El fenómeno de la violencia política, que hoy aparece fuertemente instalado en la discusión pública, tiene una trayectoria que no ha sido adecuadamente valorada, ponderada, ni analizada, precisa el académico de la Facultad de Humanidades, Igor Goicovic, quien lidera una investigación que analiza al Movimiento Democrático Popular, coalición que tuvo su auge y caída en la década del ’80 y que integró al Partido Comunista, al PS Almeyda y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.

“Hay una serie de periodos en torno a los cuales aún no hemos logrado llegar a hacer investigaciones más sistemáticas, rigurosas y que permanecen en la nebulosa”, afirma el experto en relación al periodo que intentará develar en su trabajo.

“El Movimiento Democrático Popular (MDP) y la reconstrucción del proyecto político de la izquierda en Chile (1983-1988)”, es el nombre del proyecto que encabeza el Dr. Igor Goicovic, académico del Departamento de Historia de la Universidad, y que es financiado por el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.

El estudio es parte de una línea de investigación que pretende observar cuál ha sido la trayectoria de la violencia política en Chile a lo largo del siglo XX y, en este caso, adentrándose en un periodo delimitado en el que el MDP jugó un rol importante respecto de la convocatoria a la movilización social y al desarrollo de acciones de violencia política.

Para el  académico, este trabajo pretende desmitificar la hipótesis preestablecida en torno al funcionamiento estable, normal y pacífico de las instituciones y el sistema político chileno: “Queremos develar cómo en este periodo específico de la historia política de nuestro país, la  violencia emerge y se instala como elemento clave para entender las formas en que se configuran las relaciones entre los actores políticos”.

La investigación parte de la premisa de que para enfrentar el proyecto político de modernización encabezado por la dictadura, se generaron diversas formas de disidencia. “La más conocida es la que luego lidera el proceso de transición a la democracia, que se encarna primero en la Alianza Democrática y, posteriormente, en la Concertación de Partidos por la Democracia. En ese mismo contexto, se erige el Movimiento Democrático Popular”, precisa el académico de la Facultad de Humanidades.

Según plantea, estos actores políticos definieron una estrategia diferente para enfrentar a la dictadura y provocar los cambios económicos y sociales que consideraban necesarios para el país. “Más allá de que no logró ser una experiencia exitosa, nos parece que -dada la incidencia que estos actores tuvieron-, es necesario develar cuáles son los rasgos de su intervención, las características de sus propuestas y evidentemente tratar de establecer por qué fracasó como proyecto político”, sentencia el experto.

“Existe una percepción arraigada en la elite política y en la ciudadanía de que en Chile los procesos políticos han operado en base a la estabilidad y al funcionamiento de las instituciones y, de acuerdo con ello, se tiende a pensar que los hechos de violencia política están circunscritos al periodo de la Dictadura militar”, precisa Goicovic sobre las percepciones que existen sobre el origen de la violencia en el país.

La investigación- que comenzó en abril y se extenderá durante dos años– se desarrollará a través de los métodos que aportan la historia social y la historia política. Se utilizarán fuentes documentales producidas por las propias organizaciones investigadas, prensa del periodo y publicaciones clandestinas. Por otra parte, se contará con testimonios orales, para tratar de establecer cuáles son las interpretaciones que los sujetos tienen sobre el pasado que protagonizaron hace dos décadas.

En la investigación también participará la Dra. Cristina Moyano en calidad de co investigadora, además del Magíster en Historia Claudio Pérez y dos estudiantes tesistas, uno de pregrado y otro de post grado, por año de investigación.

 

Así lo cree el ex ministro vocero de Gobierno entre 1900 y 1993, Enrique Correa, socio fundador y actual presidente de Imaginaccion Consultores, quien atribuye a este sector de la sociedad el surgimiento de movimientos sociales en Chile, Estados Unidos, España y en los países árabes.  

Los movimientos sociales como el generado en Chile, se deben principalmente al surgimiento de una clase media cada vez mejor informada y que se resiste a las prácticas abusivas y discriminatorias del sistema económico de mercado. Así lo planteó el ex ministro Secretario General de Gobierno y actual consultor en temas de asuntos públicos y comunicación estratégica, Enrique Correa, en la conferencia “Comunicación y Movimientos Sociales”, con que la Carrera de Publicidad, de la Facultad Tecnológica, inauguró oficialmente este lunes (28) su Año Académico 2012, en el CENI.

El ex vocero del gobierno de Patricio Aylwin afirmó que los movimientos sociales chilenos, como los surgidos en contra de la construcción de represas en la Región de Aysén o por la Educación, sólo tienen parangón con los movimientos universitarios y juveniles de la década del ´60, y desestimó que su alto grado de adhesión se deba sólo a la irrupción de las redes sociales tecnológicas.

“No creo que estos movimientos sean sólo objeto de la actividad en las redes sociales. También está la transformación gradual de Chile en un país de clase media, más activa, más resistente a los abusos, más descontenta con la desigualdad y más libre”, sentenció Correa, ante autoridades, académicos y estudiantes de la Facultad Tecnológica y de la Carrera de Publicidad.

