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Encuesta de seguridad ciudadana revela desconfianza en el trabajo de las policías

Encuesta de seguridad ciudadana revela desconfianza en el trabajo de las policías

La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2017 (Enusc) reveló que la victimización en el país creció 0,7% en comparación a 2016, llegando a 28%. Se trata del mayor porcentaje desde 2013, cuando el índice alcanzó un 24,8%. Según el sondeo, los hogares que fueron víctimas de la delincuencia fueron 236.316 más que en 2013, por lo que delitos de mayor connotación social anotaron un aumento de 1.019.895.

Para el especialista en seguridad pública y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, esta alza contrasta con el bajo número de denuncias que se realizan y revela que las personas, pese a ser víctimas de un delito, no acuden al sistema de justicia criminal –fiscalía, tribunales y policías- porque no tienen confianza en que vaya a solucionarles su problema.

“De toda la gente que ha sido víctima de un delito, solo un 38,5% declara haber hecho efectiva la denuncia en 2017, un punto porcentual menos que en 2016”, afirma. A su juicio, al analizar  las causas de por qué no se realiza la denuncia, se debe a que muchas personas ya han sido víctimas anteriormente, y pese a que acudieron a la policía, nunca obtuvieron resultados.

Además, el especialista también apunta al fraude en Carabineros, que habría impactado en la valoración de la ciudadanía hacia la institución policial. “En la principal policía del país se han descubierto desfalcos, apropiación indebida de dineros públicos… Eso hace que las personas pierdan confianza en la institución policial y desistan de hacer la denuncia”, considera.

Por otra parte, el académico critica que el presupuesto en materia de prevención del delito se haya reducido significativamente desde 2014, en que se contaba con alrededor de $50 mil millones para estas labores, a los $23 mil millones actuales.

Complementar STOP con la Enusc

Finalmente, señala que los datos de la Enusc son valiosos para comprender el panorama de la delincuencia en el país. Sin embargo, plantea que sería deseable contar con un sondeo similar, pero realizado de manera trimestral y por comunas, a fin de contrastar estas cifras con las denuncias que transparente el nuevo Sistema Táctico de Operación Policial (STOP).

La nueva plataforma propiciará reuniones cada 30 días para evaluar el trabajo de Carabineros, por lo que el experto considera necesario complementar dicha evaluación, ya que solo una fracción de las personas que son víctima de un delito declaran haber denunciado el crimen. Es decir, las denuncias no reflejarían cabalmente lo que sucede en materia de delincuencia, ya que omitirían más de un 60% de los casos.

“La Enusc es anual y no permite monitorear las unidades policiales, ya que solo entrega resultados a nivel nacional y regional. No se puede saber lo que pasa en cada prefectura. Tiene esa complicación”, sostiene. “Para hacerla más útil y no aumentar tanto los costos, puede ser telefónica, donde se monitoree cada tres meses y con resultados a nivel comunal”, concluye.

Muertes por accidentes automovilísticos: sostienen que principal causa es falta de fiscalización

Muertes por accidentes automovilísticos: sostienen que principal causa es falta de fiscalización

Un informe de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset) reveló que los fallecidos en accidentes originados por velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo subieron un 26% entre 2008 y 2017. Frente a ese escenario, el Gobierno planea automatizar el control de velocidad y apoyar la disminución del límite de velocidad urbana, de 60 a 50 km/h que se discutirá este miércoles en el Senado.

Para el especialista en transporte y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, reducir la velocidad urbana no es suficiente para disminuir los accidentes de tránsito. A su juicio, los accidentes no se producen porque el límite sea alto, sino porque los automovilistas no lo respetan cuando tienen oportunidad de hacerlo, independiente de que sean 60 o 50 kilómetros por hora. Por ende, se trata de un problema de fiscalización.

“El mayor número de fallecimientos por esta causa, según Conaset, se produce los viernes, sábados y domingos, días en que no hay tanta congestión y los vehículos tienen más libertad para desplazarse”, explica. “Al cruzar la información, se puede interpretar que los conductores avanzan a mucho mayor velocidad los viernes, sábados y domingos porque está más libre la vía. La gente sobrepasa ese límite de 60 kilómetros por hora porque sienten que no hay nadie fiscalizándolos”,  insiste.

