A través de su cuenta en Twitter, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, anunció que a partir de esta semana, comenzará a hacerse efectivo el aumento en las pensiones del Pilar Solidario, aprobado por el Congreso.

"Esto quiere decir que 330 mil pensionados, mayores de 80 años, verán aumentadas sus pensiones en $55.101; otros 270 mil con edades entre 75 y 79 años, en $33.060 y los menores de 75 años, incluyendo a los beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, con un alza de $27.550", publicó la ministra.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, la medida constituye un avance: “más vale 160 mil que 110 mil pesos”, admitió. “Pero la pregunta –agrega– es si esto responde a las necesidades que tienen las personas de mayor edad que reciben menos ingresos y, a su vez, si da cuenta de las posibilidades que la economía del país tiene para ir en ayuda solidaria de esas personas”.

A juicio del experto, si bien la economía en Chile no está pasando, coyunturalmente, por un buen momento, “está en perfectas condiciones de hacer un esfuerzo extra para aumentar esa pensión básica solidaria”.

“Yo creo que el Gobierno debe plantearse una meta a la cual llegar lo antes posible, del orden de los 220 mil pesos por lo menos para la pensión básica solidaria que, a su vez, poco a poco vaya avanzando hacia el 80 por ciento de los pensionados y, en su momento, hacia la universalidad. Si no nos planteamos esas metas, entonces siempre el sistema irá quedando relegado, salvo cuando hay grandes crisis”, sostuvo Martner.

El necesario cambio estructural

En opinión del académico de la FAE, en el actual sistema previsional, “nos encontramos con pensiones contributivas de un nivel, francamente, muy cercano a la indigencia”. Esto, justificaría la necesidad de cambios estructurales “en el segundo piso del sistema de pensiones; del sistema contributivo”.

Martner añadió que este cambio debiera combinar un conjunto de mecanismos donde lo que coticemos de manera obligatoria financie a las personas que trabajaron antes. Esto sería un sistema de reparto – dijo-  que debiera permitir que, por ejemplo, el aumento del cinco por ciento que está previsto para las cotizaciones obligatorias, se dirija a aumentar las pensiones contributivas más bajas y, en general, del conjunto de pensiones. De esta manera tendríamos un sistema mixto”, precisó.

“Yo, personalmente, soy de la idea de que las AFP, es decir compañías administradoras privadas, nada tienen que hacer aquí y deberían salir del sistema, no recibir más cotizaciones obligatorias y ser entidades que tengan que competir con otros, ofreciéndonos condiciones que hoy no nos ofrecen. Esta sería una reforma estructural”, subrayó el académico de la Universidad de Santiago.

Como parte del ciclo de Conversatorios Ciudadanos que organiza el Consejo del Departamento de Administración y el Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración y Economía de la Usach, se examinaron nuevos temas relacionados a la actual coyuntura social en Chile.

El académico de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, Roberto Mayorga, realizó un exhaustivo análisis de los recursos naturales de Chile como una alternativa al financiamiento de la agenda social.

En la ocasión, el doctor en Derecho por la Universidad de Heildelberg y ex embajador de Chile en Filipinas, explicó detalladamente los derechos sociales y cómo estos deberían protegerse con recursos naturales estatales, como el cobre y el litio. Abordó la historia del cobre, de cómo se nacionalizó y de cómo también se entregaron concesiones de explotación a extranjeros. También explicó de qué forma están protegidas esas concesiones en tratados internacionales y por la propia constitución y de ahí, la importancia de cambiar este texto fundamental de deberes y derechos ciudadanos.

El profesor Mayorga puso mayor énfasis en el litio que es utilizado para almacenamiento de energía a través del uso de baterías eléctricas y acumuladores termosolares. Además, contribuye a la eficiencia energética, empleándose en aleaciones con aluminio en aviones, barcos y rodados y de él se extrae otro elemento con el que se produce el tritio, que es el combustible de la futura fusión nuclear.