El experto, en todo caso, reconoce que la conexión masiva a la Internet ha permitido un acceso directo a la información, de manera instantánea y sin filtros de los medios escritos o los canales de televisión. “La capacidad de los movimientos sociales de informar no va a tener límites, no va a estar limitada por la selección de los medios”, sostuvo.

Clase media: cada vez más empoderada
A juicio de quien fue el primer vocero de Gobierno post dictadura, Chile es un “país de clase media, que si bien no es la más poderosa, es la más influyente en la formación de sentidos comunes y de opinión pública. Es un grupo que busca incorporarse a la economía de mercado, pero que no tolera los atropellos y abusos del sistema. Además es muy sensible a la desigualdad”, aseveró Correa, quien agregó que “el rechazo hacia el abuso se transforma hoy en el nuevo ícono de esta nueva clase media dominante”.

Sobre la gran cantidad de información a la que está expuesta la ciudadanía, Correa expresó que el gran desafío de la comunicación estratégica es lograr captar la atención de las personas de la sociedad actual, cada vez más volátiles y escépticas.

“La atención humana no alcanza a captar toda la información disponible. Ello conduce a que el asunto principal de la comunicación es la captura de la atención del receptor. Ese es el núcleo del asunto. Y es por ello que la comunicación ha dejado de ser un anexo a la actividad de los movimientos sociales, hoy tiene la misma importancia que las demandas”, concluyó Correa.

Homenaje a funcionario fallecido
En la ceremonia -que contó con la presencia del secretario general de la Universidad, Gustavo Robles-, el director de la Carrera de Publicidad, Armando Muñoz, puso de relieve la figura del funcionario de la Facultad Tecnológica, Florindo Osorio, quien falleció este domingo. “Se ha ido de este mundo un querido compañero de trabajo, siempre muy atento y colaborador”, manifestó la autoridad académica.  
 

Ante los altos índices de estrés y frustración que genera esta época en las personas, el director de la Escuela de Psicología del plantel estatal, Luis Mena, advierte que los agentes socializadores -como la familia- juegan un rol fundamental en “reorientar las prioridades”.  

La última parte del año, al igual que períodos como marzo o festividades patrias, son momentos en que inevitablemente la población debe enfrentarse a una serie de gastos: los festejos y las vacaciones, son algunos de ellos. Y si bien son instancias cuyo fin último es compartir con los seres queridos, pueden convertirse en una presión  insoslayable, si no se tiene un equilibrio en las prioridades.

Más allá de lo que cada persona y familia considere respecto de la Navidad, o el término del año, cada vez más parece ser que la compra y entrega o recepción de un obsequio, es el eje sobre el cual gira la atención.

La publicidad, la invasión de los medios y la inmediatez en el consumo, parte del actual estilo de vida, son factores que muchas veces contribuyen a que las personas dejen de lado incluso su bienestar psicológico, para “cumplir” con lo que parece ser exigido.  

Así lo advierte el psicólogo laboral y director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, Luis Mena, quien plantea que ésta, “es una época del año muy compleja, las personas se ven enfrentadas a muchas exigencias. Hay quienes tienden a comprar compulsivamente, muchas veces para satisfacer necesidades que no son reales, sino que estimuladas por la publicidad”.    

El problema, según el académico de la Universidad estatal, aparece cuando “las personas no pueden abarcar todo lo que quisieran. Entonces, aumenta la frustración, el estrés y muchas veces las personas recurren a formas de endeudamiento que más tarde serán un nuevo problema”.

Desde irritabilidad, dificultades para desempeñar las tareas cotidianas, hasta discusiones familiares o laborales, e incluso malestares físicos como dolores de cabeza o problemas para conciliar el sueño, son algunas de las consecuencias que pueden experimentar quienes no logren comprender que éste es un fenómeno social, dado por las influencias y la sobrestimulación publicitaria. 

Priorizar el bienestar 

Ante ello, el experto de la casa universitaria estatal, llama a repensar que espacios como la Navidad, Año Nuevo y vacaciones, y más allá de las creencias personales, “tienen un sentido supremo, que es el de buscar nuestro bienestar, fortalecer las relaciones humanas”, entendiendo que los afectos no se reflejan en el precio de un regalo o lo largo de las vacaciones.   

“Queremos conseguir cosas que muchas veces no podemos obtener, porque no tenemos los medios, o bien que no necesitamos”, completa el psicólogo Luis Mena. Añade, además, que debe reorientarse el sentido de verdadera “transacción” de las relaciones afectivas, optando por “generar un proceso educativo, desde la familia por ejemplo, donde se generen otro tipo de modelos, destinados a “reorientar las prioridades”, concluye el académico de la U. de Santiago.