El especialista valora que se discuta la posibilidad de establecer un control automático de la velocidad en las principales vías de la ciudad. No obstante, considera que la responsabilidad de administrar las multas por este concepto debiese recaer en la Conaset y no en las municipalidades, dado que tiene mayor competencia en la materia y asegura que los recursos se centralicen, para usarse en aspectos que apunten a disminuir y reparar las faltas por accidentes.

“Los recursos que provengan de las infracciones debieran ir a un fondo cuya finalidad sea educar a los automovilistas, o para ayudar a quienes han sido víctimas de accidentes, y no necesariamente a las municipalidades. Tendría mayor impacto”, considera.

Finalmente, el especialista señala que otras causas del aumento de la mortalidad de los accidentes es el aumento explosivo del parque vehicular en los últimos años y a la escasa educación vial de los conductores.

“Tiene que haber mayor exigencia al momento de sacar la licencia de conducir y un seguimiento para que el proceso completo entregue garantías de que la persona maneja todos los conceptos de la educación vial”, concluye.

 

Medidas impulsadas por Lavín contra narcotraficantes son insuficientes

Medidas impulsadas por Lavín contra narcotraficantes son insuficientes

La tarde de este jueves, el Consejo Municipal de Las Condes analizará la propuesta del edil de la comuna, Joaquín Lavín, de quitar a los reincidentes por narcotráfico mayores de 30 años los beneficios sociales que entrega el municipio –entre ellos, el derecho a postular a una vivienda-.

El sociólogo y académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, Claudio Avendaño, reconoce que esta medida puede haber nacido de una demanda ciudadana como señala el alcalde. No obstante, indica que el principal conflicto que plantea la disposición es que terminará endilgando a otros sectores el problema del narcotráfico que existe en Las Condes.

“Hubo en la década de 1980 un programa de erradicación de campamentos que terminaron siendo distribuidos en La Pintana, San Bernardo, Puente Alto, etcétera. Por lo tanto, se solucionó el problema de Las Condes, pero se segregó la ciudad”, compara.

“La municipalidad de Las Condes está resolviendo el problema de sus vecinos, pero ¿dónde va a ir esta gente?”, cuestiona Avendaño. “Esto es una solución que resuelve el problema micro de Las Condes, pero no contribuye a resolver o atenuar el problema del narcotráfico que, justamente, lo viven los sectores más bajos”, sostiene.

“Esta medida no contribuye a la solución. Es cortoplacista y de alcance limitado”, critica.

 

Derechos universales

 

Por otra parte, el sociólogo advierte que la medida atenta contra los derechos sociales que son universales a la especie humana. “Es decir, que por el hecho de ser seres humanos, tenemos derecho a salud, educación, vivienda, etcétera”, ejemplifica.

En ese sentido, “los derechos sociales entrarían en cuestión con una decisión de este tipo, por muy bien intencionada que esté”, explica.

“Todos estos problemas sociales son multidimensionales y requieren miradas de políticas públicas en temas de vivienda, salud, educación, etcétera. No es algo que se resuelva con una sola medida”, afirma el sociólogo.

“Siendo que es un problema multidimensional y complejo, una medida de este tipo no contribuye significativamente a resolver el problema”, concluye.

Académica Lucía Dammert formará parte de Consejo Asesor de la ONU en Asuntos de Desarme

Académica Lucía Dammert formará parte de Consejo Asesor de la ONU en Asuntos de Desarme

La experta en seguridad de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Lucía Dammert, será parte del Consejo Asesor del Secretario General de Naciones Unidas en Asuntos de Desarme. A inicios de enero, la académica recibió una invitación extendida por la máxima autoridad del organismo internacional, Ban Ki-moon.

El consejo, cuyo objetivo es debatir y comentar decisiones de la ONU en temas como desarme nuclear, ciberataques y control de armas pequeñas, está conformado por 16 expertos de todo el mundo. De ese listado, la especialista de nacionalidad peruana es la única representante de Latinoamérica.

“La mayoría de los miembros del consejo son expertos en la materia o académicos de prestigio”, destaca la Dra. Dammert. Los integrantes provienen de Australia, Croacia, Jordania, Estados Unidos, Filipinas, China, Corea del Sur, España, Francia, Mongolia, Pakistán, Rusia, Ghana, Noruega y Finlandia.

