Esta semana, la Comisión de Transportes del Senado aprobó el proyecto de ley antievasión, que hace más de un año ingresó a trámite. La futura ley endurece las sanciones contra quienes no hayan saldado sus multas por evadir el pago del pasaje, haciéndolos pasar a un registro público. Ello les significará, además, una anotación en la hoja de vida del conductor, dificultando la obtención de la licencia de conducir. Desde el Ministerio de Transportes, señalaron que esto será reforzado con multas de 4 UTM para quienes entreguen información falsa tras haber sido infraccionados, y facultará a carabineros e inspectores fiscales para solicitar la cédula de identidad del evasor sorprendido.

El experto en transporte urbano de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, es crítico de la normativa. “La ley tendrá un choque fuerte con la gente y habrá resistencia. Lo que sucede en Chile normalmente es que cuando una normativa es demasiado fuerte, no se termina aplicando porque la realidad no lo permite. Terminaremos con un anuncio de prensa muy fuerte, pero que en términos reales no será aplicable o generará una crisis”, advierte.

“Para quienes no tienen lugar de carga cerca de su casa, es una medida tremendamente dura y es contradictoria para nuestra realidad socioeconómica. Tenemos que solucionar problemas antes, como facilitar la carga de la Bip! y revisar la estructura de costos”, agrega el investigador del Smart City Lab-Santiago (centro de investigación del plantel estatal que busca hacer comprensible fenómenos urbanos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía).

“No veo bien orientado este proyecto. El problema de la medida que ya está es que el monto de la multa, que son alrededor de 60 mil pesos, no se paga porque la gente considera que es excesivo”, explica el especialista. “Las multas de 4 UTM para personas que no pagan por su situación socioeconómica son medidas feroces. Es más que una multa por exceso de velocidad y similar a una infracción gravísima de tránsito”, plantea.

Martin advierte, además, que el proyecto en general considera “medidas complicadas de ejecutar, porque la confirmación de una identidad falsa o de una dirección falsa va a requerir que se realice un control de identidad en el transporte público”.

Enfoque incorrecto

El académico de la Escuela de Arquitectura afirma que el principal problema de estas medidas es su enfoque. “Las medidas punitivas solo responden a un modelo de licitación donde asegurar el negocio a la empresa privada y obligar a pagar a los usuarios. Se podrían tomar estas medidas, pero solo si se solucionaran problemas antes”, afirma.

“Yo cambiaría el enfoque de controlar la evasión  por otro, de generar satisfacción en el usuario a través de un buen servicio. El tema no es seguir apretando a la gente para que pague, sino que mejorar las condiciones del sistema para que funcione de manera correcta”, enfatiza.

Martin puntualiza que “el problema es mucho más grande que las medidas que se están tomando. La evasión es un problema sistémico que tiene que ver con muchas otras más cosas que sólo la fiscalización del pago del pasaje. La evasión no es un problema puntual que se solucione con una medida específica, sino que es un problema del sistema completo que se tiene que abordar a través de una revisión general del sistema. La fiscalización es atacar el síntoma”.

Otras propuestas para disminuir la evasión

De acuerdo al experto, una de las propuestas que se han dado a conocer, pero en las que no se ha explorado para frenar los índices de no pago, es la diferenciación tarifaria por sectores. “Los operadores del Transantiago propusieron hace un año tarifas diferenciadas por sectores de la ciudad y nadie hizo caso. Eso debiera escucharse”.

El especialista explica que la diferenciación de costos redundaría en que “las realidades socioeconómicas de la ciudad coincidan con el valor del transporte. El subsidio por localización no solo favorecería a las familias, sino que mejoraría el valor del suelo, además de otros impactos”.

Esto podría materializarse, según Martin, a través de “líneas específicas que en sectores periféricos signifiquen un costo más barato. Un subsidio a la persona se podría transferir, lo que implicaría un efecto no deseado, pero lo que no se puede revender es la ubicación de un paradero”.

Finalmente, plantea un nuevo modelo de fiscalización, donde “el fiscalizador pueda ser un cobrador. Así, quien no pudo pagar su pasaje, tiene la oportunidad de hacerlo sin tener que obligarlo a pagar una multa”.

La responsabilidad del Estado sobre el transporte

“La diferenciación de tarifas y la responsabilidad del Estado respecto al tema del transporte, proporcionando líneas de transporte estatales, son mecanismos mucho más eficientes de control de la evasión, pero se escapan de los mecanismos actuales”, lamenta el académico.

“No estamos ofreciendo un producto, estamos generando accesibilidad para la población de la ciudad. La sociedad no es simétrica, sino todo lo contrario en términos socioeconómicos. Necesitamos generar un mecanismo distribuido de manera correcta y que se ofrezca a un costo adecuado para los sectores socioeconómicos más bajos, de acuerdo a los ingresos que tienen”, concluye.