niveles de deuda que se evidencian hoy en día en nuestro país, porque el mayor número de deudas viene de las tarjetas de crédito y de las formas de financiamiento del retail, como son las tarjetas de créditos de los supermercados y casas comerciales, las cuales no siempre están vinculadas a una cuenta corriente. Es por ello que esta ley es una herramienta muy limitada para bajar el nivel de deuda”, afirmó.

En tanto, el también académico de la FAE y experto en finanzas corporativas y análisis financiero, Dr. Christian Espinosa, coincidió que el impacto de la medida, para las personas, será muy bajo.

“No lo veo como una medida eficiente para reducir el nivel de endeudamiento de todas las personas. Yo creo que la bancarización que se ha impulsado durante la última década en términos de incorporar a personas con mayor riesgo, está teniendo sus efectos en el alto endeudamiento que se está observando hoy en día”, opinó.

El académico de la Usach explicó que quienes usan las líneas de crédito, “deben acreditar cierto nivel de renta, por lo tanto, es un segmento no tan riesgoso comparado, por ejemplo, a una dueña de casa que no va a tener una cuenta corriente, pero puede tener perfectamente una tarjeta de alguna casa comercial. Por lo tanto, si la intención es reducir el nivel de endeudamiento, en mi opinión se debiera apuntar a controlar los límites de endeudamiento de las personas más con mayor probabilidad de caer en incumplimiento de pago”, sostuvo.

Para esto último, el Dr. Espinosa propuso adoptar disposiciones tales como restringir el número de créditos, el número de instrumentos y la capacidad de endeudamiento de los sectores con mayor riesgo de no pago.

“Por lo tanto esta medida, en mi opinión, no va a tener ningún efecto más allá de regularizar las propias cuentas de los bancos”, concluyó el académico, en referencia a la nueva Ley de Pagos de Sobregiros. 

Exministro Eyzaguirre afirma: “basta que el 1% más rico se meta la mano al bolsillo”, y se soluciona la crisis del país

Exministro Eyzaguirre afirma: “basta que el 1% más rico se meta la mano al bolsillo”, y se soluciona la crisis del país

En el contexto de la promoción del libro “Desigualdad. Raíces históricas y perspectivas de una crisis” (Debate, 2019), el economista y exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre participó de La Hora del Museo, programa producido por el Museo Histórico Nacional y transmitido por nuestra emisora.

El texto compara el desarrollo económico-político latinoamericano con el caso chileno, haciendo un repaso histórico que va desde las ciudades-estado griegas, pasando por el descubrimiento del "Nuevo Mundo" a la travesía chilena durante los siglos XIX y XX. 

Durante la conversación con el periodista y conductor del espacio, Luis Cruz, el militante del PPD reconoció ser de una clase acomodada, pero que sus viajes a Concepción a visitar a su madre, Delfina Guzmán, y recorrer asambleas en distintas partes de la actual Región del Bío Bío en la década del 70, le hicieron entender que "el chancho estaba mal pela’o”, percepción que no ha variado. Por este motivo dedicó la obra a la reconocida actriz nacional, quien “le mostró el rostro de la injusticia”, afirmó.

Con respecto al argumento central del texto de 456 páginas, sostuvo que “la sociedad debe organizarse de modo que siempre esté a recaudo de los individuos que quieren excesivo poder, porque, de derecha o izquierda, si tú se lo permites, terminarán sojuzgando a otros, ya que he conocido gente de mi sector político que ha utilizado la política para ascender en la escala social y ostentar poder”, afirmó.

Crisis social

Si bien su visita a los estudios de nuestra emisora tenía un carácter promocional, fue inevitable abordar el momento actual que vive el país. 

Sobre el estallido social ocurrido el 18 de octubre, Eyzaguirre consideró que es homologable a la situación que se vivía a principios de la centuria pasada. “Las primeras décadas del siglo XX son muy parecidas a lo que pasa ahora y siempre es el mismo síndrome. Una oligarquía pequeña que tiene concentrado todo el medio de producción, que no paga impuestos y que los estados-gobiernos frente a la presión social, caen en políticas que no son financiables”, aseguró. 