Respecto al objetivo de su participación, comenta que “la experiencia latinoamericana será mi aporte fundamental. Espero aprender de las realidades de otras zonas del mundo y, sobre todo, identificar temáticas que por ahora no son parte de la agenda de seguridad en el país o la región”.

La contribución de la académica en el Consejo no se acotará a un periodo de tiempo delimitado previamente. Es decir, se trata de una invitación “abierta en el tiempo”, enfatiza.

La instancia se reúne dos veces al año. Primero, en la ciudad de Ginebra (Suiza) los últimos días de enero y, luego, en Nueva York (Estados Unidos) durante el mes de junio. “En estas reuniones, se revisan temas de la agenda de desarme y se debaten nuevos desafíos globales”, explica.

Sin embargo, precisa que “en situaciones excepcionales, también se realizan reuniones específicas”.

Respecto al modo de trabajo, comparte que, luego de cada reunión, “se elabora un informe con sugerencias y recomendaciones para el Secretario General de Naciones Unidas en temas de coyuntura, pero también de mediano y largo plazo”.

Experiencia profesional

Lucía Dammert es socióloga, Ph.D. en ciencia política y académica de la Licenciatura en Estudios Internacionales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago.

La experta posee una vasta experiencia académica en universidades de Estados Unidos, Argentina y Chile. Como investigadora, dirigió el Consorcio Global por la Transformación de la Seguridad, fue asesora temática del programa Urb-al de la Comisión Europea y participó en el Woodrow Wilson Center.

Además, ha elaborado reportes para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estudios y propuestas para el Banco Interamericano del Desarrollo, y asesorías en el Banco Mundial.

En materia de seguridad, Dammert posee más de una decena de libros en los que ha participado como autora o editora. Además, ha escrito una gran cantidad de capítulos, artículos y otros documentos de trabajo en los que ha abordado la problemática de la violencia, la seguridad y el crimen, principalmente, en Latinoamérica.

Identifican particularidades en grupo que atentó contra Presidente de Codelco

Identifican particularidades en grupo que atentó contra Presidente de Codelco

Un paquete bomba  recibió en su casa el Presidente del Directorio de Codelco, Óscar Landerretche, quien resultó con lesiones menores tras la explosión del artefacto. El atentado fue reivindicado por el grupo ‘Individualistas Tendiendo a lo Salvaje’, supuesta organización autodefinida como “eco-terrorista”, que argumentó haber cometido el acto para “vengar” la “devastación de la tierra” en que incurriría la cuprífera por su actividad minera. El hecho fue repudiado por todos los sectores políticos y el Ministerio del Interior ingresó una querella contra quienes resulten responsables “por el delito consumado de envío de cartas o encomiendas explosivas y envío de bombas o artefactos explosivos de carácter terrorista”.

De acuerdo al sociólogo de la Universidad de Santiago de Chile, Claudio Avendaño, a partir de los hechos que se han conocido se pueden extraer algunas conclusiones preliminares sobre el actuar de este grupo específico que lo diferencia de otras organizaciones de carácter terrorista.

En primer lugar, Avendaño subraya el tipo de registro que utilizan para revindicar el hecho. “Se observa una narrativa adolescente. Su forma de contar el hecho es parte de la jerga o de un tipo de comunicación desde los jóvenes hacia sus pares”.

“Sirve para revindicar un tipo de lenguaje y el lugar desde dónde están hablando”, agrega. Respecto a sus características, indica que es “un lenguaje coloquial, muy distinto al que utilizan otros grupos que cometen este tipo de acciones”.

En segundo término, el académico de la Escuela de Periodismo explica que movimientos con este tipo de ideologías tienen su origen en el siglo XIX. “Responden a una cierta contracultura de carácter bucólico, anti-civilización, colocándose a renglón seguido de los movimientos anti-industrialización del 1800, contrario a las lógicas industriales de la sociedad moderna en general”, sostiene.

“No es algo nuevo. En Chile, probablemente sí, pero siempre ha existido una visión distinta o contraria a la civilización industrial”, indica el especialista.

En tercer lugar, indica que no se puede advertir un ideario específico en su actuar. “No hay ningún indicio de cuál es el programa político que tienen. Es un hecho que se puede entender como un acto que nace desde la frustración por aquellas ideas que ellos plantean y defienden”, sostiene.

