La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea un registro de evasores del Transantiago, con la salvedad de que dicha lista solo podrá ser consultada por organismos públicos y personas naturales por un máximo de ocho veces al año, a través de la Ley de Transparencia.
Para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, la indicación no aborda el problema de fondo pues, en general, los evasores provienen de los sectores más vulnerables del Gran Santiago; en este contexto, por ejemplo, una familia donde dos adultos deben trasladarse a sus lugares de trabajo de lunes a viernes, utilizando sólo un recorrido de ida y vuelta, gastan la suma de 51 mil 200 pesos mensuales, lo que impacta de manera ostensible en la billetera familiar.
Castigo a la pobreza
Dentro de las disposiciones que contempla el proyecto de ley, además de hacer un registro público con aquellos que no pagan el servicio del Transantiago, se encuentra la imposibilidad de que obtengan licencia de conducir o la aplicación de descuentos en su devolución de impuestos.
De acuerdo a estas medidas, el especialista plantea que se parte de la base de que quienes no pagan su boleto son personas con un cierto nivel socioeconómico medio y que, si bien las puede haber, no se considera que la evasión se encuentra localizada en los sectores donde se concentran los estratos socioeconómicos más bajos de la ciudad. En esta línea, advierte que aplicar una medida de este tipo es “regresiva” y “un castigo a la pobreza”.
“Según la Fundación Transurbano del Ministerio de Transportes, el 60% de la evasión se concentra en el sector sur de la ciudad y solo un 10% en el sector oriente”, puntualiza el experto de la U. de Santiago. “Lo que se extrae de esto es que hay personas con dificultad para poder pagar el servicio”, remarca. De allí que propone impulsar mecanismos que apoyen a las personas que tienen más dificultades para pagar el pasaje, a través de subsidios.
“El SISMED en Colombia es como nuestra encuesta CASEN en Chile. Esa medición identifica a las personas que requieren subsidio para pagar el transporte. En nuestro país, podría estudiarse esta posibilidad”, sugiere.
Finalmente, el académico insiste en que solo se han discutido medidas punitivas, que desde su perspectiva tienen un efecto menor. Esto, sin considerar, además, que uno de los problemas fundamentales de la evasión se relaciona con el poco compromiso de las personas hacia el Transantiago, debido a que no perciben que el precio corresponda con un servicio de buena calidad.
“La responsabilidad de un sistema de transportes es movilizar a las personas; no hacer un buen negocio. Hacer un buen negocio es razonable, pero no puede estar en primer plano. Lo primero es dar un servicio de calidad a los usuarios. Si eso genera un buen negocio, fantástico, pero si no, el Estado debe encargarse”, concluye.