Para el economista con los US 25 mil percápita que tiene Chile, se podría solucionar la crisis social que vive el país. “Bastaría que el 1% más rico se meta la mano al bolsillo”.

Sin embargo, han aparecido voces que plantean la idea de que el Estado pida un préstamo internacional para resolver esta situación, iniciativa que no apoya, porque “es lo mismo que decirle a una persona: usted se va a endeudar va a tener un buen pasar, pero sus hijos van a pagar. Lo que hay que hacer es cobrar más impuesto”, sentenció.

Sobre el régimen presidencialista de nuestro país se mostró contrario, puesto que no promueve “acuerdos ni consensos”. En esa dirección espera que el nuevo documento normativo que direccione al país termine con el actual sistema.

“Espero que la nueva Carta Magna sea un régimen de colegiados, donde gobierne la mayoría y sin los vetos que tiene la actual constitución. Aquí está todo arreglado; así lo escribió Jaime Guzmán: “hice una Constitución para que nada pueda cambiar”, recordó.

Economistas de nuestro Plantel desestiman que el Estado pueda condonar deuda universal del CAE

Economistas de nuestro Plantel desestiman que el Estado pueda condonar deuda universal del CAE

Este lunes el Gobierno presentó su Agenda Anti Abusos, para combatir con mayor severidad las colusiones y abusos en los mercados, y mejorar la protección de los consumidores y trabajadores.


En ese contexto, además, anunció una “hoja de ruta” a largo plazo, recogiendo demandas ciudadanas como la condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).
El Ejecutivo facilitará la regularización de casos de deudores morosos del CAE, condonando las multas e intereses penales para que accedan a los beneficios del nuevo sistema de crédito, que tiene un interés subsidiado del 2% y un pago del 10% del ingreso.


La medida anunciada por el Presidente Piñera, beneficiará a cerca de 144 mil personas. Sin embargo, ya generó controversia debido a que la gran demanda es la condonación universal de todas las deudas por estudios, que además del CAE, incluyen el Fondo Solidario y el Crédito Corfo.


Para el académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, esto es imposible considerando la actual situación del país. “Se trata de alrededor de 7 mil millones de dólares que el Estado chileno hoy no está en condiciones de poner en la mesa”, enfatizó el académico.


Por otro lado, sostuvo que la propuesta debería apuntar a aquellos morosos que desertaron de las carreras por las cuales adquirieron la deuda. “Hay que precisar que existen desertores y egresados. Este último grupo, que corresponde a más del 60%, terminó sus estudios y actualmente está pagando sus cuotas. Los desertores son cerca del 30% y a ellos es a quienes se les debería aplicar la reducción de intereses y multas”, precisó.


El economista planteó la necesidad de contar con un sistema de crédito de educación superior que preste el capital y no cobre intereses, más allá de una condonación parcelada. “De esta forma, el Estado podría condonar la deuda a los que deben el CAE o Fondo solidario, lo cual sería una medida justa, tanto para los que están al día en el pago, como para los morosos”, subrayó


El académico Hernán Frigolett, coincide con su par de la FAE, y señaló que una condonación universal hoy no es posible por el elevado costo fiscal. De asumir este gasto el Estado tendría que revisarse en profundidad y debiera quedar contextualizado en términos de lo que es la cobertura de la gratuidad.


“En esto hay que aplicar un criterio de simetría, ya que, si hay un estudiante que sigue en su carrera y goza de la gratuidad, por simetría, hay que condonarle el CAE anterior para que su carrera esté avalada por la gratuidad”, propuso el extesorero General de la República.


Asimismo, Frigolett planteó lo mismo para aquellos estudiantes que por alguna razón no han podido continuar sus estudios, y están dentro del 60% que obtuvo la gratuidad. “Aunque no estén en el sistema como estudiantes, hay que condonarles la deuda, porque serían beneficiarios de la gratuidad”.


