• La arquitecta y académica María José Araya León, experta en ergonomía y diseño industrial de nuestra Universidad, explica que no hay duda que la normativa constituye un avance, pero se tiene que asumir que impactará en el manejo de recursos de los municipios, para que puedan concretar los cambios.

Como un avance califica la arquitecta y académica experta en ergonomía y diseño industrial de nuestra Universidad, María José Araya León, la nueva norma de Accesibilidad Universal que regula los estándares de diseño y construcción en Chile, reglamento que se enmarca dentro de la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.

Expresa que no hay duda es un avance, aunque hay situaciones que no se consideran y que son parte del cambio social actual, como la velocidad de la vida que tiene Santiago; “porque así como se habla del tiempo de los semáforos en la ordenanza, se debieron incluir, también, entre otras consideraciones, el tiempo de apertura de las puertas en los carros del Metro y la velocidad del transporte público”, indica.

Mundos paralelos

La académica explica que alcanzar a comprender el concepto de accesibilidad universal requiere que exista una interacción entre dos mundos que caminan en forma paralela, que son el entorno o el proyecto urbano en sí y las edificaciones.

“Para poder hablar de un sistema de accesibilidad universal estos dos mundos tienen que conversar, porque no solamente va a depender de los arquitectos y de los proyectos de arquitectura, que van a ser todo un desafío. También, dependerá de todas las entidades que tienen que ver con algún espacio determinado dentro de la ciudad”, subraya.

En ese contexto, la arquitecta puntualiza que la accesibilidad se puede ver interrumpida no solo en las edificaciones, sino también en la vía pública.

“Si una persona con movilidad reducida no puede cruzar la calle para pasar de un edificio público a otro, esa accesibilidad se ve interrumpida y eso depende de la municipalidad respectiva; de cómo trabaja sus veredas y sus cruces peatonales, del concepto del tiempo y los sonidos en los semáforos para los discapacitados visuales, por ejemplo”, aclara.

Cabe recordar que la ordenanza rige para los nuevos espacios públicos y aquellos existentes que se remodelen y todo edificio de uso público, así como también las edificaciones colectivas. Los edificios construidos entre 2010 y la entrada en vigencia de la norma -el 4 de marzo pasado-, tendrán tres años para adecuarse. También están comprendidas las viviendas sociales del Minvu.

Impacto económico

Al incorporarse en la norma los espacios públicos, la arquitecta proyecta que habrá un impacto económico real y considerable en los municipios para poder concretar estos cambios, aunque descarta que las constructoras e inmobiliarias aumenten sus gastos en las adecuaciones a los proyectos nuevos.

“Cuando se habla de la arquitectura desde la génesis, cuando el proyecto es nuevo, hablar de accesibilidad universal no implica un impacto económico alto, es solo contemplarlo en el diseño”, enfatiza.

La experta en ergonomía, a su vez, reconoce que aún en Chile no hay una cultura respecto a cómo enfrentar la discapacidad, pero estima que con este tipo de ordenanzas es posible revertir ese problema aunque en un largo plazo.

“Esto no es fácil porque no tenemos culturalmente arraigado el concepto de accesibilidad universal. No solo en las escuelas de arquitectura, sino que -incluso- desde el nivel escolar, porque no hay una enseñanza con respecto a la inclusión como concepto”, explica.

“Además hay que entender que seguimos siendo no inclusivos al momento de decir que las edificaciones tienen que ir con el sello de accesibilidad universal. Pero ese es un cambio a largo plazo”, enfatiza.

Especifica que tras dialogar con personas que participaron en cambios normativos de este tipo en Barcelona, España, los resultados fueron positivos. “Cuando hay una normativa que se tiene que aplicar, independiente del impacto económico que eso vaya a tener, el cambio ocurre”, sentencia.

Las multas por incumplir la ordenanza van desde la 10 UTM hasta las 120 UTM, en tanto, la fiscalización recae en el Director de Obras de la municipalidad correspondiente.

Finalmente, la académica precisa que la normativa debería extenderse a edificios privados “porque no solamente hablamos de accesibilidad universal a la atención de público, por ejemplo, porque los accidentes pueden pasar en cualquier empresa y en cualquier lugar”.