“En Chile, las empresas que poseen concesiones, explotan el litio como simple salmuera.  Nuestro litio, el litio de Chile, se industrializa multiplicándose su valor fuera de nuestras fronteras. Es decir, nuestro litio beneficia a consorcios privados y a otras naciones, no a Chile”, expresó el académico.

El abogado citó en su presentación a la profesora de la Usach Maritza Pérez, quién se preguntó cómo se podría transformar el litio en un diamante para el país. La posibilidad que señala Pérez es ofrecer espacios de transferencia tecnológica a países desarrollados con el fin de construir plantas de procesos que le den valor agregado, generando en las universidades-junto a alianzas privadas- incubadoras de plataformas tecnológicas.

A Juicio de Mayorga, las mayores reservas de litio se encuentran en Chile, Bolivia y Argentina y si se realiza un acuerdo internacional entre estas tres naciones, dirigido a controlar, administrar e industrializar el litio, fortalecería la capacidad de negociación frente al resto del mundo y poseería una gran dignificación en la unidad de estos países y en la superación de sus eventuales diferencias.

“Con el litio ganamos solo a título de impuestos. El grueso de las ganancias queda en manos de SQM, de Albemarle y eventualmente de Tianqui. Las cantidades deben investigarse, pero según el ranking Forbes de 2018, la fortuna de Julio Ponce Lerou se había elevado a 4.500 millones de dólares. Esto es indignante, considerando que para hacer las reformas sociales que necesita este país se necesitan 9 mil millones de dólares aproximadamente”, puntualizó Mayorga.

Otro de los aspectos que destacó en su charla fue el informe de CIPER que indica que durante los últimos veinte años, SQM ha dejado de pagar al Estado las sumas convenidas en el acuerdo CORFO de 1995, “que ascenderían a más de treinta millones de dólares, correspondientes a un 5% de las ventas. Por lo tanto, el 95% ha ido en beneficio de SQM y no de Chile”, expresó.

“Se calculan entre 600 y 800 millones de dólares las ganancias de SQM al año. ¿No sería indispensable investigar exactamente a cuánto asciende esa suma y en qué medida se podrían financiar los derechos sociales como educación, salud, infancia y pensiones con esas sumas de dinero?” sentenció el profesor de la Usach, agregando que la empresa china Tianqui pagó cuatro mil millones de dólares por el 24% de SQM sin haber ingresado un peso a chile y no se conoce si pagaron impuestos por la operación.

El artículo 19 número 24 inciso sexto de la Constitución indica que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescindible de todas las minas”. “Entonces, ¿por qué no se beneficia a toda la nación con las rentas del litio?”, se preguntó Mayorga.

Otro de los hechos que destacó y generó asombro en la audiencia, es que el litio no es concesible y Corfo, en noviembre de 2016 extendió la concesión del litio a Albermale hasta el año 2044 y en enero de 2018 a SQM hasta el año 2030, infringiendo la Constitución y la ley.

Para Mayorga es fundamental recuperar el control del litio para Chile y para eso, existen opciones constitucionales y legales como la expropiación de las empresas que lo explotan, ya que como lo señala el artículo 19 número 24: “nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, calificada por el legislador”.

Además, prosiguió, la nulidad es otro mecanismo para recuperar el litio. “Los acuerdos Corfo-SQM, y Corfo-Albemarle son nulos por transgredir normas sobre inconcesibilidad”. indicó.  Las sanciones también son otra forma de recobrarlo. “Se debería sancionar a dichas empresas por vulneraciones a la normativa ambiental, sindical y relacionada con pueblos atacameños originarios”.

Junto con esto, Mayorga explicó que también se pueden revocar, por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear los acuerdos mencionados anteriormente, por incumplimientos y riesgos para la seguridad nacional e internacional y finalmente propuso
la confiscación de SQM por vulnerar el orden público constitucional.

Hace unos días el Intendente de la Región Metropolitana explicaba con estos términos lo que estaba pasando en las calles. La violencia no merece ser analizada sino condenada. Si no condenamos los incendios, saqueos, robos y ataques quedamos fuera de la posibilidad de diálogo.

