• Un complejo escenario enfrenta el Ejecutivo, luego que el Tribunal Constitucional acogiera el recurso interpuesto por parlamentarios de oposición que estipulaba que los requisitos de elegibilidad impuestos por el gobierno a las instituciones privadas de Educación Superior para acogerse al inicio de la gratuidad 2016, estableciera una “discriminación Arbitraria”.  Para el Académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de nuestro Plantel, Dr. Gonzalo Martner, el órgano legal enfrenta una crisis de legitimidad dado que su actuar traspasó el eje de sus competencias y decidió “hacer política pública en vez de dejarla a quienes les corresponde, como a los gobiernos o los parlamentos”.

“Lo que sucedió es bastante grave”, dice enfático el académico de la Facultad de Administración y Economía (Fae) de nuestro Plantel, Dr. Gonzalo Martner, acerca del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que el jueves (10) último, acogió el requerimiento parlamentario sobre las glosas de financiamiento de la gratuidad universitaria incluida en la ley de Presupuestos 2016.

Según el organismo, los cuatro años de acreditación exigidos como requisito a las instituciones de Educación Superior privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores (Cruch), como asimismo a institutos profesionales y centro de formación técnica, constituye una discriminación arbitraria.

En ese contexto, el Dr. Martner estima “francamente caótico lo que ha hecho el Tribunal Constitucional”, considerando que se ha desestimado el piso mínimo de exigencia que el Estado definió para sustentar la gratuidad.

“Si este tribunal considera que es discriminación arbitraria que el Estado ponga unas mínimas regulaciones a la hora de transferir recursos públicos a privados, entonces no hay solución”, enfatiza el académico mientras agrega que “jamás será una discriminación arbitraria, establecer requisitos de idoneidad a las instituciones”.

Según el experto, los requisitos de elegibilidad son un recurso de uso común por los gobiernos, cuando deciden promover una subvención. En ese sentido, la glosa del ítem “Financiamiento del acceso gratuito a las Instituciones de Educación Superior 2016”, velaba porque las instituciones que se hicieran acreedoras de recursos bajo esta condición, tuvieran un buen comportamiento.

En ese contexto el investigador sostiene que el Tribunal Constitucional procedió de forma política, al alinearse con los diputados que presentaron el requerimiento. Lamentablemente, actuar mediante ese sesgo, lo convirtió en “una institución que ha entrado en una crisis de legitimidad”, reflexiona.

Por eso, lo que hizo el órgano legal, “no tiene parangón”, dice el Dr. Martner respecto a que con su decisión “está queriendo hacer política pública en vez de a quienes les corresponde, como a los gobiernos o los parlamentos”.

Defensa corporativa

El diputado de la UDI, y uno de los promotores del recurso, Jaime Bellolio, declaró que tal como estaba planteada la gratuidad, muchísimos jóvenes vulnerables quedarían fuera del sistema.

Sin embargo, estima el académico, tras la acción de la oposición hay una protección soterrada de sus intereses.

“Es del todo evidente que la derecha ampara intereses particulares, donde lo que tenemos es el reino de los intereses particulares y de la subordinación de la política pública a los intereses de los más poderosos”, explica el Dr. Martner.

Qué debe hacer la Presidenta

“Me voy a encargar personalmente de identificar las mejores alternativas, para que dentro de las posibilidades legales por un lado, y presupuestarias por el otro, la mayor cantidad posible de estudiantes de Educación Superior previstos para acceder al beneficio de la gratuidad, puedan efectivamente hacerlo”, sostuvo la presidenta Michelle Bachelet, ante la inquietud de cómo resolverá el dilema de la gratuidad, dado el fallo del TC.

Una fórmula  se inclinaría por  becas. No obstante, según el Dr. Martner, con eso no se resuelve el problema. “Se pueden establecer todas las becas que se quieran, pero si las instituciones pueden fijar el nivel de los aranceles que quieran, no sirve”, explica.

También se ha planteado instalar la gratuidad en las instituciones adscritas al Cruch, lo que Martner objeta de plano porque aquello no se regiría por la legislación vigente.

 “En derecho público, solo se puede hacer lo que la constitución, la ley y los reglamentos establecen, y eso no está decretado”.

Por eso concluye que la única solución a corto plazo, es la rápida tramitación de una ley, aunque augura días difíciles para el gobierno.

“Hay un impasse creado por el TC, cuya ilegitimidad y audacia partidista es increíble. Ha puesto al estado chileno en una situación sin solución”, subraya.