Un 76% de los chilenos justifica que las personas “persigan y golpeen a un ‘delincuente’ que acaba de cometer un asalto”. Esta es una de las principales conclusiones del estudio ‘Conflicto social: los motivos de la justificación de la violencia en Chile’, realizado por el Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social (Coes). El trabajo es parte del Estudio Longitudinal Social de Chile, consistente en una entrevista anual a 3 mil chilenos durante un plazo de 10 años. Las conclusiones corresponden a 2016.

Para la socióloga experta en seguridad ciudadana y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Lucía Dammert, este resultado es consecuencia de múltiples procesos que han confluido en un modelo de desarrollo pernicioso, que se ha consolidado luego de 20 años y que ha provocado la equivocada percepción de que el delincuente es siempre “alguien distinto a uno mismo”, a quien no se le aplica el Estado de Derecho, a  pesar de que la evidencia mostraría que no son tan diferentes al común del resto de los  sujetos  sociales  que conforman  la población.

“En Chile, los niveles de fragmentación social, segregación socioterritorial y desconfianza entre las personas van creciendo sostenidamente en el tiempo. Todos esos fenómenos aumentan la percepción de que hay que valerse por sí mismo”, plantea  la experta.

Para la académica, estos factores, además, generan la idea distorsionada, de que es mejor aplicar justicia por los propios medios, pese a que “en ninguna parte del mundo esto ha sido efectivo, ni para luchar contra la delincuencia ni para elevar los niveles de justicia”.

La especialista califica esta forma de desarrollo, donde prima el individualismo, la distancia geográfica entre los distintos estratos sociales y la desconfianza, como “anómala” y “poco saludable”, e indica que ello genera que la mayor parte de la población justifique este tipo de violencia.

Lo anterior, pese a la contradicción de que, a su juicio, nuestro país es uno de los más seguros de la Región. “Chile no es un país violento en término de homicidios, lesiones, riñas, apuñalamientos, ajusticiamientos y genocidios, que son cosas que uno ve mucho más frecuentemente en otros países de América Latina y el Caribe, donde hay espacios en que la percepción del control estatal es menor”.

¿Qué hacer?

La académica advierte sobre la necesidad de realizar cambios al sistema judicial, con el fin de asegurar mejores niveles de resolución de casos, además de aumentar las probabilidades tanto de condena, como de prisión para delincuentes.

No obstante, la socióloga Dammert es enfática al señalar que el problema “sobrepasa las políticas de seguridad” y que su solución estructural pasa por modificar la manera en que se ha desarrollado el país, donde los planos reguladores deben jugar un rol mucho más integrador que segregador.

Finalmente, concluye que “los resultados del estudio son una mala noticia y resultado de un desarrollo sin integración, procesos que terminan generando más violencia que sociedades pacíficas”, concluye.