Para el grupo restante la eliminación de los intereses y multas anunciado por el Gobierno es válida, precisó el académico. En ese sentido agregó la opción de establecer una fórmula de pago que sea proporcional a las rentas que los deudores van a obtener una vez que termines sus carreras.


“A mí juicio esto es un peso económico moderado, sería justo y no tendría ningún efecto pernicioso en términos sociales, ya que se aplicarían las condonaciones donde corresponden”, insistió Frigolett.


El economista concluyó que el anuncio del Gobierno “es un primer paso y dentro de eso uno puede descubrir criterios equitativos y establecer la condonación controlada, enfocada a determinados grupos socioeconómicos”.

Economistas de la Usach critican bono de 100 mil pesos anunciado por Sebastián Piñera

Economistas de la Usach critican bono de 100 mil pesos anunciado por Sebastián Piñera

Un proyecto de ley para entregar un bono de 100 mil pesos  a 1.336.000 familias chilenas anunció el Presidente Sebastián Piñera. “Yo sé que los bonos no resuelven los problemas, o no resuelven todos los problemas, pero también sé que significan un importante alivio en momentos que tantas familias chilenas lo necesitan”, sostuvo.
 
Para el ex Tesorero General de la República y académico de la Universidad de Santiago, Hernán Frigolett, la medida intentará apuntalar la demanda y generar mayor consumo. Sin embargo, advirtió que “relacionado con el estallido social, podría tener un efecto hasta negativo, como una solución populista que no ataca los problemas de fondo”.
 
El economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Usach, Víctor Salas, concordó con que el gasto estatal buscará recuperar la actividad económica, pero explicó que esto puede provocar endeudamiento en personas que saben que recibirán la ayuda en enero.
 
Además, dijo Salas, “si los negocios atienden solo la mitad de la jornada, dudo que se fortalezca la demanda. No se va a expresar de manera neta si la gente no puede gastar ese dinero”, sostuvo. 
 
Por su parte, el doctor en ciencias económicas y académico de la FAE, Gonzalo Martner, criticó que el bono no se anunciara junto al paquete económico de medidas por US$5.500 millones y calificó la ayuda como una “medida de adhesión política”. 
 
Martner  estimó que “el problema es que no se ve una estrategia económica clara, sino que una improvisación cotidiana”.
 
Por su parte, el doctor en geografía económica y experto en finanzas internacionales, Francisco Castañeda, concluyó  que “la demanda ciudadana tiene que ser compatibilizada con un estímulo al crecimiento económico y confianza para los inversionistas pequeños y medianos, para que vuelvan a invertir y recompongan el tejido productivo”.

Lo que entró en crisis: una mirada retrospectiva

Lo que entró en crisis: una mirada retrospectiva

La rebelión social de fines de 2019 ha sorprendido por su intensidad y duración. Aunque a algunos no nos resulte tan inverosímil ni se aleja completamente de análisis previos, es necesario iniciar un esfuerzo de comprensión retrospectiva para intentar explicar lo que ha pasado en Chile. Esto, sobre todo si se considera que las élites dominantes se veían a sí mismas a cargo de una economía próspera que otorgaba más o menos espacios a todos en el camino de “llegar a ser un país desarrollado”, especialmente con la expansión de la educación de mercado, y de una política que producía arreglos estables y una competencia electoral periódica acotada y sin sobresaltos mayores.

Hasta que la mayoría de las certezas convencionales volaron por los aires por la fuerza de los hechos.

Aventuramos la hipótesis según la cual en primer lugar ha entrado en crisis el soporte económico de la vida social, y lo que denominamos el “modelo híbrido de mercado concentrado y de regulaciones débiles”. Ponemos el acento en el concepto de “hibridez”, pues nuestra estructura económica no es el resultado de un diseño abstracto de algún agente todopoderoso, interno o externo, sino de situaciones de poder relativo entre grupos sociales asimétricos que configuraron en las últimas décadas la esfera económica en un contexto internacional cambiante.

El actual modelo de crecimiento tiene su origen en la imposición violenta desde la dictadura de un sistema de asignación de recursos basado en mercados imperfectos que han tendido a una extrema concentración y que se extendieron hacia los servicios básicos, la educación, la salud y las pensiones, como en ninguna otra parte del mundo.

