El primer trimestre de este año se ha caracterizado por la judicialización de los escándalos políticos, como el caso Penta y SQM, que ha involucrado a parlamentarios, políticos, empresarios y hasta funcionarios públicos; y a medida que el Ministerio Público avanza en las investigaciones, aparecen más aristas sumando involucrados que, incluso, podrían llegar a dar cuenta de estos vínculos a tribunales.

El académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de nuestra Universidad, Alberto Mayol, considera que puede haber diversos motivos por los que la arena política esté entrando a tribunales, no obstante, el aspecto más evidente es que “hay debilidad en el sistema político, que no ha sido capaz de resolver los problemas de los procesos sociales en su interior, desde las alzas de las isapres hasta los problemas de financiamiento de la política y, por lo tanto temas que podrían haber estallado socialmente en forma de protesta, está estallando a través de una judicialización”.

El cientista político remarca que estas situaciones tienen cabida en el mundo jurídico como respuesta a “la falta de capacidad de gestión del sistema político”.

Desmitificando a la ‘puerta giratoria’

Y si durante años la opinión pública criticó al poder judicial por no percibir la severidad que se esperaba de sus resultados, el académico estima que esta es la ocasión para que el organismo de justicia recupere la confianza social. “Es la posibilidad de poner en entredicho al sistema político, que siempre abusó del argumento de la ‘puerta giratoria’ para echarle la culpa a los jueces de problemas como la delincuencia, que no fueron capaces de encontrar solución a través de la política”, indicó.

“La ‘puerta giratoria’ nunca existió. Los datos son contundentes”, acotó el académico, explicando que durante los años recientes, nuestro país se asoció con las naciones que contaban con más presos en el mundo en relación a su población, “por lo tanto, no era cierto que la gente no estaba dentro de las cárceles; al contrario, informes internacionales señalan que en Chile hay demasiadas cárceles de alta seguridad y demasiada gente presa. Y con eso, se le hizo pagar una cuenta muy cara al sistema judicial. Hoy, ese sistema ve la oportunidad de encontrar legitimidad y la está tomando”, afirmó.

Organismo persecutor

Uno de los políticos llamados por el Ministerio Público a declarar en el caso Penta es el es senador Jovino Novoa, quien a comienzos de esta semana se presentó ante el fiscal nacional Sabas Chahuán y tras apelar a su derecho a guardar silencio y no dar declaraciones a los persecutores, sí habló con la prensa y alegó que “la búsqueda de la usticia es incompatible con las agendas políticas” y calificando la investigación de la Fiscalía como “ideológicamente falsa”.

Sumado a eso, durante la jornada de ayer, el consejero legal de la empresa SQM, Gabriel Zaliasnik, tuvo que excusarse luego de haber comparado la labor de la Fiscalía en el caso Penta con el actuar de la Stasi, la policía política de la República Democrática Alemana (RDA).

Alberto Mayol considera que la incompatibilidad entre las agendas políticas y los procesos judiciales es obvia, “el punto es que en la historia reciente de Chile, lo que pasaba era hasta justamente  lo contrario. Sin embargo, hasta ahora, los conflictos se habían resuelto políticamente y no sólo en tribunales, pero hoy se está reflejando esa discrepancia y por eso se judicializa todo”.

En cuanto a las presiones u omisiones hacia el Ministerio Público, el académico sostiene: “La Fiscalía está funcionando, eso es todo. Se llama órgano persecutor porque ese es su trabajo”.

Alberto Mayol acota que el proceder de los fiscales ha sido el esperado, ya que “se deben enfatizar las pruebas en contra”, y atribuye a la contraparte defensora la labor de desvincular a los imputados. “No tiene ningún sentido tratar de culpar a la Fiscalía de la contundencia de las pruebas”, sentenció arguyendo que durante la formalización, si bien no se necesario presentar material probatorio, sino más bien antecedentes, para solicitar medidas cautelares como prisión preventiva, “al juez mismo le pareció que lo entregado constituían ya pruebas. Era material relevante, por lo tanto, no me parece que sea pertinente que se diga que la Fiscalía esta sobrepasando sus funciones”, concluyó.