• Un trascendental aporte constituye el estudio ‘Sistemas Carcelarios en América Latina. Avances y Desafíos’, realizado por investigadores del Centro de Estudios Enzo Faletto de la Facultad de Humanidades de nuestra Corporación, y auspiciado por el Capítulo Latinoamericano de la Asociación Internacional de Prisiones y Correcciones (ICPA-LA).
• El trabajo, presentado en el Ministerio de Justicia, proporciona un completo diagnóstico en administración de complejos penitenciarios, escasez de recursos, violencia interna, condiciones de salubridad, número de reclusos extranjeros en cada país, nivel de reinserción y uso de medidas cautelares, como la prisión preventiva, entre otros aspectos.
• Lo que la investigación buscó fue “tratar de hacer un diagnóstico sobre el tema de las cárceles y, además, comenzar a proponer iniciativas y respuesta  a los problemas encontrados”, enfatiza la académica Lucía Dammert Guardia, quien encabezó el equipo.

En el Ministerio de Justicia, fue presentado oficialmente el texto final de ‘Sistemas Carcelarios en América Latina. Avances y Desafíos’, investigación desarrollada por el Centro de Estudios Enzo Falleto de la Facultad de Humanidades de nuestra Corporación, con el auspicio del Capítulo Latinoamericano de la Asociación Internacional de Prisiones y Correcciones (ICPA-LA).

La cita (del viernes 19 de junio), fue presidida por el representante de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, abogado y magíster (c) en derecho penal Ignacio Castillo Val; el decano de Humanidades de nuestra Universidad, Marcelo Mella Polanco; el presidente de ICPA-LA, José Patiño Arias, y la investigadora del Centro de Estudios Enzo Faletto, Lucía Dammert Guardia.

“El trabajo que se está lanzando, va a ser un aporte y referente para el trabajo del tratamiento penitenciario que ya se ha iniciado; y que creemos debe, de alguna manera, adoptar los insumos que ofrece el estudio”, destacó el abogado Ignacio Castillo Val.

La investigación encabezada por la académica de la Facultad de Humanidades, y jefa de asesores de la Subsecretaria del Interior, Lucía Dammert Guardia, aborda el tema carcelario en plenitud, traspasando fronteras, con un análisis exhaustivo y cuidadoso sobre las realidades particulares de 15 países de América Latina (7 de Centroamérica y 8 de Sudamérica).

El trabajo, presentado en el Ministerio de Justicia, proporciona un completo diagnóstico en administración de complejos penitenciarios, escasez de recursos, violencia interna, condiciones de salubridad, número de reclusos extranjeros en cada país, nivel de reinserción y uso de medidas cautelares, como la prisión preventiva, entre otros aspectos.

Proponer soluciones

Al diagnóstico se suma una serie de propuestas proclives a fortalecer políticas públicas en la materia. Por ejemplo, enriquecer la calidad y cantidad de efectivos penitenciarios, la promoción de espacios de inclusión para las minorías que están recluidas y disminución de los niveles de violencia carcelaria, entre otros.

Lo que la investigación buscó fue “tratar de hacer un diagnóstico sobre el tema de las cárceles y, además, comenzar a proponer iniciativas y respuesta  a los problemas encontrados”, enfatizó la académica Lucía Dammert Guardia, quien encabezó el equipo. (Respecto de las propuestas, ver el último subtítulo denominado: ‘Desafíos pendientes y persistentes’).

En cuanto a los encargados del trabajo, añadió que se formó “un equipo de  estudiantes y académicos de la Universidad de Santiago, que hemos empezado a desarrollar iniciativas de investigación, especialmente aplicada a la materia”.

A su vez, destacó el apoyo recibido del Capítulo Latinoamericano de la Asociación Internacional de Prisiones y Correcciones, ICPA-LA.

Un hito importante

El Decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Marcelo Mella Polanco, calificó este trabajo como un hito importante para la Facultad de Humanidades; trascendencia remarcada en que el documento puede servir como base para el desarrollo de políticas a nivel continental.

“Es un acontecimiento importante porque este es un informe sobre el sistema carcelario latinoamericano de cobertura regional, y que tiene impacto en política pública a nivel regional”, expresó el Dr. Mella.