Finalmente, hace hincapié en la “imprecisión” de su actuar. “Si se quiere ser verosímil y creíble, esta distención al utilizar Chilexpress no es menor. Revela una cierta ligereza o poca precisión. Ahí, uno podría prever una organización poco formal”.

“Lo que resulta de la suma de todos estos elementos es una narrativa de un grupo distinto que, también, puede llevar a la sospecha de que se trata de algo verdadero o, simplemente, un encubrimiento”, advierte.

No obstante, reconoce que el paquete bomba enviado a Landerretche plantea “una convergencia con las formas tradicionales. Es decir, con los actos terroristas conocidos”.

“El elemento que produce la divergencia es la narrativa, el cómo se cuenta el hecho. Es muy distinta la forma en que se presentan a la sociedad en comparación al estilo tradicional en que esto se lleva a cabo. Eso hace dudar, genera perplejidad y, finalmente, curiosidad”, precisa.

Un acto simbólico

Respecto a cómo comprender el hecho, sostiene que este “se puede ubicar en un plano simbólico-cultural. Este grupo se opone a una matriz de relación con la naturaleza donde el hombre es el centro y tiene derecho a dominarla y utilizarla a su servicio”.

Con todo, advierte que “hay que tomar en serio esta situación, por supuesto, porque hay un acto concreto que tiene que ver con un tipo de violencia”.

Aunque sostiene que las características del contexto no justifican el hecho, explica que el escenario en que se dan estas situaciones es uno en el que se evidencia “un proceso de distanciamiento de la ciudadanía con las instituciones y una demanda por mayor participación”.

“Probablemente, lo que hay en nuestra sociedad son una serie de conflictos entre los puntos de vista de ciertos sectores ciudadanos y la institucionalidad política. Ahí hay una brecha muy importante”, concluye.

Advierten que cifra de delitos puede ser el doble que la informada por el Gobierno

Advierten que cifra de delitos puede ser el doble que la informada por el Gobierno

El Gobierno se declaró “conforme” tras dar a conocer que los delitos de mayor connotación social disminuyeron un 6,6% este 2016, en comparación al año anterior. Sin embargo, parlamentarios de la oposición y el oficialismo salieron a cuestionar este balance, señalando que se debe esperar la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que mide victimización. Esto, explican, ya que la cifra se basa solo en las denuncias y casos notificados a las policías, lo que escondería el dato de quienes, a pesar de ser víctimas de la delincuencia, no realizan este trámite por distintas razones.


El experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, concuerda en la crítica de que solo se toma en consideración los delitos denunciados y cuestiona que la información se dé a conocer cuando aún no ha terminado el mes de diciembre. “Hay mucho apresuramiento en una información que es errónea, sobre todo en el caso de los homicidios”, sostiene.


De acuerdo al especialista, una entrega correcta de los resultados debe considerar la información que arroja la ENUSC, encuesta que debiera conocerse entre marzo y abril del próximo año. Esto, ya que este último estudio contempla el 45% de personas que no denunciaría ser víctima de delitos, por desconfianza hacia el sistema.
“Según el boletín estadístico del Ministerio Público de 2015, solo un 14,6% de los casos llegó a sentencia definitiva condenatoria. Tenemos una gran impunidad y vacío en esto”, apunta.


Por eso, Araya indica que es mejor esperar los resultados que entregue “la ENUSC, que nos habla de magnitudes reales, las cuales pueden ser muy superiores” y advierte que “la encuesta nos puede hablar de una población afectada equivalente al doble de lo que dicen las denuncias”.


“En la década de 1960 se crearon las encuestas de victimización como una forma más certera de dar con la dimensión real de la delincuencia en el país, porque la cifra de denuncias tiene un tremendo margen de error”, indica el académico.


“Hay que ser prudente con estos anuncios porque el tema no está zanjado”, continúa. “El Gobierno da a conocer esta información, pero es curioso porque el año aún no termina. Habría que esperar a que termine diciembre y que todas esas cifras estén contabilizadas”, afirma.
“No se entiende bien qué cierre en la contabilidad está haciendo el Gobierno al decir que hay un descenso del 6,6%”, insiste.


Aunque reconoce que hay una obligación legal de citar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde fueron dadas a conocer estas cifras, señala que “todas las instituciones tienen un estándar, de esperar a que se cierre un semestre o un año para dar a conocer cifras. En este caso, estamos a días de que termine el año y las cifras no están todavía para hacer un balance anual. Sin embargo, el Gobierno aparece dando estos resultados”.