Desde 1990 se produjo un cuestionamiento inicial a parte de la herencia dictatorial, con la idea del “crecimiento con equidad” de Aylwin y luego del “crecimiento con igualdad” de Lagos, incluyendo reformas tributarias, laborales y territoriales junto a aumentos del gasto y coberturas sociales y el reforzamiento de algunas regulaciones.

Persistió el desarrollo de actividades estatales directas en parte de la banca (Banco del Estado y Corfo), minería (Codelco y Enami), energía (Enap) y transporte (Metro) que los economistas neoliberales siempre contendieron, esta vez sin éxito. Pero, ese contramodelo en ciernes, morigerado sistemáticamente por la ausencia de mayoría parlamentaria, perdió fuerza por el acomodo y en algunos casos creciente conversión al neoliberalismo de la coalición de gobierno y algunos de sus máximos líderes.

Resultó emblemática la expansión de la actividad minera transnacional y la captura privada de su renta, la mantención de un oligopolio en la pesca y la privatización de parte de los servicios sanitarios (en Santiago, Valparaíso y Concepción y la licitación de la operación en el resto del país) y de la infraestructura de transporte a partir de los años 90.

Este modelo híbrido produjo resultados de crecimiento generalizado de los ingresos y de mejoría sustancial de algunos indicadores sociales (baja mortalidad infantil, alta esperanza de vida, baja criminalidad relativa), los que generaron la autocomplacencia de economistas antes críticos del neoliberalismo.

Se dejó de lado como algo molesto, pero no determinante la muy alta desigualdad de ingresos y la estructura de propiedad hiperconcentrada que multiplicó e hizo cotidianos los abusos de mercado frente a un Estado mínimo, crecientemente capturado por el capital corporativo y sus grupos de presión en detrimento de los intereses de la mayoría social. Esto fue lo más grave del proceso político post-90, aunque una minoría nos opusiéramos desde dentro.

La prevalencia del maridaje de intereses con el gran empresariado preparó lentamente la rebelión actual. La etapa dulce del alto precio del cobre y del resto de las exportaciones primarias, empujadas por la demanda china, alimentó la ilusión de que no eran necesarias reformas estructurales ni un proceso intensivo de diversificación económica. El desdén por la inversión en investigación y desarrollo y por la recuperación del control sobre la renta de los recursos naturales fue tal vez la ceguera mayor de los arrogantes economistas del modelo que hoy entra en crisis, y no por falta de advertencias suficientes.

Cito el siguiente diagnóstico: “Considerando la poca complejidad económica de Chile, el crecimiento económico de largo plazo se proyecta a solo 1.9% entre el 2013–23. Estas proyecciones de crecimiento están muy por debajo de sus pares, incluyendo Canadá (2.7%), Perú (2.8%), Colombia (3.0%), y México (4.4%)”.

Y agrega: “La segmentación de la prestación de servicios en educación, cuidado de la salud y seguridad social (...) ha generado una importante disparidad en el acceso a servicios de calidad. Las limitaciones en el acceso a una educación de calidad se traducen en desigualdades en el mercado laboral, lo que también influye en la participación en el sistema de salud y contribuciones al régimen de pensiones. Considerando el segmentado mercado laboral, solo una pequeña proporción de la fuerza laboral percibe niveles sostenidos de ingresos, crecimiento de ingresos, y una participación y tasa de aportes constantes en el sistema de pensiones”.

¿Otro diagnóstico heterodoxo más que no reconoce las virtudes del “modelo chileno” y de los logros de sus economistas y defensores políticos? No, se trata de un informe del Banco Mundial de 2017.
También entró en crisis en 2019 la sociedad del 10-50-40, estable por largo tiempo, pero estructuralmente polarizada. Se consolidaron las fronteras entre el 10% más rico (y en su seno el 1% cada vez más rico, articulado en grupos económicos con control de buena parte de los recursos naturales, una amplia base financiera y alianzas con el capital internacional), el 50% constituido por grupos intermedios tradicionales y emergentes (con empleos formales pero con un tercio más cerca de los bajos ingresos que de los medios) y el 40% de menos ingresos, con empleos precarios, poco calificados y todavía mal pagados, aunque hayan aumentado sus ingresos promedio más que el resto.