• El ritmo vertiginoso que conlleva la compra de obsequios y la preparación de la cena de Navidad y Año Nuevo, pueden provocar estrés. Según el Dr. en Psicología y vicerrector de Vinculación con el Medio (VIME) del Plantel, Sergio González, esta tensión se origina por el poco tiempo con que se cuenta para organizar estas actividades o para hacer balances, sin proveerse del espacio necesario para reflexionar. Aconseja bajar las expectativas frente a las fiestas. "La calidad (del tiempo otorgado al otro/a) tiene que estar puesta en los vínculos, en los afectos, en el tiempo compartido", remarca.

La escasez de tiempo con que las personas encaran las fiestas de fin de año, generalmente entra en conflicto con las expectativas depositadas para su realización. “(...) Tiene que ver con enfrentar las fiestas y  hacerlo con la premura de lo que te llega de improviso y sin los tiempos suficientes para la preparación, de acuerdo a la expectativa que tienen las personas”, explica el Dr. en Psicología, Sergio González.

Agrega el especialista, que la carencia esta vinculada a que en el mismo lapso, los individuos  deben compatibilizar  las celebraciones, con la familia y el trabajo.  “Los tiempos de preparación son cortos porque están asociados a los que se destinan a la familia y al trabajo. Y al tener la fiesta de Navidad y de año nuevo prácticamente contiguas, el estrés es mayor”, sentencia.

Las personas -dice el Dr. González- sienten que tienen que hacer un balance, pues “al cerrarse un ciclo, se está haciendo una especie de recuento de lo que fue el año”. Sin embargo, su desarrollo se da en medio de una gran convulsión. “Ese recuento se hace sin los tiempos suficientes, ni la posibilidad de tener la reflexividad suficiente, porque estamos en tiempos laborales y de exigencia familiar”, agrega el experto. Además, añade que tal carencia, transforma las festividades más que en una fecha de distracción y recogimiento, en  un trabajo adicional. Como “hay dos fiestas seguidas, prácticamente lo que las personas viven como tal es una presión; un trabajo más que un tiempo de relajo o esparcimiento”.

Altas expectativas

Piensa Sergio González que los sujetos poseen una alta expectativa respecto a las celebraciones, pues “se quiere tener la mejor cena de navidad y fiesta de fin de año ”. Por eso -comenta- “una familia promedio gasta hasta 160 mil pesos extra en las fiestas de fin de año. Eso cuando el sueldo promedio está entre los entre los 350 y 400 mil pesos, claramente es un estrés adicional”, sentencia el experto.

¿Qué justifica tal nivel de pretensiones? Según el especialista de la Universidad de Santiago la sociedad chilena es aspiracional, es decir que concibe  los momentos de celebración como extraordinarios, exclusivos y sofisticados. “Entonces hay una carrera que implica mayor esfuerzo, energía y recursos, no solamente económicos sino psicológicos”, declara el experto mientras añade que “eso tiene que ver con esta lógica de una sociedad aspiracional que se mueve por expectativas y que siempre va por delante de lo que verdaderamente puede lograr y hacer”.      

El problema 

Según el Dr. González, el estrés se manifiesta como cansancio. “Es una sensación asociada a no tener tiempo, ni energía y que todos los recursos que se ponen en la fiesta no son los suficientes”, explica. Acompaña al agotamiento cierta insatisfacción producto de que al final, las personas quedan con  “la sensación de que no están completando todo o que lo realizado no es de la calidad de lo que quisieran hacer”.

Organizar con antelación la preparación de las fiestas de fin de año, puede aminorar los efectos del estrés, mas no soluciona el problema de fondo. La planificación de las festividades- explica el Dr. González- “tiene que ver con el hecho de tratar de tener menos estrés, pero no significa salirse del este. (...) Es una recomendación que es un paliativo. Al final las personas llegado el momento, tienen la sensación de que la exigencia es mayor que los recursos psicológicos con que cuentan para enfrentar una fiesta tan demandante”.

La cura

La solución va por ir de menos es más, cree el Dr. González. “La calidad tiene que estar puesta en los vínculos, en los afectos, en el tiempo compartido, más que en la competencia por quién hace los mejores regalos o prepara la mejor fiesta de fin de año”, sentencia.

Hay que entender- cree el académico-  que las ocasiones de unidad familiar tienen un valor en si mismo, independiente del grado de sofisticación que la celebración posea. “Lo primero que se aconseja, es estar en familia, o con los amigos; es decir compartir ese tiempo colectivo como un valor en si mismo”, dice González mientras añade que “el mejor regalo que podemos hacer es nuestro tiempo para estar con otros”.

Finalmente, Sergio González aconseja que se deben bajar las expectativas frente a las fiestas, e “invertir en calidad más que en cantidad”. En la calidad del tiempo más que en la de los regalos, las condiciones de la cena, la fiesta y los traslados. “Hay personas que para llegar al lugar donde van a celebrar las fiestas, gastan hasta 6 horas para trasladarse. Una persona que invirtió 6 horas en trasladarse, obviamente llega con cansancio a la celebración”, finaliza.        