“Estamos muy contentos como Facultad y Universidad, de haber sido la institución responsable, y principal, en la elaboración de este informe que ha sido recibido hoy por el Ministerio de Justicia, pero que va a tener un impacto importante a nivel latinoamericano en el sistema carcelario”, reflexionó.

Asimismo, calificó como vital, el aporte que nuestra Casa de Estudios puede ofrecer a tales análisis, pensando en su manifiesto rol público y vocación democrática.

“Nosotros creemos que planteles como la Universidad de Santiago, que tienen un compromiso con lo público y con la democracia, no puede restarse de participar no solamente de los diagnósticos, sino también de las soluciones frente a los problemas de política pública”, enfatizó.

“Este informe representa una muestra en esta dirección”, sentenció.

ICPALA

Por su parte, el presidente del Capítulo Latinoamericano de la Asociación Internacional de Prisiones y Correcciones, ICPA-LA, José Patiño Arias, afirmó que el informe realizado en la U. de Santiago, destaca por su solidez, capacidad de establecer los problemas básicos del sistema penitenciario y proponer soluciones serias.

“Es un documento que tiene una metodología muy sólida, acompañada de una muy buena cantidad de datos provenientes de fuentes oficiales, de documentos que incorporan un análisis y diagnóstico regional de América Latina. (…) Le concedo más valor porque anuncia posibilidades de acción, es decir que no es sólo un análisis crítico”, enfatizó.

Patiño expresó que una de las razones por las que está afectado el sistema carcelario en América latina es que no hay políticas de Estado claras. “Este tipo de documentos anuncian la posibilidad de poder concretar un diagnóstico y pronóstico de largo plazo”, dijo.

“Visiones frescas como ésta ayudan a traer un pensamiento de más largo plazo”, finalizó.  

Chile en las conclusiones

Según el informe de los investigadores:

“Los principales resultados del estudio muestran que en la región la cantidad y calidad del personal penitenciario es insuficiente; se perpetúa la marginalidad siendo las mujeres nuevamente un grupo olvidado en un sistema desarrollado principalmente para hombres; el problema de la violencia no solo dice relación con las agresiones entre internos, sino que además del personal hacia los internos y en los casos más graves, la toma de poder por parte de células al interior de los recintos penitenciarios; escasa asignación presupuestaria a programas de reinserción y rehabilitación, y la falta de unidades internas que monitoreen el respeto de los derechos humanos.

Particularmente en Chile, es posible destacar que aunque no está dentro de los países que tienen un mayor número de personas privadas de libertad por funcionario,  al 2012 había 4,7 reclusos por funcionario, no cumpliendo con los estándares óptimos de 3 internos por personal penitenciario. Aunque hay que destacar que la formación que recibe el personal de Gendarmería de Chile es más extensa que la de otros países de la región, en el caso del personal con rango de oficial. Los funcionarios suboficiales tienen menos formación y solo se les exige 10 años de enseñanza escolar. Por otra parte, Chile tiene un alto porcentaje de reincidencia (68%), y se sienten menos seguros en la cárcel que donde vivían antes (PNUD 2013). Ambos aspectos implican importantes desafíos.

Chile también ha dado muestras de interés y preocupación por el sistema carcelario, triplicando su presupuesto desde el 2004 al 2012. Otro aspecto positivo en cuanto al sistema carcelario chileno es que ha logrado disminuir su población penal en prisión preventiva desde el año 2000.

El estudio actualiza la información a nivel latinoamericano, aunque muestra que los desafíos pendientes siguen siendo en muchos países los mismos, hacinamiento, insalubridad, perpetuación de la marginalidad y, por sobre todo, políticas de seguridad y justicia que presionan a los sistemas carcelarios con débiles capacidades institucionales. Responsabilidad que recae no solo en las administraciones penitenciarias sino que también en las instituciones públicas y privadas”.