En múltiples espacios públicos y privados se reiteran las teorías sobre quiénes son estos “alienígenas” que aparecieron en nuestras ciudades muchas veces consideradas las mejores de toda la región.

Para muchos acostumbrados a tener respuestas o interpretaciones sobre todo, la desesperación del vacío los lleva a conclusiones basadas en imágenes de televisión, comentarios de redes sociales o sus propios prejuicios.

Dos cosas son ciertas. 1. Nadie tiene una explicación completa de quienes están en las calles ejerciendo la violencia y mucho menos de cuáles son los motivos que la generan.
2. La violencia nunca es “sin sentido”, tiene un contexto y una explicación para quien la ejerce. Necesitamos avanzar en entender este sentido para poder limitarla, reprimirla, transformarla, mudarla, complejizarla.

Múltiples son los estudios que reconocen los espacios que se han ido construyendo en el margen de nuestras sociedades, donde uno de los actores principales son los jóvenes (principalmente hombres, pero con creciente participación femenina). Jóvenes condenados a no-ser, a vivir detrás del telón de la ciudad de consumo que no es ni fue diseñada para incluirlos. El modelo económico busca justamente invisibilizar al pobre, convertirlo en una “clase media” emprendedora y pujante cuya salida de la pobreza se aseguraba por el apoyo estatal pero también por una capacidad de endeudamiento casi inmoral.

A estos jóvenes se les otorgó un lugar desde la marginación y la precariedad, tenían un lugar geográfico y simbólico bastante evidente. El lugar del afuera pero subordinado, afuera pero temerosos a la mano castigadora del Estado, a la policía. Jóvenes que muchas veces son expulsados de la educación formal, que son considerados “rotos”, “flaites”, “delincuentes” en una sociedad que ocultó su clasismo por medio de una estrategia muy efectiva, quitarles las características de sujetos y convertirlos en narcos, anarcos, barras, también lumpen.

Sin duda, las movilizaciones han abierto la puerta para que muchos de estos jóvenes expresen su descontento, pero también nos muestren sus rasgos identitarios marcados por lenguaje, símbolos, música, vestimenta. Aquello que previamente los avergonzaba se transforma en orgullo.

También ha permitido que muchos grupos distanciados, desconocidos, poco articulados encuentren en la lógica de la calle una épica que parece justificarlo todo. No están viviendo algo desconocido. En sus barrios no hay espacios verdes, no hay farmacias, no hay tiendas, mucho menos centros comerciales.
En sus vidas la relación con la policía es de abuso, maltrato e incluso violencia. Han visto el desarrollo de una democracia que no los incluye, de un Estado que tiene como principales caras el SENAME, la cárcel y la policía.

La violencia estructural, esa que muchos no queremos reconocer, los ha golpeado de forma directa durante toda la vida. La metáfora que desde la cuna se viven las desigualdades adquiere rostro en muchos de estos jóvenes. Nada de esto justifica los incendios y saqueos pero si nos permite empezar a hilar fino, a reconocer que llamando escoria a nuestros jóvenes no lograremos cambios, ni aplacaremos la violencia, ni construiremos una sociedad mejor.

Para la elite, los opinantes y opinólogos nos toca dejar de lado los prejuicios y los juicios apresurados, no es lo mismo la violencia que hemos visto en Lo Prado, Plaza Italia, Valparaíso, Coquimbo o La Serena. 

La penúltima semana de noviembre, Carabineros anunció la suspensión del uso de escopetas antidisturbios durante las manifestaciones que se han organizado en el marco del estallido social en el país.

Sin embargo, la conclusión de un análisis físico para determinar la energía con que los balines de goma impactan en el ojo fue categórica: “la recomendación que hacemos es la de prohibir el uso de balines de goma como armas antidisturbios en conflictos civiles”, sentencia el informe.