La Corte Suprema ordenó a una clínica privada a reconocer la identidad de una niña transgénero, luego de que el recinto se negara a hacer esto, aduciendo que el cambio debía hacerse primero en el Registro Civil. “La referida inscripción solo tiene un sentido de publicidad, la que en caso alguno puede prevalecer sobre la dignidad de la persona, el interés superior del niño y la garantía constitucional de la igualdad”, sostiene la sentencia. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ha visto en este hecho un precedente para la discusión del proyecto de identidad de género que, actualmente, se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Al respecto, el sociólogo de nuestra Universidad y experto de la Escuela de Periodismo, Claudio Avendaño, sostiene que “ha habido una demanda muy fuerte de la sociedad civil organizada para avanzar en este sentido y, de alguna manera, el fallo de la Corte Suprema da cuenta de una sociedad que en términos generales va a cambiar. Hoy, estamos en una sociedad apuesta cada vez más por lo diverso”.
“En esto se ha planteado un debate para reconocer las identidades sexuales”, agrega.

No obstante, sostiene que ni este hecho ni el proyecto que se discutirá en el Congreso son suficientes para legitimar, en la sociedad chilena, el valor de reconocer a personas transgénero si no se contempla “una campaña educacional y comunicativa, que combine elementos formativos con informativos, impulsada por el Estado”, apunta.

“Aquí, lo que se necesita es una legitimación social de este tipo de cambios porque, de lo contrario, se producen actos violentos o criminales contra personas. No solamente en este caso, sino en otros, donde algunos sienten que es legítimo porque no hay un cierto acuerdo social mayoritario respecto al valor de todo esto”, complementa.

Por eso, insiste que “se deben socializar este tipo de debates y propuestas, para que las personas puedan formarse una opinión y que no solo quede en un dispositivo legal frente a lo cual se pueda apelar, sino que se transforme en algo sociocultural. Para eso, se necesita usar los recursos de la educación y la comunicación”.

“Más importante que lo jurídico son los cambios que se producen en nuestras subjetividades y que, de alguna manera, aceptamos este tipo de propuestas o propugnemos ciertos cambios culturales. El cambio que se está produciendo en nuestra sociedad es la clave, aunque sea lento o rápido, para que esto se transforme en algo legítimo”, enfatiza.

“Puede que haya una norma legal, pero que desde el punto de vista social no es legítima. Lo que se necesita es que estas normas legales se socialicen, se comuniquen, se forme a las personas, para que todos consideremos que esto es algo beneficioso, positivo, aceptable y reconocible”, sintetiza.

Por otra parte, sostiene que “en todo proceso de cambio social hay actores que avanzan en una determinada línea, plantean demandas, estructuran reclamos, etcétera, y hay otros sectores que se sienten incómodos porque esos cambios colisionan con sus valores, sus creencias”.

“No tenemos que pensar que tenemos un acuerdo unánime respecto al sentido, velocidad y características de los cambios culturales que estamos viviendo”, continúa Avendaño. “Hay sectores mayoritarios que aceptan, pero hay núcleos muy duros, que tienen visiones bastante fundamentalistas y que son importantes. Grupos religiosos, de distintas iglesias, que se oponen a este tipo de propuestas o al reconocimiento de la diversidad”, afirma.

Finalmente, destaca que “en el fundamento del fallo hay un elemento interesante, que es asociar esta situación a un derecho humano. Que eso sea reconocido por la Corte Suprema, a mi juicio, revela un cambio valórico y en el sistema de creencias que ordena nuestra convivencia democrática”.

Este martes, el Gobierno decidió retirar del Congreso el proyecto de Ley Exprés que buscaba solucionar, a días de la Elección Municipal, los problemas detectados en el padrón electoral, al reconocerse cambios inconsultos de domicilio electoral a más de 460 mil ciudadanos.

Para el cientista político de nuestra Universidad, Dr. Bernardo Navarrete, “desde el punto de vista del impacto político, lo de Servel va a superar con mucho a lo que ocurrió en el Censo”, en alusión al fracaso del estudio de 2012 realizado durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera.

El especialista indica que aunque no son casos “técnicamente equiparables”, el error del INE se atribuye a una situación más sectorial y específica, mientras que lo del padrón electoral ataca uno de los últimos bastiones en los que la ciudadanía depositaba su confianza.

“Si uno mira el contexto Latinoamericano, la última reserva de confianza institucional que nos quedaba era en nuestra elección”, afirma, a raíz de los diferentes casos que han impactado la clase política en el último tiempo. “Al final del día, este último bastión que nos quedaba, institucionalmente hablando, termina muy debilitado y generando una crisis de confianza hacia algo que es central”, agrega.

“Desde el punto de vista del impacto público, esto puede tener incluso más trascendencia no solamente en Chile, sino en América Latina, como algo que escala desde el punto de vista político”, complementa.

Respecto a este punto, concluye que es imperativo “tener hoy las responsabilidades políticas y administrativas. Esto no es aceptable. Se llevó la desconfianza al padrón y al sistema de representación ciudadana”.

