El Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) ordenó levantar parcialmente la licitación del Transantiago, suspendida en enero pasado tras la denuncia de dos empresas que adujeron supuestas barreras para competir en el proceso. Así, se dio luz verde al nuevo Gobierno del Presidente Piñera para continuar con el trabajo realizado por la administración de la ex Mandataria Michelle Bachelet. Sin embargo, la actual ministra de Transportes, Gloria Hutt, puso en vilo dicha determinación. “A partir de estos antecedentes, en el más breve plazo tomaremos una decisión que tendrá como foco contar con el servicio de transporte público que los usuarios de Santiago esperan”.

Para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, lo más conveniente para el Ministerio de Transportes (MTT) es continuar con el proceso. “Lo que debiera hacer en teoría el Gobierno entrante es ejecutar esta licitación, que ya estaría prácticamente terminada. Sin embargo, lo que se ha dicho es que se van a revisar los antecedentes para tomar una buena decisión”, critica.

De acuerdo al especialista, uno de los incentivos para seguir con este proceso radicaría en que se mejorarían los estándares de calidad de servicio para los usuarios en el corto plazo. Por ejemplo, la convocatoria, que consideró la participación de la ciudadanía, contempla la renovación de las flotas de buses, modifica recorridos y sanciona o da incentivos a los operadores de acuerdo a su desempeño.

Por otra parte, advierte que “si no se continuara con la licitación, habría que extender los contratos que finalizan con las condiciones anteriores, lo cual es bastante negativo para el Estado, ya que dicha extensión tiene un costo oneroso”. De acuerdo al investigador del Observatorio de Movilidad de la Universidad Diego Portales, Franco Basso, no terminar el concurso tiene un costo de US$ 3.000 millones.

Finalmente, agrega que no avanzar con el proceso significaría reimpulsar uno nuevo, lo cual retrasaría el mejoramiento del Transantiago en, al menos, otros dos años más. “El bloqueo que estaba teniendo la licitación era injustificado, ya que en detalle se habían aludido ciertos argumentos que no tenían la razón y que detenían la licitación de manera innecesaria”, considera Martin. “Lo más sano es que se ejecute la licitación y que se piense en el siguiente periodo de renovación para la mitad de las empresas, ya que luego viene la renovación de las siguientes”, concluye.