El estudio fue realizado por la académica del Departamento de Física de la Universidad de Santiago Dra. Carla Hernández, el académico de la Universidad de Viña del Mar Mauricio Echiburu y los académicos de la Universidad de Tarapacá, Fabián Mosso y Fernando Mellado.

“Los resultados, indican que las armas que usan balas de goma en disparos directos son potencialmente letales a menos de 10 metros de distancia, ya que el disparo en la cara impacta con una energía por unidad de área en el rango de los 600.000 a 900.000 J/m2, siendo capaz de perforar incluso los huesos del cráneo”, aseguró el documento.

Por eso, considerando la imposibilidad de extender los rangos de distancia para poder disparar estas municiones, a fin de no provocar daños severos de forma directa o con rebote, el análisis recomienda que los uniformados desistan de usarlas.

“Considerando que un solo disparo contiene 12 municiones que se dispersan de acuerdo con la distancia, las posibilidades de alcanzar el objetivo deseado se reducen si se tiene en cuenta la recomendación de disparar a más de 60 metros”, añade. “La posibilidad de perjudicar a más personas con un solo disparo es mayor, por lo que tampoco es recomendable que la distancia entre el arma y la víctima sea superior a los 60 metros”, precisó el documento.

"El estudio se basó en informes presentados por Carabineros de Chile en 2012, el comunicado oficial publicado en redes sociales a fines de octubre 2019 y en estándares internacionales para el impacto cinético que sugiere límites de energía para clasificar un arma como no letal. Para el análisis, se consideraron proyectiles de impacto cinético de 8 milímetros de diámetro y 0,64 gramos de masa, disparadas a 320 o 380 m/s como reportan los informes oficiales. Se consideró que durante su trayectoria, los balines tienen pérdidas por fricción del aire; se analizó la modalidad de disparo directo y la de disparo hacia el suelo con un único rebote.

“No hay una manera más efectiva o menos dañina de usarlos. En cualquier caso siempre se generará daño ocular según parámetros experimentales de energía por unidad de área, en la que se producen diferentes tipos de traumas como ruptura del globo ocular, dislocación del cristalino, daño de retina o hifema”, concluyó.

Este lunes el Gobierno presentó su Agenda Anti Abusos, para combatir con mayor severidad las colusiones y abusos en los mercados, y mejorar la protección de los consumidores y trabajadores.

En ese contexto, además, anunció una “hoja de ruta” a largo plazo, recogiendo demandas ciudadanas como la condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).
El Ejecutivo facilitará la regularización de casos de deudores morosos del CAE, condonando las multas e intereses penales para que accedan a los beneficios del nuevo sistema de crédito, que tiene un interés subsidiado del 2% y un pago del 10% del ingreso.

La medida anunciada por el Presidente Piñera, beneficiará a cerca de 144 mil personas. Sin embargo, ya generó controversia debido a que la gran demanda es la condonación universal de todas las deudas por estudios, que además del CAE, incluyen el Fondo Solidario y el Crédito Corfo.

Para el académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, esto es imposible considerando la actual situación del país. “Se trata de alrededor de 7 mil millones de dólares que el Estado chileno hoy no está en condiciones de poner en la mesa”, enfatizó el académico.

Por otro lado, sostuvo que la propuesta debería apuntar a aquellos morosos que desertaron de las carreras por las cuales adquirieron la deuda. “Hay que precisar que existen desertores y egresados. Este último grupo, que corresponde a más del 60%, terminó sus estudios y actualmente está pagando sus cuotas. Los desertores son cerca del 30% y a ellos es a quienes se les debería aplicar la reducción de intereses y multas”, precisó.

El economista planteó la necesidad de contar con un sistema de crédito de educación superior que preste el capital y no cobre intereses, más allá de una condonación parcelada. “De esta forma, el Estado podría condonar la deuda a los que deben el CAE o Fondo solidario, lo cual sería una medida justa, tanto para los que están al día en el pago, como para los morosos”, subrayó

El académico Hernán Frigolett, coincide con su par de la FAE, y señaló que una condonación universal hoy no es posible por el elevado costo fiscal. De asumir este gasto el Estado tendría que revisarse en profundidad y debiera quedar contextualizado en términos de lo que es la cobertura de la gratuidad.