“Hay una premura por anotarse logros en una materia, cuando no es prudente hacerlo”, sostiene Araya. “Siempre los temas de política pública se prestan para una discusión política. En este caso, el Gobierno tiene una intención de anotarse un logro en esta materia, logro que no es tal”, critica.


“Hay mucho apresuramiento en una información que es errónea, sobre todo en el caso de los homicidios”, agrega el especialista.


El académico alude a cifras del Gobierno, que darían cuenta de poco más de cien casos de este tipo de crimen. “Según cifras del Ministerio Público, de enero a septiembre de 2016 van 387 ingresos por homicidios solo en la Región Metropolitana”, contrasta.


“La cifra de homicidios es absolutamente irreal. Cualquier persona que trabaja en el tema sabe que los homicidios no se pueden medir por la cifra de denuncias, porque las víctimas no pueden realizar el trámite. Además, Carabineros no tiene autoridad jurídica para calificar estos hechos”, concluye.

Experto propone que Sename rinda una cuenta pública anual sobre su labor

Experto propone que Sename rinda una cuenta pública anual sobre su labor

El Servicio Nacional de Menores (Sename) dio cuenta pública de 243 menores fallecidos en centros y residencias del organismo entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de junio de 2016. Esto, luego de entregar las cifras al Ministerio Público el viernes, en el marco de una investigación para determinar si existe responsabilidad de la institución en el fallecimiento de niños y adolescentes tras conocerse el deceso de Lisette, menor de once años que murió en abril en el Cread Galvarino.

 

El experto en seguridad pública de nuestra Universidad, Jorge Araya, valoró la entrega de estas cifras a la opinión pública y afirmó que esto debiera ser una práctica sistemática. “El servicio debe comprometerse anualmente a hacer públicas las cifras de todo lo que es su gestión en un año”, sostiene.

 

“En la web, hay un catastro de los programas y beneficiarios del Sename. Así como está disponible esa información, una vez al año tiene que hacerse público cuántos menores han muerto en centros del Sename, y esto debiera ser solo un antecedente de muchos”, complementa.

 

El especialista indica que dar cuenta de esta información permite generar las condiciones políticas para instalar la necesidad de entregar aportes monetarios mayores al servicio. “Es importante poner estos antecedentes para sensibilizar a la sociedad sobre la urgencia de destinar recursos al cuidado de menores en situación de vulnerabilidad”, explica.

 

Araya sostiene que un proyecto para reemplazar el Sename en dos servicios, -iniciativa anunciada por el Gobierno, pero aún no presentada en el Congreso- requiere, al menos, el doble de los recursos que actualmente se destinan para el organismo.

 

“El presupuesto del Sename para la creación de estos nuevos servicios tendría que incrementar al menos el doble. Puede significar un aumento en que cada año se le entregue un 30% más de recursos a estos nuevos servicios, para llegar en tres años a implementar todo esto”, señala.

 

De acuerdo al especialista, proveer escalonadamente estos recursos es necesario debido al  panorama económico del país. “Es lamentable que este tema tenga que seguir esperando a que mejore la situación económica”, sostiene.

 

“No basta con enviar el proyecto, sino que hay que tener el respaldo presupuestario para impulsarlo. Sin embargo, estamos en un periodo de restricciones. En el Presupuesto para 2017, se anuncia un crecimiento de no más de 2,7%”, explica.

 

Por eso, la importancia de dar a conocer el informe. “La decisión de políticas públicas son una mezcla de un componente técnico con uno político. Cuando hay ciertos temas que generan movilización social, presionan a la clase política a responder por estas demandas. Sin embargo, este tema no produce movilización social, por lo que se ve postergado”, señala.

 

Pese a ello, critica que se considere “solo la sensibilidad comunicacional de un tema o el número de beneficiarios. Tienen que relevarse valores, la urgencia y gravedad de lo que se está tratando”.

 

“En vez de destinar más recursos a Carabineros, podríamos aguantarnos con lo que tenemos, y destinar esos recursos a estos dos nuevos servicios que reemplazaran al Sename”, sostiene. “Se debe informar a la gente sin sesgos, y explicar que los recursos se invierten en estos menores para evitar que inicien una carrera delictual”, concluye. 

