Rector Zolezzi: “Brecha entre aranceles reales y de referencia debe llegar al 10 por ciento”

  • Así lo planteó el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, tras asistir a la firma del proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento para los estudiantes que cursan estudios superiores. Actualmente, la diferencia en las universidades del Consejo de Rectores fluctúa entre el 20 y 25 por ciento.
  • Iniciativa legal contempla que las universidades cubran la totalidad de esa brecha para los estudiantes de los quintiles 1 y 2, y un 50 por ciento del monto para los jóvenes del quintil 3.


El presidente de la República, Sebastián Piñera, y el Ministro de Educación, Harald Beyer, firmaron ayer (4) el proyecto de ley que establece un nuevo sistema de financiamiento estudiantil para la Educación Superior.

En el acto, que tuvo lugar en la Sala Alonso de Ercilla, de la Biblioteca Nacional, el ministro Beyer explicó los alcances de esta iniciativa legal que en líneas generales propone crear un crédito estatal único para todos los estudiantes de la Educación Superior, que será administrado por la Tesorería General de la República, excluyendo definitivamente a los bancos del sistema.

El secretario de Estado sostuvo que el nuevo crédito propuesto en el proyecto de ley tendrá una tasa de interés del 2 por ciento anual y estará disponible para el 90 por ciento de las familias chilenas, quedando excluido el 10 por ciento más rico de la población. “Se pagará una vez que el egresado comience a trabajar y la cuota se fijará en función de su sueldo, que no podrá superar el 10 por ciento de éste”, detalló.

El nuevo crédito se pagará en 180 cuotas, y si queda un saldo pendiente, será condonado por el Estado. “El cobro lo realizará la Tesorería General de la República con el apoyo del Servicio de Impuestos Internos. El pago será similar al de las cotizaciones previsionales, el empleador podrá retener y pagar al Fisco el monto correspondiente”, precisó la autoridad ministerial.

El proyecto de ley también propone un mecanismo para cubrir la brecha que se genera entre el arancel de referencia y el arancel real. La iniciativa legal establece que los planteles financien esta brecha mediante becas y créditos, debiendo cubrir la totalidad de esa diferencia sólo para los estudiantes pertenecientes a los quintiles 1 y 2, y un 50 por ciento para los del quintil 3.  A su vez, los  planteles deberán tener una acreditación de tres o más años para que sus estudiantes accedan a esta nueva estructura de financiamiento.

El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, -única autoridad universitaria presente en la firma del proyecto-,  valoró los aspectos puntales de la iniciativa del Ejecutivo, como igualar las condiciones de acceso al financiamiento para estudiantes de instituciones del Consejo de Rectores y privadas, la eliminación del Crédito con Aval del Estado y terminar con la participación de los bancos en la administración de éste. "El gobierno ha hecho sentido a la demanda estudiantil", aseveró.

No obstante, Zolezzi reiteró su preocupación respecto de cómo las universidades cubrirán la diferencia entre el arancel de referencia y el real, montos que aún no se conocen y que serán determinados a partir de una nueva fórmula de cálculo de los aranceles de referencia, que no es materia de ley, y que fue dada a conocer por el Mineduc el jueves pasado.

“Financiar el primer y segundo quintil es un tema delicado para nosotros (…) La brecha entre arancel de referencia y arancel real, en promedio para las universidades del Consejo de Rectores, se mueve entre un 20 y 25 por ciento de diferencia. Si se logra reducir esa brecha a un 10 por ciento, se aliviaría la forma de llevar este proceso”, comentó el rector de la Universidad.

Consultado sobre la exigencia de contar con tres años mínimo de acreditación para poder optar a este sistema, la autoridad Zolezzi sentenció que “la acreditación debe ser un elemento que defina quienes pueden acceder a beneficios estudiantiles”, por lo que a su juicio los estudiantes deben informarse con anticipación sobre el nivel de calidad de las instituciones a las que postularán, “para no correr riesgos”, concluyó.

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