“En esto hay que aplicar un criterio de simetría, ya que, si hay un estudiante que sigue en su carrera y goza de la gratuidad, por simetría, hay que condonarle el CAE anterior para que su carrera esté avalada por la gratuidad”, propuso el extesorero General de la República.

Asimismo, Frigolett planteó lo mismo para aquellos estudiantes que por alguna razón no han podido continuar sus estudios, y están dentro del 60% que obtuvo la gratuidad. “Aunque no estén en el sistema como estudiantes, hay que condonarles la deuda, porque serían beneficiarios de la gratuidad”.

Para el grupo restante la eliminación de los intereses y multas anunciado por el Gobierno es válida, precisó el académico. En ese sentido agregó la opción de establecer una fórmula de pago que sea proporcional a las rentas que los deudores van a obtener una vez que termines sus carreras.

“A mí juicio esto es un peso económico moderado, sería justo y no tendría ningún efecto pernicioso en términos sociales, ya que se aplicarían las condonaciones donde corresponden”, insistió Frigolett.

El economista concluyó que el anuncio del Gobierno “es un primer paso y dentro de eso uno puede descubrir criterios equitativos y establecer la condonación controlada, enfocada a determinados grupos socioeconómicos”.

Este martes Alberto Fernández asumió la Presidencia de Argentina, quien ha prometido “poner de pie” a ese país tras más de un año en recesión, el aumento de las tasas de desempleo y pobreza, y la alta inflación.

“El nuevo Presidente recibe la economía de Argentina con una serie de indicadores importantes, algunos positivos como la baja del déficit fiscal y otros negativos como la altísima pobreza y la inflación”, explicó el académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Usach y analista internacional argentino, Dr. Pablo Lacoste. El especialista agregó que no se deben olvidar los problemas que se arrastran de antes, y que no se solucionaron, como la economía que “está estancada hace 8 años”.

Para el también experto de IDEA, Dr. Fernando Estenssoro, la situación es alarmante. “Los principales desafíos que enfrentará el nuevo Gobierno son de carácter social y económico. En el aspecto social Macri entrega un país en estado calamitoso”, opinó el doctor en estudios americanos.

Para ambos académicos, los planes económicos de los últimos presidentes, Cristina Fernández y Mauricio Macri, “han resultado deficientes” y han “dejado a Argentina en la miseria”. Estenssoro enfatizó que es de suma importancia que sobre este escenario, el nuevo Gobierno “intente recuperar lo más rápido posible las tasas de mayor bienestar social para la población, sin aumentar la tasa de empleo, pero con un escenario económico adverso y caracterizado por un país endeudado y con posibilidades de caer en default”.

Así mismo, Lacoste indicó la importancia de que este nuevo plan económico reactive la economía, disminuya la inflación y de que pueda cumplir las promesas que otros gobiernos de la región no han podido cumplir. “La derrota de Macri puede servir como advertencia para otros gobiernos de centro derecha de la región”, alertó. “Las corrientes sociales se han volcado por un líder intermedio tras los fracasos de la izquierda kirchnerista y la derecha macrista”, opinó.

Estenssoro lo ve desde otro punto de vista. “La situación no está fácil para el nuevo Gobierno, sin embargo, pese a lo negativo del panorama, también hay ciertas luces de esperanza que permitirían que Argentina avance en un nuevo trato social. Y aquí, no es menor lo que está ocurriendo en Chile”, comentó.

“La evolución del proceso chileno es de profunda relevancia no sólo para este país, sino que para sus vecinos.  Estrechar vínculos económico-productivos entre países de la región, puede ser una alternativa real que tienda a construir y profundizar modelos de mayor integración económica regional y subregional alternativos al neoliberalismo”, finalizó el experto.