Este miércoles se realizó una nueva sesión del ciclo de debates “Contrapuntos Chile-UE para el proceso constituyente”, donde el tema a debatir fue “Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción”.

 

En la ocasión expusieron María Ángeles González Bustos, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, y el Dr. en ciencias políticas y catedrático de la Universidad de Gotemburgo, Víctor Lapúente Giné,

 

El evento fue moderado por el académico Usach y miembro del Consejo para la Transparencia, Dr. Bernardo Navarrete. Además, contó con la participación, en la sección de comentarios, de la estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción, Javiera Carreño.

 

En la introducción, el Dr. Navarrete se preguntó ¿puede la transparencia dañar la democracia? Para el docente esto no sería un factor que la deteriora si atenúa “la opacidad del sistema político y del gobierno, a la vez que acerca a las instituciones a los ciudadanos y contribuye a la legitimidad de éstas, entendiéndolas como las que definen las reglas. Pero sí la daña cuando la obsesión por la democracia y por externalizar todo, genera externalidades negativas. Entre las que está la deslegitimación de los partidos y de la representación que ejercen”, señaló.

 

Para él, la transparencia no es una condición natural de las organizaciones gubernamentales y menos absoluta de ellas. Por lo tanto, se debe “equilibrar el derecho de acceso a la información con la necesaria comprensión de su impacto en la organización nacional”.

 

 

María Ángeles González Bustos, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, comenzó su intervención señalando que “las/os ciudadanas/os deben exigir y tener transparencia para todos sus asuntos públicos. Esto se hace a través del derecho a la información. Por lo tanto, estos principios se convierten en derechos fundamentales de cualquier Estado democrático, porque pueden combatir la corrupción y toda la opacidad de la administración”.

 

En España, a raíz del movimiento 15-M, se empiezan a plantear una serie de problemas que tienen los poderes públicos, los partidos políticos, entre otros. Debido a esto, en 2013 se aprueba una Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 

 

La transparencia se entiende como toda información relevante relacionada con el funcionamiento y el control de las instituciones. “Por tal motivo, es importante la información institucional, económica, presupuestaria estadística, entre otras, la cual debe estar en un portal de transparencia (…) es lo que llamamos publicidad activa. El acceso a estos datos es universal, debe estar actualizada, gratuita y clara”, explicó González Bustos.

 

Sin embargo, hay información que es reservada, por ejemplo, la relacionada con la seguridad nacional y pública, defensa, política monetaria, etc.  

 

Con respecto al buen gobierno, la docente sostuvo que “son un conjunto de principios y actuaciones de los responsables políticos. Normalmente dirigido a los altos cargos: ministros, alcaldes, miembros de la junta de gobierno, etc. Sin embargo, no están contemplados el presidente del gobierno ni los presidentes de las comunidades autónomas”.

 

Para la profesora de la Universidad de Zaragoza, “este conjunto normativo que está dando buenos resultados, está bien articulado, los mecanismos de garantía son eficientes (…) sin embargo, tiene que mejorar la ética pública, para dejar de oír sobre casos de corrupción; debe existir una gestión efectiva del cumplimiento de estas actuaciones; finalmente se necesita una ciudadanía activa y vigilante, incluyendo a los medios de comunicación y organizaciones sociales”, explicó. 

 

 

En su alocución el Dr. en Ciencias Políticas y catedrático de la Universidad de Gotemburgo, Víctor Lapúente Giné, sostuvo que es crucial estudiar la relación entre la transparencia y la corrupción “porque no conozco ninguna variable que esté más correlacionada con el bienestar de la población. Puesto que es un fenómeno que va más allá de lo ilegal. Simplemente la percepción de que el Estado, incluso se habla ahora de la corrupción legal, beneficia a intereses particulares, genera frustración e infelicidad a los ciudadanos”.  

 

Con respecto al acceso de información garantizado en la constitución sueca, señaló que “no hay agencia o profesionales de la transparencia, no hay órganos de este tipo, simplemente se asume por principio que todo dinero público se tiene que explicar y cualquier ciudadana/o tiene derecho a saber sobre ese gasto. Existen regulaciones sencillas, como que en cinco días cualquier funcionario público tiene que facilitar información sobre esos movimientos”.

 

Esta accesibilidad a la información, agregó, “debería ser espejo donde mirarnos, no necesariamente para replicar en todos los países, porque las idiosincrasias legalistas son diferentes, pero sería un modelo” .

 

El webinar está enmarcado en el Foro Chile-Unión Europea para el proceso constituyente, el cual es organizado por el Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Santiago (CEF) en conjunto con la Delegación de la Unión Europea en Chile, el Programa EUROsociAL+, el Centro Interfacultades de Derecho, Economía y Negocios de la Universidad de Chile (LEXEN) y el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, con la colaboración del diario El Mostrador.

Sobre los temas tratados este miércoles, el director del CEF, académico Víctor Caro Castro, sostuvo que la “transparencia y acceso a la información y todos los tópicos relacionados a esta área, necesitan tener una institución fuerte que garantice la disponibilidad a información pública, pero igualmente requiere de una ciudadanía proactiva en la utilización de estos datos. En esa dirección, ambos deben cumplir un rol fuerte para descubrir y combatir de manera efectiva los efectos nocivos de la corrupción”.   

 

“Contrapuntos Chile-UE para el proceso constituyente” es un ciclo de debates, que tiene como finalidad generar espacios de discusión sobre las diversas experiencias de los países europeos, en relación a los temas que debería contener la nueva Constitución Política de nuestro país.