La ley exprés “nació muerta”

Navarrete sostiene que uno de los principales errores del Ejecutivo fue intentar solucionar un problema administrativo por la vía legislativa, presentando un proyecto inviable.

“El Gobierno podría haberse ahorrado el bochorno de retirar un proyecto de ley de suma urgencia que, en la práctica, no iba a resolver el problema de fondo, que era buscar una solución por la vía de duplicar el padrón en cada mesa, lo que era inviable y poco práctico. Si el jueves se hubiese aprobado la iniciativa, recién ahí podría haberse hecho la impresión física del padrón y distribuirlo en 345 comunas, miles de locales de votación y no pocas mesas. Era un esfuerzo imposible de implementar”, señala.

“Esta incapacidad de dos instituciones, el Servel y el Registro Civil, de ponerse de acuerdo, y procesar y articular escenarios futuros se le termina endosando al Ejecutivo, en términos que genera un proyecto de ley que, a pesar de ser un intento razonable de buscar una solución por la vía del fast track, técnicamente nace muerto”, agrega.

En síntesis, “lo clave es que la salida legislativa fue un paso en falso del Gobierno que generará más problemas y más deslegitimación de la necesaria, y ayuda a aumentar más la crisis de legitimidad del último referente que quedaba de confianza”, en alusión a las elecciones.

Responsabilidades políticas y administrativas

El académico de la Facultad de Humanidades del plantel estatal señala que lo importante el día lunes posterior a la elección será fijar quiénes renunciarán y en quienes recaerá la responsabilidad política por este hecho.

“La responsabilidad política apunta a aquellas personas designadas por atribución exclusiva de la Presidenta de la República. En este caso, la ministra de Justicia y el director del Servicio del Registro Civil. En el caso del Servel, por ser un organismo autónomo, su designación pasó por consulta en el Senado y el Ejecutivo no tiene capacidad de destitución, por lo tanto ahí solo pueden aplicarse normas internas, en el cual el Gobierno no tiene atribuciones”, explica.

El especialista reconoce que, aunque asumió hace unos meses, el ministro Mario Fernández también será apuntado por este tema. “No es neutra la figura del ministro del Interior respecto a esa interlocución con el Servicio Electoral. Sobre todo entendiendo que lo que pase el día de la elección es una preocupación política y de seguridad”, afirma.

Por último, el especialista advierte que los comicios municipales, producto de esta polémica, pueden terminar instrumentalizándose. “Esta elección puede transformarse en una elección de segundo orden. Es decir, elecciones locales donde los ciudadanos pueden usar su voto no para apoyar a un alcalde o una coalición, sino que para expresarse contra el Gobierno”, concluye.

El Gobierno confirmó que entre septiembre y octubre enviará al Congreso dos proyectos que buscan reemplazar el Servicio Nacional de Menores (Sename)  por dos instituciones: una, el Servicio de Protección Especializada,  que busca tratar a niños que padezcan de la vulneración de sus derechos u otros problemas intrafamiliares; y el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, que tratará a menores que hayan cometido delitos.

Para el experto en seguridad pública de la Universidad, Jorge Araya, “el cambio de estructura no va a solucionar los problemas. Lo que va a solucionarlos será llegar a contar con los recursos suficientes para tener centros con una infraestructura cada vez más adecuada,  funcionarios que puedan fiscalizar todos aquellos centros que trabajan para el Sename como corporaciones privadas, más profesionales, etcétera”.

“La separación es absolutamente lógica y necesaria, pero la solución del problema no depende sólo de separar los servicios, sino que los servicios cuenten con los recursos necesarios para solucionar los problemas que existen hoy en el Sename”,  insiste.

De acuerdo al especialista, este aumento debe traducirse en “duplicar los recursos que el Estado actualmente está destinando a prevención”. Según el académico, sólo un 13% del presupuesto nacional en seguridad y justicia está destinado para este ítem, que no sólo contempla el funcionamiento del Sename, sino que también para la Subsecretaría de Prevención del Delito o para el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), entre otros.

“Claramente, hay que hacer un aumento muy significativo de los recursos para este nuevo servicio y esto llama a una voz de alerta respecto a todas las demandas que tiene el Estado respecto a distintas materias”, afirma. “Es bueno que aparezca este tema, porque nos lleva a ponderar cuántos recursos se destinarán para las distintas reformas, teniendo en la mesa esta necesidad, que requiere ser priorizada de manera urgente”, agrega.

Renovar las plantas de profesionales

Respecto del motivo por el cual se requiere este aumento sustantivo de recursos que plantea, el especialista explica que esto se debe a que “hay que renovar las plantas de profesionales, recogiendo la experiencia de los funcionarios actuales, pero también incorporando nuevos profesionales especializados; y replantear las mallas y metodologías o terapias que estén desarrollando estos centros para lograr rehabilitaciones y el desarrollo humano de estos niños y jóvenes de manera eficiente”.

“Desde el Sename están hablando de capacitación. Obviamente, hay que capacitar a los funcionarios, pero los desafíos del servicio son más ambiciosos y exigentes. Se debe incorporar a profesionales de alto nivel que puedan reforzar todo el desarrollo profesional que deben tener, incorporando estrategias y metodologías con evidencia de su impacto en distintas partes del mundo”, complementa.