 

Critican que nueva cárcel para reemplazar a ex Penitenciaría sea prioridad en materia de Seguridad

Critican que nueva cárcel para reemplazar a ex Penitenciaría sea prioridad en materia de Seguridad

Este miércoles se conoció que el director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, propondrá en diciembre al Ministerio de Justicia un plan para cerrar la ex Penitenciaría de Santiago –actual Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur-, debido al hacinamiento que padece el recinto, originalmente construido para 500 personas y que, actualmente, alberga más de cuatro mil novecientos reos.

 

Para el experto en seguridad pública de nuestra Universidad, Jorge Araya, el tema no es una prioridad en el corto plazo. “No se puede hablar de prioridad, porque también está el Sename. Al invertir en la población que atiende este servicio, estamos invirtiendo en prevenir que niños o jóvenes se vinculen al delito y después terminen en la cárcel”, afirma.

 

“La primera prioridad debe ser fortalecer y ampliar las capacidades que tiene hoy el Sename, de atender a niños y adolescentes tanto en medidas de protección como de cumplimiento de penas por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Pondría el tema de Gendarmería en un segundo lugar”, afirma.

 

Para el especialista, realizar un proyecto de este tipo presionará por una cantidad importante de recursos en el área de Seguridad y Justicia del Presupuesto. “Hoy se está trabajando en un proyecto para construir una cárcel en la Laguna del Maule, y esa que está proyectada para alrededor de mil ochocientas personas ya va en los 75 mil millones de pesos. Una cárcel grande como para reemplazar a la ex Penitenciaría, con capacidad para cinco mil reos, puede llegar a costar alrededor de $200 mil millones”, sostiene.

 

“Esto no es algo que pueda proveerse de un momento a otro. Tendría que recurrirse a un crédito internacional o hacerse un esfuerzo para reestructurar los gastos de inversiones del Estado en el Presupuesto de la Nación”, afirma. El académico sostiene que debe considerarse que todas las instituciones a las que se les asignan recursos –Carabineros, PDI, Ministerio Público, Tribunales de Justicia, Subsecretaría de Prevención del Delito, Senda, Gendarmería, Sename, etcétera- “son instituciones también necesitadas de recursos”.

 

Por eso, y aunque reconoce que la idea se encuentra bien inspirada ya que la ex Penitenciaría no resistiría más mejoras para seguir aumentando su población penal, “la voz de alerta que tenemos que poner es que este anuncio del director de Gendarmería no va a estar en un plazo menor a los cinco años” desde la presentación del plan, lo que se haría efectivo a fines de este año.

 

“Siendo realistas, lo que Gendarmería hará será proponer de aquí a diciembre un plan al Ministerio de Justicia, pero esto tendrá que ser evaluado, analizar si hay recursos públicos para hacer eso, conseguir los terrenos y hacer los estudios respectivos”, explica.

 

El compromiso debiera ser “de mediano a largo plazo”

 

A pesar de rechazar que el tema sea prioritario en el corto plazo, el académico de la Facultad de Humanidades se abre a la posibilidad de que una nueva cárcel para la capital se transforme en un compromiso “de mediano y largo plazo. En Santiago es donde más déficit hay de plazas penitenciarias”, sostiene.

 

Por otra parte, el experto sostiene que un plan de este tipo es la oportunidad de modificar el enfoque con que se actúa en materia carcelaria en nuestro país. “Hoy, los programas de reinserción social y laboral que realiza Gendarmería cubren a un porcentaje muy mínimo de la población penal y eso sucede en buena medida porque no hay recursos para más profesionales y actividades, pero también porque en las cárceles no hay espacio para hacer eso”, afirma.

 

“Esos programas tienen que realizarse en las mismas cárceles y estas apenas tienen lugar para las celdas de los reos, que están hacinados y no tienen espacio para talleres, salas de clases y lo demás que requieren este tipo de programas. Esta sí sería una oportunidad para replantear todo en este sentido”, subraya.

 

Finalmente, ante un eventual cierre de la ex Penitenciaría, cree que el recinto, “ya que tiene tanta historia desde el siglo antepasado, ojalá se conserve como un lugar público y que no se use para la especulación inmobiliaria, sino que sea un lugar donde efectivamente pueda instalarse un centro cultural o un museo”.