Este 40% de menores ingresos incluye un 20% en estado de "pobreza multidimensional" y del orden de un 5% en situación de exclusión y marginalidad. No considerar la “heterogeneidad estructural” de la estructura socioeconómica chilena fue otro de los grandes errores de los economistas del modelo, así como desdeñar que su utopía básica, la movilidad social, simplemente en Chile existe apenas.

Finalmente, languideció una economía que desde 2014 crece poco, reduce la creación de empleo y lleva a perspectivas de aumento de ingresos que se esfuman y aceleran el endeudamiento de los hogares para sostener su consumo. El trabajo informal es de un 30% de los asalariados y el trabajo precario con rotaciones constantes de empleador es la realidad cotidiana de la mayoría de los asalariados y sus familias.

Pero, también existen factores culturales y generacionales en la crisis. Aventuramos la hipótesis de que terminó por difuminarse la pretensión de reemplazar la construcción –siempre necesaria y en continua reformulación– de un destino común por la idea neoliberal según la cual la sociedad no existe, en la que la única utopía posible no es algún proyecto de significado colectivo sino la mera movilidad social personal.
Del orden de 500 mil jóvenes no estudian ni trabajan y la deserción escolar adolescente aumenta. Hay hoy 1,2 millones de jóvenes en una educación superior que no ofrece para la mayoría un destino de inserción con un mínimo de certeza y genera en muchos casos aún amplias deudas. Esto se traduce crecientemente en la ansiedad colectiva y más bien en el cuestionamiento del orden social antes que en la confianza en un destino de movilidad social ascendente.

Parece, asimismo, haber entrado en tensión el sustrato solidario que se expresa ancestralmente en las familias y los grupos de pertenencia con la cultura individualista negativa, la descalificación de lo público vehiculada por los grandes medios (el Estado es ineficiente, los pobres reciben demasiados subsidios, nadie apoya a la clase media, etc.) y la representación de la sociedad como una supuesta cadena de oportunidades de mercado a lo largo de la vida, con la correspondiente ideología “emprendedorista”.

Parece haber perdido capacidad hegemónica el incentivo sistémico a la prevalencia del yo, en vez de la tríada del yo y mi mundo, pero junto al nosotros social y el nosotros del género humano en la tierra y su comunidad de destino, siguiendo las distinciones de Edgar Morin. Y aumentó el rechazo al ancestral clasismo y discriminación social ("los flaites") y de género –con inéditas movilizaciones feministas masivas– que proviene de la cultura patriarcal y de la herencia de la hacienda.

La demanda por más protección social y estatal ha recuperado, poco a poco, derechos de ciudadanía frente a la sociedad de consumidores individuales y de supuesta movilidad social. Según la OCDE, en Chile nacer en un hogar de ingresos bajos puede afectar negativamente el salario en cerca del 40% en relación con el promedio, mientras las personas provenientes de familias con una mejor situación económica ganan un 50% más. Solo un 4% de jóvenes cuyos padres no habían completado la educación básica pudo obtener hacia 2015 un título profesional, en comparación con el 25% en el caso de hijos(as) de al menos un padre-madre profesional.

Desde el sistema político, las fuerzas que habíamos protagonizado los esfuerzos de retorno a la democracia no pudimos/supimos transformar el Estado mínimo, mientras terminaron prevaleciendo los que optaron por "hacer de necesidad virtud" y se resignaron y adaptaron al modelo híbrido de mercado concentrado y regulaciones débiles a cambio de espacios en la esfera pública y burocrática, degradando todavía más la capacidad estatal con muchos miles de puestos públicos clientelares.