Esfuerzo multisectorial

El experto valora que los servicios se separen para abordar los derechos que se desean resguardar. No obstante, plantea que “puede haber situaciones de mayor complejidad para detectar, y que deben ser abordadas multisectorialmente por otros mecanismos”.

“Estos servicios responderán a necesidades muy sentidas para el estado de situación del sistema, pero llegar al fondo del problema también requiere de la acción de otros servicios que tienen que actuar también”, insiste.

Por eso, indica que las iniciativas del Gobierno “no eliminan la obligatoriedad del Estado de desarrollar multisectorialmente otros programas que van en la línea preventiva también. En las escuelas hay que ir desarrollando planes para eliminar la violencia escolar, que detecten problemas de violencia intrafamiliar, y poder intervenir ahí, desde la primera niñez”.

La enseñanza de la Reforma Procesal Penal

“Estos proyectos para reemplazar el Sename se vienen discutiendo desde hace varios años. La demora en impulsar los proyectos puede deberse a las estimaciones presupuestarias necesarias que debían hacerse. Lo que se dice es que la implementación será gradual, que se hará primero en regiones, como fue con la Reforma Procesal Penal. Detrás de esa decisión debe estar la prioridad por contar con los recursos económicos para eso”, indica Araya.

No obstante, advierte que “la gran falla que tuvo la Reforma Procesal Penal es que cuando se implementó, se contemplaron recursos muy significativos para ponerla en marcha, habilitando edificios nuevos para el funcionamiento de las fiscalías locales, por ejemplo. Fue una gran inversión del país. En cambio, cuando se implementó la Ley Penal Adolescente, prácticamente se hicieron pequeñas adecuaciones, pero dejando los mismos centros e infraestructura que existían antes”.

Una gran mayoría de los chilenos cree que el actual modelo de pensiones debe ser reemplazado. Ese es uno de los resultados que forma parte de Triangular, estudio de la Universidad de Santiago liderado por el sociólogo Alberto Mayol.

Una de las encuestas que forma parte de este estudio arroja que un 61% de los consultados está de acuerdo con cambiar las AFP por un sistema público solidario. Mientras, el 24% cree que es mejor opción complementar el modelo con una Administradora de Fondos de Pensiones del Estado. Sólo un 3% cree que el actual modelo es apropiado y que debiera conservarse.

‘Estudio de Valores. Primer Semestre de 2016’ se aplicó sobre una muestra de 701 casos de 18 a 65 años de Arica a Punta Arenas, desde el 24 de mayo hasta el 15 de junio, presentando un 95% de confianza y considerando un margen de error de 3,7%.

De acuerdo al sociólogo, lo significativo de este resultado es que la ciudadanía se debate sobre si querer más AFP o no querer más el actual sistema de pensiones. En ese sentido, la solución propuesta por el sistema político, una AFP estatal, no  respondería al problema que percibe la gente. “Entonces, tenemos una situación que es muy difícil de administrar, porque finalmente no hay una conversación ni simultánea ni posible”, explica el sociólogo.

La encuesta también arroja que si bien un 79% está de acuerdo con cambiar la constitución vigente por una nueva, solo un 18% respalda la fórmula del Gobierno (cabildos), en contraste con un 59% que se muestra partidario de efectuar el cambio a través de una Asamblea Constituyente.

Por otra parte, aunque el 92% cree que es necesario realizar una reforma al sistema educacional chileno, los consultados evaluaron la medida impulsada por el Gobierno con una nota promedio de 3,3.

Similar situación ocurre con la Reforma Laboral. Mientras un 85% es partidario de realizarla, califican la iniciativa de la actual administración con nota 3,5.

Respecto a la Reforma Tributaria, el 60% piensa que es negativo “hacer crecer los impuestos y la burocracia”, frente a un minoritario 26% que destaca “la importancia de avanzar en mayor recaudación fiscal para derechos sociales”.

Un país “corrupto”

La mayor parte de los encuestados, equivalente al 77,5%, cree que Chile es un país corrupto o muy corrupto. De hecho, más del 88% de los consultados cree que este apelativo es propio tanto de la elite política como de la económica.

El estudio establece un ranking de abusos a partir de las evaluaciones de los encuestados. En este, los consultados identifican a las tarjetas de las casas comerciales como las que más incurren en injusticias, seguido de los políticos y las grandes empresas.

Respecto a los casos La Polar, la colusión de los pollos y del papel higiénico, un 94% cree que es reflejo de la forma en que las empresas manejan sus negocios en general.

Más estatismo, menos optimismo

El estudio da cuenta de una mayor demanda de estatismo de parte de la población. De hecho, un 77% se inclina por que los escándalos protagonizados por empresas sean resueltos a través de una regulación más firme de parte del Estado, frente a un 21% que piensa que esto se resuelve con una mejor formación ética.