 

Aseguran que reformulación del Sename requiere mayor presupuesto en prevención

Aseguran que reformulación del Sename requiere mayor presupuesto en prevención

El Gobierno confirmó que entre septiembre y octubre enviará al Congreso dos proyectos que buscan reemplazar el Servicio Nacional de Menores (Sename)  por dos instituciones: una, el Servicio de Protección Especializada,  que busca tratar a niños que padezcan de la vulneración de sus derechos u otros problemas intrafamiliares; y el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, que tratará a menores que hayan cometido delitos.

 

Para el experto en seguridad pública de la Universidad, Jorge Araya, “el cambio de estructura no va a solucionar los problemas. Lo que va a solucionarlos será llegar a contar con los recursos suficientes para tener centros con una infraestructura cada vez más adecuada,  funcionarios que puedan fiscalizar todos aquellos centros que trabajan para el Sename como corporaciones privadas, más profesionales, etcétera”.

 

“La separación es absolutamente lógica y necesaria, pero la solución del problema no depende sólo de separar los servicios, sino que los servicios cuenten con los recursos necesarios para solucionar los problemas que existen hoy en el Sename”,  insiste.

 

De acuerdo al especialista, este aumento debe traducirse en “duplicar los recursos que el Estado actualmente está destinando a prevención”. Según el académico, sólo un 13% del presupuesto nacional en seguridad y justicia está destinado para este ítem, que no sólo contempla el funcionamiento del Sename, sino que también para la Subsecretaría de Prevención del Delito o para el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), entre otros.

 

“Claramente, hay que hacer un aumento muy significativo de los recursos para este nuevo servicio y esto llama a una voz de alerta respecto a todas las demandas que tiene el Estado respecto a distintas materias”, afirma. “Es bueno que aparezca este tema, porque nos lleva a ponderar cuántos recursos se destinarán para las distintas reformas, teniendo en la mesa esta necesidad, que requiere ser priorizada de manera urgente”, agrega.

 

Renovar las plantas de profesionales

 

Respecto del motivo por el cual se requiere este aumento sustantivo de recursos que plantea, el especialista explica que esto se debe a que “hay que renovar las plantas de profesionales, recogiendo la experiencia de los funcionarios actuales, pero también incorporando nuevos profesionales especializados; y replantear las mallas y metodologías o terapias que estén desarrollando estos centros para lograr rehabilitaciones y el desarrollo humano de estos niños y jóvenes de manera eficiente”.

 

“Desde el Sename están hablando de capacitación. Obviamente, hay que capacitar a los funcionarios, pero los desafíos del servicio son más ambiciosos y exigentes. Se debe incorporar a profesionales de alto nivel que puedan reforzar todo el desarrollo profesional que deben tener, incorporando estrategias y metodologías con evidencia de su impacto en distintas partes del mundo”, complementa.

 

Esfuerzo multisectorial

 

El experto valora que los servicios se separen para abordar los derechos que se desean resguardar. No obstante, plantea que “puede haber situaciones de mayor complejidad para detectar, y que deben ser abordadas multisectorialmente por otros mecanismos”.

 

“Estos servicios responderán a necesidades muy sentidas para el estado de situación del sistema, pero llegar al fondo del problema también requiere de la acción de otros servicios que tienen que actuar también”, insiste.

 

Por eso, indica que las iniciativas del Gobierno “no eliminan la obligatoriedad del Estado de desarrollar multisectorialmente otros programas que van en la línea preventiva también. En las escuelas hay que ir desarrollando planes para eliminar la violencia escolar, que detecten problemas de violencia intrafamiliar, y poder intervenir ahí, desde la primera niñez”.

 

La enseñanza de la Reforma Procesal Penal

 

“Estos proyectos para reemplazar el Sename se vienen discutiendo desde hace varios años. La demora en impulsar los proyectos puede deberse a las estimaciones presupuestarias necesarias que debían hacerse. Lo que se dice es que la implementación será gradual, que se hará primero en regiones, como fue con la Reforma Procesal Penal. Detrás de esa decisión debe estar la prioridad por contar con los recursos económicos para eso”, indica Araya.

 

No obstante, advierte que “la gran falla que tuvo la Reforma Procesal Penal es que cuando se implementó, se contemplaron recursos muy significativos para ponerla en marcha, habilitando edificios nuevos para el funcionamiento de las fiscalías locales, por ejemplo. Fue una gran inversión del país. En cambio, cuando se implementó la Ley Penal Adolescente, prácticamente se hicieron pequeñas adecuaciones, pero dejando los mismos centros e infraestructura que existían antes”.