Todo esto provocó desde al menos 1997 el desplome progresivo de la legitimidad de las fuerzas democráticas y una primera victoria electoral de la derecha –sociológicamente minoritaria– en 2009 y luego en 2017, cuando la coalición de gobierno se transformó en un campo de acciones incoherentes con un amplio espacio para el boicot interno a las reformas institucionales, sociales y económicas comprometidas.

Una parte mayoritaria de esa coalición ya no estaba dispuesta a salir del modelo descrito, defraudando a sus electores, provocando su molestia o su abstención, y constituyéndose en contramodelo de conducta política para las nuevas generaciones, que construyeron su propia expresión política. Resultó emblemático que la demanda por gratuidad y educación pública terminara transformándose en un capitalismo educativo subsidiado de alto costo fiscal y en la mantención de un mercado de la educación escolar y superior en vez de un servicio público republicano.

También entró en crisis un sistema político en el que las opciones mayoritarias permanecen cercenadas por los quorum supramayoritarios y el Tribunal Constitucional, el gran guardián del orden neoliberal (con los casos de la gratuidad educacional para los privados y de la desprotección del consumidor como emblemas de decisiones por encima de las leyes aprobadas por el Parlamento). Y que fue crecientemente condicionado y financiado legal e ilegalmente de manera corrupta por el poder económico.
La acción política mutó poco a poco desde ser la expresión de valores, visiones, proyectos e intereses colectivos a ser un mecanismo de acceso al poder estatal (y en ocasiones privado) y a ser una fuente de acceso a privilegios y prebendas clientelares.

Esto provocó la frustración de una parte de la militancia –la tradicional y sobre todo de la más joven– movida por valores y proyectos comunes e inserta en el tejido social. Y terminó en la descomposición interna de los partidos y la pérdida de vínculo con el mundo social y territorial más allá de aparatos electorales clientelares.

Buena parte de la izquierda absorbió mal la crisis final del socialismo burocrático en 1989, la necesaria renovación de ideas y la sintonización con el mundo contemporáneo. Y sobre todo abandonó la representación del mundo del trabajo y de la cultura y prefirió ser un canal de acceso a cargos burocráticos y de ascenso social mediante la lucha electoral.

Con este trasfondo estructural, cultural y político se desencadenó desde el viernes 18 de octubre, a los dos años del gobierno de Piñera II, una rebelión social masiva y con altas dosis de violencia urbana, no inducida ni dirigida por nadie en particular. Ya el movimiento estudiantil de 2011 había sido un prolegómeno de la incapacidad de la derecha para generar gobernabilidad suficiente en la sociedad chilena actual. La rebelión de fines de 2019 es el fracaso de la representación política y parlamentaria de los intereses de la mayoría social y la respuesta más global y autónoma de la mayor parte de la sociedad a la desigualdad de ingresos y de trato, a los abusos contractuales, al Estado arbitrario en lo económico, judicial y represivo y a la cultura del individualismo negativo.

El rechazo al orden existente se condensa en la figura de Sebastián Piñera, que encarna la idea del privilegio y del abuso de las minorías dominantes, aunque su representación del mito del "emprendedor exitoso que gestiona con eficiencia" le haya permitido ganar dos elecciones presidenciales en medio de una amplia abstención y de la adhesión de sectores medios y populares conservadores o "aspiracionales".

En cinco semanas se han movilizado millones de personas. Este es el dato fundamental: una sociedad que reconstruye y resignifica su propio discurso y que no acepta más el orden desigual existente. Y que reivindica la dignidad como valor fundamental a consagrar y mantener frente al abuso de las minorías dominantes en la economía y el sistema político.

Pero el partido del orden, sus medios de comunicación y sus seguidores de todo el espectro ponen el acento en la parte minoritaria pero persistente de los movilizados que provoca condenables destrucciones (incluso de la infraestructura pública que sirve a la mayoría social) o reacciona con destrucciones frente a la violencia policial. Y que resalta hasta el paroxismo, dado el explicable rechazo y temor que provoca, el saqueo por parte de grupos de delincuencia común u ocasional, que suelen colarse en las revueltas sociales inorgánicas. Recordemos que existe además un micronarcotráfico relativamente extendido, que controla ciertos territorios en las urbes. Hay 80 mil enjuiciados por narcotráfico en Chile.