Desafíos pendientes y persistentes

En la última parte del Resumen Ejecutivo, los investigadores se refieren a lo que denominan ‘los Desafíos pendientes y persistentes’:

“Este informe constata que a pesar de algunos esfuerzos notables por mejorar las condiciones penitenciarias, como los cambios organizacionales, mejoras presupuestarias, nuevos programas de reinserción y estrategias de apoyo intersectorial, las malas condiciones generales de las cárceles latinoamericanas, persisten. Hacinamiento, insalubridad, marginales dentro de la marginalidad, débiles capacidades institucionales y políticas de seguridad y justicia que presionan más el sistema, son variables que continúan y plantean desafíos no sólo para las administraciones penitenciarias, sino para el conjunto de instituciones públicas y privadas.  Si bien los retos son variados, a modo general y en un esfuerzo por ir más allá de las necesidades básicas para solucionar el problema clásico del hacinamiento, se pueden señalar los siguientes desafíos específicos:

Mejorar la cantidad y calidad del personal penitenciario. El personal penitenciario carece de formación y desarrollo de carrera y en algunos casos, de las condiciones mínimas de seguridad y laborales para realizar de forma efectiva su trabajo. En otro aspecto, las administraciones penitenciarias son a veces reacias a entregar información debido a que su evaluación laboral está supeditada a los datos. Es necesario comprender que la información abierta y accesible, tiene un efecto positivo para mejorar la labor penitenciaria. 

Desarrollar políticas inclusivas para la población penal en situación de minoría. Las mujeres, cuya cantidad está en creciente alza en las cárceles y no hay espacios suficientes habilitados para ellas. También existen un tema pendiente con los programas de cohabitación madre-hijo/a en los recintos penitenciarios no tienen mecanismos de supervisión y en algunos casos no existe un límite claro en cuanto a la edad máxima de permanencia. Asimismo, se requiere mejorar los programas y convenios de apoyo y traslado de reclusos extranjeros.

Disminuir los niveles de violencia carcelaria. La violencia no solo se traduce en agresiones entre los internos y hacia los internos por parte del personal, sino que en muchos casos deriva en la toma de poder y control de células al interior de los recintos penales, que inhiben el accionar del personal penitenciario y el buen funcionamiento de este. Disminuir y en lo posible anular la violencia carcelaria permite mejorar la vida de los reclusos, el trabajo del personal y dar un mejor ambiente para el desarrollo de los programas de reinserción.

Distribuir el presupuesto de forma equitativa para el desarrollo de una política penitenciaria más integral. Los programas de reinserción y rehabilitación carecen del presupuesto necesario, criterios de evaluación y evaluaciones de impacto. Estos programas no tienen tratamiento en el medio libre para darle continuidad al proceso. Mejorarlos dependerá no sólo de un mejor diseño, sino también del apoyo institucional. Invertir en mejores condiciones carcelarias debe ser parte de las políticas preventivas para garantizar los derechos, en lugar de deshumanizar y extender la discriminación hacia los internos.

Monitorear internamente los derechos humanos en el ámbito carcelario. A pesar de los esfuerzos de distintas organizaciones, los Derechos Humanos sigue siendo un tema pendiente. Pocos sistemas penitenciarios cuentan con departamentos de fiscalización internos, por lo tanto la observación y alarma de las condiciones carcelarias, recae en organismo externos con los informes sombra”.

Sitio de IC-PALA

En su sitio www.icpala.com, la institución consigna que ‘Sistemas Carcelarios en América Latina. Avances y Desafíos’: “Es un estudio patrocinado por ICPA-LA por iniciativa de Patricio Patiño quien, como presidente de la organización, promueve con los gobiernos de la región y con instituciones académicas la producción de conocimiento nuevo sobre los sistemas penitenciarios de América Latina. En este caso, la Universidad de Santiago de Chile, bajo la coordinación de Lucía Dammert, acogieron el proyecto que hoy se presenta.

 Sistemas carcelarios retrata los avances y desafíos de los sistemas penitenciarios de 15 países: 7 de Centroamérica y 8 de Sudamérica. Aborda la situación que tienen en materia de presupuestos, población en reclusión y sus características, la infraestructura de que disponen, el tratamiento de poblaciones internas vulnerables (mujeres, jóvenes, extranjeros y enfermos de VIH/SIDA), así como el abuso de la prisión preventiva, la sobrepoblación en las cárceles, los programas que han desarrollado para procurar la rehabilitación y la reinserción de las personas sentenciadas, y el respeto a los derechos humanos.

 Las opiniones vertidas en el estudio son responsabilidad exclusiva de los colaboradores que participaron en él y no significan una postura de ICPA-LA o de la Universidad de Santiago de Chile.

Si le interesa obtener el contenido completo de este documento, favor de ponerse en contacto con personal de ICPA-LA en los siguientes correos de contacto: Martha Hernández Portillo: marthahernandez@icpala.com y Araceli Hidalgo Roldán: aracelihidalgo@icpala.com.