 

Urge modificar el Plan Cuadrante para mejorar la prevención del delito

Urge modificar el Plan Cuadrante para mejorar la prevención del delito

Múltiples medidas para prevenir e, incluso, enfrentar el delito han recaído en manos de los propios ciudadanos en el último tiempo: estrategias locales coordinadas por vecinos y las llamadas “detenciones ciudadanas” son algunas de las iniciativas que han proliferado para defenderse de la delincuencia. No obstante, ¿por qué surgen estas acciones? ¿Carabineros no es suficiente para realizar la labor de prevención?

 

El experto en seguridad ciudadana de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, reconoce que “existe el desafío de mejorar la acción preventiva policial. El Plan Cuadrante tiene que transformarse y mejorarse para que las comunidades puedan contar con carabineros concentrados en cuadrantes más reducidos”.

 

“En el diseño actual, los cuadrantes son demasiado amplios y Carabineros no da abasto para llegar a esos cuadrantes tan extensos”, explica el especialista.

 

Junto con ello, agrega que se requiere “más presencia policial en la calle. Eso se puede mejorar, en términos de hacerla más preventiva. Carabineros no solo debe circular, sino que detenerse y formar parte de los barrios, en ‘infantería’, como le llaman ellos, porque es una modalidad que ejerce mucho más control y más prevención a que simplemente pase un carro policial a una cierta velocidad por la calle, sin lograr una medida efectiva de prevención”.

 

No obstante, para lograr esto, el especialista recalca que se requiere una mayor dotación. “Se han estado haciendo esfuerzos en este sentido. El Gobierno comprometió seis mil nuevos funcionarios y están ingresando al año alrededor de mil 500, porque también existe una capacidad limitada de Carabineros para formarlos”, afirma.

 

Sin embargo, puntualiza el académico de la Facultad de Humanidades del plantel estatal, “Carabineros puede hacer más en términos de mejorar los tiempos de presencia en las calles y barrios”.

 

“Hay que ver cómo descomprimir a Carabineros de labores administrativas y otras funciones que pueden asumir otras instituciones. Sobre esto último, un avance fue otorgar a los guardias municipales mayores atribuciones para efectuar labores de fiscalización al comercio ambulante. Creo que hay que avanzar en este tipo de cosas, para ir liberando a Carabineros de algunas funciones, concentrando más su acción en la prevención del delito”, enfatiza.

 

Un desafío país

 

El especialista explica que urge mejorar la prevención ya que, aunque Chile mantiene bajas cifras de homicidios en comparación a otros países de Latinoamérica, “sí hay mucho robo y delitos contra la propiedad, y eso nos sitúa más arriba. En esto, debemos mejorar nuestros índices, porque se han mantenido altos. Hay un desafío país, de destinar más recursos en esto”.

 

“De todo el Presupuesto que el país destina a materias de seguridad y justicia”, indica Araya, “una parte se va al Ministerio Público, otro tanto se va a Gendarmería, etcétera, pero si uno ve esa distribución, un porcentaje muy menor se va a prevención”.

 

En este sentido, señala que se requiere aumentar la inversión en iniciativas como el programa ‘24 Horas’, del Servicio Nacional de Menores (Sename), que atiende a niños y adolescentes que ingresan a Comisarías, a fin de ayudarlos a superar sus vínculos con la delincuencia. “Necesitamos una cobertura mucho mayor para esos programas que sí son adecuados y pertinentes. La cobertura que tienen actualmente es absolutamente insuficiente”, sostiene.

 

“Esos programas debieran tener una cobertura diez veces mayor”, señala el académico. “En una comuna, en vez de atender a 40 jóvenes que ya han sido detenidos por Carabineros a muy baja edad, debieran atender a 400 jóvenes que, en una comuna populosa, pudieran tener un compromiso delictual”, subraya.

 

Finalmente, apunta a la rehabilitación como otro de los temas pendientes para enfrentar la delincuencia. “Cuando se apresa a un delincuente, sus hijos quedarán en situación de semiabandono y obligados a delinquir. Si no se cierra ese círculo y no hay capacidad de apoyar o monitorear a esas familias, el circuito se va a repetir. Contrarrestar esto también requiere recursos”, concluye.

 

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