Por otra parte, al ser consultados por cuáles recursos debiesen ser de propiedad exclusiva del aparato estatal, el 74% cree que debe ser dueño del agua; un 73%, del cobre y la energía; un 63%, de todos los recursos mineros; un 62%, del litio; un 59%, de recursos forestales; y un 53%, de la pesca.

Según datos comparados con mismo periodo del año pasado, se revela que si un 50,8% consideraba en 2015 que Chile era un país subdesarrollado, pero cercano al desarrollo, en 2016 el 51,4% sigue creyendo que el país es subdesarrollado, pero ahora considera que está lejos del desarrollo.

Dinero y política

El informe Triangular también comprende un análisis cualitativo de la contingencia semestral, realizado en base a 14 entrevistas semiestructuradas y considerando dos grupos de discusión.

Este segundo estudio da cuenta de que la vinculación entre SQM, el PPD y la ex timonel del partido, Carolina Tohá, “se ve como un ejemplo de lo que está ocurriendo con todos los partidos”.

Finalmente, sobre la vinculación entre SQM y Marco Enríquez-Ominami, ello generó una “decepción total” respecto al candidato. “Se me cayó”, afirman.

Triangular

El Informe Triangular reúne y vincula los resultados semestrales de la encuesta ‘Estudio de Valores’ con las conclusiones de un estudio cualitativo sobre contingencia realizado en base a entrevistas y focus group, además de un análisis Big Data de la prensa nacional.

“Lo que estamos haciendo es generar un proceso de estudio de la opinión pública que opera por convergencia y no por elementos sueltos que se están midiendo y que los define una comisión. Aquí tenemos elementos de un estudio cualitativo, que son muy abiertos, para plantear toda clase de temas; tenemos elementos cuantitativos, de encuesta, que son muy cerrados, donde planteamos preguntas más específicas; y tenemos estudios de Big Data de la prensa, donde vemos cómo se va construyendo la opinión pública y cómo esta responde a ello, si lo acoge o lo rechaza”, explica Mayol.

“Tenemos un choque mucho más interesante y enriquecedor, y lo que queremos es establecer un nuevo estándar”, agrega. “Lo que interesa es salir de la lógica de que solo tenemos encuestas, y que ese es el principio y el fin”, puntualiza.

El estudio fue desarrollado por el Centro de Investigación en Sociedad, Economía y Cultura (Cisec) de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago junto al Departamento de Gestión y Políticas Públicas y el Centro de Innovación en Tecnologías de la Información para Aplicaciones Sociales (Citiaps) del plantel.

Esta semana se dieron a conocer las propuestas de la Presidenta Michelle Bachelet para “perfeccionar” el actual sistema de pensiones. Posteriormente, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, hizo hincapié en que se debe analizar un alza en la edad de retiro de hombres y mujeres.

Para el sociólogo de la Universidad de Santiago, Cristián Parker, elevar los años para jubilar “es una medida que puede ser conducente, adecuada y muy bien recibida tanto para una persona en condiciones de jubilar como para sus familiares. El factor de mejorar la pensión justifica de manera sobrada un conjunto de medidas, entre las cuales está el jubilar después”.

El especialista del Instituto de Estudios Avanzados del plantel estatal explica que “prolongar dos a tres años el periodo de jubilación puede afectar positivamente desde el punto de vista familiar y de la autoimagen de quien está próximo a jubilar, como autovalente”.

Esto, debido a que la familia también modificaría su percepción sobre los adultos mayores de los cuales debe encargarse. “Para el desarrollo con dignidad de esos años, es muy importante que las personas tengan la percepción de que son autovalentes y de que han hecho un esfuerzo durante su vida que ha sido bien recompensado”, agrega.

“En la medida en que las pensiones mejoran, los jubilados se van a sentir mejor desde el punto de vista psicológico y social, para decir que la pensión alcanza y que no tienen que estar dependiendo de sus hijos y nietos”, agrega.

Jubilar después: un hecho

Pese a que la medida no está establecida, para Parker la situación ya se da en la práctica. “Jubilar después también es un hecho. Ahí donde hay instituciones o empresas que no obligan a jubilar en la edad legal, las personas se mantienen trabajando, porque su jubilación va a ser escasa o porque se sienten en condiciones de seguir trabajando y les gusta su trabajo”, afirma.

No obstante, advierte que “una medida racional es prolongar la edad de jubilación en una proporción menor, pero no se entendería que mañana propusieran una ley donde los hombres y mujeres jubilaran a los 70 años. Eso sería irracional. Lo razonable sería que se prolongara en dos a tres años en cada caso”.

El especialista enfatiza en que se deben tomar con cautela los argumentos para impulsar una medida de este tipo, pero que “en una primera mirada, me parece que no es negativa la posibilidad, por motivos de desarrollo social, ya que hoy las personas están viviendo más y tienen un periodo inactivo muy prolongado, de alrededor de 30 años”.

En todo caso, descata que existen opciones para retirarse antes y que no es una obligación, en estricto rigor, llegar al tope de la edad de jubilación.

