Un estudiante del colegio Alianza Francesa fue hallado muerto en la vía pública la semana pasada. Veintiún días antes –el 11 de agosto-, el adolescente fue sorprendido en el establecimiento portando marihuana en su mochila. Según informa Carabineros, autoridades del recinto escolar denunciaron el hecho a la policía. Fuentes de la comunidad educativa comentan que el niño salió del liceo acompañado de uniformados. El menor fue llevado a la comisaría y el Consejo de Disciplina del colegio –integrado por autoridades, apoderados y estudiantes- decidió suspenderlo por nueve días. Se presume que el menor se habría suicidado.
Para el doctor en educación y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Jaime Retamal, el hecho amerita que tanto el Ministerio de Educación como la Superintendencia emitan un documento oficial con orientaciones a los establecimientos escolares, a fin de que consideren criterios pedagógicos antes de aplicar una norma, como ocurrió en este caso con la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
“Puede que el colegio haya aplicado una ley, pero sobre su normativa interna y sobre la ley hay un criterio que debe sopesarse en cada una de las decisiones”, explica. “Los colegios tienen que adoptar decisiones de mayor criterio pedagógico en vez de superponer, a ese criterio pedagógico, uno criminalizador”, agrega.
De acuerdo al experto, las instituciones educativas deben ser espacios de aprendizaje y creatividad, donde prime la formación de los jóvenes, y no “instituciones totales”, sin autonomía, circunscritas a las reglas que define una misma autoridad –en este caso, la Justicia-.
“Aquí, lo que faltó fue lo que se conoce técnicamente como ‘tacto pedagógico’, que obliga, antes de actuar, a comprender al joven o adolescente que está en proceso de maduración, conocer su contexto, sus necesidades y elaborar, a partir de eso, un plan de acción. Criminalizar y judicializar es lo más inadecuado que se pudo haber hecho”, insiste.
A su juicio, el colegio debió establecer una conversación con el estudiante para comprender las circunstancias que lo llevaron a portar marihuana en el establecimiento. Luego, llamar a los padres y, finalmente, definir una cita con el psicólogo u orientador del recinto. De esta manera, asegura que se habría salvaguardado la integridad moral del afectado.
“Es impresentable que antes de contener pedagógica y educativamente, llamen a Carabineros”, enfatiza. “Un adolescente está en proceso de formación. Entonces, que se aplique todo el rigor de la ley, sin ningún criterio, es absolutamente desproporcionado”, concluye.