Pero no nos equivoquemos: el partido del orden busca negar o minimizar las intolerables violaciones de Derechos Humanos y sus respectivas responsabilidades políticas y anular la rebelión social masiva y legítima tratando de asimilarla a las estrucciones y al saqueo, generando el mayor pánico posible. El peligro de una salida autoritaria a la crisis basada en el temor a la delincuencia que justifique derivas represivas crecientes está muy presente, y existe una alta probabilidad de que Sebastián Piñera adopte ese camino.

También está en curso la búsqueda de una salida gatopardista, en la que todo cambie para que todo siga igual. Es lo que parte de la derecha intenta y parcialmente ha logrado con un acuerdo parlamentario para un plebiscito en abril 2020 que permita la elaboración en 2021 de una nueva Constitución en una convención constituyente elegida para el efecto, lo que es un gran logro y un desafío a ser ganado mediante una amplia movilización electoral.

Sin embargo, funcionará con el veto de 1/3 sobre los otros 2/3, lo que anulará con una alta probabilidad su potencialidad democrática, con un alto riesgo, mediante el bloqueo mutuo, de que termine colapsando el nuevo proceso constituyente, al estilo de la disolución sin pena ni gloria del proceso constituyente de Bachelet II. Algunos consideran esto inexplicablemente como un gran avance, con una especie de "emoción de la página en blanco" que, a otros, centrados en los resultados institucionales que se debe obtener como respuesta a la crisis y sus causas, no nos conmueve mayormente.

La lucha política dirá si se produce alternativamente una salida con participación y representación social, territorial, de género y de los pueblos originarios, más allá del pacto parlamentario. Y si esa salida es capaz o no de promover un nuevo orden político que consagre una democracia sin veto de la minoría dominante. Y que, por tanto, permita de una vez al pueblo chileno dotarse, mediante una Constitución que no sea una camisa de fuerza y sucesivas legislaciones de futuros gobiernos, de un Estado de bienestar en forma y de un modelo de economía dinámica pero equitativa y sustentable.

¿Estará en el horizonte el pleno control público de los recursos naturales, la desmercantilización de los servicios sociales, un ingreso mínimo universal, los derechos efectivos de los trabajadores en la empresa, las ciudades más integradas, los servicios públicos en todo el territorio y una economía social y cooperativa que provea espacios de cohesión social, de disminución de las desigualdades y de acción persistente contra la exclusión y la marginalidad?

Construir un modelo de funcionamiento social de este tipo no es imposible y tendría el mérito de dar una respuesta más eficaz que la salida autoritaria o aquella gatopardista a la crisis social y política y a las demandas de la mayoría popular. Estas respuestas parecen no lograr detener la crisis o bien incubar su repetición en un horizonte cercano.

Existe una alternativa a la inestabilidad y la violencia. Pero un nuevo arreglo institucional y social requiere, entre otras cosas, dejar atrás con firmeza la idea de que los problemas sociales y políticos se resuelven con represión indiscriminada contra los que se manifiestan y que se debe atacar la delincuencia, pero no sus causas. Requiere cosas como que se asuma una tributación progresiva sustancial. Y que el empresariado dispuesto a vivir en y con la sociedad, y no a expoliarla mediante múltiples abusos de mercado, debe ser objeto de regulaciones fuertes y efectivas y adaptarse a un nuevo modelo inclusivo. Y también requiere de un Estado probo y crecientemente desburocratizado al servicio de la ciudadanía y del interés general.

Un nuevo modelo democrático equitativo y sostenible no es fácil de construir, y requiere de tiempo, consistencia y persistencia, junto a las repuestas inmediatas que la ortodoxia bloquea con notable ceguera. Pero tendría una mucho mayor capacidad de dotar al país de la estabilidad política, económica y social sin la cual ninguna actividad económica puede prosperar en el largo plazo y sin la cual la búsqueda de un mayor bienestar progresivo de la mayoría social no resulta posible.

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