Jugando con fuego

El sociólogo advierte que el Gobierno se encuentra en un terreno delicado. “En el imaginario colectivo ya se les ha hecho la cruz a las AFP’s. La calle dice no más AFP’s, y las propuestas del Gobierno que se debaten hoy a nivel de la clase política son como modificamos y reformamos este sistema. Entonces, ahí habrá un conflicto y una confrontación”, sostiene.

“Si uno plantea esta medida con un criterio estrictamente económico y para salvar las AFP’s, obviamente que no será bien recibida. Se tiene que estudiar qué impactos puede tener y resaltar los beneficios en la modificación del estatus de la población de la tercera edad, de lo que significa vivir como jubilado y sentir que ya no se tiene cabida en una sociedad productivista como la nuestra”, afirma.

Este miércoles se inauguró en la Universidad de Santiago de Chile la cuarta versión del Diplomado en Habilidades para el Liderazgo Social, como un aporte para la formación de dirigentes sociales y como parte del potencial que busca transformar el país a partir del trabajo social.

Con temáticas como la persona detrás del dirigente; el dirigente como mediador, negociador y estratega; el dirigente como ciudadano y formador de cultura democrática; y la formulación de proyectos, el diplomado es organizado además por SociaLab, Techo-Chile y Fundación Trascender, entre otras organizaciones.

Son alrededor de 40 personas las que participarán en este programa que se realizará los miércoles entre las 9:00 y las 13:00 horas durante todo el segundo semestre, con una metodología basada en las experiencias de profesores y estudiantes, con el objetivo de democratizar el conocimiento como un bien público, al mismo tiempo que un derecho para todos.

Rol de la universidad estatal y pública

Uno de los asistentes a la inauguración fue el diputado Giorgio Jackson Drago, quien valoró el esfuerzo que realizan los dirigentes sociales, “lo que se ve complementado por lo que todos creemos debiese ser el rol de una universidad estatal y pública, que es estar abierta a este tipo de actividades, facilitar los espacios y proveer el conocimiento para generar aprendizajes efectivos”.

En ese sentido, felicitó a la Universidad de Santiago de Chile por involucrarse en esta iniciativa. “Espero que todos la apoyen para que en las próximas versiones exista además un reconocimiento hacia afuera. Es decir, un diplomado que pueda contar con los reconocimientos oficiales en beneficio de los dirigentes sociales”, agregó el parlamentario.

Aporte social y formalización de conocimientos

Como integrante del equipo coordinador del diplomado, la profesora Nieves Hernández Manqui, del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Plantel, destacó que dentro de la misión original de la Universidad siempre ha estado su aporte a la comunidad. “En la época de la Universidad Técnica del Estado existió un convenio con la CUT para fomentar que los trabajadores vinieran a la Universidad”, recordó.

En cuanto al diplomado, subrayó la necesidad de formar a dirigentes sociales a través de una formalización de sus conocimientos, “considerando que nosotros como Universidad proporcionamos el espacio, lo que se transforma en un orgullo para ellos, además de un gran aporte social al vincularnos directamente con personas que pueden tener otra mirada de nosotros”.

“Aquí nos sentimos en nuestra casa”

Una de las organizaciones que participa en la coordinación del diplomado es SociaLab, cuyo objetivo es generar un impacto social positivo mediante la búsqueda y apoyo de emprendimientos sociales innovadores y sostenibles. Su mentor social, Mario Orellana Gómez, asegura que “si bien se trata de un pequeño esfuerzo respecto de las necesidades de formación de los dirigentes, hemos logrado provocarlos para resolver los problemas desde distintas miradas, pero de manera orgánica”.

Junto con agradecer la participación de la Universidad de Santiago de Chile, definió esta posibilidad como “un golpe psicológico tremendo, considerando que hay dirigentes que solo han cursado hasta sexto básico. Y con esto pueden venir a la Universidad y decirle a sus hijos que sí se puede, incluso a los 40 ó 50 años”.

“Una universidad estatal y pública -añadió el dirigente- con la que queremos seguir trabajando, pues la mayoría de sus estudiantes vienen de nuestros barrios. Aquí nos sentimos en nuestra casa”.

Democratizar el conocimiento

Por su parte, Javiera Sepúlveda Piffaut, directora de comunicaciones de la Fundación Trascender, aseguró que el mayor logro es que los dirigentes sociales se sientan capacitados. “Uno de los objetivos del diplomado es enseñarles a aprender y a buscar, y que efectivamente el conocimiento es una puerta para democratizar las oportunidades para ellos y sus comunidades”, detalló.

En ese contexto, no dudó en destacar la participación de la Universidad de Santiago de Chile como un colaborador fundamental. “Es parte de su rol social, al apoyar las iniciativas que democratizan el conocimiento y la educación. Es un símbolo muy importante que la Universidad esté dispuesta a apoyarnos, pues estamos luchando para que las personas que no tienen el privilegio de ir a la universidad igualmente puedan hacerlo de alguna manera”, concluyó.